Martha Patricia Saucedo Escamilla
Expediente 642/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 34 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 642/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 34
- Última actuación
- 29/11/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Martha Patricia Saucedo Escamilla
- Martha Patricia Saucedo Escamilla y Otros.
- Secretario de Salud Federal
Actuaciones
Las 4 más recientes de 34.
- Principal
"...Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy la parte quejosa no interpuso revisión, dentro del término legal, contra la sentencia dictada en el presente juicio; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que la misma ha causado ejecutoria. Dicho cómputo sólo se realiza respecto de la parte quejosa, ya que fue a ésta a quien únicamente afectó el sobreseimiento. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como concluido. Por otra parte, en observancia al Acuerdo General sin número de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, el presente expediente carece de relevancia histórica y documental, por lo que es destruible, ya que se sobreseyó en este asunto. Finalmente, remítanse a las autoridades responsables las documentales que allegaron al presente juicio de amparo. Notifíquese..."
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno. Agréguese el oficio del apoderado legal del Instituto de Salud del Estado de México, organismo público descentralizado del cual depende el Director del Hospital General Atizapán "Dr. Salvador González Herrejón" y el Director del Hospital General de Ecatepec "José María Rodríguez" el Jefe de la Jurisdicción Sanitaria Atizapán y el Jefe de la Jurisdicción Sanitaria de Tlalnepantla dependiente del Instituto de Salud del Estado de México (ISEM), por medio de la cual informa las gestiones para dar cumplimiento a la resolución que resolvió el incidente violación a la suspensión de plano, con su contenido dese vista a la parte quejosa, para que en el término de tres días contado a partir de su notificación, manifieste lo que a su derecho corresponda. Notifíquese y electrónicamente a la parte quejosa.
- Principal
"...Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que las autoridades responsables no han informado las gestiones tendientes a dar cumplimiento a lo requerido en la resolución de veintinueve de septiembre del cursante, relativa al incidente por exceso o defecto en el cumplimiento a la suspensión de plano por lo que hace al presente mes de (noviembre de dos mil veintiuno). En consecuencia, requiéranse a las autoridades responsables para que dentro del término de tres días contados a partir de que tengan conocimiento de la presente determinación informen sobre el cumplimiento que hayan dado a la resolución de veintinueve de septiembre del cursante, relativa al incidente por exceso o defecto en el cumplimiento a la suspensión de plano, por lo que hace al presente mes de noviembre de dos mil veintiuno. Con el apercibimiento que de no hacerlo así, dentro del término otorgado, se le impondrá una multa por el equivalente a cien unidades de medida y actualización, lo anterior con fundamento en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo..."
- Principal
"....En Naucalpan de Juárez, Estado de México siendo las diez horas con veinte minutos del cinco de noviembre de dos mil veintiuno, hora y día señalados para la celebración de la audiencia constitucional en el juicio de amparo 642/2021-I, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, Erandi Paulina Fuentes Chávez, secretaria en funciones de juez del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México, autorizada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el doce de julio de dos mil veintiuno, comunicada mediante oficio CCJ/ST/2597/2021, quien actúa ante Claudia Geraldina Camacho Castillo, secretaria que autoriza y da fe, declara abierta la diligencia sin que sea necesaria la asistencia de la partes, ya sea física o virtualmente a través de videoconferencia, en virtud que tanto sus pruebas como alegatos los pudieron hacer valer por escrito, a fin de acatar lo dispuesto en el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en el sentido de continuar con un esquema de trabajo en el que se evite la concentración de personas en las instalaciones de los órganos jurisdiccionales con motivo de la emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor provocada por el virus COVID-19, aunado a que no se recibió ocurso alguno de las partes en que ofrecieran pruebas o formularan alegatos. A continuación, la secretaria procede a la lectura de la demanda de amparo y demás constancias de autos, sin necesidad de hacer relación expresa de ellas, de acuerdo con el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación1 , de rubro: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL." Acto seguido, la secretaria en funciones de juez acuerda: Tener hecha la relación de constancias que antecede para los efectos legales correspondientes. 