MARTHA PATRICIA GÓMEZ ORTIZ y Otros.
Expediente 593/2016 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 47 actuaciones registradas, la última del 10 de mayo de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 593/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 47
- Última actuación
- 10/05/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- MARTHA PATRICIA GÓMEZ ORTIZ y Otros.
- Martha Patricia Gómez Ortiz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 47.
- Principal
Acapulco, Guerrero; diez de mayo de dos mil diecisiete. Visto el oficio de cuenta signado por el Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad; en atención a su contenido, remítasele copia certificada de las constancias que solicita, para los efectos legales correspondientes; asimismo, se informa que en proveído de tres de abril del año en curso, se ordenó el archivo del presente juicio de amparo como asunto totalmente concluido. Notifíquese.
- Principal
Acapulco, Guerrero; tres de abril de dos mil diecisiete. Téngase por recibido el oficio de cuenta, signado por la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, a través del cual devuelve el original del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo número 593/2016, y remite copia certificada de la ejecutoria pronunciada en el incidente de revisión administrativa 1/2017, formado con motivo del recurso de revisión interpuesto contra la resolución interlocutoria de catorce de julio de dos mil dieciséis, dictada por este juzgado federal; agréguense a los autos el oficio de cuenta y testimonio de referencia, el cual se ordena glosar al expediente principal del cual deriva el incidente de suspensión, debido a lo voluminoso de este último; háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo, y acúsese recibo de estilo correspondiente. Hágase saber a las partes que el punto resolutivo de la ejecutoria de mérito, es del tenor literal siguiente: "ÚNICO. Se declara sin materia el presente incidente en revisión." Ahora bien, tomando en consideración el estado de autos, así como la certificación de cuenta, se advierte que en proveído de siete de marzo del año en curso, se reservó archivar el presente asunto, hasta en tanto el incidente de suspensión que deriva del expediente en que se actúa, se encontrara glosado en autos, lo que en el caso ya se ordenó, además de que no existe actuación alguna por cumplimentar; con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado a sentido contrario, archívese este asunto como totalmente concluido, previa las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Asimismo, es preciso mencionar que, conforme al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo primero, fracción II, se hace la indicación de que este expediente es susceptible de destrucción, una vez transcurridos cinco años a partir del presente proveído, aunado a que no es considerado de relevancia documental, conforme al último párrafo del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto en cita. Con respecto al incidente de suspensión, continúese su manejo por separado así como del cuaderno de antecedentes que se formó en sustitución del original de éste, debido a lo voluminoso de los mismos; por otra parte, es depurable el original del incidente de suspensión, atento a lo dispuesto en la fracción III, párrafo segundo, del citado artículo Vigésimo Primero, previa conservación de la demanda y resolución en la cual se concedió la medida cautelar; y, una vez que transcurran seis meses a partir del presente auto, destrúyase únicamente el duplicado del incidente de suspensión; lo anterior, de conformidad a la fracción III, del artículo vigésimo del referido Acuerdo General Conjunto. Hágase constar lo anterior, tanto en la carátula del expediente principal como en el incidente de suspensión. Finalmente, de autos se aprecia que la autoridad responsable el Director General de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Educación Guerrero, por sí y en representación del Titular de dicha Secretaría, con sede en Chilpancingo, en proveído de veintisiete de julio del año próximo anterior, adjuntó como sustento a su informe justificado en sesenta y nueve tomos de pruebas diversas documentales derivadas de los actos reclamados; por tanto, debido a lo innecesario que continúen a disposición de este juzgado las referidas constancias, y en obvio de mayores dilaciones devuélvanse a su lugar de origen. Notifíquese.
