Martha Patricia Navarrete Gandara
Expediente 42/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 15 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 42/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 15/02/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Martha Patricia Navarrete Gandara
Actuaciones
- Principal
Vista el estado de autos, se advierte que transcurrió el término para interponer recurso de queja en contra de la determinación de veintisiete de enero de dos mil veintitrés, en la que se desechó la demanda de amparo, sin que la parte quejosa lo hubiera realizado. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80, 97, fracción I, inciso a), y 98, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicado de manera supletoria, se declara que causó estado esa resolución. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido.
- Principal
Por este medio se notifica a la parte quejosa el proveído de veintisiete de enero de dos mil veintitrés, cuya síntesis es: "Desahoga prevención. Agréguese a los autos el escrito de la quejosa, **********, a través del cual desahoga la prevención formulada mediante proveído de veintitrés de enero del año en curso y, al efecto manifiesta: 1. Que el acto reclamado es tanto la notificación como la determinación ministerial de no ejercicio de la acción penal y archivo definitivo de la carpeta de investigación. 2. Que contra la materia de reclamo no ha interpuesto ningún medio ordinario de defensa. 3. No señala como acto reclamado la orden de aprehensión. 4. Insiste en señalar como autoridades responsables a ambos agentes, es decir, a los agentes del Ministerio Público de la Unidad de Investigación y Trámite Común de las Mesas Uno y Siete. 5. Finalmente, precisa que el tercero interesado es Rafael Gándara Sánchez. Precisión preliminar. En principio es necesario establecer que la parte quejosa acude a esta instancia constitucional y pretende combatir los actos que hace consistir en: Autoridades responsables Actos reclamados 1. agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación y Trámite Común Número 01, y 2. agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación y Trámite Común Número 07. a) La determinación ministerial de no ejercicio de la acción penal de veintitrés de noviembre de dos mil veintidós, dictada en la mencionada carpeta de investigación, la cual se inició con motivo de la denuncia interpuesta por la aquí quejosa, ********** en contra del hoy tercero interesado, **********, por el delito de ejercicio arbitrario. b) La notificación de la determinación anterior, la cual se le practicó el cinco de enero actual. Desechamiento de la demanda. Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, la suscrita tiene la obligación de analizar la demanda de amparo y si encontrare un motivo de improcedencia, debe desecharla de plano; de ahí que deban analizarse de manera preferente las causales de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente. Esta actualización es manifiesta cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; mientras que resulta indudable cuando existe la certidumbre y la plena convicción de que la hipótesis de improcedencia analizada opera en el caso a estudio. En ese entendido, esta juzgadora advierte que, en la especie, la materia de reclamo consiste en la determinación ministerial de no ejercicio de la acción penal de veintitrés de nombre de dos mil veintidós, dictada en la carpeta de investigación **********/2022, la cual se inició con motivo de la denuncia interpuesta por la aquí quejosa, ********** en contra del hoy tercero interesado, **********, por el delito de ejercicio arbitrario, y la notificación de dicha determinación, la cual se le practicó el cinco de enero actual. En tal virtud, se estima que en el presente asunto se actualiza de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo. El referido precepto alude a uno de los principios fundamentales que rigen la procedencia del juicio de amparo, el de definitividad. Dicho principio, consistente en que, por tratarse el amparo de un medio extraordinario de defensa, sólo puede acudirse a él cuando previamente se haya agotado el recurso previsto por la ley ordinaria y que sea idóneo para modificar, revocar o anular el acto que vaya a reclamarse. Para su actualización, la causal invocada requiere que: a) El acto reclamado sea una resolución proveniente de un tribunal judicial, administrativo o del trabajo; b) La ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) Ese recurso o medio de defensa sea factible de ejercitar dentro del procedimiento en que se emitió la actuación d) Por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada; y e) No se surta en la especie una de las excepciones al principio de definitividad, establecidas en el mismo precepto o cualquier otra parte de la ley. En ese orden de ideas, es necesario destacar lo establecido en el numeral 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Federal, que preceptúa: "Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. C. De los derechos de la víctima o del ofendido: VII. Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño." El citado precepto constitucional, tiene estrecha relación con los artículos 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establecen lo siguiente: "Código Nacional de Procedimientos Penales Artículo 109. Derechos de la víctima u ofendido En los procedimientos previstos en este Código, la víctima u ofendido tendrán los siguientes derechos: XXI. A impugnar por sí o por medio de su representante, las omisiones o negligencia que cometa el Ministerio Público en el desempeño de sus funciones de investigación, en los términos previstos en este Código y en las demás disposiciones legales aplicables." "Artículo 258. Notificaciones y control judicial. Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación. La resolución que el Juez de control dicte en estos casos no admitirá recurso alguno." De lo transcrito, se aprecia claramente la intención del legislador federal de dotar a las víctimas y ofendidos del delito, de la prerrogativa constitucional de impugnar ante autoridad judicial las omisiones en las que incurra el Ministerio Público en el desempeño de sus funciones investigadoras; en otras palabras, la parte ofendida o víctima del delito tiene legitimación para acudir ante el órgano jurisdiccional correspondiente e instarlo para que en caso de ser procedente ordene a la autoridad ministerial subsane las irregularidades u omisiones que existan en la investigación de los delitos. Por ende, se advierte que tanto la Constitución Federal como la norma ordinaria, establecieron que las omisiones del Ministerio Público durante la etapa de investigación del delito deben impugnarse ante el juez de Control. Lo anterior, implica que a diferencia del sistema tradicional o inquisitivo, en el sistema procesal penal actual se amplió el marco de actuación de la autoridad jurisdiccional a una etapa antes del comienzo del proceso penal, es decir, anteriormente la autoridad ministerial realizaba toda la investigación sin intervención ni regulación de autoridad jurisdiccional y posteriormente consignaba el asunto a un juez; sin embargo, actualmente la autoridad jurisdiccional tiene facultades para intervenir desde la etapa de investigación. Así, la etapa de investigación se judicializó con la incorporación de la figura del juez de control, con la intención de que, entre otras cosas, supervise los actos realizados por el Ministerio Público en la etapa de investigación, a fin de que no se transgredan en perjuicio de la víctima, ofendido o imputado, las garantías o derechos previstos constitucionalmente a su favor. Por tanto, se puede concluir que las omisiones en que incurra el Ministerio Público, tratándose del sistema procesal penal acusatorio, deben reclamarse en sede jurisdiccional, que en el caso resulta ser el juez de control, tal como lo sostuvo la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia con número de registro 2017640, décima época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 57, agosto de 2018, tomo I, página: 943, que es de rubro y contenido literal siguiente: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. CONTRA LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, PROCEDE EL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EL CUAL DEBE AGOTARSE EN CUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EL JUICIO DE AMPARO. De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 16, párrafo décimo cuarto y 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierte que la víctima u ofendido puede impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado que prevé el artículo 258 citado, cuya finalidad es que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria, pues al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que cese ese estado de cosas, reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. Por lo tanto, previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto, se debe agotar ese medio de defensa ordinario, en observancia al principio de definitividad." Asimismo resulta aplicable el criterio jurisprudencial con número de registro 201764, décima época, sostenido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 57, agosto de 2018, tomo I, página: 945 de contenido siguiente: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, SON IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Los artículos 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, otorgan a la víctima u ofendido de un delito, el derecho a impugnar ante autoridad judicial, las omisiones del Ministerio Público en sus funciones de investigación, en los términos previstos en ese Código. Asimismo, el artículo 16, párrafo décimo cuarto, de la Constitución General, prevé que los jueces de control tienen encomendada la tarea de resolver en forma inmediata y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad que requieran control judicial; además, deben garantizar los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos, cuidando que la actuación de la parte acusadora sea apegada a derecho; esto es, les corresponde resolver las diligencias que requieran control judicial, en forma acelerada y ágil, así como realizar las audiencias procesales preliminares al juicio conforme a los principios del sistema acusatorio. Por otra parte, el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé la posibilidad de impugnar las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, esto es, en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. En este sentido, bien puede entenderse que las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadran en este supuesto, ya que dicha conducta supone la paralización de su función investigadora. Así, de la interpretación sistemática y funcional de los artículos citados, se obtiene que la víctima u ofendido pueden impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, puesto que la finalidad de que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria es que, al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. Bajo ese contexto, si en el presente asunto la parte quejosa reclama en su calidad de víctima, la resolución en la que se decretó el no ejercicio de la acción penal en la carpeta de investigación 