1 Visible en el Seminario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo IV, julio a diciembre de 1989, página 185, registro 206494. Por otra parte, abierto el período probatorio, la secretaria da cuenta con las pruebas que fueron aportadas por las partes. A continuación, la secretaria en funciones de juez determina: Con fundamento en los dispositivos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidos y desahogados dada su naturaleza los medios de convicción mencionados. Al no haber prueba pendiente por desahogar, se cierra el período probatorio. Acto seguido, la secretaria en funciones de juez apertura la etapa de alegatos y se hace constar que ninguna de las partes hizo uso de dicho derecho. Al no existir diligencia pendiente que desahogar, se cierra la etapa de alegatos y, respecto de las dos primeras fases de la audiencia constitucional, se levanta la presente acta y se procede al dictado de la resolución correspondiente. Vistos para resolver el juicio de amparo indirecto 642/2021- I; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Mediante escrito de demanda presentado ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, el cinco de julio de dos mil veintiuno, turnado a este órgano jurisdiccional el seis siguiente, Martha Patricia Saucedo Escamilla, Sandra Saucedo Escamilla, Rocio Guadalupe Huitrón Gualito, David Robledo Caballero, Belinda Gómez Méndez, Patricia Soria Zúñiga, Ma. Raquel Herrera Santana, Gerardo Espinoza Ceballos, Norma Angélica Serrano Anaya, Ma. Leonor Anaya Chávez, Víctor Hugo Robledo Callejas, Alejandro Amador González, Luis Guerra Delgado, Jesús Elizalde Monroy, María Concepción Mejía González, Rebeca Sánchez Miranda, Karina Acevedo Salinas, Georgina Cauz Rebolledo y María Eugenia Romero Tapia, por propio derecho, solicitaron el amparo y protección de la justicia federal, contra las autoridades y por el acto que se indicarán en el considerando segundo de este fallo. SEGUNDO. TRÁMITE. Por auto de seis de julio de dos mil veintiuno, este Juzgado Federal admitió a trámite la demanda, dio la intervención correspondiente a la representación social, pidió a las responsables sus informes justificados, señaló hora y fecha para el verificativo de la audiencia constitucional, la cual, una vez debidamente integrado este expediente, inició al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado es legalmente competente para conocer del presente juicio biinstancial, de conformidad con los artículos 35 y 37 de la Ley de Amparo, toda vez que el acto reclamado se ejecutó dentro del territorio en que este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. ACTOS RECLAMADOS. Por cuestión de orden y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar los actos reclamados que se advierten del análisis de la demanda íntegramente considerada, con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa y, en ese tenor, de la lectura de la demanda constitucional, en concordancia con la información allegada al juicio, se concluye que la peticionaria de amparo reclama: - La omisión de dar cumplimiento al acuerdo de la Secretaría de Salud, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticuatro de marzo de dos mil veinte, en el que se establecen las medidas preventivas que deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica el covid-19. - La omisión de proporcionar el equipo sanitario específico de protección y de forma completa a los quejosos para evitar el contagio de covid-19 al desempeñar su trabajo. - Que los quejosos queden eximidos de prestar sus servicios, en caso de que no se les proporcione equipo de protección, sin responsabilidad y sin que se afecten sus condiciones laborales. - Las autoridades no impongan ningún tipo de castigo o medidas de represión a los quejosos, consistentes en despidos, descuentos salariales, suspensión de salario, o cambio de adscripción. - La omisión de entregar a los hoy quejosos el apoyo económico consistente en la canasta básica. TERCERO. INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Las autoridades responsables Gobernador del Estado de México, Secretario de Salud, Subsecretario de Prevención y Promoción de Salud, Director General del Instituto de Salud del Estado de México, organismo público descentralizado, Coordinador de Administración y Finanzas, Subdirector de Recursos Humanos, Jefe de Recursos Humanos adscrito a dicho hospital, Jefe de la Jurisdicción Sanitaria Atizapán, Jefe de Recursos Humanos de la Jurisdicción Atizapán, Director de Recursos Humanos adscrito a dicho nosocomio, Jefe de Jurisdicción Sanitaria de Tlalnepantla, Jefe de Recursos Humanos de la Jurisdicción Tlalnepantla al rendir sus informes con justificación negaron los