Martha Patricia Martínez Alejo
Expediente 769/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 6 actuaciones registradas, la última del 15 de diciembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 769/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 15/12/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Martha Patricia Martínez Alejo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Vista la certificación que antecede, se advierte que ya transcurrió el término a que se refiere el artículo 86, en relación con el artículo 81 fracción I, inciso d), de la Ley de Amparo, a fin de que las partes, impugnaran el proveído de diecisiete de noviembre del presente año, en el que se sobreseyó fuera de audiencia este juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado para todos los efectos legales, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Toda vez que no hay promociones pendientes por acordar ni actuaciones que practicar en el expediente en que se actúa, se determina archivar el presente como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente, y con fundamento en lo dispuesto por el ordinal 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se procede a pronunciarse sobre la valoración del presente juicio constitucional.
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos de los que se desprende que por proveído de diecinueve de octubre del año en curso, se recibió ejecutoria del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, en la que modificó la sentencia dictada por este juzgado y concedió el amparo y protección de la justicia federal al quejoso, para los efectos precisados en la parte final del último considerando de la sentencia dictada por este juzgado; esto es: "[...]a) ...proporcione al quejoso el servicio de salud que requiera por su padecimiento de hepatitis tipo C, agotando todos los mecanismos necesarios para salvaguardar el derecho humano al nivel más alto posible de salud, lo que incluye que se le proporcione, de manera oportuna, el tratamiento médico que vaya necesitando para tal enfermedad. b) Hecho lo anterior, remita a este órgano jurisdiccional de amparo las constancias que acrediten tal circunstancia. En esa misma fecha, y en diverso auto de veintinueve del mismo mes y año, se requirió a la autoridad responsable Hospital Central "Doctor Ignacio Morones Prieto", por el cumplimiento a la ejecutoria de amparo sin que haya dado contestación alguna a dichos requerimientos, no obstante haber sido debidamente notificada según se advierte de las constancias de notificación que obran en autos. Por tanto, previo a ordenar hacer efectivo el apercibimiento de multa decretada en los mencionados proveídos, requiérase al Titular del Hospital Central "Doctor Ignacio Morones Prieto", para que dentro del término de tres días, contado a partir del siguiente al en que reciba el presente oficio, se sirva remitir a este juzgado los datos siguientes: su nombre completo, clave del RFC y de la CURP, o bien manifieste el motivo que se lo impide. Apercibimiento. Apercibido que de no hacerlo así dentro del término indicado, de conformidad con lo establecido en el artículo 237, fracción I, en relación con el 259 de la ley de la materia, se hará acreedor a una multa por el equivalente a cincuenta Unidades de Medida y Actualización vigente. Requerimiento. Sin perjuicio de lo anterior, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere por última ocasión, a la autoridad responsable titular del Hospital Central "Doctor Ignacio Morones Prieto" para que dentro del plazo de tres días legalmente computado, de cumplimiento al fallo protector, remitiendo al efecto copia certificada de las constancias con las que acrediten fehacientemente tal circunstancia. Apercibimiento. Apercibido que de no cumplir con lo ordenado, continuar con una actitud omisa, o bien, en caso de eludir el acatamiento del fallo protector, con actos que no tiendan de manera directa a satisfacerlo, se le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización, con apoyo en los ordinales 192, 193, 194 y 258 de la Ley de Amparo, y se procederá a remitir los autos al Tribunal Colegiado del Noveno Circuito que corresponda, para seguir el trámite de inejecución que puede culminar con la separación de sus puestos y su consignación ante el juez de distrito, no obstante dejen el cargo.
