Martha Portillo Garzón

Expediente 117/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 10 actuaciones registradas, la última del 4 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
117/2022
Año
2022
Actuaciones
10
Última actuación
04/08/2022

Partes del expediente

  • Martha Portillo Garzón

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, a cuatro de agosto de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ya transcurrió la vista de tres días concedida a la parte quejosa mediante acuerdo de ocho de junio de dos mil veintidós; y, tomando en consideración que el cumplimiento de las ejecutorias de amparo es de orden público, además que de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo, no podrá archivarse ningún juicio concedido sin que se haya cumplido, este Juzgado Federal procede al análisis respectivo. Del estudio de las constancias que integran este juicio, se advierte que por sentencia terminada de dictar el veintinueve de abril de dos mil veintidós, se determinó conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado por Martha Portillo Garzón, determinación que no fue recurrida por ninguna de las partes. Ahora bien, en la sentencia emitida por este órgano jurisdiccional se otorgó el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados para el efecto siguiente: "(.) para el efecto de que la autoridad responsable: 1) Deje insubsistente el contenido del auto de trece de diciembre de dos mil veintiuno, únicamente en la parte conducente al penúltimo párrafo. 2) Emita un nuevo auto en el que: - Debida y suficientemente fundado y motivado, atienda la petición realizada por la parte actora, teniendo en cuenta lo precedente, y con libertad para determinar lo que en derecho corresponda; y - Una vez hecho lo anterior, notifique a la aquí quejosa el acuerdo recaído. (.)" Razón por la cual, por auto de treinta y uno de mayo del año en curso, se requirió a la autoridad responsable diera cumplimiento a la sentencia de mérito. En ocho de junio de dos mil veintidós, se tuvo a la responsable el Presidente y Representante Legal del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, informando mediante oficio 1052/2022 sobre el cumplimiento de la ejecutoria y remitió las constancias que lo acredita. Se procede a calificar el cumplimiento dado por la autoridad responsable. Impuesta esta Juzgadora Federal de las constancias que remitió la autoridad responsable en copia certificada se advierte que, por auto de seis de junio de dos mil veintidós, dictado dentro del expediente laboral 209/2010-C, dejó insubsistente el contenido del acuerdo de trece de diciembre de dos mil veintiuno, únicamente en la parte conducente al penúltimo párrafo, y procedió a emitir pronunciamiento a la solicitud de la parte actora respecto a vincular de forma personal al Presidente Municipal del Ayuntamiento de Zacatelco, Tlaxcala, al cumplimiento del laudo; por lo que, debidamente fundado y motivado, determinó vincular al mencionado Presidente Municipal para el cumplimiento del laudo de mérito dentro del juicio de origen; lo anterior, atendiendo los lineamientos expuestos en la ejecutoria que se analiza. De lo anterior es que se considera que se dio cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo que nos ocupa, por tanto, lo que procede es declarar que la sentencia amparadora ha sido cumplida, toda vez que los efectos del amparo quedaron satisfechos de acuerdo a lo resuelto en la sentencia de amparo y se restituyó a la parte quejosa en el goce de la garantía violada en términos del artículo 77, fracción II de Ley de Amparo. Por tanto, toda vez que la sentencia de amparo se declaró cumplida, con fundamento en lo dispuesto por el 196, párrafo cuarto, en relación con el diverso 214, ambos de la Ley de Amparo, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.); gírese oficio a las responsables que tuvieron el encargo de cumplir la ejecutoria de amparo, para su conocimiento y efectos legales procedentes y archívese este juicio como concluido. Ahora, en atención a lo dispuesto en los artículos 12 y 14 del Acuerdo General sin Número del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se decreta que este expediente carece de relevancia documental, al no ubicarse en los supuestos previstos en el artículo 15, del referido Acuerdo General. Por lo anterior, toda vez que se concedió el amparo y protección de la justicia federal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General en cita, este expediente es susceptible de depuración, por lo que transcurrido el plazo de tres años, posterior a la emisión de este proveído, deberá procederse a su depuración, para lo cual solo deberá conservarse la demanda de amparo, la sentencia que puso fin al juicio y la resolución que le otorgó la autoridad de cosa juzgada y el presente proveído. Así, una vez que transcurra el plazo de tres años indicado en el Acuerdo de referencia, sin necesidad de ulterior proveído, y siguiendo las directrices ahí detalladas, este órgano jurisdiccional, dentro de los noventa días siguientes, realizará la depuración correspondiente y concluida la misma solicítese la transferencia al depósito documental dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación. Toda vez que en razón de las condiciones de trabajo que imperan con motivo de la contingencia sanitaria derivada del virus SARS-COV, los secretarios encargados del trámite de los asuntos trabajan con el expediente electrónico, a fin de garantizar la coincidencia entre el expediente físico y electrónico en términos de lo establecido en el quinto párrafo del artículo 3º de la Ley de Amparo, se instruye a cualquiera de los secretarios que trabajan en la integración de los expedientes físicos, que verifique y certifique esta situación, de lo que deberá quedar constancia en autos. En virtud de que en el presente acuerdo se ordena el archivo del presente juicio, se autoriza al Secretario de Juzgado encargado de la integración física de expedientes para que realice el archivo material del mismo y verifique las anotaciones que de tal archivo se realicen en el libro de gobierno correspondiente, para los efectos legales procedentes. Notifíquese; por lista a la parte quejosa; por oficio a la autoridad responsable y tercero interesado; y vía electrónica al Agente del Ministerio Público Federal adscrito.

