Martha Ramírez Alejandro
Expediente 1868/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 8 de enero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1868/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 08/01/2019
Partes del expediente
- Martha Ramírez Alejandro
Actuaciones
- Principal
MESA VI Vista la certificación secretarial de cuenta, así como el estado procesal que guardan los autos, de los cuales se advierte que transcurrieron los cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el proveído de veintiuno de diciembre de dos mil dieciocho, a través del cual se desechó la demanda de amparo promovida por********, sin que la parte quejosa lo haya hecho valer; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 97, fracción I, inciso a), de la ley de la materia, en relación con el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa contenida en el precepto 2° de la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado, para todos los efectos legales conducentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívese el presente sumario como asunto concluido. Por otra parte, con fundamento en el artículo 21, fracción I, párrafos primero y segundo del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que establece los lineamientos para la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, consultable en el Diario Oficial de la Federación número veinte, del veintiséis de octubre de dos mil nueve, se precisa que el presente expediente por tratarse de un asunto en el cual se desechó la demanda de amparo, es susceptible, en su oportunidad de ser destruido. A consideración de este Juzgado de Distrito, este sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero de dicho Acuerdo. En el entendido que no existen documentos originales, de los referidos en el punto segundo inciso XVIII del Acuerdo General Conjunto referido. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese.
- Principal
MESA VI. UN ACUERDO CON NOTIFICACION PERSONAL
- Principal
MESA VI. AVISO (QUEJOSA M.R.A.) SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE NOTIFICA POR LISTA EL AUTO DE 21 DE DICIEMBRE DE 2018, QUE DICE: "Toluca, Estado de México; veintiuno de diciembre de dos mil dieciocho. RADICACIÓN. Por recibida la demanda de amparo promovida por *** por propio derecho, mediante la cual solicita el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Juez Segundo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de El Oro, con residencia en Atlacomulco, Estado de México, y otra autoridad; fórmese cuaderno respectivo y regístrese en el libro que para tal efecto se lleva en este Juzgado de Distrito como juicio de amparo 1868/2018-VI. DESECHAMIENTO. Al respecto, previo a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, es necesario establecer que en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. En efecto, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Al respecto, se considera necesario precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; a su vez, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Es aplicable la Jurisprudencia emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primera Circuito, publicada en la página 890, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE." PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Ahora bien, del contenido de la demanda de amparo, se evidencia que el acto reclamado destacado se hace consistir esencialmente en: La orden de embargo en el inmueble ubicado en **** por el Juez Segundo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de El Oro, con residencia en Atlacomulco, Estado de México, así como su ejecución. Hecha tal precisión, este órgano jurisdiccional advierte que, en el caso en estudio, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 17 y 18 de dicha legislación, ya que el acto reclamado por la parte quejosa se encuentra consentido tácitamente. En efecto, para dar claridad a esa causa de improcedencia, es necesario reproducir el contenido de los artículos antes mencionados -todos de la Ley de Amparo- los cuales rigen en los términos siguientes: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos." "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Luego, los artículos anteriormente citados, establecen las reglas generales para la presentación de la demanda de amparo; esto es, en cuanto a la oportunidad en que debe promoverse. Así, el primer párrafo del artículo 17 de la Ley de Amparo, precisa como regla general que el juicio de amparo debe promoverse dentro del plazo de quince días, contados a partir del día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación practicada a la quejosa, del acto o resolución que se combate, pero atendiendo siempre a la legislación que la rija o bien, al día