- Principal
Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a estos autos el informe justificado rendido por el Presidente de la Junta Especial Treinta y Cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje y anexo que acompaña al mismo. Precisión del acto reclamado. Visto el estado de los autos, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar en qué consisten los actos reclamados, atendiendo a la integridad de la demanda, en los casos, como en el presente, en que tal proceder resulta necesario para una mejor impartición de justicia. En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda de amparo de mérito, se colige, que la parte quejosa reclama por esta vía constitucional el auto dictado el dos de octubre del año en curso, en el juicio laboral 154/2020, únicamente donde la responsable señala el cinco de marzo de dos mil veintiuno, para que tenga verificativo la audiencia inicial. Causal de improcedencia. Visto el anexo allegado por la autoridad responsable a su informe justificado de cuenta, se estima que se surte una causa de improcedencia, la cual debe analizarse en cualquier etapa del juicio, por ser una cuestión de orden público y estudio preferente, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 62 de la Ley de Amparo. De lo anterior se advierte que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que dice: Marco normativo. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]" La cesación de los efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo dictó, ejecutó o pretende ejecutar, deja de afectar la esfera jurídica del quejoso al cesar su actuación, lo que debe entenderse en el sentido de que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto. La causa de improcedencia referida está determinada por la imposibilidad de cristalizar el fin del juicio de amparo, que es restituir a la parte agraviada en el pleno goce del derecho fundamental violado restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y, cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que éste exija. Luego, de la interpretación de lo dispuesto en los artículos 61, fracción XXI y 77, fracción I, de la Ley de Amparo, se concluye que la causa de improcedencia del juicio de amparo consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante su existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de tal forma que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo; es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deja huella alguna. La razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Por tanto, se estima que es requisito sine quanon para que se actualice la causa de improcedencia relativa a la cesación de efectos del acto reclamado, que se revoque el acto o se constituya una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo. Aplica a lo anterior la Jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, registro 193758, Tomo IX, Junio de 1999, página 38, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Antecedentes del acto reclamado. De la demanda de amparo, así como de la constancia que la responsable adjuntó a su informe justificado, la cual tiene valor probatorio pleno, conforme lo dispuesto en los numerales 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2° al tratarse de documento público, en virtud de que fue expedido por servidor público con motivo de sus funciones, en lo que interesa se advierte lo siguiente: La quejosa Martha Patricia Martínez Alejo, interpuso demanda de carácter laboral, radicada el trece de febrero de dos mil veinte, bajo el expediente 154/2020 índice de la Junta Especial Treinta y Cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, fiándose las diez horas del dos de octubre siguiente, para la audiencia de ley. En diligencia de esa fecha -dos de octubre de dos mil veinte- la responsable difirió la continuación de la audiencia, y señaló la doce horas del cinco de marzo de dos mil veintiuno, para su continuación. A la fecha en que se presentó la demanda -veintiséis de octubre de dos mil veinte-, aún seguía señalada la data mencionada en el párrafo que antecede, para el verificativo la diligencia de que se trata. Finalmente, la mencionada responsable dictó el proveído de doce de noviembre de la presente anualidad, en el que dejó sin efecto la fecha y hora señalada en el acuerdo de dos octubre de dos mil veinte y, en su lugar fijó las dieciséis horas del cuatro de diciembre del año en curso, como nueva fecha para el desahogo de la audiencia de demanda y excepciones, dentro del expediente laboral 154/2020. Caso concreto. En este orden de ideas, se aprecia que el acto de que se duele la parte quejosa y que constituye la materia de violación a sus derechos humanos fue subsanado; pues al emitirse el acuerdo de doce de noviembre del presente año, en el que se fijó nueva fecha para el desahogo de la audiencia de demanda y excepciones, cesó la afectación reclamada. Con el dictado de tal determinación se deriva una situación jurídica que destruye definitivamente la que dio motivo al amparo, toda vez que se restituyó a la parte quejosa en el goce de sus derechos violados. En ese contexto, los efectos del acto reclamado han quedado destruidos de forma total, completa e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo de acuerdo a lo previsto por el artículo 77 de la ley de la materia. Es así, pues los efectos del acto reclamado han quedado destruidos en forma total e incondicional, por tanto, resulta imposible pronunciarse sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del mismo. Aplica a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 9/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210, del Tomo VII, febrero de 1998, registro 196820 , Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. De igual forma, la tesis CL/97 emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 71, del Tomo VI Noviembre de 1997, registro 197367 Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación. No escapa a la atención del suscrito, el hecho de que del informe y de las constancias que la autoridad responsable allegó a este asunto, no se advierte que tal circunstancia se haya hecho del conocimiento a la parte quejosa, sin embargo, como en la especie se reclama, principalmente, violación al artículo 17 Constitucional, por no haberse acatado las disposiciones de expedir justicia pronta y expedita; debe decirse que con la emisión de la determinación referida se restituyó a la quejosa en el goce del derecho humano infringido. Se afirma lo anterior, pues el artículo en comento no contempla el requisito de formalidad relativo a la notificación de la determinación correspondiente, como sí lo tutela el diverso 8 de la Constitución General de la República. Lo anterior evidencia que el acto y sus consecuencias jurídicas ya no agravian a la parte quejosa, pues al dictar el acuerdo respectivo, motiva como consecuencia necesaria que ya no produzca efectos jurídicos, restableciéndose las cosas al estado que tenían antes de la violación constitucional alegada. Decisión. Consecuentemente, al actualizarse el motivo de improcedencia indicado, de conformidad con lo establecido en la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo, se sobresee fuera de audiencia el presente juicio. Cabe precisar que cuando sobreviene de modo manifiesto e indudable un motivo de improcedencia, es factible sobreseer fuera de audiencia, como se advierte en la Jurisprudencia 2a./J. 10/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, derivada de la Contradicción de tesis 26/2002-PL, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Tercer Circuito. No es inadvertido que en el presente juicio de amparo, le surte el carácter de tercero interesado al Instituto Mexicano del Seguro Social; sin embargo, se estima que en nada le perjudica tal omisión, dado el sentido de esta determinación. Sin efecto audiencia constitucional. Por las consideraciones antes precisadas, hágase del conocimiento de las partes que se deja sin efecto la audiencia constitucional programada para las doce horas con diez minutos del treinta de noviembre de dos mil veinte. Notifíquese personalmente.
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEIDO DE 17 DE NOVIEMBRE DE 2020 QUE EN LO CONDUCENTE DICE: "Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a estos autos el informe justificado rendido por el Presidente de la Junta Especial Treinta y Cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje y anexo que acompaña al mismo. Precisión del acto reclamado. Visto el estado de los autos, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar en qué consisten los actos reclamados, atendiendo a la integridad de la demanda, en los casos, como en el presente, en que tal proceder resulta necesario para una mejor impartición de justicia. En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda de amparo de mérito, se colige, que la parte quejosa reclama por esta vía constitucional el auto dictado el dos de octubre del año en curso, en el juicio laboral 154/2020, únicamente donde la responsable señala el cinco de marzo de dos mil veintiuno, para que tenga verificativo la audiencia inicial. Causal de improcedencia.Visto el anexo allegado por la autoridad responsable a su informe justificado de cuenta, se estima que se surte una causa de improcedencia, la cual debe analizarse en cualquier etapa del juicio, por ser una cuestión de orden público y estudio preferente, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 62 de la Ley de Amparo. De lo anterior se advierte que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que dice: Marco normativo. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]" La cesación de los efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo dictó, ejecutó o pretende ejecutar, deja de afectar la esfera jurídica del quejoso al cesar su actuación, lo que debe entenderse en el sentido de que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto. La causa de improcedencia referida está determinada por la imposibilidad de cristalizar el fin del juicio de amparo, que es restituir a la parte agraviada en el pleno goce del derecho fundamental violado restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y, cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que éste exija. Luego, de la interpretación de lo dispuesto en los artículos 61, fracción XXI y 77, fracción I, de la Ley de Amparo, se concluye que la causa de improcedencia del juicio de amparo consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante su existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de tal forma que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo; es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deja huella alguna. La razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Por tanto, se estima que es requisito sine quanon para que se actualice la causa de improcedencia relativa a la cesación de efectos del acto reclamado, que se