Martha Perez Calderon

Expediente 1313/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 4 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1313/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
04/01/2023

Partes del expediente

  • Martha Perez Calderon

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, cuatro de enero de dos mil veintitrés. Como de la certificación secretarial se aprecia que el término de cinco días para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja en contra del proveído que desechó la demanda de garantías ha fenecido, sin que haya hecho uso de tal derecho; en consecuencia se declara que dicho acuerdo queda FIRME, para los efectos legales a que haya lugar. Ahora bien, como de la citada constancia secretarial se advierte que no existe acuerdo pendiente por dictar ni diligencia por practicar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE este expediente como asunto totalmente concluido; haciéndose la observación de que es susceptible de DESTRUCCIÓN, de conformidad con lo establecido en los artículos 12, 14 y 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, disposición citada en último término que dispone: "Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: a) Expedientes de juicios de amparo, en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados; b) Expedientes en los que se haya dictado una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido; c) El original del cuaderno relativo al incidente de suspensión en amparo siempre que la medida cautelar se haya negado respecto de todos los actos reclamados; d) Aquellos que desechen, declaren improcedentes, o declaren sin materia o infundado; e) Medidas precautorias, siempre que no sean en materia penal. f) Impedimentos; g) Recusaciones; h) Excusas; i) Returnos; j) Incompetencias; k) Conflictos competenciales. En el acuerdo de archivo de los expedientes judiciales deberá constar la orden de notificación personal a las partes para acudir al órgano jurisdiccional, dentro de un plazo de noventa días hábiles, a recuperar los documentos originales que hubieren exhibido en el expediente, apercibiéndoles de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Cuando no se pueda efectuar la notificación personal a las partes, aquélla se realizará a través de listas que se publicarán en los estrados del órgano jurisdiccional. Una vez cumplido el término a que se refiere el primer párrafo de este artículo, el órgano jurisdiccional, dentro de los treinta días siguientes, deberá destruir estos expedientes y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. No serán valorados como destruibles aquellos expedientes que encuadren en alguno de los supuestos de relevancia documental previstos en este Acuerdo General..". Se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental, por no encontrarse en los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo general en cita ni este juzgador, atendiendo a la importancia del asunto, lo considera de trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional. Háganse las anotaciones del caso en el libro de Gobierno que se lleva en este Juzgado. Notifíquese.

