Martha Patricia Bautista Muñoz
Expediente 1037/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 6 actuaciones registradas, la última del 10 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1037/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 10/10/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Martha Patricia Bautista Muñoz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
VISTO, para resolver el juicio de amparo ********************, promovido por ********************, contra actos del Poder Judicial del Estado de Morelos, y otras autoridades responsables, y; R E S U L T A N D O. PRIMERO. Mediante escrito presentado el veinticuatro de julio de dos mil veintitrés, ante la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, remitido al día hábil siguiente, que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado federal, ******************** solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra la autoridad y por el acto siguiente: Autoridad responsable Acto reclamado Poder judicial del estado de Morelos Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del estado "1.- La [.] omisión de mi derecho a a) Incremento de la pensión jubilatoria desde el año 2015 a la fecha. b)Así como el pago de la prima vacacional, Derechos todos ellos que adquirí mediante mi decreto jubilatorio número 1812 de fecha 13 junio de 2012 [.]". Congreso del Estado de Morelos "2.- La omisión [.] de asegurar a los trabajadores jubilados del PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS, la base mínima de cubrir la jubilación, asignado en cada ejercicio fiscal desde el año 2015 a la fecha, una partida autorizada en el DECRETO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS, que anualmente aprueba [.] " SEGUNDO. El veinticinco de julio de dos mil veintitrés, este juzgado radicó el asunto con el número de expediente ********************, admitió la demanda de amparo, requirió a las responsables su informe justificado, dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que inició en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción VI, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto reclamado. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio. Por tanto, debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir la parte quejosa y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son los siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y el análisis de las constancias de autos, se desprende que la parte quejosa reclama Del Poder judicial del estado de Morelos y la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del estado: La omisión del incremento de la pensión por jubilación desde el año dos mil quince a la fecha, así como el pago de la prima vacacional. Del Congreso del Estado de Morelos: La omisión de asegurar la base mínima a cubrir la jubilación, asignado en cada ejercicio fiscal. TERCERO. Certeza del acto reclamado. El Poder judicial del estado de Morelos y la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del estado, al rendir su respectivo informe justificado, aceptaron la existencia de los actos reclamados. Por su parte, el Congreso del Estado de Morelos, al rendir su informe con justificación, negó el acto reclamado. Sin embargo, el mismo debe tenerse por cierto, en virtud de las siguientes consideraciones: En el informe justificado, la autoridad de mérito señaló entre otras cuestiones, en apoyo a su negativa, que ese órgano legislativo expidió el Decreto número mil ciento cinco (1105), por el que aprobó el presupuesto de egresos del Gobierno del Estado para el ejercicio fiscal del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil veintiuno, aprobándose para el Poder Judicial del Estado de Morelos, la cantidad de ********************. De igual modo, precisó que se aprobó el decreto número quinientos setenta y nueve, por el cual autorizó el presupuesto de egresos del Gobierno del Estado de Morelos, para el ejercicio fiscal del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil veintitrés, asignándose al Poder Judicial del Estado de Morelos la cantidad de ********************. Sin embargo, los actos que se reclaman de la citada autoridad, no es la aprobación o no de los decretos por los que se publicaron los presupuestos de egresos del Estado de Morelos, sino que lo que se le reclama en esencia, es la omisión de incluir oficiosamente, con motivo del procedimiento para la aprobación del Presupuesto de Egresos del Estado que establecen las disposiciones constitucionales y legales aplicables, los importes correspondientes y suficientes para cubrir el pago de los incrementos porcentuales anuales que atañen a la pensión de la parte quejosa, a fin de que se le puedan pagar las cantidades a que tiene derecho. Por tanto, es evidente que se desvirtúa su negativa y se tienen como cierto el acto que se le reclama, ya que dicha