siguiente en que la peticionaria de amparo haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución o, en su caso, al día siguiente en que el solicitante de amparo se hubiese ostentado sabedor de los actos tildados de inconstitucionales. Por su parte, las fracciones I, II, III y IV del precitado artículo 17 de la Ley de Amparo, establecen las excepciones a la regla general ya mencionada; a saber: a) Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o bien, el procedimiento de extradición. b) Cuando se impugne la sentencia definitiva condenatoria, en un proceso penal que imponga pena de prisión. c) Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal. d) Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales; o bien, en el artículo 15 de la Ley de Amparo. En el caso a estudio, se advierte que el acto consiste en la orden de embargo en el inmueble ubicado en el libramiento Jorge Jiménez Cantú, esquina con Flor de María, números 1 y 2, colonia San Martín, Municipio de Atlacomulco, Estado de México, dictada por el Juez Segundo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de El Oro, con residencia en Atlacomulco, Estado de México, así como su ejecución. De donde se desprende que se trata de un acto dictado dentro de un procedimiento judicial, por lo cual se estima que sí se encuentra sujeta al plazo genérico de quince días para la promoción del juicio de amparo, a partir de día siguiente al en que tuvo conocimiento del acto que reclama. Motivo por el cual, resulta incuestionable que el acto reclamado en esta instancia no se ubica en ninguna de las hipótesis establecidas en el artículo 17 de la Ley de Amparo, en razón de que no se está impugnando la vigencia de una ley, tampoco actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, deportación, destierro, y mucho menos se trata de aquellos actos prohibidos en el artículo 22 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o bien, por el artículo 15 de la Ley de Amparo; finalmente, con la promoción de este juicio constitucional no se pretende defender o salvaguardar derechos agrarios de los núcleos de población ejidal o comunal. De ahí que, para arribar a esa conclusión, es necesario reiterar que la quejosa acude a esta vía constitucional para reclamar la orden de embargo en el inmueble ubicado en *** dictada por el Juez Segundo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de El Oro, con residencia en Atlacomulco, Estado de México, así como su ejecución. De lo expuesto, resulta evidente para este Juzgado, que respecto del acto reclamado por la parte quejosa, ésta tuvo conocimiento el ocho de enero de dos mil dieciocho, pues de la demanda de cuenta se advierte que manifestó, bajo protesta de decir verdad, lo siguiente: "A. QUE EL LUNES 8 DE ENERO DE 2018 LA QUEJOSA ME ENCONTRABA ATENDIENDO MI NEGOCIO COMO ACOSTUMBRO CUANDO ME PERCATO DE QUE HABÍA UN GRUPO DE PERSONAS SOLICITANDO INFORMES ACERCA DEL SEÑOR *** INFORMÁNDOLE UNO DE LOS EMPLEADOS QUE DESCONOCÍA A LA PERSONA QUE BUSCABAN, NO OBSTANTE, LA PERSONA QUE DIJO SER LA EJECUTORA DIJO QUE TENÍA QUE PROCEDER A EJECUTAR LA ORDEN DE EMBARGO, MOMENTO EN QUE ME ACERCO PARA ACLARAR LA SITUACIÓN..." (sic). Manifestaciones que deben considerarse como una confesión expresa, lo cual se traduce en una prueba plena de esos hechos, según lo disponen los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, los cuales disponen lo siguiente: "Artículo 199. La confesión expresa hará prueba plena cuando concurran en ella las circunstancias siguientes: I. Que sea hecha por persona capacitada para obligarse. II. Que sea hecha con pleno conocimiento, y sin coacción ni violencia, y III. Que sea de hecho propio, o en su caso, del representante o del cedente y concerniente al negocio." "Artículo 200. Los hechos propios de las partes, aseverados en la demanda, en la contestación o en cualquier otro acto del juicio, harán prueba plena en contra de quien los asevere, sin necesidad de ofrecerlos como prueba." Es aplicable a lo anterior, la tesis sustentada por la Segunda Sala de la anterior integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en las páginas 294 y 295 del Tomo LXXXIX, Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son: "AMPARO, CONFESIÓN EN EL." Bajo esa tesitura, resulta indiscutible que la parte quejosa contaba con el plazo de quince días para presentar su demanda de amparo, conforme a lo establecido en el artículo 17 de la Ley de Amparo, a partir del día siguiente a aquél en que tuvo conocimiento de los actos que tilda de inconstitucionales (que se analizan en el presente apartado), en términos de lo previsto en la segunda hipótesis a que se refiere el artículo 18 del ordenamiento legal en cita. Se arriba a esta determinación, en principio, porque resulta innegable