  2. Principal

    con esta fecha se notifica por lista a los quejosos... el proveído de cinco de diciembre de dos mil veintidós... vista la demanda de amparo promovida por -; contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad. Regístrese en el libro de gobierno con el número II-1313/2022-1. Del análisis a la demanda de garantías, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado: ." ACTO RECLAMADO: ."OMITIR DECRETAR LAS MEDIDAS DE APREMIO EFICACES A LA PARTE DEMANDA POR SU CONTUMACIA DE INCUMPLIR CON EL LAUDO, PARA OBLIGAR AL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA ANA MAYA, MICHOACÁN, QUE RESULTÓ CONDENADO A CUMPLIR DE MANERA PLENA, CABAL Y SIN OBSTÁCULOS EL LAUDO EN CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA, DE FECHA 09 DE FEBRERO DEL AÑO 2021.". Acto, respecto del cual el suscrito estima que procede desechar el presente libelo constitucional por ser notoriamente improcedente, con apoyo en lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Amparo; esto es, por surtirse la causa de improcedencia, prevista por el artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo, por las siguientes razones: El artículo 113 de la Ley de Amparo prescribe: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". El numeral trascrito, autoriza al suscrito a desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Debe tenerse en consideración, que el motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe ser claro, sin lugar a dudas evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por medio de prueba alguna durante el juicio. Resulta aplicable a lo anterior, por identidad jurídica la jurisprudencia 19, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo X, septiembre de 1999, página 730, que indica: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad." Lo anterior es así, pues como ha quedado precisado el acto reclamado por la parte promovente, se hace consistir en la omisión por parte de la responsable de hacer cumplir el laudo respectivo dentro del expediente laboral número -, el mismo acto que fue reclamado en el juicio de amparo número II-346/2021-1, del índice de este órgano jurisdiccional, y en el cual se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión para el siguiente efecto: "Consecuentemente, las dilaciones y omisiones en el procedimiento de ejecución del laudo, relativas al juicio ordinario laboral-, son violatorias del artículo 17 de la Constitución Federal, por lo cual procede otorgar -, la protección constitucional solicitada, para el efecto de que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, requiera pronto y efectivo pago de la cantidad condenada, apercibiendo con multa a fin de lograr su cumplimiento y en su caso facultando al Actuario, para que en caso de negativa del Ayuntamiento de Santa Ana Maya, Michoacán, efectúe el embargo ordenado y remate de bienes suficientes para garantizar el monto total de la cantidad laudada; asimismo, para ordene la reinstalación de los quejosos en los términos precisados en el laudo de mérito." En ese sentido, debemos estarnos a lo que dispone el artículo 61 fracción XI, de la Ley de Amparo, que disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior; [.]" Dicho numeral establece que el juicio de amparo es improcedente contra actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de garantías; esto es, se refiere a la existencia de una resolución recaída en un amparo previamente al afectado de improcedente, en el que la acción respectiva consta de las mismas partes y causa de pedir, como elemento que origina dicha improcedencia, y tal resolución previa debe estar constituida por una sentencia definitiva, la que se entiende que no puede ser ya jurídicamente impugnable, ni ordinaria ni extraordinariamente, lo que se traduce en la existencia de la cosa juzgada en materia de amparo. Tiene aplicación a lo anterior, la jurisprudencia de la emitida por la extinta Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Séptima Época, Materia Común, 72 Quinta Parte, visible a foja 49, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del texto y rubro siguiente: "COSA JUZGADA, EXISTENCIA DE LA. Para que exista cosa juzgada es necesario que se haya hecho anteriormente un pronunciamiento de derecho entre las mismas partes, sobre las mismas acciones, la misma cosa y la misma causa de pedir; por tanto debe existir identidad de partes, identidad de cosa u objeto materia de los juicios de que se trate, e identidad en la causa de pedir o hecho jurídico generador del derecho que se haga valer." Resaltando que la cosa juzgada representa una garantía de seguridad jurídica, ya que radica en la regulación obligatoria e inalterable de las relaciones jurídicas que son sometidas y decididas en juicio. La cosa juzgada es una cualidad especial de los efectos (consecuencia), de una sentencia, pues estos últimos, en virtud de la cosa juzgada material se vuelven definitivos, incontestables e inatacables al vincular a las partes para todo juicio futuro, lo que se traduce en la estabilidad de los efectos de la sentencia. En esta tesitura, representa una garantía de seguridad jurídica, porque llega un momento en que las determinaciones jurisdiccionales necesariamente son inimpugnables y jurídicamente indiscutibles o inmutables. Trasladado lo anterior al presente juicio de amparo, éste resulta improcedente cuando se reclama un acto que ya fue materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, dado que las situaciones jurídicas que fueron analizadas se establecen como verdad legal, y ya no pueden estar a discusión, mucho menos reexaminarse, porque ello equivaldría a vulnerar y alterar la inmutabilidad de los efectos de una sentencia, cuya observancia, por cierto, es de orden público. Precisado lo anterior, del análisis integral de la demanda de amparo de cuenta, se aprecia claramente que el acto reclamado se hace consistir en la omisión por parte de la responsable de hacer cumplir con el laudo dictado en el juicio laboral -. Luego, como de la constancia secretarial se desprende en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, fue localizado el diverso juicio de amparo número I-346/2021-1, lo que constituye un hecho notorio para el suscrito en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley de Amparo y de la tesis del rubro: "HECHOS NOTORIOS. PUEDEN INVOCARSE COMO TALES, LOS AUTOS O RESOLUCIONES CAPTURAROS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE), AL SER INFORMACIÓN DIFEDIGNA Y AUTÉNTICA", del cual se desprende que fue promovido por los mismos quejosos, contra la misma autoridad responsable a la cual reclamó lo