autoridad manifiesta, que dichas cantidades que se asignaron al Poder Judicial del Estado de Morelos son para el pago de jubilaciones y sus incrementos a cada uno de los trabajadores jubilados, considerando que la partida fue autorizada en los respectivos Decretos de Presupuesto de Egresos, que anualmente se aprueba en cada ejercicio Fiscal. Por lo que se desvirtúa su negativa y se tiene como cierto el acto que se le reclama. CUARTO. Causales de improcedencia y sobreseimiento. El Congreso del estado de Morelos considera que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII de la Ley de Amparo, por considerar que la parte quejosa carece de interés jurídico para acudir al juicio de amparo. La causa de improcedencia antes citada, resulta infundada, pues contrario a lo señalado por la responsable, se encuentra demostrado que en el caso, si bien se reclama un perjuicio económico, de igual forma la parte quejosa señala y acredita la afectación a su esfera de derechos fundamentales, relativos a las prerrogativas derivadas de los derechos pensionarios que refiere, razón por la cual, la quejosa sí cuenta con interés jurídico para promover el juicio de amparo. Por otra parte, al ser de estudio preferente las causales de improcedencia, de conformidad con los dispuesto en el artículo 62 de la ley de Amparo, se advierte que en el acto reclamado al Congreso del Estado, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 74, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los cuales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 74. Son facultades exclusivas de la Cámara de Diputados: (.) IV.- Aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación, previo examen, discusión y, en su caso, modificación del Proyecto enviado por el Ejecutivo Federal, una vez aprobadas las contribuciones que, a su juicio, deben decretarse para cubrirlo. Asimismo, podrá autorizar en dicho Presupuesto las erogaciones plurianuales para aquellos proyectos de inversión en infraestructura que se determinen conforme a lo dispuesto en la ley reglamentaria; las erogaciones correspondientes deberán incluirse en los subsecuentes Presupuestos de Egresos." (...)" De los preceptos jurídicos citados, en primer lugar, se observa que las causas de improcedencia del juicio de amparo se encuentran señaladas en forma enunciativa en las primeras veintidós fracciones del artículo 61 de la ley de la materia, más no de forma limitativa, porque pueden derivar de diverso mandamiento de la propia Ley de Amparo, de la Constitución o de criterio jurisprudencial, lo cual implica que dichas hipótesis no son las únicas. Lo anterior, tiene sustento en la jurisprudencia 2a./J. 175/2013 , de rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE LA MATERIA, VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013. Esta fracción debe interpretarse en el sentido de que las causas de improcedencia del juicio de amparo que enunciativamente prevé, deben derivar necesariamente de cualquier mandamiento de la propia Ley de Amparo o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que de suyo implica que las fracciones I a XVII del artículo 73 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, sólo establecen algunos de los supuestos de improcedencia, pero no son los únicos, pues existen otras causas de improcedencia claramente previstas en algunos de los preceptos de la Constitución Federal y de la propia Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales. Por tanto, no existe imprecisión en torno de las causas de improcedencia contenidas en esa fracción". Por otra parte, del artículo 74 constitucional se desprende la facultad exclusiva de la Cámara de Diputados para aprobar el presupuesto anual de gastos, pues a ella corresponde discutir primero las contribuciones que, a su juicio, deben decretarse para cubrir aquél, conjuntamente con la Cámara de Senadores, mediante la expedición de la Ley de Ingresos anual relativa; empero, posteriormente y de manera exclusiva y soberana, la Cámara de Diputados debe aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación; facultad que se concede de esa manera, al integrarse por los representantes del pueblo en el Congreso de la Unión, siendo quien debe determinar la forma de erogar el gasto público a través del ejercicio de los recursos, con lo cual se reafirma su calidad de representantes del pueblo y su principal encomienda, es decir, representar sus intereses y lograr que el gasto público se ejerza con eficacia, transparencia y honradez. Con ello, el texto constitucional confirma que es una facultad exclusiva de la Cámara de Diputados aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación, bajo las características de reservada, primordial, básica y originaria. Ahora bien, al equiparar dichos argumentos con la legislación del Estado de Morelos, se desprende que el artículo 40 