- Principal
Acapulco, Guerrero, a siete de marzo de dos mil diecisiete. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, en relación con el 81, fracción I, inciso e), sin que se hubiere recurrido la sentencia emitida en este juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en los preceptos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha sentencia que sobresee, ha causado ejecutoria. Ahora bien, como de la certificación de cuenta, se advierte que en el incidente de suspensión relativo al presente juicio de amparo, se encuentra pendiente de resolver el recurso de revisión interpuesto en contra de la resolución interlocutoria de catorce de julio de dos mil dieciséis, emitida por este Juzgado Federal, en el incidente de suspensión derivado del juicio de amparo 593/2016, mismo que correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, quien formó el toca incidente en revisión administrativa número 1/2017; asimismo, remítase copia de la sentencia emitida por este juzgado, y hágasele saber que con esta fecha esa determinación constitucional quedó firme. Por consiguiente, una vez que dicho medio de impugnación sea resuelto y el incidente de suspensión se glose a estos autos, provéase respecto al archivo del presente juicio. Notifíquese.
- Principal
VISTOS; para pronunciar sentencia en los autos del juicio de amparo número 593/2016. R E S U L T A N D O PRIMERO. Mediante escrito presentado el seis de junio de dos mil dieciséis, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad, y remitido ese día por razón de turno a este Juzgado Octavo de Distrito, Martha Patricia Gómez Ortiz, Verónica García Zequeida, Rosa Linda Jaimes Bueno, Ma. Judith García González, Evelyn Gómez Diego, Quirina Juana Roque Prudente, Laura Elena Girón Espino, Esmirna Gabriela Bataz Guinto, Ma. Norma Balazar Saucedo, Deyanira Abarca Ramírez, Didetzi Cortés Jacinto, Oriana Chávez Bautista, Miriam Escalona López, Miriam Estrada Gonzaga, María Raquel del Carmen Cruz, Reyna Flores Carmona, Lourdes Miranda Delgado, Eluzaid Ludwing Pérez, Virginia Urbano Aguilar, Miriam Manzano Sampayo, Ana María Nájera Romano, Lourdes Lisset Toral Carreto, Esmeralda Bautista Vélez, Mayve Camacho Lucas, Virgen María Valente Cruz, Ofelia Segura Oregón, Angélica Basilio Villanueva, Itsmayra Suárez García, Adriana Camacho Mojica, Yanet Dorantes Camona, Mayra Santamaría Moreno, Judy López Cruz, Teodora Castro Figueroa, Elizabeth Mojica Hernández, Martha Gabriela Tejeda López, Jovita García Sánchez, Belinda Coral Padilla Cuevas, Constancia Ávila Bibiano, Ma. de los Ángeles Aguirre Rodríguez, Norma Elena Agüero Ortiz, Nenetze Yowssian Hernández Olvera, Vinicio Vinalay González, Alma Edith Santos de Jesús, Zita Elia Catalán Mendoza, Alicia Bautista Vélez, Lizbeth Bahena Lorenzo, Sonia Ávila Barrientos, María Magdalena Salinas Núñez, Ana Lilia Cantor Torreblanca, María Elena Ríos Sierra, Fabiola Escamilla Morales, Giselle Hernández Soto, Nuvia Melina Marino Trujillo, Anakena Morales Fuentes, Evangelina Jiménez Palacios, Rosa Martha Sánchez García, Wendy Anahí Rodríguez García, Francisca Martínez Carmona, Dulce Aurora Guerrero Gutiérrez, Marisol Manrique Nava, Hortencia Quevedo Zabaleta, Alicia Arminda Bautista Salgado, Esthela Salmerón Nava, Bethsabé Ríos García, Miriam Hipólito García, Amalia Casarrubias Barrios, Guadalupe Jaimes Velázquez, Xitlali Karenni Suástegui Guevara, Luis Augusto González Tapia, Saturnina Sandoval Salmerón, Gladys Rojas Ramos, Alma Barrera Rojas, María Julia López Porfirio, Ma. del Rosario Guadarrama Ochoa, Julia Lorena Hernández Montes, Nallely Jiménez Catalán, Gloria López Justo, Barbarita Ortiz Ibarra, Maribel Ortiz Meneses y Yuridia Arellano Galeana, por su propio derecho, demandaron el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de las autoridades y por los actos que a continuación se señalan: AUTORIDADES RESPONSABLES ORDENADORAS: 1.- Secretario de Educación Guerrero. 2.- Titular de la Secretaría de Educación Pública. 3.- Titular de la Coordinación del Servicio Profesional Docente. 4.