Martha Patricia Crowson Rivera

Expediente 628/2021 tramitado ante el Juzgado Decimoctavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa. 2 actuaciones registradas, la última del 16 de agosto de 2021.

Datos del expediente

Expediente
628/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
16/08/2021

Partes del expediente

  • Martha Patricia Crowson Rivera

Actuaciones

  1. Principal

    Xalapa, Veracruz; dieciséis de agosto de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que el promovente interpusiera recurso de queja contra el auto en que desechó de plano la demanda de amparo. Por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles supletoriamente aplicado, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales conducentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívese este asunto como concluido.

  2. Principal

    Xalapa, Veracruz; cinco de agosto de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida por ****** contra actos del Secretaría de Educación de Veracruz; en consecuencia, fórmese expediente, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y anótese en el Libro de Gobierno con el número de juicio 628/2021 que le corresponde. ANÁLISIS INTEGRAL DE LA DEMANDA DE AMPARO De acuerdo con el artículo 113 de la Ley de Amparo, el juez de amparo tiene la obligación de estudiar la demanda de garantías, y de advertir un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano. Ello, tomando como base que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del ocurso. Por su parte, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Tal consideración se encuentra sustentada por la tesis I.1o.A. J/4 emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable a página 890, tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo de 1998, Novena Época, de rubro: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE." En principio del del análisis integral de la demanda, se advierte que la promovente reclama como acto reclamado: "la deducción de mi salario por aplicación de responsabilidades, sin que haya mediado procedimiento administrativo alguno que resolviera acreditación de responsabilidad administrativa alguna en contra de mi persona, omitiendo la observación de carácter obligatorio de los acuerdos y decretos federales y estatales". Ahora bien, se puede deducir que en el presente juicio se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los dispositivos, 1º, fracción I, y 5°, fracción II de la Ley de Amparo, los cuales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. (.)" "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados (.)" "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad o autoridades responsables teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general (.) De la interpretación de dichos ordinales se divierte que el juicio de amparo tiene por objeto resolver controversias que se susciten por actos de autoridad que violen derechos humanos; y que esa autoridad, para efectos del juicio de amparo, aquella que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria. Sin embargo, el último precepto en cita, únicamente ejemplifica las formas en que la autoridad puede llevar a cabo las actas del fuero constitucional permite abordar las características que deben reunir estas para ser consideradas como tales, pues en caso de no tener dicho carácter, se actualiza la improcedencia del juicio. En ese orden de ideas, la definición del concepto de autoridad responsable ha quedado a cargo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su carácter de máximo intérprete de la Constitución, la cual ha sostenido que una autoridad para efectos del amparo es la que teniendo las características de órgano público que le dan las normas jurídicas, tiene la potestad de emitir o realizar actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan derechos de los gobernados sin requerir de la voluntad del afectado aún en contra de ella. Lo anterior queda de manifiesto en la tesis P.XXVII/97, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 118, Tomo V, Febrero de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 199459, de rubro siguiente: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO." Consecuentemente, posible obtener como características de un acto de autoridad, para los efectos del juicio de amparo, las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular. b) Que esa relación tiene su nacimiento en la ley, por lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. c) Que con motivo de esa relación emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan los derechos del particular. d) Que para emitir esos actos no requiere de acudir a los órganos judiciales ni precisar del consenso de la voluntad del afectado. Es decir, la procedencia del juicio de garantías se encuentra supeditada, como se dijo anteriormente, a que los actos que se reclamen provengan de una autoridad, entendiéndose por tal aquella que, con fundamento en una norma legal, dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto reclamado con el objeto de imponer unilateralmente obligaciones a los gobernados, modificar las existentes o limitar sus derechos. De lo anterior, se puede concluir que en el juicio de amparo serán autoridades responsables aquellas cuyos actos trasciendan o impacten al gobernado en sus derechos, es decir, son actos de autoridad los que crean, modifican o extinguen la situación jurídica de una persona, por lo que, resulta improcedente cuando dichos actos no fueron emitidos por una autoridad para efectos de ese juicio. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 2a./J. 164/2011 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1089, septiembre de 2011, Tomo XXXIV, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, número de registro 161133, de rubro: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS." De ahí, que el concepto de autoridad se ubica dentro de las relaciones denominadas de supra subordinación entablada entre los órganos de autoridad del Estado, por un lado y, el gobernado, por el otro, en donde la voluntad del gobernante se impone de manera unilateral, imperativa y coercitiva al poderse exigir su cumplimiento inclusive, mediante el uso de la fuerza pública o a través de las autoridades respectivas. En el caso particular y de una interpretación al escrito de demanda, se tiene que el promovente reclama en esencia la deducción de salario emitida por la Secretaría de Educación de Veracruz, del que percibe en su calidad de trabajadora de esta secretaría, en virtud de que su licencia médica no fue ingresada en tiempo, situación lo que generó un pago de salarios indebido por $93,368.95 (noventa y tres mil trescientos sesenta y ocho pesos con noventa y cinco centavos) por concepto de ochenta y cuatro días. Asimismo, se advierte que está asentada bajo el Clave Única de Registro de Población CURP *******, con número de seguridad social *******, en el centro de trabajo ********, cuya cuenta bancaria es ******. Por tanto, este órgano jurisdiccional estima que el acto que por esta vía se reclama tiene una naturaleza eminentemente laboral, pues se genera debido al vínculo jurídico que se mantiene entre trabajador-patrón, en este caso, entre el promovente con la Secretaría de Educación de Veracruz, autoridad señalada como responsable. Lo anterior, en virtud de que el referido acto que se reclama, no fue emitido en una relación de supra a subordinación, como la que se suscita entre un ente público y un particular, sino en un plano de igualdad, en el que la relación jurídica es de carácter de coordinación, dada su relación laboral. En efecto, en el caso concreto la autoridad responsable no actúa con el carácter de autoridad, esto es, investido con imperio y poder coercitivo, sino en su representación de particular en un plano de igualdad, pues de la correlación que existe entre éstos, deviene un acto entre particulares, lo que no implica la realización de actos de autoridad, debido a que no está desarrollando tareas propias del Estado actuando frente al solicitante de amparo. Por lo que, no encontramos ante un acto bilateral nacido en virtud de un vínculo de trabajo. En ese sentido, si la autoridad responsable tiene en su poder y, por ende, la posibilidad de acceder o disponer del sueldo de la trabajadora, para retenerlo, suspenderlo o hacerle descuentos, dicho acto le será atribuible en su calidad de patrón, de donde resulta evidente la naturaleza laboral del reclamo de la promovente, pues no debe perderse de vista que su pretensión es evidenciar la ilegalidad de la deducción de una parte de su salario, por lo que, se insiste, la relación que surge es de naturaleza laboral equiparada, ya que la autoridad empleadora posee la calidad de patrón. Esto es así, pues la deducción de salario de la promovente, han sido aplicados a su ingreso que devenga como trabajadora de la autoridad señalada como responsable, lo que se deduce a que no son actos que puedan considerarse para la procedencia del amparo, porque el salario está íntimamente vinculado con la relación obrero-patronal y con las condiciones fundamentales de la relación de trabajo entre la promovente y la patronal, susceptible de impugnarse mediante el procedimiento laboral correspondiente y no a través del amparo. De ahí, que la actuación realizada por la autoridad que ha sido señalada como responsable, no reviste las características de unilateralidad, coercibilidad e imperatividad que se requieren para establecer el concepto de autoridad para los efectos del juicio de amparo. Por tanto, la deducción de salario no es consecuencia de las funciones públicas que tiene encomendadas dicho organismo como parte del Gobierno Estatal, esto es, con las funciones inherentes a su carácter de organismo autónomo, sino que son actos que ese ente realiza, con motivo de la relación de carácter laboral que tienen entre