actos que se les atribuyen, sin que la parte quejosa haya aportado prueba eficaz para desvirtuar dicha negativa. Aunado a que en todo caso, los responsables de cumplir lo reclamado, son los directores de los hospitales a los que se encuentran adscritos los quejosos. En consecuencia, procede sobreseer en el juicio por lo que hace a los actos reprochados, con fundamento el artículo 63 fracción IV de la Ley de Amparo, por inexistencia del mismo. CUARTO. EXISTENCIA DE ACTOS RECLAMADOS. Las autoridades responsables Director del Hospital General Atizapán "Dr. Salvador González Herrejón" y Director del Hospital General de Ecatepec "José María Rodríguez", negaron los actos que se les reclamaron, no obstante, de las constancias remitidas se aprecia que las mismas son quienes, en su caso, deben de acatarlos, de ahí que se tienen por ciertos los actos que se les atribuyen. QUINTO. PROCEDENCIA DEL JUICIO. Las causales de improcedencia deben estudiarse preferentemente, aun de oficio, por así establecerlo el artículo 62 del ordenamiento invocado y por ser ello cuestión de orden público. En el caso, este órgano jurisdiccional advierte de oficio la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1 y 5, fracción II, estos últimos en sentido contrario, todos de la Ley de Amparo. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: . II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general". Conforme a los preceptos legales transcritos, se entiende por autoridad responsable la que dicta, ordena ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Además, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esa fracción y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. En relación con el concepto de autoridad para efectos del juicio de amparo, es oportuno precisar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que las características que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: - La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular. - Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad. - Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, - Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Lo anterior tiene sustento en la jurisprudencia de rubro: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS2 . De esta manera, a efecto de analizar si los actos combatidos con motivo del desempeño laboral de los quejosos en los hospitales antes referidos, constituye o no un acto de autoridad, es importante señalar las consideraciones que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación precisó al resolver la contradicción de tesis 56/2021. En principio, el Alto Tribunal del País precisó que los artículos 132, fracción XIX Bis3 y 512-D Ter4 de la Ley Federal del Trabajo establecen la obligación de los patrones de cumplir con las disposiciones que en caso de emergencia sanitaria fije la autoridad competente, así como proporcionar los elementos que señale dicha autoridad a efecto de prevenir enfermedades. Además, en el caso de que se determine la suspensión de labores, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social ordenará las medidas necesarias para evitar afectaciones a la salud de los trabajadores. Con lo anterior, la Suprema Corte de Justicia de la Nación narró los antecedentes derivados de la emergencia sanitaria SARS-CoV2, entre los que destaca que el veinticuatro de marzo de dos mil veinte se publicó en el referido medio de difusión oficial el "Acuerdo por el que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) 2 Registro digital: 161133, Instancia: Segunda Sala, Novena Época, Materias(s): Común, Tesis: 2a./J. 164/2011, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, página 1089, Tipo: Jurisprudencia. 3 "Artículo 132. Son obligaciones de los patrones: [.] XIX BIS. Cumplir con las disposiciones que en caso de emergencia sanitaria fije la autoridad competente, así como proporcionar a sus trabajadores los elementos que señale dicha autoridad, para prevenir enfermedades en caso de declaratoria de contingencia sanitaria." 4 "Artículo 512-D Ter. En el caso de que las autoridades sanitarias competentes hubieren determinado la suspensión de labores con motivo de una declaratoria de contingencia sanitaria, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social ordenará medidas necesarias para evitar afectaciones a la salud de los trabajadores, sin perjuicio de la imposición de las sanciones que correspondan y del ejercicio de las facultades de otras autoridades". mediante el cual el Secretario de Salud instruyó a los sectores público, privado y social, entre otras, las prácticas5 siguientes: a. Evitar la asistencia a centros de trabajo, espacios públicos y otros lugares concurridos, a los adultos mayores de 65 años o más y grupos de personas con riesgo a desarrollar enfermedad grave y/o morir a causa de ella, quienes en todo momento, en su caso, y a manera de permiso con goce de sueldo, gozarán de su salario y demás prestaciones establecidas en la normatividad vigente. 