20779/2022, resulta incuestionable que de conformidad con lo previsto en el artículo 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Federal, en relación con los artículos 109, fracción XXI, y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, debe acudir, previo al juicio de amparo, ante el juez de control competente e impugnar dicha determinación. Por otra parte, por lo que ve a la notificación de cinco de enero actual, de la aludida determinación ministerial, de igual manera se actualiza la causa de inejercitabilidad invocada. Se explica. El artículo 88 del Código Nacional de Procedimientos Penales dispone: "Artículo 88. Nulidad de la notificación La notificación podrá ser nula cuando cause indefensión y no se cumplan las formalidades previstas en el presente Código." Además, la Primera Sala del Máximo Tribunal determinó en la contradicción de tesis 206/2022 (pendiente de publicar) entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, al resolver la queja 484/2021 y el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, al resolver el amparo en revisión 475/2019 como criterio prevaleciente: "NULIDAD DE LA NOTIFICACIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 88 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. CONSTITUYE UN MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA QUE ES IDÓNEO PARA IMPUGNAR LAS COMUNICACIONES PROCESALES; POR LO QUE SE DEBE AGOTAR DE FORMA PREVIA A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO." En ese tenor, contra la notificación de marras, de acuerdo con el criterio antes invocado, procede el medio ordinario de defensa previsto por el artículo 88 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual también requiere agotar, previo a la interposición del juicio de amparo indirecto. Consecuentemente, por lo expuesto en líneas precedentes y al actualizarse la causa de improcedencia analizada, con apoyo en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo.". Asimismo, queda a su disposición en la secretaría de este juzgado la copia autorizada del mismo.
- Principal
Desahoga prevención. Agréguese a los autos el escrito de la quejosa, **********, a través del cual desahoga la prevención formulada mediante proveído de veintitrés de enero del año en curso y, al efecto manifiesta: 1. Que el acto reclamado es tanto la notificación como la determinación ministerial de no ejercicio de la acción penal y archivo definitivo de la carpeta de investigación. 2. Que contra la materia de reclamo no ha interpuesto ningún medio ordinario de defensa. 3. No señala como acto reclamado la orden de aprehensión. 4. Insiste en señalar como autoridades responsables a ambos agentes, es decir, a los agentes del Ministerio Público de la Unidad de Investigación y Trámite Común de las Mesas Uno y Siete. 5. Finalmente, precisa que el tercero interesado es Rafael Gándara Sánchez. Precisión preliminar. En principio es necesario establecer que la parte quejosa acude a esta instancia constitucional y pretende combatir los actos que hace consistir en: Autoridades responsables Actos reclamados 1. agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación y Trámite Común Número 01, y 2. agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación y Trámite Común Número 07. a) La determinación ministerial de no ejercicio de la acción penal de veintitrés de noviembre de dos mil veintidós, dictada en la mencionada carpeta de investigación, la cual se inició con motivo de la denuncia interpuesta por la aquí quejosa, ********** en contra del hoy tercero interesado, **********, por el delito de ejercicio arbitrario. b) La notificación de la determinación anterior, la cual se le practicó el cinco de enero actual. Desechamiento de la demanda. Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, la suscrita tiene la obligación de analizar la demanda de amparo y si encontrare un motivo de improcedencia, debe desecharla de plano; de ahí que deban analizarse de manera preferente las causales de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente. Esta actualización es manifiesta cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; mientras que resulta indudable cuando existe la certidumbre y la plena convicción de que la hipótesis de improcedencia analizada opera en el caso a estudio. En ese entendido, esta juzgadora advierte que, en la especie, la materia de reclamo consiste en la determinación ministerial de no ejercicio de la acción penal de veintitrés de nombre de dos mil veintidós, dictada en la carpeta de investigación **********/2022, la cual se inició con motivo de la denuncia interpuesta por la aquí quejosa, ********** en contra del hoy tercero interesado, **********, por el delito de ejercicio arbitrario, y la notificación de dicha determinación, la cual se le practicó el cinco de enero actual. En tal virtud, se estima que en el presente asunto se actualiza de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo. El referido precepto alude a uno de los principios fundamentales que rigen la procedencia del juicio de amparo, el de definitividad. Dicho principio, consistente en que, por tratarse el amparo de un medio extraordinario de defensa, sólo puede acudirse a él cuando previamente se haya agotado el recurso previsto por la ley ordinaria y que sea idóneo para modificar, revocar o anular el acto que vaya a reclamarse. Para su actualización, la causal invocada requiere que: a) El acto reclamado sea una resolución proveniente de un tribunal judicial, administrativo o del trabajo; b) La ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) Ese recurso o medio de defensa sea factible de ejercitar dentro del procedimiento en que se emitió la actuación d) Por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada; y e) No se surta en la especie una de las excepciones al principio de definitividad, establecidas en el mismo precepto o cualquier otra parte de la ley. En ese orden de ideas, es necesario destacar lo establecido en el numeral 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Federal, que preceptúa: "Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. C. De los derechos de la víctima o del ofendido: VII. Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño." El citado precepto constitucional, tiene estrecha relación con los artículos 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establecen lo siguiente: "Código Nacional de Procedimientos Penales Artículo 109. Derechos de la víctima u ofendido En los procedimientos previstos en este Código, la víctima u ofendido tendrán los siguientes derechos: XXI. A impugnar por sí o por medio de su representante, las omisiones o negligencia que cometa el Ministerio Público en el desempeño de sus funciones de investigación, en los términos previstos en este Código y en las demás disposiciones legales aplicables." "Artículo 258. Notificaciones y control judicial. Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación. La resolución que el Juez de control dicte en estos casos no admitirá recurso alguno." De lo transcrito, se aprecia claramente la intención del legislador federal de dotar a las víctimas y ofendidos del delito, de la prerrogativa constitucional de impugnar ante autoridad judicial las omisiones en las que incurra el Ministerio Público en el desempeño de sus funciones investigadoras; en otras palabras, la parte ofendida o víctima del delito tiene legitimación para acudir ante el órgano jurisdiccional correspondiente e instarlo para que en caso de ser procedente ordene a la autoridad ministerial subsane las irregularidades u omisiones que existan en la investigación de los delitos. Por ende, se advierte que tanto la Constitución Federal como la norma ordinaria, establecieron que las omisiones del Ministerio Público durante la etapa de investigación del delito deben impugnarse ante el juez de Control. Lo anterior, implica que a diferencia del sistema tradicional o inquisitivo, en el sistema procesal penal actual se amplió el marco de actuación de la autoridad jurisdiccional a una etapa antes del comienzo del proceso penal, es decir, anteriormente la autoridad ministerial realizaba toda la investigación sin intervención ni regulación de autoridad jurisdiccional y posteriormente consignaba el asunto a un juez; sin embargo, actualmente la autoridad jurisdiccional tiene facultades para intervenir desde la etapa de investigación. Así, la etapa de investigación se judicializó con la incorporación de la figura del juez de control, con la intención de que, entre otras cosas, supervise los actos realizados por el Ministerio Público en la etapa de investigación, a fin de que no se transgredan en perjuicio de la víctima, ofendido o imputado, las garantías o derechos previstos constitucionalmente a su favor. Por tanto, se puede concluir que las omisiones en que incurra el Ministerio Público, tratándose del sistema procesal penal acusatorio, deben reclamarse en sede jurisdiccional, que en el caso resulta ser el juez de control, tal como lo sostuvo la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia con número de registro 2017640, décima época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 57, agosto de 2018, tomo I, página: 943, que es de rubro y contenido literal siguiente: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. CONTRA LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, PROCEDE EL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EL CUAL DEBE AGOTARSE EN CUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EL JUICIO DE AMPARO. De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 16, párrafo décimo cuarto y 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierte que la víctima u ofendido puede impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado que prevé el artículo 258 citado, cuya finalidad es que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria, pues al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que cese ese estado de cosas, reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. Por lo tanto, previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto, se debe agotar ese medio de defensa ordinario, en observancia al principio de definitividad." Asimismo resulta aplicable el criterio jurisprudencial con número de registro 201764, décima época, sostenido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 57, agosto de 2018, tomo I, página: 945 de contenido siguiente: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, SON IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Los artículos 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, otorgan a la víctima u ofendido de un delito, el derecho a impugnar ante autoridad judicial, las omisiones del Ministerio Público en sus funciones de investigación, en los términos previstos en ese Código. Asimismo, el artículo 16, párrafo décimo cuarto, de la Constitución General, prevé que los jueces de control tienen encomendada la tarea de resolver en forma inmediata y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad que requieran control judicial; además, deben garantizar los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos, cuidando que la actuación de la parte acusadora sea apegada a derecho; esto es, les corresponde resolver las diligencias que requieran control judicial, en forma acelerada y ágil, así