Martha Patricia Sanjuanero Hernandez
Expediente 1403/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 2 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1403/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 27/11/2018
Partes del expediente
- Martha Patricia Sanjuanero Hernandez
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra el auto por el que se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la misma ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo.
- Principal
Santiago de Querétaro, Querétaro, trece de noviembre de dos mil dieciocho. RECEPCIÓN Y DEMANDA. Téngase promoviendo demanda de amparo a Martha Patricia Sanjuanero Hernández, por propio derecho, contra actos del Secretario de Seguridad Pública Municipal de Querétaro y otras autoridades. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 1403/2018, ANÁLISIS DE PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. De acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; lo que es así, porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Proceder que tiene como base constitucional el contenido del artículo 17, que consagra el derecho a la administración de justicia e impone como taxativa a los órganos jurisdiccionales el cumplir con ello de manera pronta y expedita, pues no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. En el caso, del estudio de las actuaciones que componen el presente juicio de amparo, este órgano de control constitucional advierte la existencia de un motivo que involucra su improcedencia, se estima que se actualiza la causal de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, el cual dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; [.]" El numeral transcrito regula uno de los principios rectores del juicio de amparo: el de definitividad del acto reclamado, que no es otra cosa que la improcedencia del juicio constitucional contra actos recurribles, salvo los casos excepcionales establecidos por la ley y la jurisprudencia. En efecto, la quejosa debe agotar o substanciar todos los medios ordinarios de defensa que tenga al alcance para modificar o revocar la determinación que le causa perjuicio, pues de lo contrario, la acción constitucional resultaría improcedente por no acatar el principio de definitividad que lo rige. El principio en comento pretende que el amparo sea la última instancia que utilice el gobernado para lograr la anulación de los actos de autoridad que estima violatorios de sus derechos humanos, por lo que si esa anulación puede obtenerla por medio de la interposición de recursos o medios de defensa ordinarios, debe utilizarlos antes de acudir al juicio de amparo, para que la potestad constitucional, una vez que se ha convertido el acto reclamado en definitivo, esté en oportunidad de analizar, como última instancia, la constitucionalidad del acto. Por tanto, se advierte a qué instancia administrativa corresponde el conocimiento de las controversias en materia administrativa y fiscal que se planteen entre los particulares y las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, Municipales, de los Organismos Públicos Descentralizados con funciones de autoridad del Estado de Querétaro, lo que en el caso acontece, por lo que, antes de que este órgano jurisdiccional se halle en aptitud legal de examinar la constitucionalidad del acto reclamado, la parte quejosa debió promover el juicio de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo local. Figura normativa que se constituye como un medio ordinario de impugnación que tiene por efecto nulificar, modificar o revocar el acto que se combate, respecto del cual resulta competente para dirimir y resolverlo un órgano en sede administrativa de carácter estatal, que se encuentra facultado para conocer de tal cuestión a través de un procedimiento en el que tiene plenas atribuciones legales, que pudiera resultar favorable a los intereses de la ahora parte quejosa. De esta forma, al disponerse expresamente la procedencia de una defensa otorgada por la ley ordinaria para combatir el acto reclamado, que tiene por objeto modificar, revocar o nulificarlo, es inconcuso que, para los efectos del amparo, el acto impugnado en sede de amparo carece de definitividad para que se esté en aptitud jurídica de analizar su constitucionalidad, aun cuando no se hubiese hecho valer, ya que el juicio extraordinario que nos ocupa, se rige por el principio de definitividad, lo cual significa que antes de promover la acción constitucional, deben agotarse los recursos o medios de defensa que las leyes ordinarias prevén a fin de combatir el acto de autoridad en esta vía. No obsta a lo considerado, que el texto del artículo y fracciones en que se sustenta la causa de improcedencia, consagra que esto resultará así, siempre y cuando no se exijan mayores requisitos que los previstos para el otorgamiento de la suspensión definitiva en la Ley de Amparo; ya que los que exige la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de Querétaro, para proceder a la suspensión del acto que se reclama, no son mayores que los que prevé la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo anterior es así, puesto que de la lectura de los artículos 127 y 128 de la Ley de Amparo y los diversos 27 y 32 de Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de Querétaro, se advierte que el ordenamiento referido en segundo lugar no prevé mayores requisitos que los que contempla la ley que rige el juicio de amparo para conceder la suspensión de la resolución combatida, a saber: a) No se afecte el interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público; b) Sean de difícil reparación los daños o perjuicios que se causen al solicitante con la ejecución del acto impugnado. Por tanto, no se advierten mayores exigencias para la concesión de la suspensión en aquel procedimiento, a los previstos por la Ley de Amparo. De ahí que se concluya que el presente juicio de amparo es improcedente, al no haberse impugnado dicho acto a través del medio ordinario que las propias leyes establecen, y que con tal omisión, no quedó satisfecho uno de los principios fundamentales para la procedencia del juicio de amparo, como lo es el de definitividad.
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