Martha Patricia Dávalos Viurquiz

Expediente 984/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 4 actuaciones registradas, la última del 26 de octubre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
984/2018
Año
2018
Actuaciones
4
Última actuación
26/10/2018

Partes del expediente

  • Martha Patricia Dávalos Viurquiz

Actuaciones

  1. Principal

    MESA V. Vistos los presentes autos y toda vez que ha transcurrido el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo en vigor, sin que alguna de las partes hubiera recurrido el auto dictado en este juicio el ocho de octubre del año en curso; con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso d) de la Ley de Amparo vigente, se declara que el expresado auto que SOBRESEE en estos autos fuera de audiencia, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes; háganse las anotaciones en el libro respectivo, notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la actual Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto definitivamente concluido. En cumplimiento al Punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expediente generados en los Juzgados de Distrito, se determina que en virtud de que se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo, así como que carece de documentos originales, se encuentra dentro de la hipótesis establecida en la fracción II del Punto Vigésimo primero del citado Acuerdo General, por lo que ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, lo que se podrá realizar una vez transcurridos los cinco años a que se refiere la parte final del Primer Párrafo del Punto Vigésimo Primero del Acuerdo antes citado. De conformidad con lo establecido en el punto Undécimo del Capítulo Tercero del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, en el sentido de que el presente expediente no tiene relevancia documental. Finalmente, en cuanto al valor jurídico, no lo tiene el presente juicio de amparo.