  2. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, a ocho de junio de dos mil veintidós. Agréguese a sus autos para que obre como corresponda y surtan los efectos legales conducentes, el oficio signado por el Presidente y Representante Legal del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, y anexos que se acompañan, mediante los cuales en cumplimiento al requerimiento realizado mediante acuerdo de treinta y uno de mayo de dos mil veintidós, remiten las constancias que acreditan el cumplimiento a la ejecutoria de amparo del expediente en que se actúa. En consecuencia, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con el cumplimiento dado por la autoridad responsable en el oficio de cuenta, dese vista a la parte quejosa, por el término de tres días, contado a partir de la legal notificación del presente proveído, para que manifieste lo que a su interés convenga respecto del cumplimiento dado por las autoridades responsables, con el apercibimiento que de no hacerlo este Juzgado proveerá lo que en derecho corresponda tocante a dicho cumplimiento del fallo protector. Notifíquese; y por lista a la quejosa por ser el lugar señalado para tal efecto. Así lo acordó y firma la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con sede en Apizaco, ante la Secretaria de Juzgado Damayanty Rojas Huerta, que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, a treinta y uno de mayo de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se desprende que ha transcurrido el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión contra la sentencia de veintinueve de abril de dos mil veintidós, en la que se determinó CONCEDER el amparo a la parte quejosa; atento a lo anterior, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, en términos de su artículo 2°, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA para los efectos legales procedentes. Ahora bien, los efectos del fallo protector son los siguientes: "[.] 1) Deje insubsistente el contenido del auto de trece de diciembre de dos mil veintiuno, únicamente en la parte conducente al penúltimo párrafo. 2) Emita un nuevo auto en el que: Debida y suficientemente fundado y motivado, atienda la petición realizada por la parte actora, teniendo en cuenta lo precedente, y con libertad para determinar lo que en derecho corresponda; y Una vez hecho lo anterior, notifique a la aquí quejosa el acuerdo recaído.." En consecuencia, es procedente requerir el cumplimiento a la ejecutoria de mérito, conforme a lo dispuesto en el párrafo segundo del numeral 192 de la Ley de Amparo, a la autoridad responsable el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, para que dentro del plazo de tres días siguientes a la recepción del oficio en el que se transcribe este acuerdo, comunique a este Juzgado de Distrito sobre el cumplimiento que haya dado a la aludida ejecutoria de amparo, en el entendido de que deberán remitir copia certificada de las constancias para acreditar dicho cumplimiento. Lo anterior, bajo el apercibimiento que de no hacerlo así sin causa justificada, con fundamento el artículo 258 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa equivalente de cien a mil veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de sus puestos y su consignación. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese. Así lo acordó y firma la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con sede en Apizaco, ante la Secretaria de Juzgado Damayanty Rojas Huerta, que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Se tiene a la vista, para resolver, los autos del juicio de amparo indirecto número 117/2022, promovido por Martha Portillo Garzón, por propio derecho, contra actos de la Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala; y, R E S U L T A N D OS: PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el dos de febrero de dos mil veintidós, mediante buzón judicial en la la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tlaxcala y remitido el mismo día, por razón de turno, a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado, Martha Portillo Garzón, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra la autoridad responsable y acto reclamado siguientes: Autoridad responsable: ? Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala. Acto reclamado: "El acuerdo de fecha trece de diciembre de dos mil veintiuno dictado dentro del expediente laboral 209/210-C." Acto reclamado que considera violatorio de los derechos contenido en el artículo 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. Previo escrito aclaratorio, en acuerdo de once de febrero de dos mil veinte (fojas 29 a 31), se admitió a trámite la demanda de amparo, por lo cual se solicitó informe justificado a la autoridad responsable se dio intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, se ordenó emplazar a juicio al tercero interesado Ayuntamiento de DAMAYANTY ROJAS HUERTA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.d2.bd 14/10/22 10:18:45 Zacatelco, Tlaaxcala, y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Una vez integrada la litis, la audiencia constitucional tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo establecido por los artículos 94, 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de que el acto reclamado por grado, es del conocimiento de un Juez de Distrito, por materia es de naturaleza laboral y porque tiene ejecución dentro del ámbito territorial donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Previamente al estudio de su certeza o inexistencia y en aplicación de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, debe fijarse en forma clara y precisa los actos reclamados. Analizada la demanda de amparo y constancias que integran este juicio, se advierte que la parte quejosa reclama: ? La emisión del acuerdo de trece de diciembre de dos mil veintiuno, dictado dentro del expediente laboral 206/2010-C, del índice del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, en la parte conducente en no vincular al Presiente Municipal de Zacatelco, Tlaxcala, para el cumplimiento del laudo dictado dentro del citado juicio laboral. DAMAYANTY ROJAS HUERTA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.d2.bd 14/10/22 10:18:45 Juicio de Amparo 117/2022-II 3 TERCERO. Certeza de los actos reclamados. La autoridad responsable Presidente y Representante Legal del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, al rendir su informe justificado, manifestó ser cierto el acto que se le reclama (fojas 37 a 40) y, por ende, se tiene plenamente probada su existencia. Lo anterior se corrobora con las copias certificadas de las actuaciones que integran el expediente laboral 209/2010-C, a partir del laudo de dieciséis de mayo de dos mil dieciséis, que como apoyo a su informe justificado anexó el Presiente responsable, donde obra el acto reclamado por la parte quejosa; documental a la que se concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. CUARTO. Improcedencia del juicio de amparo. Determinada la certeza de los actos reclamados y previamente al estudio de fondo del asunto, se debe analizar, lo aleguen o no las partes, si en el caso se actualiza alguna de las causas de improcedencia del juicio de amparo, toda vez que ello constituye una cuestión de orden público y estudio preferente y además porque así lo dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo. Al respecto, se estima que este juicio es procedente, pues ninguna de las partes aludió causa de improcedencia, ni de oficio se advierte que pudiera actualizarse algún motivo de improcedencia del juicio de amparo, así que al no existir dispositivo legal que ordene establecer las consideraciones y razones por las que no se actualiza ninguno de los supuestos previstos en las diversas fracciones del artículo 61 de la ley de la materia, es evidente que no hay obligación del juzgador de amparo, de hacer un análisis exhaustivo de todas y cada una de las causas de inejercitabilidad que hipotéticamente pueden DAMAYANTY ROJAS HUERTA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.d2.bd 14/10/22 10:18:45 concurrir en un juicio de esta índole; de ahí que se estime legal analizar la constitucionalidad del acto reclamado. QUINTO. Antecedentes. Con el propósito de lograr una mejor comprensión del tema debatido, resulta pertinente realizar una breve semblanza de los antecedentes del acto reclamado: 1. Con fecha dieciséis de mayo de dos mil dieciséis, el Tribunal responsable dictó laudo dentro del expediente laboral 209/2010-C, en el que se condenó a la parte demandada Ayuntamiento Municipal Constitucional de Zacatelco, Tlaxcala, a pagar al actor Enrique Flores Ortega, la cantidad total de $308,055.50 (trescientos ocho mil cincuenta y cinco pesos 50/100 moneda nacional) (fojas 41 a 49 de autos). 2. Mediante proveído de veintitrés de septiembre de dos mil dieciséis, se declaró que el laudo que antecede causó ejecutoria, por lo que se concedió el término de setenta y dos horas al Ayuntamiento demandado, para que procediera al pago y cumplimiento de las prestaciones a que fue condenado (foja 54 de autos). 3. Seguida la secuela procesal, previo solicitud de la parte actora, el veinte de noviembre de dos mil diecinueve, se dictó dentro el juicio laboral, auto de requerimiento de pago o en su caso de embargo en contra el Ayuntamiento de Zacatelco, Tlaxcala (foja 106 de autos). 4. Diligencia de quince de octubre de dos mil veinte, el Actuario adscrito al Tribunal responsable, levantó acta de requerimiento de pago y/o embargo, sin que la parte demandada exhibiera la cantidad requerida, ni señalara bienes para embargo; a lo que la parte actora, se reservó el derecho a señalar bienes para embargar (foja 108 de autos). DAMAYANTY ROJAS HUERTA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.d2.bd 14/10/22 10:18:45 Juicio de Amparo 117/2022-II 5 5. Mediante escrito presentado el catorce de septiembre de dos mil veintiuno ante la responsable, signado por la parte actora dentro del juicio laboral, solicitó, entre otras cosas, se vinculara al Presidente Municipal de Zacatelco, Tlaxcala para el cumplimiento del laudo dictado dentro del mencionado juicio de origen (fojas 112 y 113 de autos). 6. El trece de diciembre de dos mil veintiuno, el Tribunal responsable emitió un acuerdo, en el que, entre otras cuestiones, en atención a lo solicitado por la parte actora en el párrafo que antecede, determinó no acordar de conformidad lo solicitado, en el sentido de vincular al Presidente Municipal de Zacatelco, Tlaxcala para el cumplimiento del laudo (fojas 114 y 115 de autos). ESTA DETERMINACIÓN, ES LA QUE CONSTITUYE EL ACTO RECLAMADO DENTRO DEL PRESENTE JUICIO. SEXTO. Innecesaria transcripción de los conceptos de violación. En este considerando se tienen por reproducidos los conceptos de violación formulados en la demanda de amparo, sin que para examinarlos haya necesidad de transcribirlos, de conformidad con lo establecido en la tesis de jurisprudencia 477, sostenida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que dice: Época: Novena Época Registro: 918011 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice 2000 Tomo VI, Común, Jurisprudencia TCC Materia(s): Común Tesis: 477 Página: 414 "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A TRANSCRIBIRLOS.