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, dispone: "Artículo 40. Son facultades del Congreso: (.) V. Fijar los gastos del Estado y establecer las contribuciones necesarias para cubrirlos. Asimismo, debe autorizar en el Presupuesto de Egresos las erogaciones plurianuales necesarias para cubrir las obligaciones derivadas de empréstitos y de contratos de colaboración público privada que se celebren con la previa autorización del Congreso; las erogaciones correspondientes deberán incluirse en los subsecuentes presupuestos de egresos. Además deberá asignar en cada ejercicio fiscal al Poder Judicial del Estado una partida equivalente al cuatro punto siete por ciento del monto total del gasto programable autorizado en el Decreto de Presupuesto de Egresos que anualmente aprueba;." Así, para efectos del artículo 40 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, es facultad del Congreso del Estado el autorizar el Presupuesto de Egresos, dado que le permite incidir en el proyecto que es remitido por el Ejecutivo, lleva a concluir que con dicha aprobación se crea un acto materialmente administrativo que es de observancia general para los poderes del Estado y órganos autónomos, para ejercer el gasto público y atender las obligaciones económicas del Estado, ya que a través de ese acto de aprobación se autoriza la erogación de los ingresos públicos. En ese contexto, si el Congreso del Estado de Morelos, para expedir el Presupuesto de Egresos, hace uso de una facultad exclusiva, el amparo es improcedente contra el acto derivado del ejercicio de esa facultad exclusiva, puesto que esa cuestión es una manifestación de la voluntad del Poder Constituyente, por lo cual es un acto cuyo ejercicio reviste características de soberanía y discrecionalidad, respecto del cual no puede tener injerencia un gobernado. En concordancia con lo anterior, al analizar la Acción de Inconstitucionalidad 4/98, la Suprema Corte de Justicia de la Nación valoró la naturaleza jurídica del Presupuesto de Egresos del Distrito Federal y determinó su desechamiento, por estimar que ese medio de control constitucional solo es procedente contra nomas de carácter general. Así, en referencia al Presupuesto de Egresos, indicó que su objeto es determinar la aplicación de una norma general (Código Financiero del Distrito Federal), por lo que lejos de considerarlo como una norma de carácter general, indicó que se está en presencia de un acto materialmente administrativo. Lo anterior quedó plasmado en la jurisprudencia 24/99, de rubro y texto siguientes: "ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. ES IMPROCEDENTE PARA RECLAMAR EL DECRETO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL DISTRITO FEDERAL PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 1998, POR NO TENER EL CARÁCTER DE NORMA GENERAL. Por "Ley del Presupuesto" se entiende el conjunto de disposiciones legales que regulan la obtención, administración y aplicación de los ingresos del Estado, otorgando competencias y estableciendo derechos y obligaciones para la administración pública y para los particulares. Por "Presupuesto de Egresos" se entiende el decreto que contempla y autoriza las erogaciones necesarias para la realización de las actividades, obras y servicios públicos durante un periodo determinado. El "Decreto del Presupuesto de Egresos" constituye un acto de aplicación de la "Ley del Presupuesto", en cuanto autoriza al Poder Ejecutivo a efectuar la inversión de los fondos públicos; empero, no es el decreto el que otorga competencias o establece derechos y obligaciones, pues éstos ya están previstos en la ley que se aplica. En el ámbito del Distrito Federal, la distinción entre "Ley del Presupuesto" y "Presupuesto de Egresos" está expresamente contemplada tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal. De esta manera, a diferencia de lo que sucede con la Ley de Ingresos, la Constitución, el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal y la Ley Orgánica de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, no otorgan el carácter de ley al Presupuesto de Egresos; en cambio, la "Ley del Presupuesto del Distrito Federal", esto es, las disposiciones conducentes del Código Financiero del Distrito Federal, le dan expresamente el carácter de decreto. Es relevante señalar que el multicitado decreto contiene algunas disposiciones que pudieran estimarse como normas de carácter general, porque aparentemente otorgan competencias; sin embargo, en realidad únicamente se limitan a reiterar, y en ocasiones de manera expresa, las que ya están otorgadas en las leyes respectivas. Por otra parte, el Presupuesto de Egresos del Distrito Federal, en cuanto a su aspecto material, tiene el carácter de un acto administrativo y no de una ley; es decir, no participa de la generalidad, como característica esencial de ésta. Por lo tanto, la acción de inconstitucionalidad