- Primera Presidente del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. EJECUTORAS: 5.- Coordinadora Estatal del Servicios Profesional Docente. 6.- Director General de Asuntos Jurídicos de la Secretaria de Educación Guerrero. 7.- Delegado de los Servicios Educativos en la Región Acapulco, Coyuca de Benítez de la Secretaría de Educación Guerrero. 8.- Director General de Administración y Desarrollo de Personal del Gobierno del Estado de Guerrero. ACTOS RECLAMADOS "(.) 1.- La falta de notificación y/o emplazamiento del procedimiento de evaluación al cual manifiestan deben ajustarse los trabajadores de la educación que fueron seleccionados. 2.- La falta de notificación en la que se haya dado a conocer cuando menos con tres meses de anterioridad los perfiles parámetros indicadores, con base a los cuales se aplicara el proceso de evaluación. 3.- La falta de notificación y/o emplazamiento del procedimiento administrativo sancionador, mediante el cual se pretende aplicar una sanción de las estipuladas en la Ley del Servicio Profesional Docente. 4.- La violación del Derecho Humano al debido proceso de evaluación que señala la Ley del Servicio Profesional Docente. 5.- La violación del Derecho Humano al debido proceso administrativo sancionador por el que se nos pretende imponer una sanción conforme a la Ley del Servicio Profesional Docente. 6.- La violación a la Presunción de Inocencia dentro del Proceso Administrativo Sancionador por la cual se nos pretende aplicar una sanción señalada en la Ley del Servicio Profesional Docente. 7.- La aplicación retroactiva de la Ley del Servicio Profesional Docente, en nuestro perjuicio. 8.- La violación del derecho fundamental del principio de proporcionalidad de las penas en el proceso administrativo sancionador." SEGUNDO.- Por acuerdo de siete de junio de dos mil dieciséis, se admitió la demanda de amparo registrada en el libro de gobierno respectivo con el número 593/2016 y se previno a la parte quejosa para que la aclarara. TERCERO.- Mediante acuerdo de veintidós de junio de dos mil dieciséis, se tuvo pro no presentada la demanda de amparo por cuanto hace a los quejosos Quirina Juana Roque Prudente, Ana María Nájera Romano, Giselle Hernández Soto, Evangelina Jiménez Palacios, Luis Augusto González Tapia, Barbarita Ortiz Ibarra, Maribel Ortiz Meneses y Yuridia Arellano Galeana, por no haber desahogado la prevención que se les formuló. En eses mismo auto, al haber desahogado los restantes quejosos la prevención de mérito, se admitió a trámite la demanda de amparo; se solicitó de las autoridades responsables rindieran su informe justificado; se dio vista al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal correspondiente y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual luego de diferirse se verificó con el resultado asentado en el acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 33, 35, 37 y 107, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina el número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, ya que se reclama una ley federal con motivo de su primer acto de aplicación atribuido a autoridades administrativas, con ejecución dentro de la jurisdicción territorial de este Juzgado de Distrito. SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, del estudio integral de la demanda se obtiene que la parte quejosa reclama de las autoridades responsables según su ámbito de competencia: * La falta de notificación y emplazamiento al procedimiento de evaluación. * La falta de notificación de los perfiles parámetros indicadores con base en los cuales se aplicará el proceso de evaluación. * La falta de notificación y/o emplazamiento al procedimiento administrativo-sancionador, mediante el cual se pretende aplicar una sanción de las estipuladas en la Ley del Servicio Profesional Docente. TERCERO. El Director General de Administración y Desarrollo de Personal del Gobierno del Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, Guerrero, el Subdirector de Procesos Jurídicos de la Dirección de Procesos Jurisdiccionales de la Unidad de Asuntos Jurídicos, en representación del Secretario de Educación Pública, el