Martha Patricia Lerma Sánchez
Expediente 1058/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 5 actuaciones registradas, la última del 25 de abril de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1058/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 25/04/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- Martha Patricia Lerma Sánchez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Vista la certificación de cuenta, de la que se desprende que las partes no interpusieron recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, dentro del término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA. En consecuencia, comuníquese lo anterior a las partes y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Ahora bien, en el fallo protector se determinó que la autoridad responsable está obligada a su cumplimiento con la realización del siguiente acto: ".dicte el laudo correspondiente, dentro del expediente laboral número 368/E/2017, lo cual deberá hacer del conocimiento de este Juzgado; ello en estricto acatamiento al derecho fundamental contenido en el artículo 17 constitucional." En tales condiciones, con fundamento en los artículos 192, 193 y 195 de la vigente Ley de Amparo, requiérase al Tribunal de Conciliación y Arbitraje para los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, con residencia en esta ciudad, para que dentro del plazo de tres días, cumpla con la sentencia ejecutoria; lo anterior, bajo el apercibimiento de que de no hacerlo así sin causa justificada, se le impondrá a su titular una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización vigente, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 258, en relación con el diverso arábigo 238 de la ley invocada, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Sin que haya lugar a proceder en términos del artículo 192, párrafo tercero, en relación con el diverso 194, ambos de la Ley de Amparo, toda vez que los organismos jurisdiccionales son plenamente autónomos en el ámbito jurídico y no tienen superiores. Ilustrativo a lo anterior, resulta la tesis 2a./J. 36/2011 (10a.), Décima Época, publicada en la página 3515, Tomo IV, del mes de enero de 2012, de la Segunda Sala del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "JUNTAS Y TRIBUNALES LABORALES. NO TIENEN SUPERIOR JERÁRQUICO PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. De los artículos 612, 617, fracción IV, 621 a 623 y 939 de la Ley Federal del Trabajo, así como de la evolución histórica de las Juntas y Tribunales Laborales deriva que para efectos del procedimiento previsto en el artículo 105 de la Ley de Amparo, relativo al cumplimiento de las ejecutorias protectoras de garantías, las referidas Juntas y Tribunales, al ser organismos jurisdiccionales plenamente autónomos en el ámbito jurídico, que realizan funciones paralelas y análogas a las del Poder Judicial, están desvinculados de su dependencia de origen con el Poder Ejecutivo, adquiriendo una absoluta autonomía en el ejercicio de su función jurisdiccional; es decir, ésta no se encuentra sometida a la potestad de autoridad alguna, porque ningún ente jurídico del Gobierno puede interferir en sus decisiones jurisdiccionales, ni sugerirles cómo han de resolver y cumplir, por lo que no tienen superior inmediato a quién requerirle que los conmine a cumplir con una ejecutoria de amparo". Sin que obste que aún no se cuenta con el acuse de notificación de la sentencia a la autoridad responsable, en virtud que no se encuentra facultada para impugnar la presente determinación. No obstante ello, se ordena remitir copia de tal determinación, para los efectos legales respectivos. Notifíquese.
- Principal
EN CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS, SIENDO LAS DIEZ CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS DEL doce de julio de dos mil veintidós, hora y día señalados para la celebración de la audiencia constitucional en el presente juicio de amparo 1058/2022, promovido por Martha Patricia Lerma Sánchez, encontrándose en audiencia pública la licenciada Sandra Luz González García, Encargada del Despacho por Ministerio de Ley, asistida por el licenciado Daniel Tadeo Altamirano Martínez, Secretario de Juzgado, con quien actúa, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, la declaró abierta, sin la comparecencia personal de las partes ni de sus autorizados. Enseguida el Secretario hace una relación de las constancias de autos, y certifica: que obran las de emplazamiento de las partes, con excepción del tercero interesado, ya que por auto de quince de junio de dos mil veintidós, se ordenó postergar su emplazamiento hasta en tanto obrara el informe justificado de la autoridad responsable, mismo que ya se encuentra agregado dentro del presente sumario. Que las partes no manifestaron su intención de comparecer a la presente audiencia, mediante el método de video conferencia. Enseguida la Secretaria Encargada del Despacho: téngase por hecha la anterior relación de constancias para los efectos legales a que haya lugar. En ese orden, toda vez que