que se promueva en su contra resulta improcedente." De lo anterior, se impone concluir que la aprobación del Presupuesto de Egresos también es un acto de administración general y no una ley en sentido estricto. De modo que, el Presupuesto de Egresos no tiene su génesis en un estricto proceso legislativo, sino que materialmente es un acto administrativo de colaboración entre poderes, porque lo crea originariamente el Poder Ejecutivo y el Congreso del Estado lo aprueba anualmente, previo examen y discusión, inclusive modificación, con lo cual los representantes del pueblo electos democráticamente tienen una intervención constitucional exclusiva para determinar o fijar los montos y destinos del gasto público; máxime que al ser elaborado por el Poder Ejecutivo, no se presenta al Congreso del Estado como una iniciativa de ley, sino como acto de administración general, y aunque al final del proceso se aprueba con un Decreto, éste no es una norma jurídica ordinaria que tiene como destino directo regular una situación de la realidad para los gobernados. En conclusión, se trata de un Decreto expedido por los representantes del pueblo electos en un sistema democrático, como una facultad exclusiva que es soberana y discrecional porque no tiene intervención ningún otro órgano, ni poder. De modo que, por tener la naturaleza de una facultad exclusiva reservada expresamente al Congreso del Estado en el artículo 40 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos que implica una facultad con ejercicio soberano, el juicio de amparo es improcedente. Sirve de apoyo a lo anterior por analogía, la tesis I.8o.A.4 CS (10a.), que en su contenido literal dice lo siguiente: "PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN. CONTRA SU APROBACIÓN (DECRETO) POR LA CÁMARA DE DIPUTADOS, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO. La aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación es una facultad exclusiva de la Cámara de Diputados, prevista en el artículo 74, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por otra parte, el presupuesto está dirigido a regular el ejercicio del gasto público y, en ese sentido, es un acto materialmente administrativo con contenido y finalidad de administración de los recursos públicos, que proviene de una colaboración entre el Poder Ejecutivo Federal que lo proyecta y la Cámara de Diputados que lo aprueba. Así, en la medida en que es una facultad exclusiva, se erige como una potestad soberana y discrecional, porque únicamente puede ser ejercida por la Cámara de Diputados, con exclusión de la de Senadores que, en este rubro, deja de ser colegisladora, porque no participa en la aprobación de una iniciativa que origine una ley en sentido formal y material. En estas condiciones, si la aprobación (decreto) del presupuesto es un acto de colaboración republicana y su ejercicio es exclusivo de la Cámara de Diputados, se trata de un acto soberano, inherente a la representación que ésta ostenta. Por tanto, contra dicho acto el juicio de amparo es improcedente, porque la acción constitucional no puede incidir en el ejercicio de esa facultad exclusiva." Así las cosas, se surte la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo en relación con el artículo 74, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, por ende, se sobresee en el juicio de amparo respecto del acto precisado atribuido al Congreso del Estado de Morelos; con base en el artículo 63, fracción V, del citado ordenamiento jurídico. QUINTO. Estudio de los conceptos de violación. Con el propósito de entrar al estudio de los conceptos de violación, debe precisarse en primer lugar que resulta innecesario realizar su transcripción, al no existir algún precepto en la Ley de Amparo que así lo establezca, por lo que queda al prudente arbitrio de la persona juzgadora el realizarlo, atendiendo a las particularidades de cada asunto. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 58/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer". En esta perspectiva, en relación al pago que se le debe de otorgar por concepto prima vacacional, que aduce la parte quejosa, es infundado dicho concepto de violación. Ya que, si bien es cierto que la parte quejosa adquirió su pensión a través de la relación laboral que tuvo con con el Poder Judicial del Estado de Morelos, también lo es que la promovente, no cuenta con carácter de trabajador activo, debido a que en la actualidad no existe una relación laboral entre las partes, por lo cual no puede considerase que la imperante tenga derecho. Máxime que en el artículo 3° del mil ochocientos doce, en que se le concedió la pensión por cesantía avanzada a la quejosa no establece que tenga derecho a esa prima vacacional, tal y como se aprecia a continuación: "Artículo 3°.