5 ARTÍCULO SEGUNDO.- Las medidas preventivas que los sectores público, privado y social deberán poner en práctica son las siguientes: a) Evitar la asistencia a centros de trabajo, espacios públicos y otros lugares concurridos, a los adultos mayores de 65 años o más y grupos de personas con riesgo a desarrollar enfermedad grave y/o morir a causa de ella, quienes en todo momento, en su caso, y a manera de permiso con goce de sueldo, gozarán de su salario y demás prestaciones establecidas en la normatividad vigente indicada en el inciso c) del presente artículo. Estos grupos incluyen mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, menores de 5 años, personas con discapacidad, personas con enfermedades crónicas no transmisibles (personas con hipertensión arterial, pulmonar, insuficiencia renal, lupus, cáncer, diabetes mellitus, obesidad, insuficiencia hepática o metabólica, enfermedad cardiaca), o con algún padecimiento o tratamiento farmacológico que les genere supresión del sistema inmunológico; b) Suspender temporalmente las actividades escolares en todos los niveles, hasta el 17 de abril del 2020, conforme a lo establecido por la Secretaría de Educación Pública; c) Suspender temporalmente las actividades de los sectores público, social y privado que involucren la concentración física, tránsito o desplazamiento de personas a partir de la entrada en vigor de este Acuerdo y hasta el 19 de abril del 2020. Las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y las organizaciones de los sectores social y privado, deberán instrumentar planes que garanticen la continuidad de operaciones para el cumplimiento de sus funciones esenciales relacionadas con la mitigación y control de los riesgos para salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) y garantizar los derechos humanos de las personas trabajadoras, en particular los señalados en el inciso a) del presente artículo, y de los usuarios de sus servicios. En el sector público, los Titulares de la Áreas de Administración y Finanzas u homólogos o bien las autoridades competentes en la institución de que se trate, determinarán las funciones esenciales a cargo de cada institución, cuya continuidad deberá garantizarse conforme al párrafo anterior. En el sector privado continuarán laborando las empresas, negocios, establecimientos mercantiles y todos aquéllos que resulten necesarios para hacer frente a la contingencia, de manera enunciativa, hospitales, clínicas, farmacias, laboratorios, servicios médicos, financieros, telecomunicaciones, y medios de información, servicios hoteleros y de restaurantes, gasolineras, mercados, supermercados, misceláneas, servicios de transportes y distribución de gas, siempre y cuando no correspondan a espacios cerrados con aglomeraciones. Las relaciones laborales se mantendrán y aplicarán conforme a los contratos individuales, colectivos, contratos ley o Condiciones Generales de Trabajo que correspondan, durante el plazo al que se refiere el presente Acuerdo y al amparo de la Ley Federal del Trabajo y la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 Constitucional. Todo lo anterior, con estricto respeto a los derechos laborales de las y los trabajadores, en los sectores público, social y privado; d) Suspender temporalmente y hasta nuevo aviso de la autoridad sanitaria, los eventos masivos y las reuniones y congregaciones de más de 100 personas; e) Cumplir las medidas básicas de higiene consistentes en lavado frecuente de manos, estornudar o toser cubriendo boca y nariz con un pañuelo desechable o con el antebrazo; saludar aplicando las recomendaciones de sana distancia (evitar saludar de beso, de mano o abrazo) y recuperación efectiva para las personas que presenten síntomas de SARS-CoV2 (COVID-19) (evitar contacto con otras personas, desplazamientos en espacios públicos y mantener la sana distancia, durante los 15 días posteriores al inicio de los síntomas), y f. Las demás que en su momento se determinen necesarias por la Secretaría de Salud, mismas que se harán del conocimiento de la población en general, a través del titular de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud. b. Suspender actividades escolares, así como aquellas que involucren la concentración física, tránsito o desplazamiento de personas, garantizando la continuación de las funciones esenciales. c. Las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y las organizaciones del sector privado y social, deberán instrumentar planes que garanticen la continuidad de operaciones para el cumplimiento de las funciones esenciales relacionadas con la mitigación y control de riesgos para la salud que implica el virus SARS-CoV2 y garantizar los derechos humanos de las personas trabajadoras. d. En el sector privado continuarán laborando empresas, negocios y establecimientos necesarios para hacer frente a la contingencia. e. Las relaciones laborales se mantendrán y aplicarán conforme a los contratos individuales, colectivos, contratos ley o Condiciones Generales de Trabajo que correspondan, durante el plazo al que se refiere el presente Acuerdo y al amparo de la Ley Federal del Trabajo y la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 Constitucional. f. Todo lo anterior, con estricto respeto a los derechos laborales de los trabajadores, en los sectores público, social y privado; El veintinueve de mayo de dos mil veinte, el Secretario de Salud, conjuntamente con los titulares de las Secretarías de Economía, del Trabajo y Previsión Social, así como el Instituto Mexicano del Seguro Social, publicaron el "Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos Técnicos para la Reapertura de las actividades económicas", implementado con el objeto de lograr un retorno o la continuidad de las actividades laborales seguro, escalonado y responsable, estableciendo como principios rectores, los siguientes: a) Privilegiar la salud y la vida: que busca que las personas trabajadoras se protejan y cuiden de sí mismas y de sus familiares, así como mejorar la seguridad y la salud en el entorno laboral. b) Solidaridad y no discriminación: Solidaridad con personas empleadoras y trabajadoras, sin distinción alguna, debiendo apoyar a las personas trabajadoras que tienen a su cargo menores cuyas escuelas están cerradas o el cuidado de personas adultas mayores o con enfermedades crónicas. c) Economía moral y eficiencia productiva: el regreso a las actividades laborales debe darse en el marco de una nueva cultura de seguridad y salud en el trabajo. d) Responsabilidad compartida: la efectividad de las medidas es tarea de todos. De esta manera, se categorizaron los centros de trabajo de acuerdo al tipo de actividad que realizan, al riesgo epidemiológico en el que se encuentran, el tamaño del centro de trabajo y las características internas y se establecieron las estrategias generales de promoción de la salud y seguridad sanitaria en el entorno laboral. El treinta y uno de julio de dos mil veinte, la Secretaría de la Función Pública publicó el "Acuerdo por el que se establecen los criterios aplicables para la administración de los recursos humanos en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para mitigar la propagación del coronavirus COVID-19", en el que se autorizó a los servidores públicos, la posibilidad de desarrollar trabajo en casa, en los casos en que su desempeño sea posible, disposición que se determinó obligatoria para las personas calificadas en estado de vulnerabilidad, quedando exceptuadas de la aplicación de dicho acuerdo, las secretarías de Salud, Defensa Nacional, Marina, Seguridad y Protección Ciudadana, la Guardia Nacional, personal de Servicio Exterior Mexicano, así como el Instituto Mexicano del Seguro Social, Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, los Institutos Nacionales de Salud y Alta Especialidad y demás instituciones relacionadas con los servicios de salud, protección civil, además de las que se determinen como esenciales y que deban prestarse de manera presencial. El veintisiete de julio de dos mil veintiuno, la Secretaría de Salud emitió el "ACUERDO por el que se da a conocer el medio de difusión de la nueva metodología del semáforo por regiones para evaluar el riesgo epidemiológico que representa la enfermedad grave de atención prioritaria COVID-19", el cual prevé, entre otros aspectos que las personas a quienes se haya administrado un esquema de vacunación contra el virus SARS-CoV-2 y habiendo transcurrido dos semanas posteriores a la aplicación de la última dosis, no serán consideradas dentro de la población en situación de vulnerabilidad para contraer dicha enfermedad grave de atención prioritaria. El treinta de julio de dos mil veintiuno, la Secretaría de la Función Pública publicó el "Acuerdo por el que se determinan los criterios para la administración de los recursos humanos en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal con el objeto de reducir el riesgo de contagio y dispersión del coronavirus SARS-CoV2", en el que se determinó el regreso a labores en instalaciones físicas de los servidores públicos que concluyeron su proceso de inmunización. Además, considera viable continuar con el esquema de trabajo, cuando la naturaleza de sus funciones así lo permita a las personas servidoras públicas que estén en lista de espera para concluir su proceso de inmunización, así como aquellas consideradas como personas vulnerables. Quedaron exceptuadas de dicho acuerdo las secretarías de Salud, Defensa Nacional Marina, Seguridad y Protección Ciudadana, la Guardia Nacional, personal de Servicio Exterior Mexicano, instituciones