Martha Patricia Rodela Soto

Expediente 2130/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chihuahua. 4 actuaciones registradas, la última del 24 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
2130/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
24/03/2022

Partes del expediente

  • Martha Patricia Rodela Soto

Actuaciones

  1. Principal

    Archívese el expediente como asunto totalmente concluido.

  2. Principal

    I. ESTADO PROCESAL. Visto el estado que guardan los autos, de los cuales se advierte que en veintiséis de agosto de dos mil veinte se ordenó el archivo definitivo del presente asunto; no obstante, se omitió realizar la devolución a la autoridad responsable Juez Segundo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Morelos, con sede en esta ciudad, de las constancias que acompañó a un informe justificado. II. SE DEVUELVE TOMO DE PRUEBA. En consecuencia, mediante oficio hágase la devolución de las referidas constancias a la autoridad responsable; lo anterior, para los efectos legales conducentes. SE INFORMA A LAS PARTES. Finalmente, infórmese a las partes que en sesión ordinaria celebrada el veinte de octubre de dos mil veintiuno, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal acordó la primera adscripción de la Jueza Flor Verenisse Gómez Peinado a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chihuahua, en lugar de la Jueza María Guadalupe Contreras Jurado, con efectos a partir del dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno; lo anterior a fin de que, de ser el caso, estén en posibilidad de promover recusación.

  3. Principal

    I. REGISTRO DE LA DEMANDA. Vista la demanda de amparo promovida por ***************, por su propio derecho, contra actos atribuidos al 1) Congreso del Estado de Chihuahua, y 2) Gobernador Constitucional del Estado de Chihuahua, todos con sede en esta ciudad; fórmese el expediente relativo bajo el número 2130/2021-VI, que le correspondió en el libro de gobierno correspondiente y dése de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). II. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO. Ahora bien, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo por motivos manifiestos e indudables de improcedencia. El artículo 113 de la ley de la materia, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano". Este órgano jurisdiccional advierte que, en el presente juicio, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, consistente en que las normas generales reclamadas se entienden consentidas tácitamente debido a que la parte quejosa promovió el presente amparo fuera del plazo de quince días previsto para ello. En el citado precepto legal se establece lo siguiente: Lo anterior es así toda vez que, como se demostrará, contrario a lo sostenido en la demanda de amparo, la parte quejosa no tuvo conocimiento de las normas en cuestión en la fecha que ahí refiere -uno de diciembre de dos mil veintiuno-, sino que lo tuvo en una diversa que fue, por lo menos, el veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, respecto del pago de los derechos registrales, pues en esa data se pagó, la contribución en cuestión y se expidió el recibo de pago correspondiente, cuya gestión y pago estuvo a cargo del notario público que protocolizó la operación de origen, acto que se corrobora con la manifestación de la quejosa en la que refiere que haber hecho entrega al mencionado fedatario de una cantidad de dinero para cubrir las contribuciones y honorarios de escrituración de la compraventa del bien inmueble, que generó el pago de derechos por la inscripción registral, y que constituye una confesión expresa, admisible en el juicio de amparo y con valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, elementos que revelan datos objetivos y ciertos de ese conocimiento; de modo que el cómputo del plazo a partir de ese conocimiento conduce a tener por extemporánea a la demanda. Por ello, para el cómputo del plazo de presentación de la demanda de amparo, debe tenerse siempre presente la distinción entre el acto y el conocimiento del acto, la cual, como se verá más adelante, tiene especial relevancia en amparo contra leyes que causen perjuicio con motivo de su acto de aplicación. Así, retomando lo dispuesto en los referidos artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, como es de orden público examinar la oportunidad de la presentación de la demanda (por ser un tema de procedencia del amparo), al no existir notificación de autoridad, debe determinarse la fecha del conocimiento del acto de la autoridad para, a partir de ahí, hacer el cómputo del plazo respectivo; y si la parte quejosa se ostenta sabedora del acto o norma reclamada al expresarlo en su demanda, por el mismo orden público aunado a que el conocimiento del acto es un hecho a demostrar, debe examinarse si en las constancias hay o no prueba en contrario; en cualquier caso, sea que lo diga o no la quejosa, es el órgano jurisdiccional el que, a partir de valorar las pruebas que obren en autos, deberá determinar acreditado ese hecho que sirve como punto de partida del plazo de presentación de la demanda. Ahora, si bien la quejosa aduce haber tenido conocimiento del acto de aplicación de la norma reclama el uno de diciembre de dos mil veintiuno, lo cierto es que de las constancias que ella misma adjunta a su escrito inicial se desprende que tuvo conocimiento de la afectación patrimonial al menos desde el veintiocho de octubre de dos mil veintiuno (fecha en la que se expidieron los comprobantes de pago por parte de la autoridad exactora), data a partir de la cual comienza a correr el término de quince días que la Ley de Amparo establece para la presentación de la demanda. Al efecto, se precisó que el contribuyente se encuentra en la posición jurídica y material de exigir al tercero -Notario Público- que haga de su conocimiento la fuente jurídica de la afectación en comento, por lo que, si el adquiriente opta por realizar el pago respectivo sin conocer su causa legal, el desconocimiento de la normativa le será atribuible, ya que, de lo contrario, implicaría sujetar a la voluntad de los contribuyentes el inicio del plazo para la promoción del juicio de amparo. Lo anterior, en la inteligencia de que, la circunstancia de que en el documento en el que conste el acto de pago al fedatario o la formalización del acto jurídico que lo genera, no se citen las normas generales que rigen los tributos respectivos, no modifica el conocimiento cierto que la parte quejosa tiene de la afectación patrimonial que se le causa, por un lado, porque decide erogar los recursos y, por otro, porque la participación del Notario Público se da en un plano de coordinación con el gobernado. En ese contexto, si la gobernada tuvo conocimiento de la afectación patrimonial sufrida con motivo de la adquisición de un bien inmueble, al menos desde el veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, y no combatió las normas generales que constituyen la fuente de esa afectación, dentro del plazo de quince días que prevé el artículo 17 de la ley de la materia, es inconcuso que las consintió y, por ende, resulta extemporánea su pretensión. Lo anterior es así, pues desde el momento en que la quejosa puso a disposición del Notario Público las cantidades correspondientes a los derechos que pretende reclamar, resintió la afectación patrimonial y, a partir de ese momento, estuvo en condición de impugnar su inconstitucionalidad. En consecuencia, resulta inconcuso que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con el diverso numeral 17, ambos dispositivos de la Ley de Amparo, de ahí que se sea procedente DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO.