que los actos de autoridad tildados de inconstitucionales, como se ha precisado, no se ubican en ninguno de los supuestos previstos en el artículo 17 de la Ley de Amparo; ya que, se reitera, la peticionaria de amparo no está impugnando una norma general autoaplicativa, tampoco actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, deportación, destierro, y mucho menos se trata de aquellos actos prohibidos, enunciados en el artículo 22 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o bien, en el artículo 15 de la Ley de Amparo. A su vez, de acuerdo con el primer párrafo del artículo 17 de la Ley de Amparo, concatenado con la segunda hipótesis a que se refiere el diverso artículo 18 del mismo cuerpo normativo, se insiste, que la parte quejosa contaba con el plazo de quince días para presentar su demanda, a partir del día siguiente en que tuvo conocimiento del acto que reclama. Por tanto, es evidente que el plazo para combatir el acto reclamado, transcurrió en exceso, dado que la peticionaria de amparo, como quedó precisado en párrafos precedentes, tuvo conocimiento de la orden de embargo que refiere el ocho de enero de dos mil dieciocho, cuando la Ejecutora adscrita al Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de El Oro, con residencia en Atlacomulco, Estado de México, se presentó en el inmueble de referencia a efecto de ejecutar dicha encomienda. En esas condiciones, si la demanda de amparo -origen del presente sumario- fue presentada hasta el diecinueve de diciembre de dos mil dieciocho, según se advierte de la papeleta de turno emitida por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con sede en esta Ciudad (foja 01); por ende, resulta irrebatible que se actualiza la causa de improcedencia establecida en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues aquélla se promovió en forma extemporánea respecto del referido acto reclamado; esto es, fuera del término de quince días a que se refiere el artículo 17 del ordenamiento legal en estudio, ya que el plazo para promoverla se computa a partir del día hábil siguiente al en que tuvo conocimiento del acto que se reclama, por lo que el plazo de quince días trascurrió del nueve al veintinueve de enero de dos mil dieciocho, sin contar los días trece, catorce, veinte, veintiuno, veintisiete y veintiocho del citado mes y año, por así contemplarlo los ordinales 18 y 19 de la invocada Ley de Amparo. En tales circunstancias, es innegable que la presentación de la demanda se realizó fuera del plazo de quince días establecido en el artículo 17 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aun cuando la quejosa estaba obligada a promover el juicio de amparo dentro del plazo de referencia, que en el caso se cuenta a partir del día siguiente hábil al en que tuvo conocimiento del acto reclamado. Por ende, se estima que *** ha consentido tácitamente el acto reclamado, lo que genera se actualice la causa de improcedencia estatuida en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo. Es aplicable la Jurisprudencia 14, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 11, del Tomo VI, Parte Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, del año mil novecientos noventa y cinco, Quinta Época, materia común, con número de registro 393970, que establece: "ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE." En las relatadas circunstancias, al quedar evidenciada la existencia de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 113 de la propia ley, se impone desechar de plano la demanda de amparo que nos ocupa promovida por *** contra actos del Juez Segundo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de El Oro, con residencia en Atlacomulco, Estado de México, y otra autoridad, por notoriamente improcedente. DOMICILIO. De conformidad con lo previsto en el artículo 27, fracción I de la Ley de Amparo, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones, el indicado por la parte quejosa en el proemio de su demanda. AUTORIZADOS. En atención a la certificación de cuenta, téngase por autorizado a ** en términos amplios del artículo 12 de la Ley de amparo, en virtud de que sí cuenta con el registro correspondiente en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y, en términos del último párrafo del citado artículo a las restantes personas que se autorizan en la demanda de cuenta, limitación que se establece hasta en tanto realicen el registro respectivo. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Suprímanse los datos personales y sensibles que contengan las actuaciones generadas en el presente juicio. Sin embargo, queda expedito el derecho de las partes para manifestar si es su deseo que se publique esta información. Notifíquese." SRG*
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