como realizar las audiencias procesales preliminares al juicio conforme a los principios del sistema acusatorio. Por otra parte, el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé la posibilidad de impugnar las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, esto es, en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. En este sentido, bien puede entenderse que las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadran en este supuesto, ya que dicha conducta supone la paralización de su función investigadora. Así, de la interpretación sistemática y funcional de los artículos citados, se obtiene que la víctima u ofendido pueden impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, puesto que la finalidad de que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria es que, al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. Bajo ese contexto, si en el presente asunto la parte quejosa reclama en su calidad de víctima, la resolución en la que se decretó el no ejercicio de la acción penal en la carpeta de investigación 20779/2022, resulta incuestionable que de conformidad con lo previsto en el artículo 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Federal, en relación con los artículos 109, fracción XXI, y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, debe acudir, previo al juicio de amparo, ante el juez de control competente e impugnar dicha determinación. Por otra parte, por lo que ve a la notificación de cinco de enero actual, de la aludida determinación ministerial, de igual manera se actualiza la causa de inejercitabilidad invocada. Se explica. El artículo 88 del Código Nacional de Procedimientos Penales dispone: "Artículo 88. Nulidad de la notificación La notificación podrá ser nula cuando cause indefensión y no se cumplan las formalidades previstas en el presente Código." Además, la Primera Sala del Máximo Tribunal determinó en la contradicción de tesis 206/2022 (pendiente de publicar) entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, al resolver la queja 484/2021 y el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, al resolver el amparo en revisión 475/2019 como criterio prevaleciente: "NULIDAD DE LA NOTIFICACIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 88 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. CONSTITUYE UN MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA QUE ES IDÓNEO PARA IMPUGNAR LAS COMUNICACIONES PROCESALES; POR LO QUE SE DEBE AGOTAR DE FORMA PREVIA A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO." En ese tenor, contra la notificación de marras, de acuerdo con el criterio antes invocado, procede el medio ordinario de defensa previsto por el artículo 88 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual también requiere agotar, previo a la interposición del juicio de amparo indirecto. Consecuentemente, por lo expuesto en líneas precedentes y al actualizarse la causa de improcedencia analizada, con apoyo en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo.
- Principal
Vista la demanda de amparo presentada por **********, en contra de actos del agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación y Trámite Común Número Uno y otra autoridad. Prevención. Para estar en aptitud de acordar sobre la admisión o no de la demanda, en su caso, requiérase a la parte promovente para que, dentro del término de cinco días, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, precise lo siguiente: 1. Que aclare si lo que reclama es la notificación, la determinación ministerial de no ejercicio de la acción penal y archivo definitivo de la carpeta de investigación o ambas; y, en cualquier caso, deberá manifestar si en su contra interpuso algún medio ordinario de defensa; 2. Manifieste si desea señalar adicionalmente como acto reclamado la orden de aprehensión a que hace referencia y, de ser el caso, es necesario que manifieste bajo protesta de decir verdad sus antecedentes relevantes, así como a qué autoridad o autoridades se la atribuye; 3. Si persiste en señalar como autoridad responsable al agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación y Trámite Común 01, pues de lo manifestado en el apartado de actos reclamados se advierte que la carpeta de investigación de origen es del conocimiento actual de la agencia del Ministerio Público 7 Unidad de Investigación de Tramitación Común, es decir, esta última tiene la calidad de autoridad sustituta. 4. Indique el nombre del tercero interesado. En la inteligencia de que deberá exhibir copias suficientes de su escrito aclaratorio de demanda para correr traslado a las partes, en la porción a que se refiere el artículo 110 de la Ley de Amparo. Apercibida la parte quejosa que, en caso de incumplir con lo ordenado dentro del término indicado, se tendrá por no presentada la demanda de que se trata, en los términos del artículo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. Para un mejor manejo del expediente y debido a la voluminosidad de las constancias que ofreció como prueba la parte peticionaria de amparo se ordena formar un tomo de pruebas, el cual se encuentra digitalizado en su totalidad. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el referido. Por otra parte, se le tiene como autorizados en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo a las personas que menciona en su escrito de demanda. Dígase a las partes que se suprimirán de las versiones públicas de todas las determinaciones que, en su caso, lleguen a dictarse, sus nombres, datos personales e información reservada, de conformidad con los artículos 110 y 113 de la ley en cita.
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