- El monto de la pensión se calculará tomando como base el último salario percibido por la trabajadora, incrementándose la cuantía de acuerdo con el aumento porcentual al salario mínimo general del área correspondiente al Estado de Morelos, integrándose la misma por el salario, las prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo, según lo cita el artículo 66 de la misma ley." Cabe señalar que la prima vacacional es un derecho que tienen los trabajadores y de acuerdo al artículo 2 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, un trabajador al servicio del estado es la persona física que presta un servicio subordinado en forma permanente o transitoria, a través de un nombramiento. Y de acuerdo con el artículo 34 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, solo tendrán derechos al pago de la prima vacacional los trabajadores. Tomando en consideración los argumentos que estableció la parte quejosa, cabe señalar que si bien es cierto que el artículo 3° decreto mil ochocientos doce, antes citado no es específico en qué prestaciones se deben de integrar al salario, no se puede considerar que la prima vacacional es una prestación, ya que como claramente lo menciona el artículo 34 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, es un derecho que tienen los trabajadores que estén prestando sus servicios. Por analogía, sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 204/2006, de la Segunda Sala de nuestro Máximo Tribunal, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXV, Enero de 2007, página 709, de la Novena Época, con registro digital 173506, que reza: "PRIMA VACACIONAL. NO FORMA PARTE DE LA PENSIÓN DEL PERSONAL ACADÉMICO JUBILADO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SINALOA. No obstante que las cláusulas 77 y 78; o 78 y 79 de los contratos colectivos de trabajo vigentes en 1995 y 2003, respectivamente, que regulan las relaciones laborales en la indicada Universidad, prevean una prima vacacional para los trabajadores académicos en servicio y para el personal administrativo y de intendencia jubilado y pensionado; dicha prestación no puede extenderse a los trabajadores académicos jubilados, toda vez que la interpretación de los contratos colectivos es estricta en términos del artículo 31 de la Ley Federal del Trabajo, y no existe cláusula alguna en la que se haya convenido otorgar al personal académico jubilado la prestación de mérito, máxime que el artículo 353-Q de la Ley citada prohíbe hacer extensivo a los trabajadores académicos lo pactado al respecto en los contratos referidos." Ahora bien, por otra parte son fundados los conceptos de violación, propuestos por la parte quejosa, suplidos en su deficiencia, en términos de lo establecido en el artículo 79 fracción VII de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, pues la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 463/2014, sostuvo que tratándose de juicios de amparo deducidos de asuntos laborales o contencioso-administrativos, en los que se controviertan el otorgamiento y los ajustes de pensiones, así como de cualquiera otra prestación derivada de estas, ya sea por los interesados o por sus beneficiarios, el órgano de amparo queda obligado a suplir la deficiencia de la queja en favor de los demandantes de tales pretensiones. En la inteligencia de que este deber solo tiene razón de ser cuando existan causas jurídicamente válidas para preservar u otorgar algún derecho. Dicha circunstancia quedó plasmada en la tesis 2a. XCV/2014 (10a.), que dice: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN MATERIA LABORAL. OPERA EN FAVOR DE LOS PENSIONADOS Y DE SUS BENEFICIARIOS. Conforme al artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo, la autoridad que conozca del juicio deberá suplir la deficiencia de los conceptos de violación o agravios, en materia laboral, en favor del trabajador, con independencia de que la relación entre empleador y empleado esté regulada por el derecho laboral o por el administrativo; de lo cual se deduce que si bien esta norma se refiere a determinados sujetos y a dos tipos de relaciones jurídicas específicas, como son, por un lado, las personas que cumplen con su deber social y su derecho al trabajo y, por otra, quienes las emplean, ya sea dentro de un vínculo laboral o de orden administrativo, lo cierto es que las razones que en estos supuestos inspiran la obligación del órgano de amparo para suplir la deficiencia de la queja a favor del trabajador no se agotan con motivo de la jubilación o retiro de quien había estado subordinado a un empleador, pues las causas que originaron el auxilio que la ley les brindaba durante su época laboralmente activa no sólo se mantienen, sino que incluso se agudizan, porque lo habitual es que como pensionistas sus ingresos se reduzcan y, con ello, la posibilidad de contar con asesoría legal adecuada. Así, esta Segunda Sala determina que tratándose de juicios de amparo deducidos de asuntos