- El hecho de que el Juez Federal no transcriba en su fallo los conceptos de violación expresados en la demanda, no implica que haya infringido disposiciones de la Ley de Amparo, a la cual sujeta su actuación, pues no hay precepto alguno que establezca la DAMAYANTY ROJAS HUERTA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.d2.bd 14/10/22 10:18:45 obligación de llevar a cabo tal transcripción; además de que dicha omisión no deja en estado de indefensión al quejoso, dado que no se le priva de la oportunidad para recurrir la resolución y alegar lo que estime pertinente para demostrar, en su caso, la ilegalidad de la misma." SÉPTIMO.- Estudio de fondo. Respecta al acto reclamado al Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, consistente en el acuerdo dictado con fecha trece de diciembre de dos mil veintiuno, pronunciado en el juicio de origen (expediente laboral 209/2010-C), se advierte que no se encuentra debidamente fundado ni motivado, violando en su perjuicio lo establecido por el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, concepto de violación que se esgrime es fundado y suficiente para conceder la protección constitucional a la quejosa Martha Portillo Garzón, por las razones que a continuación se expresan. En efecto, mediante escrito presentado el catorce de septiembre de dos mil veintiuno ante el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, dentro del juicio laboral 209/2010-C, el apoderado de la parte actora, aquí quejosa, solicitó, en lo que interesa, lo siguiente: "[.] 1. Se vincule al ciudadano Presidente Municipal de Zacatelco, Tlaxcala, para el cumplimiento del Laudo dictado en el presente Juicio. Esto en atención a que de acuerdo a la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala en su artículo 41 es el Presidente Municipal el que autoriza las órdenes de pago del Ayuntamiento. [.]." En contestación a dicha petición, el Presidente responsable, con fecha trece de diciembre de dos mil veintiuno, emitió, en lo que interesa, el siguiente acuerdo: "[..] En diverso aspecto, relativo a la solicitud precisada en el punto dos de este proveído, de vincular de manera personal al Presidente Municipal del Ayuntamiento de Zacatelco, Tlaxcala, no es dable acordar de conformidad lo solicitado, toda vez que el ente demandado en el presente sumario lo constituye el Ayuntamiento de Zacatelco, integrado según lo establecido en la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala1 y no el Presidente Municipal, quien únicamente funge como representante político del Ayuntamiento y jefe administrativo del Gobierno Municipal. DAMAYANTY ROJAS HUERTA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.d2.bd 14/10/22 10:18:45 Juicio de Amparo 117/2022-II 7 1. Artículo 3. El Municipio será gobernado por un Ayuntamiento, integrado por un Presidente Municipal, un síndico; regidores cuyo número determine la legislación electoral vigente, y los presidentes de comunidad quienes tendrán el carácter de munícipes en términos de lo que establece la Constitución Local, Entre el Ayuntamiento y los demás niveles de gobierno no habrá autoridad intermedia. [..]." Esto es, el Presidente responsable, determinó no acordar de conformidad la solicitud de la aquí quejosa, a fin de vincular al Presiente Municipal del Ayuntamiento de Zacatelco, Tlaxcala, para el cumplimiento del laudo dictado dentro del juicio laboral de origen, porque el demandado dentro de dicho juicio lo es el Ayuntamiento de Zacatelco, Tlaxcala, y no el Presidente Municipal quien únicamente funge como representante político del Ayuntamiento y jefe administrativo del Gobierno Municipal. Efectivamente, dicho concepto de violación es fundado por lo que ve a las razones que expuso la responsable al contestar su petición. Como bien se advierte, la respuesta reclamada presenta deficiencias en su fundamentación y motivación, circunstancia que hace patente que es contraria al texto del artículo 16 de la Constitución, el cual en su primer párrafo, impone a las autoridades al emitir sus actos la obligación de que los mismos se expresen por escrito, provengan de autoridad competente, y que se funde y motive la causa legal del procedimiento, esto es, se expresen las razones de derecho y los motivos de hecho que se consideraron por la autoridad para emitir el acto, los cuales deberán ser reales y ciertos e investidos con la fuerza legal suficiente para provocar el acto respectivo de autoridad, numeral que dispone: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento". DAMAYANTY ROJAS HUERTA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.d2.bd 14/10/22 10:18:45 De lo anterior se obtiene que todo acto de autoridad dictado contra un gobernado, debe cumplir los requisitos de motivación y fundamentación establecidos en el artículo 16 Constitucional. Ahora bien, atinente a la fundamentación y motivación, implica que la autoridad debe citar la norma jurídica que considera aplicable al caso, esto es, la disposición normativa en que se ubica el caso concreto sometido a su consideración y que sirve de sustento para resolverlo, mientras que la motivación implica el deber de señalar con precisión las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tomado en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, para que ésta sea correcta, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, esto es, que en cada caso en concreto se configuren las hipótesis normativas. Cobra aplicación la jurisprudencia V.2o. J/32, del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, que dice: "Época: Octava Época Registro: 219034 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Núm. 54, Junio de 1992 Materia(s): Común Tesis: V.2o. J/32 Página: 49 FUNDAMENTACION Y MOTIVACION. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresar con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas." DAMAYANTY ROJAS HUERTA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.d2.bd 14/10/22 10:18:45 Juicio de Amparo 117/2022-II 9 En efecto, tratándose de actos jurisdiccionales, como el que se reclama en el presente juicio, el derecho de fundamentación y motivación se encuentra en el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, en el estudio de las acciones y excepciones del debate, apoyándose en el o los preceptos jurídicos que permiten expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como en la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 1ª./J. 139/2005, cuyos datos de localización, rubro y texto son: "Época: Novena Época Registro: 176546 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXII, Diciembre de 2005 Materia(s): Común Tesis: 1a./J. 139/2005 Página: 162 FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE. Entre las diversas garantías contenidas en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sustento de la garantía de audiencia, está la relativa al respeto de las formalidades esenciales del procedimiento, también conocida como de debido proceso legal, la cual se refiere al cumplimiento de las condiciones fundamentales que deben satisfacerse en el procedimiento jurisdiccional que concluye con el dictado de una resolución que dirime las cuestiones debatidas. Esta garantía obliga al juzgador a decidir las controversias sometidas a su conocimiento, considerando todos y cada uno de los argumentos aducidos en la demanda, en su contestación, así como las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, de tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos los puntos litigiosos materia del debate. Sin embargo, esta determinación del juzgador no debe desvincularse de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo DAMAYANTY ROJAS HUERTA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.d2.bd 14/10/22 10:18:45 16 constitucional, que impone a las autoridades la obligación de fundar y motivar debidamente los actos que emitan, esto es, que se expresen las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su dictado, los cuales deberán ser reales, ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad. Ahora bien, como a las garantías individuales previstas en la Carta Magna les son aplicables las consideraciones sobre la supremacía constitucional en términos de su artículo 133, es indudable que las resoluciones que emitan deben cumplir con las garantías de debido proceso legal y de legalidad contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, la fundamentación y motivación de una resolución jurisdiccional se encuentra en el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, en el estudio de las acciones y excepciones del debate, apoyándose en el o los preceptos jurídicos que permiten expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como en la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso." En el caso, el auto reclamado no puede considerarse suficientemente fundado y motivado, como se verá enseguida: En el auto reclamado, la responsable se limitó a determinar no acordar de conformidad la solicitud de la actora, hoy quejosa, dado que el demandado en el juicio de origen lo es el Ayuntamiento de Zacatelco, Tlaxcala, y no el Presidente Municipal, quien únicamente funge como representante político y jefe administrativo del Gobierno Municipal, apoyando dicha determinación en lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala1. Sin embargo, para considerar legalmente válida la respuesta reclamada, la responsable no sólo debe atender íntegramente la solicitud de la parte actora, hoy quejosa, sino que se encuentra obligado a analizar de manera pormenorizada los alcances de dicha petición, de acuerdo a las normas legales 1 Artículo 3. El Municipio será gobernado por un Ayuntamiento, integrado por un Presidente Municipal, un Síndico; regidores cuyo número determine la legislación electoral vigente, y los presidentes de comunidad quienes tendrán el carácter de munícipes en términos de lo que establece la Constitución Local. Entre el Ayuntamiento y los demás niveles de gobierno no habrá autoridad intermedia. DAMAYANTY ROJAS HUERTA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.d2.bd 14/10/22 10:18:45 Juicio de Amparo 117/2022-II 11 aplicables al caso; lo cierto es que la responsable no contestó atendiendo al fundamento establecido por la actora en su escrito de petición, esto es, a lo señalado por el artículo 41 de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala2, a lo que la autoridad responsable, en su escrito de contestación, no atendió y solo hizo mención del precepto mencionado en el párrafo que antecede, el cual