ninguna de las partes manifestó su intención de comparecer a la audiencia de ley, a través del sistema de video conferencia, se procede a realizar la presente audiencia vía tradicional (física). Ahora, toda vez que obra el informe justificado de la autoridad responsable, sobre ordenar el emplazamiento de la parte tercera interesada, no ha lugar a ello, pues se busca consagrar el principio de expeditez contemplado en el artículo 17 Constitucional, aunado a ello, el sentido de la resolución no variaría; por tanto, lo único que traería es el retardo del fallo, contrariando el ánimo del principio de celeridad procesal consagrado en el artículo constitucional citado. A continuación se abre el período probatorio: El Secretario da cuenta con las constancias que la quejosa y la autoridad responsable allegaron al presente cuaderno. La Secretaria Encargada del Despacho: Con apoyo en lo dispuesto en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por ofrecidas admitida y desahogada en razón de su propia y especial naturaleza la documental de referencia, y como no se ofrecieron más elementos de convicción se cierra dicha etapa. Enseguida se abre el periodo de alegatos: el Secretario da cuenta con los formulados por el Fiscal adscrito a este Juzgado de Distrito. Al respecto la Secretaria Encargada del Despacho: Téngase por formulados los alegatos relacionados con antelación, los que se ordena sean tomados en consideración al momento de emitir el fallo correspondiente, no habiendo más alegatos de las partes que deban relacionarse, se cierra dicha etapa. Con lo anterior se da por concluida la presente audiencia, y se procede a dictar la siguiente: SENTENCIA Vistos los autos para dictar sentencia en el juicio de amparo indirecto 1058/2022, promovido por Martha Patricia Lerma Sánchez; y RESULTANDO: PRIMERO. Demanda. Mediante escrito presentado el nueve de junio de dos mil veintidós, ante el buzó judicial de los Juzgados de Distrito en ciudad Victoria, Tamaullipas, por este juzgado el día siguiente, Martha Patricia Lerma Sánchez, demandó el amparo y protección de la justicia federal contra la omisión del Tribunal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios, con sede en esta ciudad, que hizo consistir literalmente en: "ACTO RECLAMADO: La tardanza y omisión para dictar el laudo, dentro del expediente Laboral Número 368/E/2017. Sin embargo, el acto reclamado antes transcrito, se precisará para su estudio en el considerando segundo de esta resolución. SEGUNDO. Trámite. Por auto de catorce de junio de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda de amparo promovida por Martha Patricia Lerma Sánchez, y se registró con el número 1058/2022; se pidió a la autoridad responsable su informe justificado, se postergó el emplazamiento del tercero interesado, se dio vista al Fiscal de la Federación adscrito, y se fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, tuvo lugar al tenor del acta que antecede; y CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito es competente para conocer del presente juicio de amparo de conformidad con lo dispuesto por los artículos 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, porque se reclaman actos omisivos de autoridad con residencia en esta ciudad, la cual se ubica en el territorio en el que este juzgado ejerce jurisdicción, y tocó conocer del asunto a prevención. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En atención a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se realiza la fijación clara y precisa del acto reclamado. Así, considerada la demanda de amparo como un todo, se obtiene que a la autoridad responsable se le reclama: La omisión de dictar laudo; Lo anterior, dentro de los autos del expediente laboral número 368/E/2017. TERCERO. Certeza del acto reclamado. En su informe justificado el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios, manifestó que es cierto el acto que se le reclama; refiriendo que el seis de diciembre de dos mil veintiuno dictó acuerdo en el que, dicto cierre de instrucción Lo anterior, se corrobora con la constancia que remitió la autoridad responsable, que adquiere pleno valor probatorio al tratarse de documento público, atento a lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Por lo anterior, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene como plenamente probado el acto reclamado a la responsable. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia del Pleno del Alto Tribunal, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Así como, la jurisprudencia número 226, del anterior Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." CUARTO. Estudio. En el caso, como las partes no hicieron valer causas de improcedencia ni este órgano de control constitucional, de oficio, advierte que se actualice alguna diversa, procede examinar el fondo del presente asunto, sin que haya necesidad de transcribir los conceptos de violación esgrimidos por el impetrante en su demanda de amparo, los que se dan por reproducidos en obvio de repeticiones innecesarias, máxime que el artículo 77 de la Ley de Amparo, no señala que deban transcribirse en la sentencia. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 830, del tomo XXXI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de mayo de 2010, Novena Época, que se lee: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." La impetrante de amparo, aduce que la omisión impugnada es violatoria de las garantías contempladas en el artículo 17 constitucional, pues la responsable infringe en perjuicio de la parte quejosa lo dispuesto por el artículo 101 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Tamaulipas, ya que no obstante el tiempo transcurrido no se ha dictado el laudo correspondiente, con lo cual se quebranta el artículo constitucional citado, que establece la obligación de los tribunales de impartir justicia en los plazos y términos que fijen las leyes. En relación a ese derecho fundamental, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación definió el alcance de lo dispuesto por dicha norma superior en la jurisprudencia P./J. 113/2001, de rubro siguiente: "JUSTICIA, ACCESO A LA. LA POTESTAD QUE SE OTORGA AL LEGISLADOR EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA, PARA FIJAR LOS PLAZOS Y TÉRMINOS CONFORME A LOS CUALES AQUÉLLA SE ADMINISTRARÁ NO ES ILIMITADA, POR LO QUE LOS PRESUPUESTOS O REQUISITOS LEGALES QUE SE ESTABLEZCAN PARA OBTENER ANTE UN TRIBUNAL UNA RESOLUCIÓN SOBRE EL FONDO DE LO PEDIDO DEBEN ENCONTRAR JUSTIFICACIÓN CONSTITUCIONAL. De la interpretación de lo dispuesto en el artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución General de la República se advierte que en ese numeral se garantiza a favor de los gobernados el acceso efectivo a la justicia, derecho fundamental que consiste en la posibilidad de ser parte dentro de un proceso y a promover la actividad jurisdiccional que, una vez cumplidos los respectivos requisitos procesales, permita obtener una decisión en la que se resuelva sobre las pretensiones deducidas, y si bien en ese precepto se deja a la voluntad del legislador establecer los plazos y términos conforme a los cuales se administrará la justicia, debe estimarse que en la regulación respectiva puede limitarse esa prerrogativa fundamental, con el fin de lograr que las instancias de justicia constituyan el mecanismo expedito, eficaz y confiable al que los gobernados acudan para dirimir cualquiera de los conflictos que deriven de las relaciones jurídicas que entablan, siempre y cuando las condiciones o presupuestos procesales que se establezcan encuentren sustento en los diversos principios o derechos consagrados en la propia Constitución General de la República; por ende, para determinar si en un caso concreto la condición o presupuesto procesal establecidos por el legislador ordinario se apegan a lo dispuesto en la Norma Fundamental deberá tomarse en cuenta, entre otras circunstancias, la naturaleza de la relación jurídica de la que derivan las prerrogativas cuya tutela se solicita y el contexto constitucional en el que ésta se da." En otras palabras, el derecho fundamental en estudio, se traduce en la existencia de instancias, recursos o medios de defensa que permitan al gobernado una eficaz defensa mediante el ofrecimiento de pruebas y la posibilidad de expresar los argumentos necesarios para obtener una decisión favorable a sus intereses, lo que se agota con la precisión en la norma de las formas procesales: cómo, cuándo y dónde deben ejecutarse los actos procesales, pues dichos plazos y términos tienen como fin generar seguridad jurídica para las partes en la contienda judicial y permiten la emisión de resoluciones prontas y expeditas. Ahora bien, una vez establecido que el Alto Tribunal ya definió con precisión el alcance del derecho fundamental garantizado por el artículo 17 constitucional, cabe señalar que la correspondiente obligación por parte de las autoridades jurisdiccionales de impartir justicia dentro de los plazos y términos fijados por el legislador, debe realizarse dentro de la necesidad de que los procedimientos jurisdiccionales, dependiendo de su naturaleza y carga de trabajo de los órganos, se efectúen en el tiempo fijado por la ley, suficiente para que las partes y las autoridades encargadas de impartir justicia realicen las diversas etapas procesales en el plazo establecido, sin que estos lleguen al extremo de hacer nugatorio el derecho cuya tutela se pretende. Resultan fundados los conceptos de violación propuestos por la parte quejosa, ya que la autoridad responsable infringe en su perjuicio el artículo 101 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado y en vía de consecuencia el derecho fundamental contenido en el artículo 17 de la Constitución. Ahora bien, en el presente asunto se allegó copia certificada del acuerdo de cinco días de abril de dos mil veintidós, del que se advierte el Tribunal responsable, acordó lo siguiente: "[.] ACUERDO.