Martha Paulina Gallardo López

Expediente 217/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 6 actuaciones registradas, la última del 29 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
217/2023
Año
2023
Actuaciones
6
Última actuación
29/03/2023

Partes del expediente

  • Martha Paulina Gallardo López

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL INCISO C), FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE VEINTINUEVE DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRÉS, A LA PARTE QUEJOSA: Agréguese en autos el escrito signado por la quejosa ********************, en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 114 de la Ley de Amparo, téngasele desahogando el requerimiento formulado en auto de dieciséis de marzo del año en curso, lo que hace manifestando bajo protesta de decir verdad todos los hechos y acontecimientos acaecidos al acto reclamado. A efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del artículo citado, se desprende que el juez de Distrito tiene la obligación de examinar la demanda de amparo para que en caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia la deseche de plano. Esencialmente la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio, el cual debe ser manifiesto, es decir, que se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Y es que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver la cuestión de fondo planteada, o sea, para decidir el fondo de la controversia constitucional. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Bajo ese contexto, el suscrito estima que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, párrafo segundo, ambos de la Ley de Amparo, dispositivos que estatuyen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Artículo 107. El amparo indirecto procede: IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido." Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendiendo al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; ." A manera de preámbulo, conviene prevenir que la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, debe interpretarse en el sentido de que las causas de improcedencia que ahí se contemplan, deben derivar necesariamente de la propia Ley de Amparo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o incluso, de la jurisprudencia. Por ello, el contenido de este numeral se debe interpretar en el sentido de que en sus veintidós primeras fracciones sólo se prevén algunos de los múltiples supuestos de improcedencia que operan en el juicio de amparo, de tal forma que la actualización de estas hipótesis no se deben entender bajo un criterio limitativo, es decir, que los supuestos expresamente contenidos en las veintidós fracciones del aludido numeral 61 de la Ley de Amparo, no son los únicos casos en que este juicio debe estimarse improcedente. Más bien, la hipótesis normativa de la fracción XXIII del aludido precepto evidencia que la intención del legislador estribó en que las causas de improcedencia del amparo, se pueden actualizar por motivos diversos a los establecidos taxativamente en el citado artículo 61. Supuestos que pueden tener su génesis tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la ley o, incluso, en la jurisprudencia. Por su parte, el último párrafo de la fracción IV del numeral 107 de la Ley de Amparo, prevé la procedencia del juicio de amparo tratándose de remates en el sentido que, dicha hipótesis sólo se actualiza cuando se controvierte la última resolución dictada en dicho procedimiento, que es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación, o bien, ordena entregar la posesión de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento. De ahí que procede el amparo indirecto hasta cuando ello se actualice, esto es, una vez que se haya emitido cualquiera de ambos supuestos, dado que son consecuencias connaturales del acto de adjudicación y, por tanto, basta que se emita una sola de ellas para considerar actualizada la última resolución del remate. Con el objeto de comprender por qué el suscrito estima que en el caso concreto se actualiza la causa de improcedencia referida, conviene establecer que la quejosa en su escrito aclaratorio manifestó bajo protesta de decir verdad: Que las partes del juicio laboral **********, son ******************** (demandados). Que dicho controvertido se encuentra en audiencia de remate a celebrarse el veintinueve de marzo de dos mil veintitrés; y que, Sí compareció a ese juicio a ejercer derechos procesales. Bajo dicha guisa, en el caso que nos ocupa, se tiene que el acto reclamado por la solicitante del amparo se hace consistir en: El auto de dos de marzo de dos mil veintitrés, en el que la autoridad responsable negó su petición de designar un perito valuador para dar certeza sobre el valor real del bien sujeto a remate. Entonces, si el último párrafo de la fracción IV del numeral 107 de la Ley de Amparo, prevé la procedencia del juicio de amparo tratándose de remates en el sentido que, dicha hipótesis sólo se actualiza cuando se controvierte la última resolución dictada en dicho procedimiento, que es aquélla que en forma indistinta ordena: 1. El otorgamiento de la escritura de adjudicación; o, 2. La entrega de los bienes rematados; y si a la fecha aún no se ha emitido alguna de las referidas determinaciones en dicho procedimiento; es inconcuso que al no surtirse la hipótesis que prevé la fracción IV del numeral 107 de la ley de la materia, el presente juicio de amparo resulta improcedente. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, párrafo segundo, ambos de la Ley de Amparo, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ESTUDIA, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta.