tienen relación a la integración de un Ayuntamiento Municipal; sin que de dicho precepto se 2 Artículo 41. Son facultades y obligaciones del Presidente Municipal: I. Convocar al Ayuntamiento a sesiones de cabildo; II. Presidir los debates con voz y voto en las reuniones de cabildo; III. Publicar los Bandos, Reglamentos y demás disposiciones de observancia general; IV. Vigilar el cumplimiento de los acuerdos del Ayuntamiento; V. Vigilar la recaudación de la hacienda municipal y que su aplicación se realice con probidad, honradez y estricto apego al presupuesto de egresos; VI. Autorizar las órdenes de pago que le presente el tesorero municipal, siempre y cuando se ajusten al presupuesto de egresos; (REFORMADA, P.O. 13 DE ABRIL DE 2007) VII. Nombrar al personal administrativo del Ayuntamiento conforme a los ordenamientos legales. Al Secretario y Cronista los nombrará el Presidente Municipal y los ratificará el Cabildo. En el caso del Juez Municipal su nombramiento se hará en términos de lo previsto en esta ley; VIII. Remover al personal a que se refiere la Fracción anterior con pleno respeto a sus derechos laborales; IX. Coordinar a las autoridades auxiliares del Ayuntamiento; X. Dirigir la prestación de los servicios públicos municipales; XI. Aplicar las disposiciones de los Bandos y Reglamentos municipales y delegar esas funciones a los titulares de las dependencias que integran la administración; XII. Autorizar la cuenta pública y ponerla a disposición del Síndico para su revisión y validación cuando menos tres días hábiles antes de ser enviada al Congreso del Estado. Verificará, además su puntual entrega; XIII. Vigilar y supervisar el buen funcionamiento de las dependencias y entidades municipales; XIV. Visitar los centros de población del Municipio con los funcionarios y comisiones municipales pertinentes, para atender las demandas sociales; XV. Expedir, de acuerdo a las disposiciones aplicables, a través de la Tesorería Municipal, licencias para el funcionamiento del comercio, espectáculos y actividades recreativas, y proceder a su cancelación cuando afecte el interés público; (ADICIONADO, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2016 Previa expedición de licencias para el funcionamiento de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo o de cualquier entidad que sin importar su denominación o naturaleza jurídica tenga actividades análogas a las de éstas, la Tesorería Municipal deberá verificar que cuenten con la autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para organizarse y operar como tales. (ADICIONADO, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2016) En caso de no contar con dicha autorización, se negará la licencia y se notificará a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. XVI. Vigilar los templos y ceremonias religiosas en los términos del Artículo 130 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; XVII. Disponer de la policía preventiva municipal, para asegurar la conservación del orden público, excepto en los casos en que el mando de ésta deba ejercerlo el Presidente de la República o el Gobernador del Estado; XVIII. Celebrar, a nombre del Ayuntamiento, por acuerdo de éste cuando así se requiera, los actos y contratos necesarios para el despacho de los asuntos administrativos y la atención de los servicios en los términos de esta Ley; XIX. Hacer cumplir las Leyes Federales y Estatales en el ámbito municipal; XX. Prestar a las autoridades legales el auxilio que soliciten para la ejecución de sus mandatos; XXI. Presentar por escrito, a más tardar el tercer sábado del mes de diciembre de cada año, al Ayuntamiento, a las comisiones de munícipes, un informe sobre la situación que guardan los diversos ramos de la Administración Pública Municipal; XXII. Dirigir las relaciones del Ayuntamiento con los poderes federal, estatal y con otros Ayuntamientos; XXIII. Realizar los planes de desarrollo municipal, los programas y acciones tendientes al crecimiento económico del Municipio y al bienestar de los grupos indígenas, así como de la población en general; XXIV. Presentar, dentro de los primeros quince días de cada mes, su cuenta pública al Congreso del Estado; y (REFORMADA, P.O. 12 DE OCTUBRE DE 2015) XXV. Las multas o sanciones económicas a que se haga acreedor el Presidente Municipal por el incumplimiento de sus funciones de ninguna manera podrán ser pagadas del erario municipal; y (ADICIONADA, P.O. 12 DE OCTUBRE DE 2015) XXVI. Las demás que le otorguen las leyes." DAMAYANTY ROJAS HUERTA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.d2.bd 14/10/22 10:18:45 advierta que vaya encaminado a fundamentar la contestación de la petición materia de la presente litis; siendo entonces incongruente en su contestación, a lo solicitado por la quejosa, y como consecuencia, indebida fundamentación y motivación al caso concreto. En ese contexto, como lo señala la responsable en su acuerdo de mérito, determinó no acordar de conformidad la solicitud del quejoso; sin embargo, no obstante que citó el artículo descrito con antelación, con el cual pretendió fundamentar su decisión, el mismo no está encaminado a dar una respuesta a la petición de la hoy quejosa, pues la responsable concluye que, el demandado en el juicio de origen es el Ayuntamiento de Zacatelco, Tlaxcala y no el Presidente Municipal; sin embargo, del propio artículo se deduce que el Presidente tiene atribuciones para vigilar el cumplimiento de los acuerdos