de protección civil y demás que se determinen como esenciales y que deban prestarse de manera presencial. En el caso del Instituto Mexicano del Seguro Social, Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, los Institutos Nacionales de Salud y Alta Especialidad e instituciones relacionadas con los servicios de salud, quedaron facultados para aplicar el acuerdo, sin alterar el cumplimiento de sus funciones institucionales y la prestación de servicios de salud, en congruencia con sus disposiciones en materia de administración de recursos humanos. Con base en lo narrado, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación concluyó que los acuerdos emitidos durante la contingencia sanitaria derivada del SARS-CoV2, tienen una naturaleza formalmente administrativa, en tanto que fueron expedidos por diversas autoridades de esa naturaleza, entre otros, los titulares de las Secretarías de Salud, de la Función Pública y del Trabajo y Previsión Social. No obstante (dijo el Máximo Tribunal del País), los aspectos relativos a la forma en que el sector público, privado y social deben adaptar su funcionamiento, horarios y las condiciones en que los trabajadores deben continuar con el desarrollo de sus labores, a efecto de prevenir, mitigar y controlar el contagio del mencionado virus, en las que se incluyen las medidas de resguardo domiciliario a través del trabajo en casa, enfocado en las personas consideradas como vulnerables, tienen una naturaleza materialmente laboral. Lo anterior (señaló), en tanto que es claro que los acuerdos y lineamientos emitidos por la autoridad sanitaria ubican a los sectores público, social y privado como destinatarios primigenios de esa normatividad y, el hecho de que les corresponda su aplicación, no los equipara a autoridades para efectos del juicio de amparo. En efecto, el hecho de que los patrones tengan que aplicar o ejecutar las disposiciones administrativas dictadas por las autoridades sanitarias -lo que sucede además con cualquier disposición laboral legal o administrativa- no los coloca per se en un plano de supra-subordinación respecto de sus trabajadores. La normatividad referida (puntualizó) no los dotó de una potestad administrativa, que les autorice o faculte para crear, modificar o extinguir derechos u obligaciones. En ese contexto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estimó, que si bien apreciaba que los mencionados acuerdos contemplan como obligación de los patrones la implementación del resguardo domiciliario a través del trabajo en casa, como medida de protección frente al SARSCoV2, conservando la totalidad de las prerrogativas laborales que los trabajadores vienen disfrutando, fueron emitidos por autoridades de carácter administrativo, lo cierto es que dichas normas se encuentran orientadas a salvaguardar derechos y prerrogativas de naturaleza laboral, entre las que se encuentra la salud, así como la seguridad e higiene en el empleo. Conclusión a la que llegó con base en el artículo 123, fracción XV6 , de la Constitución, que establece la obligación del patrón de cumplir con las normas sobre higiene y seguridad en el centro de trabajo, así como el deber de organizar el establecimiento de manera que resulte la mayor garantía para la salud y la vida de los trabajadores. 66 Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley. El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán: A. Entre los obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos y de una manera general, todo contrato de trabajo: . XV. El patrón estará obligado a observar, de acuerdo con la naturaleza de su negociación, los preceptos legales sobre higiene y seguridad en las instalaciones de su establecimiento, y a adoptar las medidas adecuadas para prevenir accidentes en el uso de las máquinas, instrumentos y materiales de trabajo, así como a organizar de tal manera éste, que resulte la mayor garantía para la salud y la vida de los trabajadores, y del producto de la concepción, cuando se trate de mujeres embarazadas. Las leyes contendrán, al efecto, las sanciones procedentes en cada caso . Obligación (dijo) que se encuentra estrechamente vinculada con el concepto de trabajo digno o decente, definido en el artículo 27 de la Ley Federal del Trabajo y, sobre todo, con lo dispuesto en los artículos 132, fracción XIX Bis y 512-D TER de la propia ley transcritos en párrafos precedentes. Lo anterior (agregó), aunado a que el artículo 3 del Convenio 155 sobre la seguridad y salud de los trabajadores, emitido por la Organización Internacional del Trabajo8 , establece que la salud, en relación con el trabajo, abarca no solamente la ausencia de afecciones o de enfermedades, sino también de elementos físicos y mentales que afecten la salud y están directamente relacionados con la seguridad e higiene en el trabajo. En ese sentido señaló el Alto Tribunal del País que la Recomendación 164 sobre seguridad y salud de los trabajadores, emitida por la OIT, señala que los Estados están obligados a implementar una política con el objeto de prevenir los accidentes y los daños para la salud originados con motivo del trabajo, así como la adopción de planes de acción en caso de emergencia9 . Precisó que similares consideraciones se emitieron al resolver la contradicción de tesis 127/2020, en la que se concluyó que las medidas implementadas para mitigar y controlar los riesgos para la salud originados por el virus SARS-CoV2 tienen naturaleza laboral, cuando su aplicación está dirigida a 7 Artículo 2o.- [.] Se entiende por trabajo digno o decente aquél en el que se respeta plenamente la dignidad humana del trabajador; no existe discriminación por origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, condición migratoria, opiniones, preferencias sexuales o estado civil; se tiene acceso a la seguridad social y se percibe un salario remunerador; se recibe capacitación continua para el incremento de la productividad con beneficios compartidos, y se cuenta con condiciones óptimas de seguridad e higiene para prevenir riesgos de trabajo. 8 Convenio 155 sobre seguridad y salud de los trabajadores, 1981. Ratificado por el Estado Mexicano el uno de febrero de mil novecientos ochenta y cuatro. 9 Recomendación 164 sobre seguridad y salud de los trabajadores, 1981. Emitida por la Organización Internacional del Trabajo. garantizar la seguridad y salud de las y los trabajadores en sus centros de trabajo10 . Finalmente, precisó que no era obstáculo a su conclusión11, el contenido del artículo 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, en la parte que autoriza la posibilidad de que los particulares puedan tener el carácter de autoridad cuando afecten derechos de manera unilateral y obligatoria como consecuencia de las funciones determinadas por una norma general. Lo anterior, porque si bien los diversos acuerdos y lineamientos que obligan o facultan a las dependencias públicas y empleadores a autorizar el resguardo domiciliario y el trabajo a distancia como medida de prevención de contagio del virus SARS-CoV2, en favor de las personas ubicadas en un grupo de riesgo, fueron emitidos por autoridades administrativas; lo cierto es que su cumplimiento se ubica en el marco de una relación de trabajo y son exigibles a la parte patronal en términos de los artículos 132, fracción XIX Bis y 512-D Ter de la Ley Federal del Trabajo, transcritos con antelación. Con base en esas consideraciones estimó que debía prevalecer con el carácter de jurisprudencia (no publicada) la que a continuación se transcribe: "NEGATIVA DE AUTORIZAR EL RESGUARDO DOMICILIARIO EN FAVOR DEL TRABAJADOR DE INSTITUCIONES DE SALUD PÚBLICA, COMO MEDIDA PREVENTIVA DE CONTAGIO DEL VIRUS SARS-CoV2. NO ES ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. Criterios discrepantes. Los Tribunales Colegiados analizaron si el acto reclamado consistente en la 10 "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA LA NEGATIVA DE APLICAR A FAVOR DE UNA PERSONA TRABAJADORA, LAS MEDIDAS IMPLEMENTADAS PARA MITIGAR Y CONTROLAR LOS RIESGOS PARA LA SALUD ORIGINADOS POR EL VIRUS SARS-CoV2 EN LOS CENTROS DE TRABAJO. CORRESPONDE A UN JUZGADO DE DISTRITO EN MATERIA DE TRABAJO" [Registro digital: 2022187, Instancia: Segunda Sala, Décima Época, Materias(s): Común, Laboral, Tesis: 2a./J. 42/2020 (10a.), Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 79, Octubre de 2020, Tomo I, página 588, Tipo: Jurisprudencia]. 11 Relacionada con el tema que se resolvió en la contradicción de tesis 56/2021 05/06/23 11:48:12 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.e4.4a CLAUDIA GERALDINA CAMACHO CASTILLO negativa de autorizar el resguardo domiciliario como medida preventiva para evitar el contagio del virus SARS-CoV2, constituye o no un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo. Criterio jurídico. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que la negativa de autorizar el resguardo domiciliario como medida preventiva para evitar el contagio del virus SARS-COv2, en los casos en que el quejoso argumenta tratarse de un trabajador de una institución de salud pública, ubicado en una situación de vulnerabilidad, no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo. Justificación. Si bien es cierto que la mencionada medida de resguardo constituye una de las practicas que el Gobierno Federal instrumentó, dirigidas a los sectores público, social y privado a efecto de prevenir, mitigar y controlar el contagio derivado del virus SARS-CoV2, su naturaleza es laboral en virtud de que se encuentra orientada a garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores en sus centros de trabajo. Por tanto, la negativa de autorizar el resguardo domiciliario, como medida de prevención