Martha Patricia Martínez Cortés

Expediente 146/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 10 actuaciones registradas, la última del 16 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
146/2023
Año
2023
Actuaciones
10
Última actuación
16/05/2023

Partes del expediente

  • Martha Patricia Martínez Cortés

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Visto el estado de autos, así como la certificación de cuenta, de los que se advierte que no fue recurrida dentro del término legal la sentencia de veinticinco de abril de dos mil veintitrés, por la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria. Notifíquese lo anterior a la autoridad responsable y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no encontrarse en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se considera que no es de relevancia documental. Por otra parte, toda vez que en el presente juicio se sobreseyó, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso a), del acuerdo citado en el párrafo que antecede. Por lo que hace al original del incidente de suspensión, será susceptible de depuración una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso a), del citado acuerdo, toda vez que se concedió la suspensión provisional, por lo que, se deberán conservar todas las constancias relativas al otorgamiento de la medida; por tanto, mientras acontece lo anterior, se ordena glosar el original del cuaderno incidental para mejor resguardo. Finalmente, toda vez que la parte quejosa omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se le tiene aceptando que se publiquen dichos datos.

  2. Principal

    ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por ********************, por su propio derecho, contra el acto reclamado a la autoridad precisada en el considerando tercero de esta resolución, por las razones expuestas en el mismo.

  3. Principal

    Vista la certificación que antecede, se desprende que se encuentra señalada para el día de hoy la celebración de la audiencia constitucional; sin embargo, no se está en aptitud legal de llevarla a cabo, toda vez que está transcurriendo el término de ocho días a que se refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa, se imponga del contenido del informe justificado rendido por la autoridad responsable, a fin de que esté en aptitud de preparar una adecuada defensa de sus intereses; por tanto, se difiere y se señalan las diez horas con veinte minutos del veinticinco de abril de dos mil veintitrés, para su celebración. Por otra parte, del estado de autos se advierte que la parte quejosa, en su escrito inicial de demanda señaló que reclama del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Guanajuato, con sede en esta ciudad: La retención, cancelación, suspensión o embargo de su pensión por incapacidad parcial por riesgo de trabajo. Asimismo, del contenido del informe justificado rendido por la autoridad responsable, se desprende que precisó: Que la quejosa en el momento de su accidente se encontraba cotizando en el régimen de cuentas individuales, a lo cual, le fue concedida una pensión por incapacidad parcial con la modalidad de pago en renta vitalicia, dando inicio la pensión el nueve de abril de dos mil quince, cuya aseguradora que cubriría el pago sería ******************., de manera vitalicia. De igual forma informó que no existe una relación de subordinación con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y la Institución Financiera denominada **************., toda vez que ella es un organismo autónomo, regulado por la Comisión Nacional Bancaria de Valores, desvinculado en su totalidad de las funciones administrativas de la Delegación Estatal. En tal virtud, se desprende que la Institución Financiera denominada *****************, fue la que en su caso efectuó el acto que se reclama en el presente asunto; sin embargo, no puede considerarse como equivalente a una autoridad responsable, porque las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores), en su actuar dentro del marco normativo que las crea y establece su naturaleza como entidades financieras especializadas que participan en el ejercicio del Sistema de Ahorro para el Retiro, no son autoridades para efectos del juicio de amparo, ni aun por equivalencia. Lo anterior es así, porque la labor que despliegan no se ubica en alguno de los supuestos previstos para tal efecto en el artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo, pues los actos que llegaran a dictar, ordenar, ejecutar o tratar de ejecutar en materia de administración de cuentas individuales de los trabajadores o la omisión de éstos, no crean, modifican o extinguen por sí y ante sí, situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria en perjuicio de los cuentahabientes, ya que no actúan jurídicamente de manera coercitiva frente al trabajador, sino en un plano de igualdad y, por tanto, no pueden decidir en forma terminal sobre la devolución, aplicación o manejo de los recursos que administran. En consecuencia, cualquier determinación que adopten sobre dichos tópicos tampoco obliga o vincula coactivamente al afectado, ya que son susceptibles de dilucidarse mediante un juicio que se siga ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Además, la actividad que desarrollan las citadas entidades financieras tampoco es equiparable a las efectuadas por una autoridad formal y, por ende, no son susceptibles de ser reclamadas mediante el juicio de amparo indirecto, a pesar de que sus funciones se encuentren determinadas en una norma de carácter general, ya que en ésta sólo se establecen tanto su creación, atribuciones, funcionamiento y naturaleza en materia de administración de los recursos de retiro, cesantía en edad avanzada, vejez y vivienda, cuya función la realizan subrogando al Instituto Mexicano del Seguro Social y al Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores, respectivamente, a quienes corresponden originariamente tales facultades y en la cual, no se consideran como autoridades, al no actuar como organismos fiscales autónomos, sino como entidades aseguradoras y administradoras de fondos de particulares. En ese sentido, se establece que el suscrito no está obligado a actuar en términos de la jurisprudencia 2a./J112/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del rubro: "INFORME JUSTIFICADO. CUANDO DE ÉL SE ADVIERTA LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE POR EL QUEJOSO, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE NOTIFICARLE PERSONALMENTE SU CONTENIDO, ASÍ COMO PREVENIRLO PARA QUE ACLARE O AMPLÍE SU DEMANDA."

  4. Principal

    Agréguese en autos el oficio signado por el Jefe del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Guanajuato, con residencia en esta ciudad, mediante el cual rinde su informe justificado, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo. Dese vista a las partes, sin perjuicio de hacer nueva relación al celebrarse la audiencia constitucional. Con fundamento en el numeral 119 de la legislación en consulta, téngasele ofertando como prueba de su intención la documental que acompaña, la que se admite y se tiene por desahogada, dada su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de hacer relación de ellas al celebrarse la audiencia constitucional. Se tienen como delegadas a las personas que indica, en términos del arábigo 9° de la legislación en comento, y como domicilio para recibir notificaciones el que señala. Finalmente, téngasele proponiendo los correos electrónicos *************, para los efectos del artículo 257, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales.

Quedan 6 actuaciones en este expediente

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