del Ayuntamiento; autorizar las órdenes de pago que le presente el tesorero municipal, siempre y cuando se ajusten al presupuesto de egresos; autorizar la cuenta pública y ponerla a disposición del Síndico para su revisión y validación cuando menos tres días hábiles antes de ser enviada al Congreso del Estado, además verificará su puntual entrega; hacer cumplir las Leyes Federales y Estatales en el ámbito municipal; entre otros; de ahí que debe precisar de manera fundada y motivada, por qué no le corresponde cumplir o hacer cumplir el laudo de que se trata. Por lo tanto, no existe congruencia entre las razones aducidas por la responsable y el precepto legal con el que apoyó su determinación. En consecuencia, la respuesta se hace depender en que no se encuentra debidamente fundada ni motivada, lo que, como quedó evidenciado con anterioridad, de suyo la hace inconstitucional, pues la responsable estaba obligada, con objeto de cumplir con el mandamiento constitucional de fundar y motivar su actuación, independientemente de haber invocado DAMAYANTY ROJAS HUERTA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.d2.bd 14/10/22 10:18:45 Juicio de Amparo 117/2022-II 13 en su respuesta un artículo que únicamente evidencia la integración de un Ayuntamiento Municipal. De modo que, para evidenciar la falta de respuesta fundada y motivada a la petición vertida por la hoy quejosa en su escrito presentado el catorce de septiembre de dos mil veintiuno, debía la autoridad haberlo manifestado apoyando desde luego en el marco legal que rige tal actuación administrativa, pues sólo así se colmaría la descrita obligación de fundamentación y motivación. De este modo, el acto reclamado no puede convalidarse como legal, pues deja en estado de incertidumbre al gobernado, al no saber de manera congruente y exhaustiva cuál fue el motivo y el fundamento jurídico específico, en que se soportó la actuación de la responsable, en este caso la negativa a su petición de vincular al Presidente Municipal de Zacatelco, Tlaxcala, para el cumplimiento del laudo dictado dentro de juicio laboral 209/2010-C; lo que resulta violatorio del artículo 16 Constitucional. Dicho de otra forma, la autoridad responsable expresó una fundamentación y motivación deficiente, que se tradujo en la insuficiente fundamentación y razones que permitieran conocer de manera efectiva el motivo por el cual consideró que no puede ser procedente la vinculación de diversa autoridad al cumplimiento del laudo; es decir, se expresaron ciertos argumentos pro forma, pero éstos no fueron idóneos para tener conocimiento pleno de los elementos considerados por la autoridad en la toma de sus decisiones. Por tanto, si la fundamentación y motivación tiene como propósito primordial y ratio que los justiciables conozcan el "para qué" de la conducta de la autoridad, lo que se traduce en darles a conocer en detalle y de manera completa la esencia de todas las circunstancias y condiciones que determinaron el acto de voluntad, entonces la autoridad responsable, según se ha DAMAYANTY ROJAS HUERTA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.d2.bd 14/10/22 10:18:45 visto, con los argumentos expuestos, no satisfizo dichas exigencias, lo que genera que su actuación no sea clara para los afectados para poder cuestionar y controvertir el mérito de las decisiones, lo que limitó sus posibilidades de una real y auténtica defensa. Resulta aplicable la jurisprudencia I.4o.A. J/43, emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que indica: "Época: Novena Época Registro: 175082 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXIII, Mayo de 2006 Materia(s): Común Tesis: I.4o.A. J/43 Página: 1531 FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL ASPECTO FORMAL DE LA GARANTÍA Y SU FINALIDAD SE TRADUCEN EN EXPLICAR, JUSTIFICAR, POSIBILITAR LA DEFENSA Y COMUNICAR LA DECISIÓN. El contenido formal de la garantía de legalidad prevista en el artículo 16 constitucional relativa a la fundamentación y motivación tiene como propósito primordial y ratio que el justiciable conozca el "para qué" de la conducta de la autoridad, lo que se traduce en darle a conocer en detalle y de manera completa la esencia de todas las circunstancias y condiciones que determinaron el acto de voluntad, de manera que sea evidente y muy claro para el afectado poder cuestionar y controvertir el mérito de la decisión, permitiéndole una real y auténtica defensa. Por tanto, no basta que el acto de autoridad apenas observe una motivación pro forma pero de una manera incongruente, insuficiente o imprecisa, que impida la finalidad del conocimiento, comprobación y defensa pertinente, ni es válido exigirle una amplitud o abundancia superflua, pues es suficiente la expresión de lo estrictamente necesario para explicar, justificar y posibilitar la defensa, así como para comunicar la decisión a efecto de que se considere debidamente fundado y motivado, exponiendo los hechos relevantes para decidir, citando la norma habilitante y un argumento mínimo pero suficiente para acreditar el razonamiento del que se deduzca la relación de pertenencia lógica de los hechos al derecho invocado, que es la subsunción." En esas condiciones, ante lo fundado de los motivos de queja por la destacada deficiencia de la respuesta de la responsable contenida en su acuerdo de trece de diciembre de dos mil veintiuno, a la petición que le formuló el apoderado de la parte actora Martha Portilllo Garzón, en su escrito presentado el catorce de septiembre del año pasado, lo procedente es conceder el amparo solicitado. DAMAYANTY ROJAS HUERTA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.d2.bd 14/10/22 10:18:45 Juicio de Amparo 117/2022-II 15 OCTAVO. Efectos de la concesión del amparo. En ese orden de ideas, a fin de restituir a la parte quejosa MARTHA PORTILLO GARZÓN, en el pleno goce de sus derechos constitucionales violados, el amparo y la protección de la Justicia Federal se otorga para el efecto de que la autoridad responsable: 1) Deje insubsistente el contenido del auto de trece de diciembre de dos mil veintiuno, únicamente en la parte conducente al penúltimo párrafo. 