- Advirtiendo de autos que han sido desahogadas todas y cada una de las pruebas ofrecidas por las partes y previo al cierre de instrucción, con fundamento en lo que establecen los artículos 6, 111 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Tamaulipas, en correlación con el 735, 884 fracción V y 885 fracción IV de la Ley Federal del Trabajo aplicada supletoriamente, se concede a las partes un término de TRES DÍAS HÁBILES para que formulen sus alegatos por escrito, término que empezará a contar a partir de la notificación del presente acuerdo. [.]". En el caso concreto, de la lectura íntegra de la demanda de amparo se desprende que la impetrante reclama una diversa omisión consistente en dictar laudo dentro de los autos del expediente 368/E/2017, cuyo acto tiene el carácter de negativo y como tal es de tracto sucesivo, porque la violación se actualiza de momento a momento, por tratarse de hechos continuos que no se agotan una vez producidos, sino hasta en tanto cese la negativa u omisión de que se trata. El precepto que regula el procedimiento de donde emana el acto reclamado, es el contenido en el artículo 101 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Tamaulipas, que dispone: "ARTICULO 101.- El procedimiento para resolver las controversias que se sometan al Tribunal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios iniciará (sic) la presentación de la demanda respectiva, que deberá hacerse por escrito; a la respuesta que en igual forma se dé a la demanda y a una sola audiencia en la que se presentarán pruebas y alegatos de las partes. El Tribunal pronunciará resolución dentro del término de diez días hábiles siguientes a la audiencia, a menos que, a su juicio, se requiera la práctica de audiencia y diligencias posteriores, en cuyo caso ordenará que se lleven a cabo." Congruente con lo anterior, este juzgador advierte la improcedencia de lo manifestado por la responsable para desatender lo establecido por el numeral precedente. Ésta se exime de su desacato, ostentando que ha concedido a las partes término de tres días hábiles para que formulen sus alegatos por escrito, refiriendo que lo anterior es en virtud a lo establecido en el artículo 885 de la Ley Federal del Trabajo, aplicada supletoriamente a la ley de la materia, corroborando lo anterior a través de la constancia que remite. Sin embargo, en atención a que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia 52/2005, sostuvo que para que proceda la aplicación supletoria de la Ley Federal del Trabajo tratándose de procedimientos burocráticos locales, es menester que la ley que los regula contemple la institución respecto de la cual se pretende tal aplicación y que aquélla no esté reglamentada, o bien que su reglamentación sea deficiente. Por tanto, si la ley burocrática local prevé que el procedimiento se sujetará a la presentación de la demanda, contestación y celebración de una sola audiencia en la que las partes ofrecerán sus pruebas y alegatos, y en su caso se dictará el laudo respectivo, es incuestionable que no procede la aplicación supletoria de los artículos 885 a 889 de la Ley Federal del Trabajo, pues el legislador no consideró necesario que previamente al dictado del laudo se elaborara un proyecto de resolución, ni que se llevara a cabo una sesión en la que se discutiera y votara aquél, por lo que de estimar lo contrario se estarían integrando a la ley burocrática local aspectos que el legislador no tuvo intención de establecer; además de que la ausencia de dichas formalidades no conlleva el desconocimiento de los hechos controvertidos ni la falta de ponderación de las pruebas relativas por parte del Tribunal o de la Junta de que se trate, al ser jurídicamente válido que atendiendo a la menor o mayor complejidad del asunto y a las cargas de trabajo, el laudo se dicte en una fecha posterior a la señalada para la celebración de la aludida audiencia. La tesis de que se habla es consultable en la página 526, del Tomo XXI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del mes de Mayo de 2005, Novena Época, que dice: "TRABAJADORES BUROCRÁTICOS LOCALES. LOS ARTÍCULOS 885 A 889 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO NO SON APLICABLES SUPLETORIAMENTE CUANDO LA LEY LOCAL QUE REGULA EL PROCEDIMIENTO ESTABLECE QUE SE CONSTREÑIRÁ A LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, CONTESTACIÓN Y CELEBRACIÓN DE UNA SOLA AUDIENCIA DE PRUEBAS, ALEGATOS Y RESOLUCIÓN (LEGISLACIONES DE CHIHUAHUA Y TAMAULIPAS). Para que proceda la aplicación supletoria de la Ley Federal del Trabajo tratándose de procedimientos burocráticos locales, es menester que la ley que los regula contemple la institución respecto de la cual se pretende tal aplicación y que aquélla no esté reglamentada, o bien que su reglamentación sea deficiente. Por tanto, si la ley burocrática local prevé que el procedimiento se sujetará a la presentación de la demanda, contestación y celebración de una sola audiencia en la que las partes ofrecerán sus pruebas y alegatos, y en su caso se dictará el laudo respectivo, es incuestionable que no procede la aplicación supletoria de los artículos 885 a 889 de la Ley Federal del Trabajo, pues el legislador no consideró necesario que previamente al dictado del laudo se