de contagio, carece del carácter de acto de autoridad en los términos previstos por los artículos 1, fracción I, y 5, fracción II, de la Ley de Amparo, en virtud de que constituye un acto generado a partir del vínculo jurídico que existe entre un el empleador y el trabajador, es decir, se ubica dentro de una relación de coordinación, de modo que el patrón no actúa con facultades de imperio sino como sujeto dentro de una relación de trabajo, por lo que su cumplimiento es exigible en los términos de la legislación laboral correspondiente". Ahora bien, en el caso la parte quejosa reclama diversos actos que se encuentran relacionados con la obligación de los patrones de proporcionar a sus trabajadores los elementos que señale la autoridad para prevenir enfermedades, en el contexto de la pandemia derivada del virus denominado COVID-19, tal como lo establece el artículo 132, XIX BIS12 . Se afirma así, ya que las medidas implementadas para mitigar y controlar los riesgos para la salud originados por el virus SARS-CoV2 tienen naturaleza laboral, cuando su 12 "Artículo 132. Son obligaciones de los patrones: . XIX BIS. Cumplir con las disposiciones que en caso de emergencia sanitaria fije la autoridad competente, así como proporcionar a sus trabajadores los elementos que señale dicha autoridad, para prevenir enfermedades en caso de declaratoria de contingencia sanitaria." Artículo 512-D Ter. En el caso de que las autoridades sanitarias competentes hubieren determinado la suspensión de labores con motivo de una declaratoria de contingencia sanitaria, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social ordenará medidas necesarias para evitar afectaciones a la salud de los trabajadores, sin perjuicio de la imposición de las sanciones que correspondan y del ejercicio de las facultades de otras autoridades". aplicación está dirigida a garantizar la seguridad y salud de las y los trabajadores en sus centros de trabajo13 . De ahí que el cumplimiento de ese tipo de medidas se ubica en el marco de una relación de trabajo y son exigibles a la parte patronal en términos de los artículos 132, fracción XIX Bis y 512-D Ter de la Ley Federal del Trabajo, tal como lo resolvió la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la contradicción de tesis 56/2021. Consideraciones que se asumen por este juzgado para determinar que en el caso no se está ante un acto de autoridad aun y cuando ese criterio -a la fecha en que se resuelve este asunto- no esté publicado en el Semanario Judicial de la Federación; pues el sentido de la resolución al que arribó el Máximo Tribunal del País, se advierte de la página oficial con link: https://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetalleP ub.aspx?AsuntoID=280685. En ese sentido, es aplicable al caso que se somete al conocimiento de éste órgano jurisdiccional. Sin que su aplicación vulnere el principio de retroactividad, pues no existe jurisprudencia que sustente una postura contraria a la definida por el Alto Tribunal del País en la contradicción de tesis 56/2021 citada con anterioridad. Justifican lo expuesto la jurisprudencia 2a./J. 107/2002 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, Octubre de 2002, página 292 con registro digital: 185722 de rubro: "JURISPRUDENCIA. FORMA EN QUE DEBEN PROCEDER LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO PARA VERIFICAR LA EXISTENCIA DE LA SUSTENTADA POR LA SUPREMA CORTE 13 "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA LA NEGATIVA DE APLICAR A FAVOR DE UNA PERSONA TRABAJADORA, LAS MEDIDAS IMPLEMENTADAS PARA MITIGAR Y CONTROLAR LOS RIESGOS PARA LA SALUD ORIGINADOS POR EL VIRUS SARS-CoV2 EN LOS CENTROS DE TRABAJO. CORRESPONDE A UN JUZGADO DE DISTRITO EN MATERIA DE TRABAJO" [Registro digital: 2022187, Instancia: Segunda Sala, Décima Época, Materias(s): Común, Laboral, Tesis: 2a./J. 42/2020 (10a.), Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 79, Octubre de 2020, Tomo I, página 588, Tipo: Jurisprudencia]. DE JUSTICIA DE LA NACIÓN ANTE LA FALTA DE TESIS FORMALMENTE PUBLICADA". Así como la diversa Jurisprudencia 2a./J. 199/2016, a la cual aludió el juez federal, y aparece en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 38, Enero de 2017, Tomo I, Página: 464, cuyo rubro: "JURISPRUDENCIA. ALCANCE DEL PRINCIPIO DE IRRETROACTIVIDAD DE AQUÉLLA TUTELADO EN EL ARTÍCULO 217, PÁRRAFO ÚLTIMO, DE LA LEY DE AMPARO". Ante lo evidenciado, lo conducente es decretar el sobreseimiento del juicio de amparo con fundamento en el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1 y 5, fracción II, estos últimos aplicados en sentido contrario, todos de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado es de resolverse y se R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo. Notifíquese; y electrónicamente a la parte quejosa.
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