Martha Ramirez Alejandro
Expediente 1122/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 26 de agosto de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 1122/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 26/08/2016
Partes del expediente
- Martha Ramirez Alejandro
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación de cuenta, así como el estado procesal de autos, se advierte que transcurrieron los cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el proveído de quince de agosto de dos mil dieciséis (fojas 19 a 24), a través del cual se desechó la demanda de amparo promovida por Martha Ramírez Alejandro, por propio derecho sin que la parte quejosa lo haya hecho valer; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 97, fracción I, inciso a), de la ley de la materia, en relación con el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa contenida en el precepto 2° de la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado, para todos los efectos legales conducentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expediente (S.I.S.E.), y archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, con fundamento en el artículo 21, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que establece los lineamientos para la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, consultable en el Diario Oficial de la Federación número veinte, del veintiséis de octubre de dos mil nueve, se precisa que el presente expediente por tratarse de un asunto en el cual se desechó la demanda de amparo, es susceptible, en su oportunidad de ser destruido. Finalmente, se comunica a las partes que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 11, 20 y 21 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, Archivos, y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo se procederá a su destrucción, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante.
- Principal
IV.- Visto el oficio de cuenta signado por la Presidenta de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, Estado de México, por medio del cual hace del conocimiento las gestiones que se encuentra realizando a fin de dar cumplimiento a la sentencia de amparo emitida en autos del juicio en que se actúa; asimismo, refiere que una vez que el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Ocuilan, Estado de México y el Ayuntamiento de dicho Municipio (Ocuilan), proporcionen la información que les solicito, proveerá lo conducente en relación al fallo protector. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2º, glósese a los autos para que surta los efectos legales a que haya lugar y téngase a la autoridad oficiante informando las gestiones que realiza a fin de dar cumplimiento al fallo protector dictado en el presente sumario constitucional. Dado lo cual, con fundamento en los párrafos primo y segundo del artículo 192 y 193 de la Ley de Amparo, hágase del conocimiento a la Presidenta de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, Estado de México, que se le otorga un término de cinco días, contados a partir del siguiente al en que reciba la notificación de la presente determinación, a fin de que dé cumplimiento a la sentencia de amparo emitida en autos y acompañe las constancias que así lo acredite, o bien, informe las gestiones que realiza para tal fin; apercibida que de no hacerlo así sin justa causa, de conformidad con los artículos antes citados, en relación con el diverso 258 de la propia legislación, se le impondrá multa de cien a mil días, de la unidad de medida y actualización, en términos del "Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo", publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis; asimismo, se remitirá el expediente al tribunal colegiado de circuito, para seguir el trámite de inejecución que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación.
- Principal
Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa contenida en el precepto 2º de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el ocurso de cuenta signado por la quejosa Martha Ramírez Alejandro, mediante el cual desahoga en tiempo y forma los requerimientos hechos en auto aclaratorio de tres de agosto de dos mil dieciséis (fojas 09 a 13 de autos), esto es, realiza una narración sucinta y cronológica de los antecedentes del acto reclamado, y precisa las prestaciones reclamadas en el juicio natural, así como el estado que guarda dicho juicio, y finalmente, señala quienes son las partes en tal procedimiento. En consecuencia, téngase por cumplido el requerimiento formulado y sin efectos el apercibimiento respectivo. En esas condiciones, previo a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, es necesario establecer que en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. En efecto, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Al respecto, se considera