2) Emita un nuevo auto en el que: ? Debida y suficientemente fundado y motivado, atienda la petición realizada por la parte actora, teniendo en cuenta lo precedente, y con libertad para determinar lo que en derecho corresponda; y ? Una vez hecho lo anterior, notifique a la aquí quejosa el acuerdo recaído. NOVENO. Calificación de la concesión. El análisis realizado para la concesión del amparo y protección de la Justicia Federal, atendió a un estudio de fondo del acto que constituyó la litis en el presente juicio. DÉCIMO. Publicación de sentencia. De conformidad con los Acuerdos Generales 29/2007 y 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, captúrese el día de su publicación la presente sentencia, genérese la versión pública, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E) y agréguese al expediente el acuse de recibo. DÉCIMO PRIMERO. Expedición de copias. Por otra parte, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al precepto 2° de la Ley de Amparo, sin DAMAYANTY ROJAS HUERTA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.d2.bd 14/10/22 10:18:45 necesidad de acuerdo posterior, expídase copia certificada de esta sentencia a la parte que acredite estar legitimada para su recepción, previa identificación y razón que por su recibo otorgue en autos, para debida constancia. Por tanto, a fin de que la parte interesada esté en posibilidad de acudir ante este órgano jurisdiccional para la reproducción de las constancias solicitadas, de conformidad con los lineamientos previstos en el artículo 6, fracción II, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, comuníquesele que deberá ingresar al Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación en el apartado de servicios jurisdiccionales, específicamente en el rubro de "Agenda OJ"3, y atendiendo a las fechas y horas disponibles en que pueda acceder a este Juzgado de Distrito y al horario de labores del centro de fotocopiado (de nueve a doce horas), deberá generar un Código QR que le permitirá ingresar a estas instalaciones para realizar el trámite correspondiente a la entrega de las copias certificadas; ello, con el fin de acatar las medidas sanitarias tendentes a evitar la concentración de personal y la propagación del virus Covid- 19 con motivo de la situación de emergencia sanitaria actual. Además, se le informa que de resultarle de suma importancia las copias en mención, puede obtenerlas del expediente electrónico, si cuenta con usuario, y tiene ya, acceso al mismo; pues las actuaciones cargadas en dicho expediente al incluir la evidencia criptográfica, se consideran copias certificadas electrónicamente. Finalmente, al hacerse pública la presente sentencia, deberá tomarse en cuenta que las partes, no manifestaron oposición para la publicación de sus datos personales, de conformidad con el artículo 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la 3 Para lo cual se proporciona la dirección electrónica siguiente: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/ServiciosJurisdiccionales/citas. DAMAYANTY ROJAS HUERTA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.d2.bd 14/10/22 10:18:45 Juicio de Amparo 117/2022-II 17 aplicación de dicha ley; y el Acuerdo General 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 1°, fracción I, 73, 74, y 75 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN AMPARA Y PROTEGE a Martha Portillo Garzón, en contra del acto reclamado de la autoridad responsable, precisada en el resultando primero de esta resolución, en términos y para los efectos precisados en los considerandos séptimo y octavo de la presente resolución. SEGUNDO. Atento a lo expuesto en el considerando noveno de este fallo, se califica que la concesión otorgada atendió a un estudio de fondo. TERCERO. Captúrese la presente sentencia, genérese la versión pública y agréguese el acuse de recibo. CUARTO. Entréguese copia autorizada de esta sentencia a la parte que lo solicite, previo pago y razón que por su recibo se deje en autos. QUINTO. Conforme a lo expuesto en el último considerando de este fallo, al hacerse pública la presente resolución deberá tomarse en cuenta que las partes no manifestaron oposición expresa para la publicación de sus datos personales. Notifíquese; por lista a la quejosa, vía electrónica al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y, por oficio o correo electrónico a la autoridad responsable y tercero interesado. Así lo resolvió y firma, Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con residencia en Apizaco, Tlaxcala, hasta el día de hoy veintinueve de abril de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores del juzgado, ante Damayanty Rojas Huerta, Secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

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