  2. Principal

    MESA V. Visto el estado que guardan los presentes autos y lo de cuenta, se acuerda: agréguense a los autos el informe justificado rendido por la Presidenta de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado con residencia en esta ciudad y anexo que acompaña, e informa que mediante proveído de veintiocho de junio del año en curso dictado en autos del juicio laboral 467/2018, la Junta responsable giró un exhorto a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje con sede en la ciudad de México, para que en auxilio de la labores de dicha Junta, se sirva comisionar a un actuario adscrito a la misma, a fin de emplazar al juicio de origen, a la parte demandada FRANSLUX, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, y quien resulte patrón , propietario y/o responsable de la fuente de trabajo, corriéndole traslado con la demanda laboral, el auto de radicación y el citado proveído de veintiocho de junio del año en curso; asimismo mediante oficio número 1065/2018, de fecha tres de octubre del año en curso, dicha Junta responsable giró un oficio recordatorio a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje con sede en la ciudad de México, a efecto de que le informe el estado procesal del exhorto en comento, tal y como se desprende de las constancias que anexó la Junta responsable. Ahora bien, de la revisión de las constancias que fueron anexadas por la autoridad remitente, se advierte que en el presente asunto se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo que amerita el sobreseimiento en este asunto, en términos de la fracción V del numeral 63, de la citada ley de la materia. Al respecto, es necesario precisar que la promovente del amparo reclama en el presente juicio de las autoridades responsables la falta de emplazamiento de la parte demandada en autos del juicio de origen; siendo ésta FRANSLUX, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, y quien resulte patrón, propietario y/o responsable de la fuente de trabajo. En este sentido, de las constancias que adjuntó a su informe justificado la Junta responsable, se aprecia que en proveído de veintiocho de junio del año en curso dictado en autos del juicio laboral 467/2018, la Junta responsable giró un exhorto a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje con sede en la ciudad de México, para que en auxilio de la labores de dicha Junta, se sirva comisionar a un actuario adscrito a la misma, a fin de emplazar al juicio de origen, a la parte demandada FRANSLUX, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, y quien resulte patrón , propietario y/o responsable de la fuente de trabajo, corriéndole traslado con la demanda laboral, el auto de radicación y el citado proveído de veintiocho de junio del año en curso; asimismo mediante oficio número 1065/2018, de fecha tres de octubre del año en curso, dicha Junta responsable giró un oficio recordatorio a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje con sede en la ciudad de México, a efecto de que le informe el estado procesal del exhorto en comento, tal y como se desprende de las constancias que anexó la autoridad responsable. En este orden de ideas, ya que se realizó el emplazamiento de la parte demandada al juicio laboral de origen; y para acreditar lo anterior, remitió copia certificada del acuse de la remisión del exhorto por medio del cual se ordenó el emplazamiento de la parte demandada, documentales a las que se les otorga valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; mientras que en el caso a estudio, el promovente de amparo reclamó la inactividad del expediente laboral 961/2016, al no pronunciarse la responsable respecto a la falta de emplazamiento de la parte demandada en autos del juicio de origen; en consecuencia, se llega a la conclusión que en el presente juicio de amparo han cesado los efectos del acto que se reclama, y se surte la causal de improcedencia señalada, al destruirse de forma total e incondicional el acto omisivo combatido por el solicitante del amparo a la autoridad responsable, restituyéndose al agraviado en el goce de la garantía constitucional violada. De ahí que aparezca la imposibilidad de entrar al análisis de fondo del acto reclamado por haber quedado sin efecto la omisión impugnada, pues no hay materia por la cual se procediera a determinar su constitucionalidad de proseguirse el trámite del presente juicio. En apoyo de lo anterior tiene aplicación al respecto la tesis número P. CL/97, del Pleno de la Suprema Corte, Novena Época, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo VI, Noviembre de 1997, página 71, que al rubro y texto reza: ... En tales circunstancias, lo procedente es sobreseer en el presente juicio, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia de análisis. Por consiguiente, este Juzgador Federal decreta de oficio, fuera de audiencia el sobreseimiento en el presente juicio de control constitucional, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, al surtirse la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXI, del mismo ordenamiento legal, y en consecuencia, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON SIETE MINUTOS DEL TREINTA DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO. No es obstáculo para concluir lo anterior, lo resuelto por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la contradicción de tesis 219/2006-SS, de la que emanaron las jurisprudencias cuyos rubros se transcriben a continuación: ... ... A partir su publicación, y durante algún tiempo, las jurisprudencias invocadas rigieron la forma de resolver los juicios de amparo en que se reclamaran omisiones y dilaciones en el trámite de un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, que infringieran el derecho fundamental previsto en el artículo 17 de la Constitución General de la República. Ello, porque la suprema instancia resolvió que, respecto de dichas omisiones y dilaciones, no cesaban los efectos ni se consuman irreparablemente las violaciones cometidas cuando la autoridad dejaba de ser omisa y actuaba, porque éstas afectaban también a los actos subsecuentes al estar concatenados dentro de una secuela procedimental. Por ello, resolvió que las dilaciones u omisiones subsecuentes a las reclamadas no eran actos futuros de realización incierta, sino inminentes, porque al producirse momento a momento, una vez sobrevenida la tardanza u omisión en la tramitación del juicio, era ineludible que ya no se desarrollaría con prontitud. De igual manera, la suprema instancia estableció que el efecto de las ejecutorias de amparo, en los casos mencionados, no debía limitarse a las omisiones o dilaciones en que hubiera incurrido la autoridad responsable, sino que debía otorgarse el amparo para que procediera, con prontitud, a tramitar y concluir el procedimiento conforme a los términos legales, lo cual implicaba que debía realizar los actos subsecuentes a los reclamados, necesarios para tal fin y, en su oportunidad, emitir también con prontitud la resolución definitiva correspondiente, pues sólo así podría cumplir y respetar lo que el derecho fundamental en cuestión exige. Sin embargo, el criterio sustentado en la primera de las jurisprudencias mencionadas (2a./J. 45/2007), fue abandonado expresamente por la propia Segunda Sala del más alto tribunal del País, en sesión de dieciocho de septiembre de dos mil trece, al resolver el recurso de inconformidad 282/20013. En la ejecutoria correspondiente, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en una nueva reflexión sobre el tema del amparo contra dilaciones y omisiones en procedimientos laborales, determinó que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento de trabajo, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de la sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece. Lo anterior, puede corroborarse con el contenido de la tesis 2a. CV/2013 (10a.), que dice: ... Lo resuelto por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación también afecta a lo establecido en la diversa 2a./J. 44/2007, aunque no se haya abandonado expresamente lo que en ella se precisó, en atención a que la esencia de lo resuelto en el recurso de inconformidad 282/20013 de que se habla, radica en que los efectos de la sentencia de amparo deben concretarse a los actos reclamados y a la etapa del procedimiento laboral correspondiente, lo que imposibilita que la autoridad de amparo se ocupe de los actos futuros o de las nuevas violaciones que puedan cometerse. Además, lo que rige a las jurisprudencias, como tesis, es lo establecido en la ejecutoria de la que emanan y, en el caso, tanto la tesis de jurisprudencia 2a./J. 44/2007 como la 2a./J. 45/2007, surgieron de la mima contradicción de tesis, a saber: 219/2006-SS, por lo que es posible concluir que la nueva reflexión de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación debe interpretarse o entenderse de forma integral a la referida contradicción de criterios y no únicamente a una de las tesis que de ahí se elaboraron. En lo conducente, sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J. 31/2004, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: ... De conformidad con el Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el uso obligatorio del módulo de captura del sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE), relativo a las resoluciones dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; captúrese el día de su publicación la presente resolución, con la certificación secretarial respectiva; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro.

