Martha Patricia Martínez Aragón y Otros.

Expediente 30/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 12 actuaciones registradas, la última del 17 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
30/2022
Año
2022
Actuaciones
12
Última actuación
17/03/2022

Partes del expediente

  • Adolfo Ángel Flores Ríos y Otros.
  • Martha Patricia Martínez Aragón y Otros.
  • Martha Patricia Martínez Aragón

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecisiete de marzo de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el plazo a que se refiere la Ley de Amparo en su artículo 86, sin que la parte quejosa -única a quien pudiera afectar el fallo-, haya recurrido la sentencia por la que se negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión en el presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 2º de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA, para los efectos legales correspondientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto definitivamente concluido. En virtud de lo anterior, con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que entró en vigor al día siguiente; en específico su artículo 35 (Orden de archivo), este órgano jurisdiccional determina la valoración respectiva en términos del artículo 18, fracción I, inciso b) (juicios de amparo en los que se haya negado o concedido la protección constitucional), por lo tanto: a) No tiene relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del Acuerdo citado, por lo que es susceptible de depuración. b) Transcurridos tres años de ordenado el archivo, dentro de los noventa días siguientes se deberá depurar este expediente, conservando la demanda, las resoluciones recurridas, la sentencia que puso fin al asunto y la resolución que otorga la autoridad de cosa juzgada. c) Terminado el proceso de depuración, remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Asimismo, téngase a la secretaria haciendo constar que en el presente asunto no se aportaron documentos originales, conforme a la certificación de cuenta. Finalmente, devuélvase al Juez de Control de Etapa Intermedia del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Tanivet, Oaxaca, el disco en formato DVD que remitió en apoyo a su informe justificado, solicitándole el acuse de recibo respectivo. NOTIFÍQUESE.

  2. Incidental

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecisiete de marzo de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los presentes autos, advirtiéndose de los mismos, que ya se dictó interlocutoria en este incidente, así también, que con esta fecha se ordenó el archivo del juicio de amparo al que pertenece; en tal virtud, se ordena el archivo del presente cuaderno incidental como asunto concluido. En atención a lo anterior, con relación a su valoración documental y al advertirse que se concedió a la parte quejosa la suspensión definitiva solicitada, con apoyo en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que entró en vigor al día siguiente, en específico el artículo 35 (Orden de archivo), y numeral 18, fracción I, inciso a) (incidentes de suspensión donde se haya concedido la medida cautelar, ya sea la provisional, definitiva o ambas), este órgano jurisdiccional determina: a) Procédase a la destrucción del duplicado del presente incidente de suspensión, una vez que cuente con más de seis meses de haberse emitido el acuerdo de archivo (artículo 20, fracción II, inciso a). b) En cuanto al original de este incidente, una vez concluido el plazo de tres años, dentro de los noventa días siguientes deberá procederse a su depuración, conservándose la demanda, las resoluciones relativas al otorgamiento y en su caso, a la violación de la medida cautelar, así como el acuerdo de archivo y los demás documentos que considere este órgano jurisdiccional. c) Terminado el proceso de depuración, deberá remitirse a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Finalmente, téngase a la secretaria haciendo constar que en el presente asunto no se aportaron documentos originales, conforme a la certificación de cuenta. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    Visto, para resolver los autos del juicio de amparo indirecto 30/2022; y, RESULTANDO: PRIMERO. Demanda de Amparo. Mediante escrito presentado el siete de enero de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en esta población, ******************** en su carácter de defensor particular de ********************, promovió demanda de amparo contra actos del Juez de Control en Materia Penal del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede San Francisco Tanivet, Tlacolula de Matamoros, Oaxaca; que hizo consistir en: "ACTOS RECLAMADOS. 1.- De la autoridad señalada el acuerdo de fecha tres de diciembre del año dos mil veintiuno y notificado con fecha veintiocho de diciembre del año dos mil veintiuno, dictado en la causa penal ******************** en donde DETERMINA IMPROCEDENTE el recurso de revocación que hacemos valer en contra de su determinación de no admitir a trámite el incidente de sobreseimiento que se oferto a favor de mi patrocinado ********************. Actos que estima violan los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1°, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Admisión y trámite. La demanda fue turnada a este Juzgado Tercero de Distrito, la que fue admitida en auto de once de enero de dos mil veintidós, bajo el número de expediente 30/2022; se solicitó su informe justificado a la autoridad responsable, se emplazó a los terceros interesados y se otorgó a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le corresponde; señalándose día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; por lo que se pronuncia sentencia; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este juzgado es competente para resolver el presente juicio de amparo de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción II, de la Ley de Amparo; punto cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, reformado por Acuerdo General 45/2016, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de octubre de dos mil dieciséis. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, es necesario precisar los actos reclamados que se desprenden del análisis integral de la demanda, ello con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa; lo anterior atendiendo, por igualdad de razón, al criterio definido en la jurisprudencia número P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de 2000, página 32, cuyo contenido es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". Del análisis integral de la demanda de amparo se advierte que el quejoso reclama: El auto de tres de diciembre del año dos mil veintiuno, dictado por el Juez responsable en la causa penal ********************, en el que determina improcedente el recurso de revocación interpuesto en contra de la determinación que a su vez declara improcedente el sobreseimiento hecho valer a favor del quejoso. TERCERO. Certeza del acto reclamado. La Juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede San Francisco Tanivet, Oaxaca, al rendir su informe justificado aceptó la existencia del acto reclamado Para corroborar lo anterior remitió copias certificadas deducidas de la causa penal ******************** de su índice, así como un disco en formato DVD, a los que se les otorga pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia. Resulta aplicable la Jurisprudencia 226 del Pleno de nuestro más Alto Tribunal, consultable en la página 153, tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1995, que dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena.". Igualmente, la Jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 703, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo I, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro y texto siguientes: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL.- En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." CUARTO. Conceptos de violación. No se transcriben los conceptos de violación, pues no existe disposición expresa en la Ley de Amparo que así lo establezca, lo que además es acorde con la Jurisprudencia 2a./J. 58/2012 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXI, mayo de 2010, foja 830, que establece: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." QUINTO. Antecedentes del acto reclamado. A fin de poder comprender el asunto, de las constancias remitidas por la responsable, se tienen los siguientes antecedentes. 1.- En veintisiete de noviembre de dos mil veinte, se dictó auto de vinculación al quejoso ********************, en la causa penal ******************** del índice de la Juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede San Francisco Tanivet, Oaxaca, como probable responsable de la comisión del hecho que la ley señala como el delito de violencia familiar, cometido en agravio de ********************. 2.- Por auto de cuatro de noviembre de dos mil veintiuno, el Juez responsable, tuvo por recibido el escrito del defensor particular del quejoso en el que solicitaba señalara fecha y hora para la audiencia de sobreseimiento, así como ofreciendo datos de prueba; acordando al efecto el Juez responsable dar vista a las partes para que en el término de veinticuatro horas manifestaran lo pertinente, ordenando notificar al quejoso mediante exhorto y señaló fecha para la audiencia intermedia. 3.- En proveído de cinco de noviembre de dos mil veintiuno, el Juez responsable determinó, que no señalaba audiencia de sobreseimiento porque no era procedente la petición formulada, ya que de conformidad con el artículo 327 del Código Nacional de Procedimientos Penales, las fracciones que alegaba (III y IV), ninguna era de aquellas que tuvieran que ser estudiadas en la fase intermedia, sino que debían ser valoradas por el Tribunal de Enjuiciamiento. Manifestando que el citado artículo 327 del Código Nacional de Procedimientos Penales, prevé las causales de sobreseimiento, de las que algunas tienen la calidad de excepciones, esto es, obstáculos que impiden entrar al estudio de las pretensiones de acusación de fondo, que las hipótesis de sobreseimiento previstas en las fracciones de la I a la V (que establecen si el hecho de la acusación se cometió o no, si tal hecho es constitutivo de delito, si el acusado es inocente o no, si está exento de responsabilidad o si los elementos de prueba recabados por la fiscal son o no suficientes para fundar una acusación), no son excepciones procesales porque precisamente son la materia del juicio oral en lo principal. En cambio, pueden introducirse al debate de la etapa intermedia las hipótesis de sobreseimiento previstas en las fracciones VI a IX del mencionado artículo, porque son verdaderos obstáculos procesales que impiden, que de ser ciertos, la tramitación del juicio oral, es decir, no hay razón para entablar juicio si se demuestra en la etapa intermedia que el acusado ha muerto, que la ley que prevé el delito materia de la acusación ha sido derogada, si el hecho por el cual se entabla acusación ha sido materia de una sentencia en otro proceso seguido contra el acusado. Pero el supuesto del artículo 327, fracciones III y IV del Código Nacional de Procedimientos Penales, que invoca el defensor del inculpado, en los cuales el sobreseimiento procede cuando apareciere claramente establecida la inocencia del imputado y que está exento de responsabilidad penal, son cuestiones relacionadas con el fondo del asunto, en consecuencia, son materia del juicio oral, que no se pueden analizar en la etapa intermedia. Por lo tanto declaró improcedente la solicitud de sobreseimiento realizada por el defensor particular del quejoso. 4.- Mediante auto de once de noviembre de dos mil veintiuno, el Juez responsable tuvo al defensor particular del aquí quejoso interponiendo recurso de revocación en contra del auto de cinco de noviembre de dos mil veintiuno, que declaró improcedente la solicitud de sobreseimiento. 5.- Con fecha tres de diciembre de dos mil veintiuno, el Juez responsable dictó resolución, declarando improcedente el recurso de revocación interpuesto, mismo que constituye el acto reclamado en este asunto. SEXTO. Estudio Los motivos de disenso formulados por el quejoso contra el acto de autoridad, resultan infundados, sin advertir deficiencia de la queja que suplir, de conformidad lo dispuesto por el artículo 79, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, pues se estima que del estudio de la resolución reclamada, se advierte que se encuentra dictada conforme a derecho. Así como, la Jurisprudencia: 2ª./J. 26/2008, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 242 del Tomo XXVII, Marzo de 2008, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. CONSISTE EN EXAMINAR CUESTIONES NO PROPUESTAS, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE RESULTEN FAVORABLES A QUIEN SE SUPLE. La figura de la suplencia de la queja prevista en el artículo 76 Bis de la Ley de Amparo, tanto en relación con el juicio de garantías como con los recursos en ella establecidos consiste, en esencia, en examinar cuestiones no propuestas por el quejoso o recurrente, en sus conceptos de violación o en sus agravios, respectivamente, que podrían resultar favorables, independientemente de que finalmente lo sean. Así, es incorrecto entender que sólo debe suplirse cuando ello favorezca a quien se le suple, pues para determinar si procede dicha figura tendría que examinarse previamente la cuestión relativa, lo que implicaría necesariamente haber realizado la suplencia. Por consiguiente, es suficiente que el análisis de un problema no propuesto pudiera resultar benéfico para que se deba suplir, realizando el estudio correspondiente.". Ahora bien, como previamente se destacó, los conceptos de violación hechos valer por el quejoso devienen infundados, puesto que la responsable se apegó a lo dispuesto en la normativa aplicable al caso. Al respecto los artículos 327 y 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establecen: "Artículo 327. Sobreseimiento El Ministerio Público, el imputado o su Defensor podrán solicitar al Órgano jurisdiccional el sobreseimiento de una causa; recibida la solicitud, el Órgano jurisdiccional la notificará a las partes y citará, dentro de las