  4. Principal

    I. ESTADO DE AUTOS. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que en acuerdo de ocho de octubre de dos mil veintiuno, se dio vista a la parte quejosa para que manifestara lo que a su interés legal conviniera en relación al informe de cumplimiento que remitió la autoridad responsable a fin de acatar el fallo amparador, apercibida que en caso de no hacerlo, este órgano constitucional se pronunciaría respecto al cumplimiento de la sentencia. Por consiguiente, se procede a resolver con las constancias que obran en autos si el fallo protector se encuentra o no cumplido. En tales condiciones, tomando en cuenta que es a la autoridad exactora a la que corresponde dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo en su carácter de ente estatal encargado de la recaudación, tan pronto como el presente fallo cause ejecutoria, deberá requerirse a la Oficina de Recaudación de Rentas de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chihuahua, con sede en esta ciudad, para que devuelva la cantidad descrita." III. EJECUTORIA. Determinación que causó ejecutoria el quince de julio de dos mil veintiuno, donde se requirió el cumplimiento del fallo dictado en autos del presente asunto. IV. CUMPLIMIENTO DEL FALLO PROTECTOR. Ahora, del informe al cumplimiento y de las constancias anexas, lo que de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, tiene pleno valor probatorio, se desprende que: El cuatro de octubre de dos mil veintiuno, se entregó el cheque número 1147491 a José Pablo Lechuga Pérez, librado por la cantidad de $29,640.00 (veintinueve mil seiscientos cuarenta pesos 00/100 moneda nacional). V. DETERMINACIÓN. Por tanto, se estima que EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO EN SU TOTALIDAD, restituyéndose a la parte quejosa en el goce de sus derechos violados, conforme a lo dispuesto por el artículo 77 de la Ley de Amparo. VI. ARCHIVO Y ANOTACIONES. Practíquense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; y con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE EL PRESENTE EXPEDIENTE COMO ASUNTO TOTALMENTE CONCLUIDO, sin que con lo anterior se limite el derecho de las partes a hacer valer en contra de esta determinación los medios de impugnación que consideren procedentes conforme a sus intereses.

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