necesario precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; a su vez, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Es aplicable la jurisprudencia I.1o.A. J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primera Circuito, publicada en la página 890, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, con número de registro 196196, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." En ese sentido, es pertinente precisar que de una lectura integra al escrito de demanda y al ocurso aclaratorio, se advierte que el acto reclamado en esta instancia se hacen consistir en: La orden de requerimiento de pago y embargo emitida contra José Luis Tiburcio Hermilio por el Juez Segundo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de El Oro, con residencia en Atlacomulco, Estado de México, en el juicio ejecutivo mercantil 247/2015 de su índice, promovido por Miguel Ángel Tiburcio Hermilio. Una vez precisado lo anterior, este órgano de control constitucional advierte que respecto del citado acto reclamado se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 5°, fracción I, y 6°, párrafo primero, de la propia ley reglamentaria, aplicado en sentido contrario, que establecen: "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Artículo 6º. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." La fracción XXIII del artículo 61 transcrita, a diferencia de las veintidós fracciones que le preceden, no prevé de manera específica una causa de improcedencia del juicio de amparo, en razón de que el legislador no podía establecer de manera casuística todos los motivos que impiden el ejercicio de la acción constitucional, y temeroso de pasar por alto alguna disposición legal que debiera tomarse en consideración cuando se formulan los supuestos de improcedencia, hizo culminar tal enumeración con una regla como la que estatuye la fracción de trato, que es ciertamente justificada en tanto que existen causas de improcedencia establecidas en la Constitución Federal y en la propia Ley de Amparo que no encuadran en alguna de las específicas que se prevén en el numeral de referencia, como la establecida en los numerales 5º, fracción I, y 6°, párrafo primero, de la ley de la materia, interpretado en sentido contrario. Por otra parte, del análisis de los referidos artículos 5º, fracción I, y 6°, párrafo primero de la Ley de Amparo, se desprende que el juicio de amparo es un medio de control de la constitucionalidad de los actos de autoridad (actos o resoluciones en estricto sentido, o los actos de naturaleza formal o materialmente legislativa, sean leyes, reglamentos o disposiciones de carácter general), y se sigue siempre a instancia de parte agraviada, es decir, el juicio constitucional únicamente puede promoverlo la parte a quien perjudique el acto que se reclame; en consecuencia, para que sea procedente, es menester que quien lo interponga esté legitimado para ello, presupuesto que se colma con la existencia de una ofensa, lesión o agravio en su esfera de derechos. En relación con las nociones de agravio y de legitimación para interponer un medio de defensa o recurso contra la resolución el acto que lo ocasiona, deben tenerse en cuenta las siguientes premisas de orden teórico: Para Hernando Devis Echandía por recurso o medio de defensa se entiende la petición formulada por una de las partes, principales o secundarias, para que el propio juez que profirió una providencia, su superior o quien por ley deba hacerlo la revise, con el fin de corregir los errores de juicio o de procedimiento (in judicando o in procedendo) que en ella se hayan cometido. El citado autor señala que el recurrir es un derecho subjetivo de quienes intervienen en el proceso respectivo por cualquier título o condición, para que se corrijan los errores del juez que le causan gravamen o perjuicio, por lo que en principio todas las personas que figuren en el proceso como partes tienen el derecho de recurrir contra las providencias del juez, pero, afirma el referido autor, como el recurso es un medio para obtener la corrección de los errores del juez que perjudican al recurrente, de una determinada providencia, sólo pueden recurrir quienes reciben con ella un perjuicio material o moral, pero concreto y actual respecto de la materia de la providencia; y por tal motivo -concluye- puede aceptarse como regla general que sin el interés especial por resultar perjudicado con la providencia, no procede recurso. En cuanto al tema, Hugo Alsina dice que los recursos o medios de defensa son aquellos que la ley concede a las partes para obtener que una providencia judicial sea modificada o dejada sin efectos y que la cuestión de saber quién puede interponerlos constituye un aspecto de la legitimación procesal; de ahí que, por regla general, aquéllos tienen la característica de que funcionan por iniciativa de las partes, en