laborales o contencioso-administrativos, en los que se controviertan el otorgamiento y los ajustes de pensiones, así como de cualquiera otra prestación derivada de éstas, ya sea por los interesados o por sus beneficiarios, el órgano de amparo queda obligado a suplir la deficiencia de la queja en favor de los demandantes de tales pretensiones, en la inteligencia de que este deber sólo tiene razón de ser cuando existan causas jurídicamente válidas para preservar u otorgar algún derecho, pues si el juzgador no advierte que dicha suplencia lo conduzca a esta finalidad provechosa para el particular, bastará con que así lo declare sin necesidad de que haga un estudio oficioso del asunto, el cual, por carecer de un sentido práctico, sólo entorpecería la pronta solución del litigio en perjuicio de los propios justiciables". Asimismo, se invoca como sustento, la jurisprudencia I.3o.A. J/1 (10a.), del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que establece: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN EL AMPARO. OPERA EN FAVOR DE JUBILADOS Y PENSIONADOS, CONFORME AL MARCO DE DERECHOS HUMANOS PREVISTO EN EL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL Y AL ARTÍCULO 79, FRACCIÓN VII, DE LA LEY DE LA MATERIA, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013. El artículo 1o., segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos exige que las normas relativas a derechos humanos se interpreten de conformidad con la propia Norma Fundamental y con los tratados internacionales de los que México es parte, de forma que se favorezca ampliamente a las personas. En ese sentido, el legislador reformó el juicio de amparo con la intención de convertirlo en un mecanismo más eficaz para evitar o corregir los abusos del poder público que lesionan o vulneran los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Federal, para beneficiar notoriamente a determinados sectores de la población que pudieran estar en situación de desventaja o vulnerabilidad social. De ahí que el artículo 79, fracción VII, de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, que autoriza la suplencia de la queja deficiente en favor de quienes por sus condiciones de pobreza o marginación se encuentren en clara desventaja social para su defensa en el juicio, opere respecto de jubilados y pensionados, derivado de la evidente desventaja económica y física que tienen para defenderse, por lo que no es dable otorgarles condiciones de igualdad dentro de un procedimiento judicial, pues sería injusto darles el mismo trato que a quienes poseen recursos económicos suficientes para defenderse por sí mismos, ya que por la carencia de éstos o la imposibilidad física para trasladarse no pueden autodefenderse o pagar una defensa adecuada, tomando en consideración que las cantidades que reciben por concepto de jubilación o pensión, en muchas ocasiones no corresponden al salario que percibían cuando laboraban". La parte quejosa aduce en esencia que le irroga perjuicio y es violatoria de sus derechos, la omisión y negativa de cumplir con el decreto mediante el cual se le otorgó su pensión por jubilación, específicamente por cuanto hace al pago de los incrementos salariales con motivo de los aumentos porcentuales al salario mínimo general vigente y aguinaldo, de las cantidades que por ese derecho le corresponden, a partir del uno de enero de dos mil quince a la actualidad. Se tiene que la quejosa ofreció como prueba documental, el Decreto número mil ochocientos doce, publicado en el Periódico Oficial Tierra y Libertad número 4984, 6ª época, de trece de junio de dos mil doce, mediante el cual se le concede pensión por jubilación a la parte quejosa, a razón del sesenta por ciento del último salario de la parte quejosa, a partir del día siguiente a aquel en que se separó de sus labores, así como los recibos de nómina. Dicha documentales se les concede valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 197, 198 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, así como con la jurisprudencia 2a./J. 65/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN". De lo anterior, resulta sin lugar a dudas que las responsables y, en particular, las autoridades a cuyo cargo quedó el pago de la pensión a la quejosa, han sido omisas en aplicar los incrementos porcentuales autorizados al salario mínimo general del área correspondiente a esta Entidad Federativa, a partir del de dos mil quince, así como los subsecuentes, de acuerdo a lo establecido en el Decreto mil ochocientos doce, publicado en el Periódico Oficial Tierra y Libertad número 4984, en el que se le otorgó la pensión por jubilación a la parte quejosa, así como la omisión de actualizar el monto del pago mensual de la pensión y la omisión de realizar el pago total de la cantidad mensual con motivo de los incrementos porcentuales que se han concedido al salario mínimo general vigente de cada año, generados a partir del año dos mil quince. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido jurisprudencialmente que cuando en un juicio de amparo se reclamen actos que consisten en omisiones o hechos negativos de las autoridades responsables, debe entenderse que la carga de la prueba de esas omisiones o hechos negativos, no corresponde a la parte quejosa sino que es a las responsables a quienes les toca demostrar que no incurrieron en ellos. Dicho criterio se encuentra contenido en la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, séptima época, volumen 60, tercera parte, página 27, de rubro y texto: "ACTO RECLAMADO NEGATIVO. LA AUTORIDAD RESPONSABLE DEBE COMPROBAR QUE CUMPLIÓ LOS REQUISITOS QUE SE LE RECLAMAN. Advirtiéndose que los actos reclamados consisten en omisiones o hechos negativos de las autoridades responsables, debe entenderse que la carga de la prueba de esas omisiones o de los hechos negativos, no corresponde a la parte quejosa, sino que es a las responsables". En el mencionado decreto, se determinó que esa prestación sería cubierta por el Poder Judicial Estatal, con base en el presupuesto autorizado para tal efecto. También se estableció que el monto de la pensión se calculará tomando como base el último salario percibido por el trabajador, incrementándose la cuantía de acuerdo con el aumento porcentual al salario mínimo general vigente, integrándose la misma por el salario, las prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo, según lo cita el artículo 66 de la Ley del Servicio Civil del estado de Morelos. De este modo, queda demostrado que el quejoso adquirió su derecho de seguridad social a obtener una pensión por jubilación, en términos de lo establecido en el artículo 123, apartado B, fracción XI, inciso a) de la Constitución general. Ahora bien, en el Estado de Morelos, el derecho de pensión de los trabajadores burocráticos, se encuentra previsto en el artículo 131 de la Constitución local, en relación con los diversos 54, fracción VII; 55 y 66 de la Ley del Servicio Civil del estado de Morelos, que disponen: Constitución Política del Estado de Morelos "Artículo 131. Ningún pago podrá hacerse que no esté comprendido en el presupuesto respectivo o determinado por la ley. Los servidores públicos del Estado y de los Municipios, de sus entidades y dependencias, así como de sus Administraciones Paraestatales y Paramunicipales, fideicomisos públicos, instituciones y organismos autónomos, y cualquier otro ente público, recibirán una remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, que deberá ser proporcional a sus responsabilidades. Dicha remuneración será determinada anual y equitativamente en los presupuestos de egresos correspondientes, bajo las siguientes bases: [.] IV. No se concederán ni cubrirán jubilaciones, pensiones o haberes de retiro, ni liquidaciones por servicios prestados, como tampoco préstamos o créditos, sin que éstas se encuentren asignadas por la ley, decreto legislativo, contrato colectivo o condiciones generales de trabajo. Estos conceptos no formarán parte de la remuneración. Quedan excluidos los servicios de seguridad que requieran los servidores públicos por razón del cargo desempeñado." Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos "Artículo 54. Los empleados públicos, en materia de seguridad social tendrán derecho a: [.] VII.- Pensión por jubilación, por cesantía en edad avanzada, por invalidez, por viudez, por orfandad y por ascendencia, en términos de las disposiciones legales aplicables.". "Artículo 55. Las prestaciones, seguros y servicios citados en el artículo que antecede estarán a cargo de los Poderes del Estado y de los Municipios, a través de las instituciones que para el caso determinen." "Artículo 66.- Los porcentajes y montos de las pensiones a que se refiere este Capítulo, se calcularán tomando como base el último salario percibido por el trabajador; para el caso de las pensiones por jubilación y cesantía en edad avanzada, cuando el último salario mensual sea superior al equivalente de 600 salarios mínimos vigentes en la entidad, deberán acreditar, haber desempeñado cuando menos cinco años el cargo por el cual solicitan pensionarse, de no cumplirse (sic) este plazo, el monto de la pensión se calculará tomando como tope los referidos 600 salarios mínimos vigentes en la entidad, y de acuerdo a los porcentajes que establece la Ley. La cuantía de las pensiones se incrementará de acuerdo con el aumento porcentual al salario mínimo general del área correspondiente al Estado de Morelos. Las pensiones se integrarán por el salario, las prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo. El trabajador no podrá gozar al mismo tiempo de dos pensiones a cargo del Gobierno o Municipio, en tal evento, el Congreso del Estado lo deberá requerir para que dentro de un plazo de treinta días