siguiente: "la omisión de ejecutar el laudo dentro del Juicio Ordinario Laboral -, que se tramita ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad". Como ha quedado evidenciado, el acto que aquí se reclama contra la autoridad mencionada, ha sido materia del diverso juicio de amparo de referencia, promovido por los mismos quejosos, en el cual se dictó sentencia el veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, y causó ejecutoria el diecisiete de diciembre del mismo año, y dentro del cual se encuentra pendiente de dar por cumplida la ejecutoria de amparo; por tanto y en relatadas condiciones debe prevalecer el criterio aquí sostenido. Por lo antes expuesto, se insiste, que en el acto precisado se actualizan la causa de improcedencia que contempla el artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo, por lo que, con fundamento en el artículo 113 del mismo ordenamiento legal, procede DESECHAR LA DEMANDA de garantías de cuenta, con apoyo en lo establecido por el artículo 113, de la Ley de la Materia. Háganse las anotaciones del caso en el Libro de Gobierno de este Juzgado, y en su oportunidad archívese el expediente como asunto totalmente concluido. De acuerdo con el artículo 21 párrafo tercero de la propia Ley, se autoriza la práctica de notificaciones personales en general, aun en días y horas inhábiles. Hágase del conocimiento de las partes que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos, y para su difusión, no se requiere del consentimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y de ser procedente la publicación, se suprimirán los datos personales, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este Órgano Jurisdiccional. En otro aspecto, con fundamento en el artículo 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, ante la necesaria e idónea continuidad en la tramitación de expedientes por medios electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible y de estimarlo pertinente, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; para lo cual, las partes, sus representantes o sus autorizados con facultades expresas para hacerlo, deberán solicitar -a través de promoción física o electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea- la consulta del expediente electrónico relativo al presente juicio y la práctica de notificaciones electrónicas, para lo cual se requiere también de la utilización de una firma electrónica vigente (FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal), de conformidad con lo dispuesto en el referido Acuerdo. Se invita a las partes para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, de cuyo contenido se ordena su registro y, de ser necesario, su incorporación al expediente previa la certificación correspondiente, con fundamento el artículo 257 del citado Acuerdo General. Como lo solicita la promovente, se autoriza el uso de medios electrónicos para fotografiar o escanear los acuerdos decretados en el presente asunto, reservándose la reproducción de documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXIX Marzo de 2009, visible a página 2847, del rubro siguiente: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA. Finalmente, se tiene al quejoso señalando domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad. Notifíquese personalmente... LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, cinco de diciembre de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo promovida por -; contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad. Regístrese en el libro de gobierno con el número II-1313/2022-1. Del análisis a la demanda de garantías, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado: ." ACTO RECLAMADO: ."OMITIR DECRETAR LAS MEDIDAS DE APREMIO EFICACES A LA PARTE DEMANDA POR SU CONTUMACIA DE INCUMPLIR CON EL LAUDO, PARA OBLIGAR AL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTA ANA MAYA, MICHOACÁN, QUE RESULTÓ CONDENADO A CUMPLIR DE MANERA PLENA, CABAL Y SIN OBSTÁCULOS EL LAUDO EN CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA, DE FECHA 09 DE FEBRERO DEL AÑO 2021.". Acto, respecto del cual el suscrito estima que procede desechar el presente libelo constitucional por ser notoriamente improcedente, con apoyo en lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Amparo; esto es, por surtirse la causa de improcedencia, prevista por el artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo, por las siguientes razones: El artículo 113 de la Ley de Amparo prescribe: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". El numeral trascrito, autoriza al suscrito a desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Debe tenerse en consideración, que el motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe ser claro, sin lugar a dudas evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por medio de prueba alguna durante el juicio. Resulta aplicable a lo anterior, por identidad jurídica la jurisprudencia 19, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo X, septiembre de 1999, página 730, que indica: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad." Lo anterior es así, pues como ha quedado precisado el acto reclamado por la parte promovente, se hace consistir en la omisión por parte de la responsable de hacer cumplir el laudo respectivo dentro del expediente laboral número -, el mismo acto que fue reclamado en el juicio de amparo número II-346/2021-1, del índice de este órgano jurisdiccional, y en el cual se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión para el siguiente efecto: "Consecuentemente, las dilaciones y omisiones en el procedimiento de ejecución del laudo, relativas al juicio ordinario laboral-, son violatorias del artículo 17 de la Constitución Federal, por lo cual procede otorgar -, la protección constitucional solicitada, para el efecto de que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, requiera pronto y efectivo pago de la cantidad condenada, apercibiendo con multa a fin de lograr su cumplimiento y en su caso facultando al Actuario, para que en caso de negativa del Ayuntamiento de Santa Ana Maya, Michoacán, efectúe el embargo ordenado y remate de bienes suficientes para garantizar el monto total de la cantidad laudada; asimismo, para ordene la reinstalación de los quejosos en los términos precisados en el laudo de mérito." En ese sentido, debemos estarnos a lo que dispone el artículo 61 fracción XI, de la Ley de Amparo, que disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior; [.]" Dicho numeral establece que el juicio de amparo es improcedente contra actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de