  2. Principal

    Agréguese en autos el escrito signado por la quejosa ********************, en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 114 de la Ley de Amparo, téngasele desahogando el requerimiento formulado en auto de dieciséis de marzo del año en curso, lo que hace manifestando bajo protesta de decir verdad todos los hechos y acontecimientos acaecidos al acto reclamado. A efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del artículo citado, se desprende que el juez de Distrito tiene la obligación de examinar la demanda de amparo para que en caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia la deseche de plano. Esencialmente la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio, el cual debe ser manifiesto, es decir, que se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Y es que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver la cuestión de fondo planteada, o sea, para decidir el fondo de la controversia constitucional. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Bajo ese contexto, el suscrito estima que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, párrafo segundo, ambos de la Ley de Amparo, dispositivos que estatuyen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Artículo 107. El amparo indirecto procede: IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido." Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendiendo al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; ." A manera de preámbulo, conviene prevenir que la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, debe interpretarse en el sentido de que las causas de improcedencia que ahí se contemplan, deben derivar necesariamente de la propia Ley de Amparo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o incluso, de la jurisprudencia. Por ello, el contenido de este numeral se debe interpretar en el sentido de que en sus veintidós primeras fracciones sólo se prevén algunos de los múltiples supuestos de improcedencia que operan en el juicio de amparo, de tal forma que la actualización de estas hipótesis no se deben entender bajo un criterio limitativo, es decir, que los supuestos expresamente contenidos en las veintidós fracciones del aludido numeral 61 de la Ley de Amparo, no son los únicos casos en que este juicio debe estimarse improcedente. Más bien, la hipótesis normativa de la fracción XXIII del aludido precepto evidencia que la intención del legislador estribó en que las causas de improcedencia del amparo, se pueden actualizar por motivos diversos a los establecidos taxativamente en el citado artículo 61. Supuestos que pueden tener su génesis tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la ley o, incluso, en la jurisprudencia. Por su parte, el último párrafo de la fracción IV del numeral 107 de la Ley de Amparo, prevé la procedencia del juicio de amparo tratándose de remates en el sentido que, dicha hipótesis sólo se actualiza cuando se controvierte la última resolución dictada en dicho procedimiento, que es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación, o bien, ordena entregar la posesión de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento. De ahí que procede el amparo indirecto hasta cuando ello se actualice, esto es, una vez que se haya emitido cualquiera de ambos supuestos, dado que son consecuencias connaturales del acto de adjudicación y, por tanto, basta que se emita una sola de ellas para considerar actualizada la última resolución del remate. Con el objeto de comprender por qué el suscrito estima que en el caso concreto se actualiza la causa de improcedencia referida, conviene establecer que la quejosa en su escrito aclaratorio manifestó bajo protesta de decir verdad: Que las partes del juicio laboral **********, son ******************** (demandados). Que dicho controvertido se encuentra en audiencia de remate a celebrarse el veintinueve de marzo de dos mil veintitrés; y que, Sí compareció a ese juicio a ejercer derechos procesales. Bajo dicha guisa, en el caso que nos ocupa, se tiene que el acto reclamado por la solicitante del amparo se hace consistir en: El auto de dos de marzo de dos mil veintitrés, en el que la autoridad responsable negó su petición de designar un perito valuador para dar certeza sobre el valor real del bien sujeto a remate. Entonces, si el último párrafo de la fracción IV del numeral 107 de la Ley de Amparo, prevé la procedencia del juicio de amparo tratándose de remates en el sentido que, dicha hipótesis sólo se actualiza cuando se controvierte la última resolución dictada en dicho procedimiento, que es aquélla que en forma indistinta ordena: 1. El otorgamiento de la escritura de adjudicación; o, 2. La entrega de los bienes rematados; y si a la fecha aún no se ha emitido alguna de las referidas determinaciones en dicho procedimiento; es inconcuso que al no surtirse la hipótesis que prevé la fracción IV del numeral 107 de la ley de la materia, el presente juicio de amparo resulta improcedente. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, párrafo segundo, ambos de la Ley de Amparo, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ESTUDIA, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta.

  3. Principal

    Agréguese en autos el escrito de cuenta signado por la quejosa **************; en atención a su contenido, dígasele que no ha lugar a tenerla dando cabal cumplimiento al requerimiento efectuado el dieciséis de los actuales. Lo anterior es así, ya que en dicho auto se le requirió para que: ".indique todos y cada uno de los antecedentes que dieron origen a la resolución reclamada, acorde a lo establecido por la fracción V del artículo 108 de la Ley de Amparo, debiendo además precisar: Quienes son las partes en el juicio laboral de ********** de la estadística de la junta responsable. La etapa procesal que guarda el referido controvertido. Sí compareció al citado juicio a defender sus derechos." En razón de lo anterior, se estima que la prevención efectuada no fue cabalmente cumplida, porque si bien es cierto que la quejosa aclaró bajo protesta de decir verdad los puntos antes señalados, también lo es, que omitió hacer una narración suscita de todos y cada uno de los antecedentes que dieron origen a la resolución reclamada, es decir, toda la secuela procesal del controvertido de origen (inicio, fecha de la sentencia, a que resultó condenada), etc. Razón por la cual se estima que no se cumplió con la totalidad de los puntos de la prevención efectuada el dieciséis de marzo de la presente anualidad. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 114 de la Ley de Amparo, no se tiene por desahogada la prevención de que se trata, por lo que subsiste el apercibimiento decretado en el referido auto. En la inteligencia que, al haber atendido parcialmente la prevención de que se trata, el día en que se le notificó, le restan los cinco días que se le concedieron en su integridad para dar cumplimiento a lo solicitado, plazo que se computará a partir del día siguiente al en que le surta efectos la notificación que de este auto se le practique.

  4. Principal

    POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL INCISO C), FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE VEINTISIETE DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRÉS, A LA PARTE QUEJOSA: Agréguese en autos el escrito de cuenta signado por la quejosa **************; en atención a su contenido, dígasele que no ha lugar a tenerla dando cabal cumplimiento al requerimiento efectuado el dieciséis de los actuales. Lo anterior es así, ya que en dicho auto se le requirió para que: ".indique todos y cada uno de los antecedentes que dieron origen a la resolución reclamada, acorde a lo establecido por la fracción V del artículo 108 de la Ley de Amparo, debiendo además precisar: Quienes son las partes en el juicio laboral de ********** de la estadística de la junta responsable. La etapa procesal que guarda el referido controvertido. Sí compareció al citado juicio a defender sus derechos." En razón de lo anterior, se estima que la prevención efectuada no fue cabalmente cumplida, porque si bien es cierto que la quejosa aclaró bajo protesta de decir verdad los puntos antes señalados, también lo es, que omitió hacer una narración suscita de todos y cada uno de los antecedentes que dieron origen a la resolución reclamada, es decir, toda la secuela procesal del controvertido de origen (inicio, fecha de la sentencia, a que resultó condenada), etc. Razón por la cual se estima que no se cumplió con la totalidad de los puntos de la prevención efectuada el dieciséis de marzo de la presente anualidad. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 114 de la Ley de Amparo, no se tiene por desahogada la prevención de que se trata, por lo que subsiste el apercibimiento decretado en el referido auto. En la inteligencia que, al haber atendido parcialmente la prevención de que se trata, el día en que se le notificó, le restan los cinco días que se le concedieron en su integridad para dar cumplimiento a lo solicitado, plazo que se computará a partir del día siguiente al en que le surta efectos la notificación que de este auto se le practique.

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