consecuencia, a ellas corresponde su deducción; pero hay casos en que el recurso se niega a las partes y otros en que se concede a terceros. En consecuencia, el mencionado jurista concluye que así como el interés es la medida de la acción, el agravio es la medida en el recurso y por eso se concede aun a los que no siendo partes en el proceso sufren un perjuicio como consecuencia de la sentencia, sin que proceda cuando la sentencia sea favorable a la pretensión de la parte. Por su parte, Eduardo Pallares sostiene al respecto que los recursos son los medios de impugnación que otorga la ley a las partes y a los terceros para que obtengan mediante ellos la revocación o modificación de una resolución judicial sea ésta auto o decreto, y que los recursos sólo se conceden cuando la parte que los hace valer sufre un "agravio" por la sentencia o resolución impugnadas, porque sin agravio no hay recurso, por lo que las violaciones a la ley o a la doctrina meramente teóricas o académicas que no perjudiquen a la parte, no son impugnables. El referido autor ha enseñado que agravio es la lesión o perjuicio que recibe una persona en sus derechos o intereses por virtud de una resolución judicial y, por tanto, para que exista un agravio no es suficiente que la ley o los principios generales de derecho hayan sido violados por la resolución, sino que es preciso, además, que la violación importe un daño a los intereses o derechos del recurrente, porque los errores simplemente teóricos que haya en la sentencia y que no sean trascendentales a la cuestión litigiosa, no pueden hacerse valer como agravios. De lo anterior se sigue que los medios de impugnación son los que otorga la ley a las partes o a terceros para combatir la validez o la legalidad de los actos o, incluso, omisiones del órgano jurisdiccional, con la finalidad de que se determine su revocación o modificación, o se ordene la realización de los actos omitidos, pero para que proceda un recurso no basta que el recurrente sea parte en el juicio en que se dicte la resolución recurrida y se considere agraviado, sino que es necesario, además, que esté legitimado para interponerlo, por haber sufrido de manera real y no teóricamente un agravio, perjuicio o gravamen de carácter material o moral, y que éste sea concreto, actual y directo; es decir, que únicamente el sujeto procesal agraviado que ha visto insatisfecha alguna de sus aspiraciones puede hacer valer el medio de defensa, lo que ha producido el aforismo "donde no hay agravio no hay recurso". Como conclusión, es dable afirmar que si el juicio de amparo es un medio de control de la constitucionalidad de los actos de autoridad (actos o resoluciones en estricto sentido, o los actos de naturaleza formal o materialmente legislativa, sean leyes, reglamentos o disposiciones de carácter general), y se sigue siempre a instancia de parte agraviada; entonces, aquella persona que no resulta agraviada con el acto o resolución que pretende reclamar, carece de legitimación para excitar la función jurisdiccional. Ahora bien, en el caso, se considera que la promovente carece de legitimación para promover la acción constitucional, habida cuenta que el acto reclamado no le causa agravio material en su esfera jurídica, pues si bien, refiere que la orden de requerimiento de pago y embargo emitida contra José Luis Tiburcio Hermilio por el Juez Segundo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de El Oro, con residencia en Atlacomulco, Estado de México, en el juicio ejecutivo mercantil 247/2015 de su índice, promovido por Miguel Ángel Tiburcio Hermilio; se pretende realizar en su local comercial, y que dicha orden va dirigida a una persona que no tiene su domicilio en el lugar donde se ha constituido la autoridad responsable para la práctica de la citada diligencia, no menos cierto resulta que el acto que aquí reclama la promovente no le causa un agravio personal y directo, en razón de que el auto reclamado no está dirigido a su persona. Lo anterior, sin que obste que el promovente manifieste que con la ejecución del acto reclamado se le ha molestado en el domicilio que ocupa su establecimiento mercantil, pues como se puede apreciar de lo narrado en la demanda y escrito aclaratorio por la propia quejosa, el acto reclamado se encuentra dirigido a una persona diversa, a saber José Luis Tiburcio Hermilio, demandado en el juicio natural, demás, de que no se ha realizado embargo alguno sobre bienes de la peticionaria de amparo, por lo que al no surtirse el supuesto de procedibilidad previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 5º, fracción I y 6°, párrafo primero de la Ley de Amparo, el juicio de amparo debe declararse improcedente. Es aplicable la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 117, del Tomo CXXX, del Semanario Judicial de la Federación, octubre de mil novecientos cincuenta y seis, Quinta Época, con número de registro 316003, que establece: "LEGITIMACIÓN PARA LA ACCIÓN DE AMPARO Y RECURSOS Y ACCIONES INCIDENTALES. La legitimación, para iniciar y seguir el recurso de garantías, debe fundarse en la ofensa, lesión o agravio, causado por acto de autoridad o por la ley, al interés del particular, moral o físico, sea de naturaleza jurídica o patrimonial; y esa legitimación para lo principal, lógicamente se requiere para todas las incidencias o recursos que puedan ser propuestos, durante el curso del juicio o terminado éste, así sean, por razón de legitimación y de igualdad, partes principales en la controversia constitucional, terceros perjudicados o terceros extraños; y de no llenarse esos requisitos básicos, surge ineludiblemente la improcedencia, sea también de la acción principal, recursos y acciones incidentales, en los términos del artículo 74 de la Ley de Amparo, ya que puede ocurrir que no se compruebe la afectación de los intereses jurídicos del quejoso; que el acto reclamado haya sido consentido, tácita o expresamente; que haya cambiado la situación jurídica del acto impugnado o dejado este de surtir efectos por extemporaneidad de la demandada y otras causas. La legitimación por consecuencia, que requieren la acción de amparo, y los recursos o incidentes que surjan en la controversia o terminada ésta, no es otra, fundamentalmente que la lesión u ofensa de un derecho constitutivo del agravio que deba ser reparado por anticonstitucional o ilegítimo." Asimismo, es aplicable la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito publicada en la página 1907, del Tomo XXIX, del Semanario Judicial de la Federación, abril de dos mil nueve, Novena Época, con número de registro 167493, que establece: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO POR FALTA DE INTERÉS JURÍDICO, CUANDO EL AUTO DE EXEQUENDO NO FUE DICTADO CONTRA EL QUEJOSO. Aun cuando sea verdad que el auto de exequendum haya servido de antecedente para el embargo que el quejoso reclame, ostentándose como tercero extraño al juicio, si también es cierto que ese auto no fue dictado en contra del peticionario del amparo, sino que ahí se ordenó embargar bienes de quien figuraba como demandado en el juicio del que emanan los actos combatidos, es indudable, por lo mismo, que el auto de referencia, por sí solo no lesiona los intereses jurídicos del quejoso y debe al respecto sobreseerse en el amparo, por estarse en la hipótesis que contempla el artículo 73, fracción V, en relación con el 74, fracción III, ambos de la Ley de Amparo." En mérito de lo anterior, con fundamento en el artículo 113 de la ley de la materia, y dado que en el presente asunto se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 5º, fracción I, y 6º, párrafo primero, aplicado en sentido contrario, se desecha de plano la demanda promovida por Martha Ramírez Alejandro, contra actos del Juez Segundo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de El Oro, con residencia en Atlacomulco, Estado de México y otra autoridad, por notoriamente improcedente. Con independencia de lo expuesto, se estima que con la presente determinación no se deja en estado de indefensión a la parte quejosa, dado que al constituir el acto reclamado esencialmente una orden de embargo dirigida contra persona diversa a la peticionaria de amparo, ésta en la diligencia respectiva podrá hacer valer lo que a su derecho convenga, como pudiera ser acreditar la propiedad del inmueble que se pretende embargar. Finalmente, no obstante que el presente auto debe notificarse de manera personal a la parte quejosa, tal como lo dispone el artículo 26, fracción I, inciso j), de la ley de la materia, lo cierto es que la impetrante de amparo señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones la lista que se fija en este Juzgado de Distrito; por tanto, realícese la notificación de este auto por medio de lista.
- Principal
V.-Visto el oficio de cuenta signado por la Secretaria del Juzgado Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, encargada del despacho por el cual remite el diverso 80689/2016 firmado por la Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco, por el cual solicita copia certificada de todo lo actuado en el incidente de suspensión; con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del ordinal 2° de la Ley de Amparo, agréguese a los autos para los efectos legales conducentes. Ahora bien, cabe destacar que mediante proveído de uno del actual se solicitó al Director del Centro de Manejo Documental y Digitalización del Consejo de la Judicatura que de no tener inconveniente alguno remite a este órgano jurisdiccional el juicio de amparo 161/2012-V, por lo que resérvese acordar lo conducente hasta en tanto se encuentre en este Juzgado de Distrito el expediente solicitado.
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