Director General de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, en representación de la Consejera Presidenta de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, la Directora en ausencia y suplencia del Coordinador Nacional del Servicio Profesional Docente de la Secretaría de Educación Pública, residentes en la Ciudad de México, al rendir sus respectivos informes justificados negaron los actos a ellas reclamados (fojas 337, 341, 414, 427), los cuales quedaron precisados en el considerando segundo. En las narradas consideraciones, tomando en cuenta el contenido negativo de los informes relacionados y que la parte quejosa no rindió prueba alguna tendiente a demostrar la existencia de los actos reclamados y, consecuentemente, a desvirtuar lo aseverado por las autoridades responsables, no obstante el conocimiento oportuno que de aquéllos tuvo, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee en el juicio. CUARTO.- El Director General de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Educación Guerrero, por sí y en representación del Titular de dicha Secretaría y de la Coordinadora Estatal del Servicio Profesional Docente, con sede en la ciudad de Chilpancingo, Guerrero y el Delegado de los Servicios Educativos en la Región Acapulco, Coyuca de Benítez de la Secretaría de Educación Guerrero, al rendir sus informes justificados negaron los actos a ellas reclamados (fojas 382, 371); sin embargo, es de tenerse por cierto los mismos, por la siguiente consideración. Ahora bien, dado que manifestaron que no era cierto el acto reclamado consistente en la falta de notificación y/o emplazamiento para la evaluación del desempeño y al procedimiento administrativo-sancionador, mediante el cual se pretende aplicar a los quejosos una sanción de las estipuladas en la Ley del Servicio Profesional Docente, dicha negativa conlleva a deducir que sí fueron notificados de la evaluación y que existe un procedimiento administrativo en contra de los quejosos. QUINTO. Previo al estudio de fondo del presente asunto, por ser de orden público y de estudio preferente, se examinan las causas de improcedencia que aleguen las partes o que se adviertan de oficio, atento a lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. Así en el caso, de oficio se analiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. [.]" De la interpretación de la fracción transcrita, se advierte que opera el sobreseimiento del juicio cuando el acto o actos reclamados, los cuales a juicio del promovente de la protección constitucional, causen perjuicio a sus garantías individuales, cesen en sus efectos, dicho de otra manera, dejen de surtir efectos en la esfera jurídica del gobernado. En ese sentido, si al instar la demanda de amparo la parte quejosa reclamó la falta de notificación y emplazamiento al procedimiento de evaluación, la falta de notificación de los perfiles parámetros indicadores con base en los cuales se aplicará el proceso de evaluación, así como la falta de notificación y/o emplazamiento al procedimiento administrativo-sancionador, mediante el cual se pretende aplicar una sanción de las estipuladas en la Ley del Servicio Profesional Docente y advertirse que el Director General de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Educación Guerrero, por sí y en representación del Titular de dicha dependencia, mediante oficio sin número de catorce de septiembre de dos mil dieciséis, en cumplimiento al artículo 64 de la Ley de Amparo, informó que en los procedimientos administrativos