sí. Expuesto lo anterior, resulta evidente que el acto combatido no puede considerase como de autoridad para efectos del juicio de amparo, ya que las autoridades responsables no actúan como tal, pues el trato que existe entre el trabajador y la autoridad responsable es de relación de coordinación entablada entre particulares, en las que actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad y no se trata de una relación de supra a subordinación. Se sustentan los argumentos expuestos, en la jurisprudencia III.4º.T. J/3 (10a) emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, visible a página 1639, Décima Época, publicada el viernes dieciocho de marzo de dos mil dieciséis, con número de registro 2011298, que dice: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO TIENE ESE CARÁCTER EL ENTE DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA O EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO QUE ES OMISO EN EL PAGO DEL SALARIO O QUE INCUMPLE PRESTACIONES DE ÍNDOLE LABORAL, AL ACTUAR COMO PATRÓN EN UNA RELACIÓN DE COORDINACIÓN." Se considera "autoridad" a las personas que, con fundamento en una norma legal, pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales ni tomar en consideración el consenso de la voluntad del afectado. En este sentido, debe señalarse que el Estado tiene una doble personalidad; la primera, como ente de derecho público cuando actúa investido de imperio en sus relaciones frente a los gobernados; y, la segunda, como persona moral sujeto de derecho privado, cuando actúa como particular frente a otros sujetos particulares. En efecto, la teoría general del derecho hace una clasificación de las relaciones jurídicas en: de coordinación, supra-subordinación y supraordinación. Las primeras corresponden a las entabladas entre particulares, y para dirimir sus controversias se crean en la legislación los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o reguladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. Las relaciones de supra-subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, y se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos, destaca el contencioso administrativo, el propio juicio de amparo, así como los mecanismos de defensa de los derechos humanos. Este tipo de relaciones se caracteriza por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de garantías como limitaciones al actuar del gobernante. Finalmente, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre órganos del propio Estado. En este contexto, si el Estado contrata a una persona para que desempeñe cualquier labor dentro de una entidad pública, la actuación del titular del órgano de que se trate, frente a la persona contratada, no será una actuación investida de imperio, sino una verdadera relación laboral surgida en un plano de igualdad (coordinación) entre el Estado como contratante y la persona que va a desempeñar un servicio material, intelectual o de ambos géneros, en virtud del nombramiento que le fuere expedido o por el hecho de figurar en la lista de raya de los trabajadores. Luego, si en el caso el quejoso reclama de una dependencia de la administración pública o de un organismo descentralizado el incumplimiento de ciertas prestaciones derivadas de su relación laboral (falta de pago o descuentos a su salario), es inconcuso que dicho acto no tiene la naturaleza de acto de autoridad para efectos del amparo, pues las autoridades responsables (patrones) señaladas por el quejoso no tienen ese carácter, pues actúan como patrones en una relación de coordinación y no en un plano de supra-subordinación como autoridades investidas de imperio. Ni siquiera el acto reclamado (omisión o descuento del salario) es un acto que pueda considerarse para la procedencia del amparo, porque el salario está íntimamente vinculado con la relación obrero-patronal y con las condiciones fundamentales de la relación de trabajo entre el quejoso y la patronal, susceptible de impugnarse mediante el procedimiento laboral correspondiente y no a través del amparo." (Lo resaltado es propio). De igual forma, la jurisprudencia I.6o.T. J/28 (10a.), emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, publicada en la página 1956, Libro 29, Abril de 2016, Tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, bajo el registro 2011343, de título: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO LO ES EL ÓRGANO O FUNCIONARIO DE LA DEPENDENCIA DEL ESTADO CUANDO ACTÚA COMO PATRÓN." Así como la tesis VII.2o.T.9 L (10a.), del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, visible en la página 3436, Libro 24, Noviembre de 2015, Tomo IV, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2010538, de rubro: "ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO LO CONSTITUYE LA OMISIÓN DE UN FUNCIONARIO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE VERACRUZ DE DAR RESPUESTA A UNA PETICIÓN DE UNO DE SUS TRABAJADORES SOBRE EL PAGO DE DIFERENCIAS DE SU