veinticuatro horas siguientes, a una audiencia donde se resolverá lo conducente. La incomparecencia de la víctima u ofendido debidamente citados no impedirá que el Órgano jurisdiccional se pronuncie al respecto. El sobreseimiento procederá cuando: I. El hecho no se cometió; II. El hecho cometido no constituye delito; III. Apareciere claramente establecida la inocencia del imputado; IV. El imputado esté exento de responsabilidad penal; V. Agotada la investigación, el Ministerio Público estime que no cuenta con los elementos suficientes para fundar una acusación; VI. Se hubiere extinguido la acción penal por alguno de los motivos establecidos en la ley; VII. Una ley o reforma posterior derogue el delito por el que se sigue el proceso; VIII. El hecho de que se trata haya sido materia de un proceso penal en el que se hubiera dictado sentencia firme respecto del imputado; IX. Muerte del imputado, o X. En los demás casos en que lo disponga la ley. "Artículo 465. Procedencia del recurso de revocación El recurso de revocación procederá en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en las que interviene la autoridad judicial en contra de las resoluciones de mero trámite que se resuelvan sin sustanciación. El objeto de este recurso será que el mismo Órgano jurisdiccional que dictó la resolución impugnada, la examine de nueva cuenta y dicte la resolución que corresponda." El Juez responsable declaró improcedente el recurso de revocación interpuesto por el defensor particular del quejoso, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales, toda vez que como lo indicó hubo substanciación en el mismo. Lo que así se advierte de los antecedentes narrados, ya que el Juez responsable dio trámite a la solicitud de sobreseimiento planteada, ordenó dar vista a las partes, una vez hecho lo anterior, se pronunció respecto a dicha petición, exponiendo los motivos por los cuales la declaraba improcedente, sustentándose en lo siguiente: -Que el citado artículo 327 del Código Nacional de Procedimientos Penales, prevé las causales de sobreseimiento, de las que algunas tienen la calidad de excepciones, esto es, son obstáculos que impiden entrar al estudio de las pretensiones de acusación de fondo, que las hipótesis de sobreseimiento previstas en las fracciones de la I a la V (que establecen si el hecho de la acusación se cometió o no, si tal hecho es constitutivo de delito, si el acusado es inocente o no, si está exento de responsabilidad o si los elementos de prueba recabados por la fiscal son o no suficientes para fundar una acusación), no son excepciones procesales porque precisamente son la materia del juicio oral en lo principal. -En cambio, pueden introducirse al debate de la etapa intermedia las hipótesis de sobreseimiento previstas en las fracciones VI a IX del mencionado artículo, porque son verdaderos obstáculos procesales que impiden, de ser ciertos, la tramitación del juicio oral, es decir, no hay razón para entablar juicio si se demuestra en la etapa intermedia que el acusado ha muerto, que la ley que prevé el delito materia de la acusación ha sido derogada, si el hecho por el cual se entabla acusación ha sido materia de una sentencia en otro proceso seguido contra el acusado. -Que el supuesto del artículo 327, fracciones III y IV del Código Nacional de Procedimientos Penales, que invocaba el defensor del inculpado, en los cuales el sobreseimiento procede cuando apareciere claramente establecida la inocencia del imputado y que está exento de responsabilidad penal, son cuestiones relacionadas con el fondo del asunto, en consecuencia, son materia del juicio oral, que no se pueden analizar en la etapa intermedia. -Reitera que la causal de sobreseimiento alegada por el defensor del quejoso, no es materia de la etapa intermedia, sino del juicio oral, pues es en ésta donde se debe resolver si existió responsabilidad o no por parte del inculpado, con base en los elementos de prueba que ahí se exhiban y que serán materia de valoración por parte del Tribunal de Debate. Lo que es así, tomando en consideración que el procedimiento penal acusatorio y oral, según lo dispone el numeral 211 Código Nacional de Procedimientos Penales, se divide en tres etapas: la de investigación, intermedia y de juicio. "Artículo 211. Etapas del procedimiento penal El procedimiento penal comprende las siguientes etapas: I. La de investigación, que comprende las siguientes fases: a) Investigación inicial, que comienza con la presentación de la denuncia, querella u otro requisito equivalente y concluye cuando el imputado queda a disposición del Juez de control para que se le formule imputación, e b) Investigación complementaria, que comprende desde la formulación de la imputación y se agota una vez que se haya