UAJ/SPD/2016/373, UAJ/SPD/2016/364, UAJ/SPD/2016/394, UAJ/SPD/2016/355, UAJ/SPD/2016/369, UAJ/SPD/2016/366, UAJ/SPD/2016/301, UAJ/SPD/2016/306, UAJ/SPD/2016/278, UAJ/SPD/2016/314, UAJ/SPD/2016/342, UAJ/SPD/2016/341, UAJ/SPD/2016/317, UAJ/SPD/2016/351, UAJ/SPD/2016/433, UAJ/SPD/2016/410, UAJ/SPD/2016/263, UAJ/SPD/2016/422, UAJ/SPD/2016/516, UAJ/SPD/2016/309, UAJ/SPD/2016/319, UAJ/SPD/2016/520, UAJ/SPD/2016/505, UAJ/SPD/2016/308, UAJ/SPD/2016/510, UAJ/SPD/2016/337, UAJ/SPD/2016/496, UAJ/SPD/2016/403, UAJ/SPD/2016/437, UAJ/SPD/2016/512, UAJ/SPD/2016/360, UAJ/SPD/2016/453, UAJ/SPD/2016/298, UAJ/SPD/2016/297, UAJ/SPD/2016/389, UAJ/SPD/2016/96, UAJ/SPD/2016/493, UAJ/SPD/2016/307, UAJ/SPD/2016/302, UAJ/SPD/2016/288, UAJ/SPD/2016/91, UAJ/SPD/2016/324, UAJ/SPD/2016/471, UAJ/SPD/2016/424, UAJ/SPD/2016/436, UAJ/SPD/2016/491, UAJ/SPD/2016/476, UAJ/SPD/2016/412, UAJ/SPD/2016/381, UAJ/SPD/2016/419, UAJ/SPD/2016/466, UAJ/SPD/2016/305, UAJ/SPD/2016/497, UAJ/SPD/2016/391, UAJ/SPD/2016/313, UAJ/SPD/2016/396, UAJ/SPD/2016/511, UAJ/SPD/2016/500, UAJ/SPD/2016/481, UAJ/SPD/2016/136, UAJ/SPD/2016/408, UAJ/SPD/2016/384, UAJ/SPD/2016/388 y UAJ/SPD/2016/405, instruido en contra de los quejosos (con excepción de Adriana Camacho Mojica, Didetzi Cortés Jacinto, Zita Elia Catalán Mendoza, Nallely Jiménez Catalán y Fabiola Escamilla Morales), el veintinueve de agosto de dos mil dieciséis, se dictó un auto por el cual dejó sin efectos la citada sanción impuesta a los promoventes del amparo; es inconcuso que la terminación del nombramiento como trabajadores de la Secretaría de Educación Guerrero ha cesado en la medida en que la responsable ordenó dejar sin efectos dicha sanción por prescripción. Y por lo que hace a las quejosas Adriana Camacho Mojica, Didetzi Cortés Jacinto, Zita Elia Catalán Mendoza, Nallely Jiménez Catalán y Fabiola Escamilla Morales, en los procedimientos administrativos UAJ/SPD/2016/320, UAJ/SPD/2016/330, UAJ/SPD/2016/321, UAJ/SPD/2016/397 y UAJ/SPD/2016/343, que se les instruye, por acuerdo de diecinueve de septiembre de dos mil dieciséis, se dictó un auto por el cual dejó sin efectos los citados procedimientos y ordenó el archivo definitivo de los mismos. Lo anterior es así, tomando en consideración que de conformidad con el artículo 77 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, para el caso de que se le concediera la protección constitucional solicitada, sus efectos serían los de obligar a la autoridad responsable a que actuara en el sentido de dejar sin efectos la terminación del nombramiento de los quejosos como trabajadores de la Secretaría de Educación Guerrero, circunstancia que ya aconteció con la emisión de los multicitados acuerdos de diecinueve de septiembre y veintinueve de agosto de dos mil dieciséis, respectivamente, en consecuencia, es inconcuso que los actos de autoridad reclamados ya no les agravian, pues la violación que en determinado momento pudo cometerse en contra de sus derechos, ya fue reparada, como si se le hubiere concedido el amparo y protección de la Justicia Federal. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J. 59/99, Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 38, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo IX, junio de 1999, Novena Época, cuyo contenido es el siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Así las cosas, al actualizarse la causal de improcedencia en estudio, lo que procede es sobreseer el presente juicio de garantías, de conformidad con el diverso numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Por último, se hace la precisión que de conformidad con el sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las jurisprudencias invocadas a pie de página en el presente asunto no obstante que fueron integradas conforme a la ley anterior, continúan en vigor y por ende aplicables al presente asunto, dado que no se oponen a la ley vigente. Por lo antes expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 77, 78, 217, y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo; se R E S U E L V E ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo número 593/2016, en términos de lo expuesto en el tercero y último considerandos de esta resolución. Notifíquese, y como no existió oposición expresa alguna, al publicarse esta sentencia pueden incluirse los datos personales de las partes, con independencia de que en la versión pública se supriman.Así lo resolvió y firma el licenciado Adrián Arteaga Navarro, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, asistido del licenciado Marco Antonio Cuenca Zamora, Secretario que autoriza y da fe.
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