AGUINALDO, FORMULADA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 8o. CONSTITUCIONAL." En tales condiciones, al haberse acreditado el motivo manifiesto e indudable de improcedencia previsto en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con los diversos 1º, fracción I, y 5°, fracción II de la Ley de Amparo, y con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede DESECHAR DE PLANO la demanda de amparo. Sin que se soslaye la existencia de la jurisprudencia 54/2012 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO". Misma que establece que por regla general en el auto inicial de trámite de una demanda de amparo no pueden realizarse análisis exhaustivos, dado que sólo se cuenta con lo manifestado en la demanda y con las pruebas exhibidas, por lo que no es la actuación procesal oportuna para analizar si el acto reclamado proviene de autoridad para efectos del juicio constitucional. Pues, el criterio citado no excluye la posibilidad de que existan casos de excepción a la regla general, como acontece en este biistancial. Resulta aplicable la jurisprudencia PC.III.L. J/5 L (10a), emitida por el Pleno en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, visible en la página 1224, libro 11, octubre 2014, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2007580, de rubro: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. EXCEPCIONALMENTE PUEDE CONSTITUIR LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, EN ASUNTOS TRAMITADOS CONFORME A LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013 7 [INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE 8 LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 54/2012 9 (10a.)]." Lo cual, además, se relaciona con la garantía de prontitud en la administración de justicia prevista en el artículo 17 constitucional, pues el motivo de improcedencia advertido, como se sostuvo, no podría desvirtuarse con el material probatorio que se aportara al juicio. Lo que permite al quejoso conocer plenamente, desde el auto inicial, que la vía que propone en la forma en la que lo realiza, no es la idónea para defender el derecho que pretende. Robustece lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 90/2017 (10a.), visible en la página 213, Libro 48, Noviembre de 4 2017, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2015595, de rubro: "DERECHO FUNDAMENTAL DE ACCESO A LA JURISDICCIÓN. SU CONTENIDO ESPECÍFICO COMO PARTE DEL DERECHO A LA TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA Y SU COMPATIBILIDAD CON LA EXISTENCIA DE REQUISITOS DE PROCEDENCIA DE 14 UNA ACCIÓN." DOMICILIO Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones del quejoso, el que indica en el proemio de su demanda, de conformidad con el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, asimismo, con apoyo en lo dispuesto en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, así como en el "Acuerdo General Conjunto número 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico", publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mil quince, los cuales sientan los mecanismos para acceder de manera eficiente a la información disponible para el logro de los fines referidos a través de la tecnología, específicamente el uso de una firma electrónica y la integración del expediente electrónico, se autoriza a los usuarios "******", y "******", para efectos de consulta en el juicio de amparo, así como para recibir notificaciones vía electrónica; lo anterior, con el propósito de fortalecer la tutela judicial efectiva y el acceso a la justicia de las personas. AUTORIZADOS Por otra parte, se tienen como sus autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a ******, ****** y ******, debido a que cuentan con cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Cédulas Profesionales de Abogados Postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación. HABILITACIÓN DÍAS Y HORAS Finalmente, Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los Actuarios Judiciales de la adscripción puedan efectuar las actuaciones y diligencias que deriven de este juicio de amparo, incluso, fuera del horario que para tal efecto dispone la Ley de Amparo. DIGITALIZACIÓN Conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo en vigor, así como en capítulo tercero, del Acuerdo General Conjunto 1/2014, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se regula la integración de los expedientes impreso y electrónico, y el acceso a éste, así como las notificaciones por vía electrónica, mediante el uso de la FIREL, a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación previsto en el artículo 3º de la Ley de Amparo, procédase a la digitalización del expediente. LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Suprímase en la versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, este último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese como corresponda.

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