garantías; esto es, se refiere a la existencia de una resolución recaída en un amparo previamente al afectado de improcedente, en el que la acción respectiva consta de las mismas partes y causa de pedir, como elemento que origina dicha improcedencia, y tal resolución previa debe estar constituida por una sentencia definitiva, la que se entiende que no puede ser ya jurídicamente impugnable, ni ordinaria ni extraordinariamente, lo que se traduce en la existencia de la cosa juzgada en materia de amparo. Tiene aplicación a lo anterior, la jurisprudencia de la emitida por la extinta Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Séptima Época, Materia Común, 72 Quinta Parte, visible a foja 49, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del texto y rubro siguiente: "COSA JUZGADA, EXISTENCIA DE LA. Para que exista cosa juzgada es necesario que se haya hecho anteriormente un pronunciamiento de derecho entre las mismas partes, sobre las mismas acciones, la misma cosa y la misma causa de pedir; por tanto debe existir identidad de partes, identidad de cosa u objeto materia de los juicios de que se trate, e identidad en la causa de pedir o hecho jurídico generador del derecho que se haga valer." Resaltando que la cosa juzgada representa una garantía de seguridad jurídica, ya que radica en la regulación obligatoria e inalterable de las relaciones jurídicas que son sometidas y decididas en juicio. La cosa juzgada es una cualidad especial de los efectos (consecuencia), de una sentencia, pues estos últimos, en virtud de la cosa juzgada material se vuelven definitivos, incontestables e inatacables al vincular a las partes para todo juicio futuro, lo que se traduce en la estabilidad de los efectos de la sentencia. En esta tesitura, representa una garantía de seguridad jurídica, porque llega un momento en que las determinaciones jurisdiccionales necesariamente son inimpugnables y jurídicamente indiscutibles o inmutables. Trasladado lo anterior al presente juicio de amparo, éste resulta improcedente cuando se reclama un acto que ya fue materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, dado que las situaciones jurídicas que fueron analizadas se establecen como verdad legal, y ya no pueden estar a discusión, mucho menos reexaminarse, porque ello equivaldría a vulnerar y alterar la inmutabilidad de los efectos de una sentencia, cuya observancia, por cierto, es de orden público. Precisado lo anterior, del análisis integral de la demanda de amparo de cuenta, se aprecia claramente que el acto reclamado se hace consistir en la omisión por parte de la responsable de hacer cumplir con el laudo dictado en el juicio laboral -. Luego, como de la constancia secretarial se desprende en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, fue localizado el diverso juicio de amparo número I-346/2021-1, lo que constituye un hecho notorio para el suscrito en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley de Amparo y de la tesis del rubro: "HECHOS NOTORIOS. PUEDEN INVOCARSE COMO TALES, LOS AUTOS O RESOLUCIONES CAPTURAROS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE), AL SER INFORMACIÓN DIFEDIGNA Y AUTÉNTICA", del cual se desprende que fue promovido por los mismos quejosos, contra la misma autoridad responsable a la cual reclamó lo siguiente: "la omisión de ejecutar el laudo dentro del Juicio Ordinario Laboral -, que se tramita ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad". Como ha quedado evidenciado, el acto que aquí se reclama contra la autoridad mencionada, ha sido materia del diverso juicio de amparo de referencia, promovido por los mismos quejosos, en el cual se dictó sentencia el veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, y causó ejecutoria el diecisiete de diciembre del mismo año, y dentro del cual se encuentra pendiente de dar por cumplida la ejecutoria de amparo; por tanto y en relatadas condiciones debe prevalecer el criterio aquí sostenido. Por lo antes expuesto, se insiste, que en el acto precisado se actualizan la causa de improcedencia que contempla el artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo, por lo que, con fundamento en el artículo 113 del mismo ordenamiento legal, procede DESECHAR LA DEMANDA de garantías de cuenta, con apoyo en lo establecido por el artículo 113, de la Ley de la Materia. Háganse las anotaciones del caso en el Libro de Gobierno de este Juzgado, y en su oportunidad archívese el expediente como asunto totalmente concluido. De acuerdo con el artículo 21 párrafo tercero de la propia Ley, se autoriza la práctica de notificaciones personales en general, aun en días y horas inhábiles. Hágase del conocimiento de las partes que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos, y para su difusión, no se requiere del consentimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y de ser procedente la publicación, se suprimirán los datos personales, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este Órgano Jurisdiccional. En otro aspecto, con fundamento en el artículo 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, ante la necesaria e idónea continuidad en la tramitación de expedientes por medios electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible y de estimarlo pertinente, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; para lo cual, las partes, sus representantes o sus autorizados con facultades expresas para hacerlo, deberán solicitar -a través de promoción física o electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea- la consulta del expediente electrónico relativo al presente juicio y la práctica de notificaciones electrónicas, para lo cual se requiere también de la utilización de una firma electrónica vigente (FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal), de conformidad con lo dispuesto en el referido Acuerdo. Se invita a las partes para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, de cuyo contenido se ordena su registro y, de ser necesario, su incorporación al expediente previa la certificación correspondiente, con fundamento el artículo 257 del citado Acuerdo General. Como lo solicita la promovente, se autoriza el uso de medios electrónicos para fotografiar o escanear los acuerdos decretados en el presente asunto, reservándose la reproducción de documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXIX Marzo de 2009, visible a página 2847, del rubro siguiente: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA. Finalmente, se tiene al quejoso señalando domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad. Notifíquese personalmente.

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