elaborara un proyecto de resolución, ni que se llevara a cabo una sesión en la que se discutiera y votara aquél, por lo que de estimar lo contrario se estarían integrando a la ley burocrática local aspectos que el legislador no tuvo intención de establecer; además de que la ausencia de dichas formalidades no conlleva el desconocimiento de los hechos controvertidos ni la falta de ponderación de las pruebas relativas por parte del Tribunal o de la Junta de que se trate, al ser jurídicamente válido que atendiendo a la menor o mayor complejidad del asunto y a las cargas de trabajo, el laudo se dicte en una fecha posterior a la señalada para la celebración de la aludida audiencia." Luego, si conforme a lo dispuesto por el artículo 101 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Tamaulipas, el procedimiento para resolver las controversias que se sometan al Tribunal de Arbitraje, se reducirá a la presentación de la demanda respectiva, que deberá hacerse por escrito; a la respuesta que en igual forma se dé a la demanda y a una sola audiencia en la que se presentarán pruebas y alegatos de las partes, el Tribunal pronunciará resolución dentro del término de diez días siguientes a la audiencia, a menos que, a su juicio, se requiera la práctica de audiencias y diligencias posteriores, en cuyo caso ordenará que se lleven a cabo y, de la constancia que remitió el tribunal responsable, no se evidencia que haya acordado audiencias y/o diligencias posteriores. En tal virtud, es obvio que el Tribunal responsable ha incurrido en la omisión que se le atribuye, al no haber emitido la resolución reclamada, dentro del término de diez días siguientes a la audiencia a que alude el numeral en comento, por tanto, infringe en perjuicio de la parte quejosa el artículo 101 de la citada ley y como consecuencia los derechos humanos contenidos en el artículos 17 de la Constitución General. En mérito de las reflexiones apuntadas, se concede el amparo y protección de la justicia federal a Martha Patricia Lerma Sánchez; para el efecto de que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios, con asiento en esta ciudad, dicte el laudo correspondiente, dentro del expediente laboral número 368/E/2017, lo cual deberá hacer del conocimiento de este Juzgado; ello en estricto acatamiento al derecho fundamental contenido en el artículo 17 constitucional. Los criterios que se citan son aplicables aun cuando se hayan conformado a la luz de la Ley de Amparo abrogada, porque en términos del artículo Sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente, no se advierte se opongan a ésta. Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en los artículos 62, 63, 73, 74, 75, 77, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo, se RESUELVE: ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Martha Patricia Lerma Sánchez, contra el acto que reclamó del Tribunal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios, con residencia en esta ciudad, precisado en el considerando segundo, por los motivos y para el efecto expuesto en el último de este fallo. Notifíquese.
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte no existe constancia con la que se acredite que la autoridad responsable Tribunal de Conciliación de Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios, con residencia en esta ciudad, así como la autoridad vinculada Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Tamaulipas, hayan sido notificados del auto de nueve de junio de la presente anualidad, por el que se les requirió a efecto de que informaran sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo emitida dentro del presente asunto. Consecuentemente, a fin de evitar mayores dilaciones, se comisiona al actuario adscrito a fin de que notifique a las citadas autoridades el auto en mención, debiendo reexpedirse los oficios número 21072/2022 y 21073/2022, dirigidos al Tribunal de Conciliación de Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios, así como la autoridad vinculada Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Tamaulipas, residentes en esta ciudad, para los efectos legales a que haya lugar. Finalmente, agréguese a los autos el escrito remitido vía Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes por el licenciado Joel Vicente Flores Sarno, apoderado legal de la parte actora; en atención a su contenido dígasele que se esté a lo acordado en el presente proveído. Notifíquese.
- Principal
agréguese a los autos para que obre como en derecho corresponda el escrito firmado electrónicamente por el licenciado Joel Vicente Flores Sarno, por medio del cual solicita se requiera el cumplimiento a las autoridades responsables y vinculadas, toda vez que no han dado cumplimiento en los términos de la presente ejecutoria. Al respecto, dígasele que se esté a lo acordado por auto de ocho de junio del presente año, por medio del cual justamente se requirió el cumplimiento a las autoridades responsables y vinculadas, mismo que se notificó el nueve siguiente. Notifíquese.
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