revoque el acto o se constituya una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo. Aplica a lo anterior la Jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, registro 193758, Tomo IX, Junio de 1999, página 38, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Antecedentes del acto reclamado. De la demanda de amparo, así como de la constancia que la responsable adjuntó a su informe justificado, la cual tiene valor probatorio pleno, conforme lo dispuesto en los numerales 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2° al tratarse de documento público, en virtud de que fue expedido por servidor público con motivo de sus funciones, en lo que interesa se advierte lo siguiente: La quejosa Martha Patricia Martínez Alejo, interpuso demanda de carácter laboral, radicada el trece de febrero de dos mil veinte, bajo el expediente 154/2020 índice de la Junta Especial Treinta y Cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, fiándose las diez horas del dos de octubre siguiente, para la audiencia de ley. En diligencia de esa fecha -dos de octubre de dos mil veinte- la responsable difirió la continuación de la audiencia, y señaló la doce horas del cinco de marzo de dos mil veintiuno, para su continuación. A la fecha en que se presentó la demanda -veintiséis de octubre de dos mil veinte-, aún seguía señalada la data mencionada en el párrafo que antecede, para el verificativo la diligencia de que se trata. Finalmente, la mencionada responsable dictó el proveído de doce de noviembre de la presente anualidad, en el que dejó sin efecto la fecha y hora señalada en el acuerdo de dos octubre de dos mil veinte y, en su lugar fijó las dieciséis horas del cuatro de diciembre del año en curso, como nueva fecha para el desahogo de la audiencia de demanda y excepciones, dentro del expediente laboral 154/2020. Caso concreto. En este orden de ideas, se aprecia que el acto de que se duele la parte quejosa y que constituye la materia de violación a sus derechos humanos fue subsanado; pues al emitirse el acuerdo de doce de noviembre del presente año, en el que se fijó nueva fecha para el desahogo de la audiencia de demanda y excepciones, cesó la afectación reclamada. Con el dictado de tal determinación se deriva una situación jurídica que destruye definitivamente la que dio motivo al amparo, toda vez que se restituyó a la parte quejosa en el goce de sus derechos violados. En ese contexto, los efectos del acto reclamado han quedado destruidos de forma total, completa e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo de acuerdo a lo previsto por el artículo 77 de la ley de la materia. Es así, pues los efectos del acto reclamado han quedado destruidos en forma total e incondicional, por tanto, resulta imposible pronunciarse sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del mismo. Aplica a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 9/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210, del Tomo VII, febrero de 1998, registro 196820 , Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. De igual forma, la tesis CL/97 emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 71, del Tomo VI Noviembre de 1997, registro 197367 Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación. No escapa a la atención del suscrito, el hecho de que del informe y de las constancias que la autoridad responsable allegó a este asunto, no se advierte que tal circunstancia se haya hecho del conocimiento a la parte quejosa, sin embargo, como en la especie se reclama, principalmente, violación al artículo 17 Constitucional, por no haberse acatado las disposiciones de expedir justicia pronta y expedita; debe decirse que con la emisión de la determinación referida se restituyó a la quejosa en el goce del derecho humano infringido. Se afirma lo anterior, pues el artículo en comento no contempla el requisito de formalidad relativo a la notificación de la determinación correspondiente, como sí lo tutela el diverso 8 de la Constitución General de la República. Lo anterior evidencia que el acto y sus consecuencias jurídicas ya no agravian a la parte quejosa, pues al dictar el acuerdo respectivo, motiva como consecuencia necesaria que ya no produzca efectos jurídicos, restableciéndose las cosas al estado que tenían antes de la violación constitucional alegada. Decisión. Consecuentemente, al actualizarse el motivo de improcedencia indicado, de conformidad con lo establecido en la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo, se sobresee fuera de audiencia el presente juicio. Cabe precisar que cuando sobreviene de modo manifiesto e indudable un motivo de improcedencia, es factible sobreseer fuera de audiencia, como se advierte en la Jurisprudencia 2a./J. 10/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, derivada de la Contradicción de tesis 26/2002-PL, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Tercer Circuito. No es inadvertido que en el presente juicio de amparo, le surte el carácter de tercero interesado al Instituto Mexicano del Seguro Social; sin embargo, se estima que en nada le perjudica tal omisión, dado el sentido de esta determinación. Sin efecto audiencia constitucional. Por las consideraciones antes precisadas, hágase del conocimiento de las partes que se deja sin efecto la audiencia constitucional programada para las doce horas con diez minutos del treinta de noviembre de dos mil veinte. Notifíquese personalmente. "
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