cerrado la investigación; II. La intermedia o de preparación del juicio, que comprende desde la formulación de la acusación hasta el auto de apertura del juicio, y III. La de juicio, que comprende desde que se recibe el auto de apertura a juicio hasta la sentencia emitida por el Tribunal de enjuiciamiento. ." La segunda de las citadas etapas, conforme al numeral 334 del código adjetivo mencionado, se denomina intermedia o de preparación del juicio, misma que tiene por objeto el ofrecimiento y admisión de los medios de prueba, así como la depuración de los hechos controvertidos que serán materia del juicio. Dicha etapa se divide en dos fases, una escrita y otra oral. La primera (escrita) iniciará con el escrito de acusación que formule el Ministerio Público y comprenderá todos los actos previos a la celebración de la audiencia intermedia. La segunda (oral), dará inicio con la celebración de la audiencia intermedia y culminará con el dictado del auto de apertura a juicio. Por tanto, si la audiencia intermedia tiene por objeto el ofrecimiento, la exclusión y la admisión de medios de prueba, así como la depuración de los hechos controvertidos; que aquéllos y éstos constituirán las pruebas y los acontecimientos, respectivamente, materia del juicio oral, es innegable que el juez de control debió rechazar la solicitud de sobreseimiento formulada por el defensor particular del peticionario del amparo, en el escrito presentado el tres de noviembre de dos mil veintiuno -como así lo hizo-, porque lo solicitado era ajeno al objeto de la etapa intermedia, tal como lo dispone el arábigo 334 del código adjetivo citado. "Artículo 334. Objeto de la etapa intermedia La etapa intermedia tiene por objeto el ofrecimiento y admisión de los medios de prueba, así como la depuración de los hechos controvertidos que serán materia del juicio. Esta etapa se compondrá de dos fases, una escrita y otra oral. La fase escrita iniciará con el escrito de acusación que formule el Ministerio Público y comprenderá todos los actos previos a la celebración de la audiencia intermedia. La segunda fase dará inicio con la celebración de la audiencia intermedia y culminará con el dictado del auto de apertura a juicio." De ahí que, los conceptos de violación a que alude el impetrante, resultan infundados, en la medida que en la etapa procesal en que se halla la causa penal -intermedia-, no es factible analizar aspectos relativos a su solicitud de sobreseimiento, dado que el núcleo esencial de esa etapa únicamente versa en torno al ofrecimiento y admisión de los medios de prueba, así como la depuración de los hechos controvertidos que serán materia del juicio. Además, que contrario a lo que aduce, si se dio trámite a su petición de sobreseimiento, se dio vista a las partes, y se resolvió la misma declarándola improcedente, exponiendo la autoridad responsable los motivos para ello, en la que también indicó que no señalaba fecha para la audiencia solicitada por considerar que era improcedente. Apoya a lo anterior, por las razones que la forman la tesis XVII.1o.P.A.99 P (10a.), del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, visible a fojas 6247, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 77, Agosto de 2020, Tomo VI, Décima Época, Materias Penal, bajo el rubro y texto: "SOBRESEIMIENTO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 327 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. EL JUEZ DE CONTROL QUE CONOZCA DE LA AUDIENCIA RESPECTIVA SE ENCUENTRA IMPOSIBILITADO PARA ANALIZAR Y VALORAR MEDIOS DE PRUEBA. El objeto de la etapa intermedia prevista en el artículo 334 del Código Nacional de Procedimientos Penales se basa en el ofrecimiento y admisión de los medios de prueba, así como la depuración de los hechos controvertidos que serán materia del juicio oral previsto en el artículo 348 del mismo ordenamiento. En ese tenor, al solicitar el sobreseimiento previsto en el artículo 327 del referido código, en la etapa intermedia, la audiencia respectiva debe versar en anular aquellos medios de prueba que fundaron el auto de vinculación a proceso, mediante datos supervenientes que demuestren de manera evidente e indiscutible el sobreseimiento de la causa penal, surgiendo así, la necesidad de hacer cesar sus efectos. De lo anterior, se desprende el hecho de que el referido sobreseimiento no comprende la acción de revalorar los datos de prueba que fueron ofrecidos y apreciados por el Juez de Control en la resolución de vinculación a proceso, es decir, la mencionada solicitud de sobreseimiento no tiene por objeto abrir otra instancia en donde se valoren anticipadamente los medios de prueba que fueron ofrecidos para la etapa de juicio oral, ya que éste es el momento procesal en donde se deberán desahogar y valorar los diversos medios de convicción para conocer la verdad jurídica, razón por la cual, el Juez de Control que conozca de la audiencia de sobreseimiento se encuentra imposibilitado para analizar y valorar dichos medios; realizar lo contrario y valorar anticipadamente las pruebas ofrecidas, desvirtuaría la solicitud de sobreseimiento y, por ende, dejaría de tener razón de existir la etapa de juicio oral." De igual forma, resulta aplicable por su contenido la tesis XXX.3o.6 P (10a.) del Tercer Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito, consultable en la página 4650, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 69, Agosto de 2019, Tomo IV, Décima Época, Materias Penal, que establece lo siguiente: "SOBRESEIMIENTO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 327 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. CUANDO SE PROMUEVE EN LA ETAPA INTERMEDIA, RESULTA PROCEDENTE Y, POR ENDE, DEBE TRAMITARSE Y RESOLVERSE CONFORME A LOS ARTÍCULOS 327 A 330 DEL PROPIO CÓDIGO. El artículo 327 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que cuando se recibe una solicitud de sobreseimiento presentada por cualquiera de los sujetos legitimados, el órgano jurisdiccional la notificará a las partes y citará, dentro de las veinticuatro horas siguientes, a una audiencia donde se resolverá lo conducente, sin que sea obstáculo para ello la incomparecencia de la víctima u ofendido debidamente citados. Además, de la interpretación sistemática de los artículos 327 al 330 del aludido ordenamiento con los diversos 15 y 17 del Código Penal Federal y conforme al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se colige que, al tener el sobreseimiento firme efectos de sentencia absolutoria, puede plantearse en cualquier etapa del procedimiento, como ocurre cuando se invoca alguna causa de exclusión del delito, ya que ambas figuras se traducen en la culminación del proceso y con ello se privilegia el derecho que tiene el imputado a destruir la acusación en su contra, con la finalidad de gozar en forma absoluta de su derecho fundamental a la libertad personal. Por tanto, al no establecer ese código adjetivo precepto alguno que limite la interposición del incidente de sobreseimiento a determinada etapa del proceso penal acusatorio, y el defensor del imputado la efectúa en la audiencia intermedia, aduciendo que se suprimió el tipo penal por el que se le vinculó a proceso, su estudio resulta procedente y, por ende, debe tramitarse y resolverse conforme al sistema que prevén los artículos 327 a 330 señalados. En las relatadas consideraciones, y ante lo infundado de los conceptos de violación, sin que se advierta motivo alguno para suplir la deficiencia de la queja, conforme al artículo 79 fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, se niega el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado por ********************, por conducto de su defensor particular ********************, en contra del acto reclamado a la Juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede San Francisco Tanivet, Oaxaca, consistente en el auto de auto de tres de diciembre del año dos mil veintiuno, dictado en la causa penal ******************** de su índice, en el que determina improcedente el recurso de revocación interpuesto en contra de la determinación que a su vez declara improcedente el sobreseimiento hecho valer a favor del quejoso. Por lo expuesto y fundado y, con apoyo además en los artículos 1º, fracción I, 73, 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo; se, R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE al quejoso ********************, en contra de los actos precisados en el considerando segundo de la presente sentencia, reclamados a la Juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede San Francisco Tanivet, Oaxaca. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintitrés de febrero de dos mil veintidós. Glósese el oficio con anexo de cuenta que suscribe la autoridad responsable Juez de Control de Etapa Intermedia del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Tanivet, Oaxaca; visto su contenido, téngasele cumpliendo con el requerimiento formulado en auto de ocho de febrero de dos mil veintidós; lo anterior, para los efectos legales consiguientes. Con apoyo en el artículo 119 de la citada Ley, se admite como prueba documental de su parte la copia certificada de un disco en formato DVD que remite, mismo que se tiene por desahogado en este acto, en razón de su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de hacer relación del mismo en la audiencia constitucional respectiva. Guárdese el disco referido en la Secretaría de este Juzgado. NOTIFÍQUESE.

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