  3. Principal

    MESA V. Agréguese a estos autos el alegato ministerial número 642/2018, signado por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado, en el que, por los motivos que expone, solicita se sobresea en el presente juicio de amparo; lo anterior, para que sea relacionado y tomado en consideración al celebrarse la audiencia constitucional respectiva, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 124 de la Ley de Amparo en vigor. Asimismo, como lo solicita la Fiscal Federal adscrita, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la citada ley de la materia, entréguesele, en el momento procesal oportuno, copia certificada de la sentencia que se pronuncie en este juicio. NOTIFÍQUESE Así lo acordó y firma Ricardo Alfonso Morcillo Moguel, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Pablo Pérez Pacheco, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe.

  4. Principal

    MESA V. Visto el estado que guardan los presentes autos y toda vez que de ellos se advierte que la parte quejosa no cumplió con la prevención que se le hizo en acuerdo de treinta y uno de agosto del año en curso, en el sentido de que relatara de manera precisa a qué junta laboral residente en el Estado de México, y señalara, con claridad, el o los actos que a la referida autoridad laboral residente en el Estado de México atribuye, por tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el proveído de mérito y se sigue el trámite correspondiente a la presente demanda, teniendo como única autoridad responsable a la junta laboral residente en esta ciudad de Mérida, Yucatán; esto es, a la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad. Por otra parte, vista la demanda de amparo promovida por Martha Patricia Dávalos Viurquiz, contra actos que reclama de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad; y con apoyo en lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 37, 107, 108, 112, 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo en vigor, SE ADMITE LA DEMANDA; en consecuencia, fórmese expediente, regístrese en el Libro de Gobierno de este Juzgado y dese la intervención legal que le compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, a quien se hará entrega de una copia simple de la demanda. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo en vigor, pídase su informe justificado a la autoridad señalada como responsable, el que deberá rendir por escrito o en medios magnéticos, dentro de los quince días siguientes a la legal notificación de este acuerdo, en el cual la responsable deberá exponer las razones y fundamentos que estime pertinente para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado y acompañará, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyar dicho informe; apercibida que de no rendir su informe dentro del término fijado o lo haga sin remitir en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para la solución del juicio, se le impondrá una multa de cien días de unidades de medida y actualización, con fundamento en el artículo 260, fracción II, de la misma legislación. Asimismo, con fundamento en los artículos 63 y 64 del ordenamiento legal citado, requiérase a la autoridad responsable para que en el supuesto de que hubiera alguna causa de sobreseimiento, la comunique de inmediato a este Juzgado, y de ser posible, acompañe las constancias que la acrediten; apercibida que de no cumplir con lo anterior, se le impondrá una multa de treinta a trescientos días de unidades de unidades de medida y actualización, de conformidad con artículo 251 de la Ley de la Materia vigente. Para la celebración de la audiencia constitucional se señalan las DIEZ HORAS CON SIETE MINUTOS DEL TREINTA DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO, de conformidad con el artículo 115 de la Ley de Amparo en vigor. Finalmente, no se tramita el incidente de suspensión relativo en atención a que no se solicitó. ...

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · 12,065 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano