Martha Patricia Rodriguez Martínez

Expediente 540/2023 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 13 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
540/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
13/06/2023

Partes del expediente

  • Martha Patricia Rodriguez Martínez

Actuaciones

  1. Principal

    CERTIFICACIÓN DE ARCHIVO.

  2. Principal

    León, Guanajuato, treinta de mayo de dos mil veintitrés. Vista la cuenta que antecede se provee: I. Auto causa estado. De la certificación que antecede se advierte que la parte quejosa no recurrió dentro del plazo legal el auto por el cual se desechó la demanda de amparo; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 97 y 98 de la Ley de Amparo, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que ha causado estado. II. Archivo. Háganse las anotaciones en los libros de gobierno de este Juzgado y archívese el expediente como asunto totalmente concluido. Asimismo, con fundamento en el artículo 21, inciso d, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, dado que se desechó la demanda de amparo, además de que no se considera de relevancia documental, este expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN. Notifíquese.

  3. Principal

    Agréguese el oficio signado por el Juez Décimo Menor Civil de esta ciudad, mediante el cual informa que se realizó la cancelación de la escritura pública número 14,555 de veinticinco de enero de dos mil veintidós, que contenía la adjudicación en rebeldía de inmueble embargado en el juicio de origen; al respecto, estese a la espera de que la autoridad de cumplimiento al auto de nueve de mayo en curso y con las documentales que exhiba y con las recibidas en este momento dese vista a las partes.

  4. Principal

    AVISO: En términos del artículo 27, fracción I, inciso b), en relación con el diverso numeral 29 de la Ley de Amparo; se notifica a la parte quejosa, el proveído de ONCE DE MAYO DE DOS MIL VEINTITRÉS que en resumen dice: León, Guanajuato, once de mayo de dos mil veintitrés. Visto; atento a la cuenta de mérito, se provee: EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 540/2023. Anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado. TRAMITACIÓN DEL JUICIO EN LA MODALIDAD EN LÍNEA. En los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, la presentación de demandas, solicitudes, recursos, incidentes y promociones, así como la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas con independencia del tipo de asunto o materia de que se trate, se realizarán a través del Sistema Electrónico del propio Consejo. Por ello, con independencia del esquema en que actúen las partes tradicional, híbrido o en línea el eje rector de la actividad jurisdiccional de este órgano será la actuación desde las aplicaciones del Sistema Electrónico. En atención a lo anterior, se informa a las partes que los expedientes físicos servirán únicamente como referencia de los documentos recibidos físicamente, y serán los expedientes electrónicos los que tengan validez para consulta de las partes, procesos de estadística, visitas, vigilancia y demás trámites ante el propio Consejo, Por su parte, las constancias integradas en los expedientes físicos tendrán validez respecto de las constancias recibidas por esa vía, a pesar de que no integren la totalidad de las constancias del expediente electrónico. MEDIDAS PARA LA ACTUACIÓN DESDE EL SISTEMA ELECTRÓNICO. Con la finalidad de conducir el juicio conforme al esquema en línea, se comunica a las partes: 1. La documentación recibida por vía electrónica o generada electrónicamente, así como las notificaciones realizadas por el sistema, tendrán validez legal suficiente y constarán únicamente en el expediente electrónico, sin que deban imprimirse ni agregarse al expediente físico. Por lo tanto, el expediente físico contendrá únicamente las promociones recibidas físicamente y las constancias de notificación que se generen de la misma manera. 2. Las listas de acuerdos publicadas electrónicamente tendrán validez legal, por lo cual, durante el trámite de este juicio se prescindirá de incorporar la certificación de la notificación por lista al expediente físico. 3. Las constancias que se alleguen de manera física se digitalizarán e integrarán de inmediato al expediente electrónico, con la salvedad de aquellas que no puedan ni deban digitalizarse, ya sea porque se trate de objetos, para proteger la integridad del documento o los datos personales que contengan, o bien, porque por su voluminosidad, el SISE no alcance a cargarlos en formato digital (salvo que existan los acuerdos de interconexión). En estos casos, quedarán a disposición de las partes en la secretaría de este juzgado en el cuaderno auxiliar que se forme para su consulta. 4. Los expedientes físicos y cuadernos auxiliares estarán a disposición de las partes y podrán ser consultados físicamente, con las salvaguardas respectivas si se trata de información reservada o confidencial. 5. Las constancias que integran el expediente electrónico, cuando incluyan la evidencia criptográfica, se considerarán copias certificadas electrónicamente. 6. Los documentos presentados en formato físico que no resulten relevantes para el trámite del asunto, no se agregarán al expediente electrónico. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, en atención al análisis integral del escrito de demanda; se precisa que el acto reclamado es: El acuerdo de diecisiete de abril de dos mil veintitrés, dictado en el juicio mercantil * por el Juzgado Décimo Menor Civil de esta ciudad, mediante el cual, ordenó el cambio de depositario de los bienes embargados que hasta el momento detenta la quejosa. SE DESECHA DEMANDA. Con fundamento en los artículos 103 y 107 constitucionales, 61, fracción XVIII, 113 y relativos de la Ley de Amparo, se DESECHA la demanda de amparo promovida por *, contra actos del Juzgado Décimo Menor Civil del Partido Judicial de León, Guanajuato. Como lo dispone el artículo 113 de la ley de la materia, la demanda de amparo debe examinarse en su integridad a fin de determinar si existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia que lleve a su desechamiento de plano. En el caso, se materializa la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que establece: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; El precepto reproducido refiere uno de los principios fundamentales que rigen la procedencia del juicio de amparo como lo es el de definitividad, virtud al cual, por tratarse el amparo de un medio extraordinario de defensa, solo puede acudirse a él cuando previamente se haya agotado el recurso previsto por la ley ordinaria y sea idóneo para modificar, revocar o anular el acto que vaya a reclamarse. La lectura de la fracción en comento permite concluir que para su actualización, deben concurrir los siguientes requisitos: a) Que el acto reclamado sea una resolución proveniente de un tribunal judicial, administrativo o del trabajo; b) Que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) Que ese recurso o medio de defensa se prevea en el procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; d) Que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada; y e) Que no se surta en la especie una de las excepciones al principio de definitividad, establecidas en el mismo precepto o en cualquier otra parte de la ley. Lo anterior patentiza que el recurso que debe tener a su alcance el quejoso para impugnar la resolución del tribunal judicial, administrativo o del trabajo, es el que se otorga dentro del procedimiento del que proviene el acto reclamado, es decir, un recurso ordinario, por el cual se puede revocar, nulificar o modificar la resolución impugnada La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías. En el caso, como se hizo mención, el acto reclamado consiste en el acuerdo de diecisiete de abril de dos mil veintitrés, dictado en el juicio mercantil* por el Juzgado Décimo Menor Civil de esta ciudad, mediante el cual, ordenó el cambio de depositario de los bienes embargados que hasta el momento detenta la quejosa. En ese contexto, el acto reclamado fue emitido por una autoridad jurisdiccional dentro de un juicio mercantil y es susceptible de ser impugnado a través del recurso de revocación previsto en el artículo 1334 del Código de Comercio. En efecto, el citado precepto establece: Artículo 1334. Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez que los dictó o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio. De los decretos y autos de los tribunales superiores, aun de aquellos que dictados en primera instancia serían apelables, puede pedirse la reposición. De lo anterior se obtiene que la peticionaria tiene a su alcance el recurso de revocación para impugnar el acto reclamado en esta instancia constitucional dado que le asiste el carácter de parte demandada en el controvertido de origen, ya compareció al juicio a contestar la demanda, lo que se acordó de forma favorable. Lo anterior en virtud de que el dispositivo prevé la procedencia de dicho medio ordinario de defensa para controvertir los autos que no sean apelables; supuesto que se verifica en esta caso ya que la suerte principal del negocio es de cuarenta mil pesos, cero centavos, moneda nacional. Bajo ese contexto, si contra el acto reclamado resulta procedente el recurso de revocación, es evidente que en términos de lo establecido por el artículo reproducido de la Ley de Amparo, emerge como una cuestión incontrovertible que, para su impugnación, la peticionaria debió interponer el medio de defensa de que se trata en los términos que prevé el cuerpo de leyes en cita; de tal suerte que al no hacerlo así, resulta que no ha respetado el principio de definitividad que rige la procedencia del juicio de amparo. La esencia de la precitada causal de improcedencia consiste en concebir al juicio de amparo como un medio de impugnación extraordinario, esto es, que solo en casos excepcionales se acuda a él, una vez que se agotaran ante la propia autoridad responsable los recursos o medios de impugnación, para que esta o su superior jerárquico, remediaran la irregularidad existente, y solo en el supuesto de que no fuera así, promover el juicio de amparo cuando el acto reclamado afectara los derechos fundamentales del gobernado. Sin que la parte solicitante se encuentre relevada de respetar el referido principio de definitividad dado que no se actualiza diverso supuesto de excepción previsto en los incisos a), b) c) y d) del numeral 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, a saber: El acto reclamado no es de los que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; sino que, se reitera, se trata de la determinación en la que se ordenó el cambio de depositario judicial. La decisión controvertida no afecta directamente la libertad personal de la quejosa porque en ella no se decidió sobre ese aspecto. La solicitante no es ajena al procedimiento de origen puesto que es parte demandada y contestó la reclamación enderezada en su contra. El acto reclamado no es el auto de vinculación a proceso. Además, la procedencia del recurso de revocación no se encuentra sujeta a la interpretación adicional de diverso ordenamiento, ni el que lo prevé es insuficiente para determinarla dado que el numeral 1334 del Código de Comercio es enfático en prever que el recurso de revocación procede contra los autos y decretos que no sean apelables. En esa circunstancia, al actualizarse la causa de improcedencia analizada, con fundamento en la fracción XVIII, del artículo 61 y el numeral 113, ambos de la Ley de Amparo, se desecha la demanda.

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