naturales opte por una de ellas, en caso de que el trabajador no determine la pensión que debe continuar vigente, el Congreso concederá la que signifique mayores beneficios para el trabajador." De los preceptos transcritos se advierte que el texto constitucional garantiza, como una de las bases fundamentales que deben regir las relaciones laborales entre el Estado y sus trabajadores, la seguridad social, otorgando a ésta el carácter de derecho sustantivo derivado de la existencia del vínculo entre patrón y empleado. Dentro de la seguridad social a que tienen derecho los trabajadores burocráticos o, en su caso, sus beneficiarios, se encuentran las prerrogativas inherentes a obtener una pensión por jubilación, supuesto en el que el patrón debe cubrir las prestaciones que permitan la subsistencia y desarrollo personal del trabajador o de sus beneficiarios. En el Estado de Morelos, esa prerrogativa se encuentra reglamentada en la Ley del Servicio Civil, cuyos preceptos transcritos disponen que los empleados públicos, en materia de seguridad social, tendrán derecho a gozar de una pensión por jubilación. Dicho ordenamiento establece los requisitos y formalidades que deben cumplir los interesados al llevar a cabo la solicitud y tramitación de las pensiones respectivas; señala la manera en que éstas deben ser calculadas, así como su integración y el incremento del monto correspondiente, entre otras particularidades. Las pensiones otorgadas a los funcionarios en esta entidad federativa, deben ser asignadas, entre otras formas, por decreto legislativo y que, por tanto, su pago debe estar comprendido en el Presupuesto de Egresos correspondiente. El sistema normativo en estudio establece la atribución del Congreso del Estado de Morelos para otorgar una pensión, para expedir el decreto pensionario que la concede y para que se establezca su pago en el presupuesto respectivo. Así, un decreto pensionario, aunque formalmente constituye un acto legislativo, porque emana de un congreso local, materialmente es un acto de carácter administrativo, porque crea situaciones jurídicas particulares y concretas, el cual carece de la característica de generalidad, ya que rige una situación concreta; de ahí que no goce de las características legales ni reglamentarias, de las que son sujetas las leyes emitidas por el Congreso del Estado de Morelos. Además, el decreto de pensión constituye un acto de naturaleza distinta a la actividad legislativa ya que, el derecho a obtener una pensión deriva de los artículos 123, apartado B, fracción XI, inciso a), de la Constitución general; 54, fracción VII, 57, 58, 59, 64 y 66 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos. Satisfechos los requisitos previstos en las disposiciones normativas referidas, debe otorgarse la pensión respectiva, con la correlativa previsión presupuestaria para que se materialice dicho derecho. Por tanto, con la emisión del decreto en favor de la parte quejosa, esta adquirió el derecho de percibirla, así como sus incrementos en los términos ahí plasmados. En ese sentido, las autoridades responsables deberán realizar todas las gestiones necesarias para garantizar que la parte quejosa perciba su pensión desde el día que tuvo derecho, ya que de estimarse lo contrario, se impediría que esta última obtuviera un ingreso en sustitución de su salario, para satisfacer sus necesidades personales y familiares; de ahí que se estime procedente conceder el amparo y protección solicitado. Lo anterior, de conformidad con la jurisprudencia P. XXXVI/2013 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "SEGURIDAD SOCIAL. LAS JUBILACIONES, PENSIONES U OTRAS FORMAS DE RETIRO GOZAN DE LAS MEDIDAS PROTECTORAS DEL SALARIO CONTENIDAS EN EL ARTÍCULO 123, APARTADOS A, FRACCIÓN VIII Y B, FRACCIÓN VI, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto, ubicado en el título sexto "Del Trabajo y de la Previsión Social", contiene los derechos de los trabajadores del sector privado (apartado A) y del sector público (apartado B), y sus medidas de protección, en particular, las atinentes al salario (mínimo y en general), con la finalidad de que el trabajador reciba una cantidad que asegure sus necesidades y las de su familia, sin atentar contra su dignidad, decoro y libertad humanas; asimismo, en dichos apartados se establecen las bases mínimas de la seguridad social para los trabajadores a través de diversos seguros, entre ellos, los que dan lugar al pago de las jubilaciones, pensiones y haberes de retiro. Ahora, si bien sobre estos últimos conceptos la Norma Suprema no prevé medidas concretas de protección, lo cierto es que también gozan de aquellas establecidas para el salario que les resulten aplicables, específicamente las contenidas en el artículo 123, apartados A, fracción VIII y B, fracción VI, de la Constitución General de la República, en tanto que los ingresos respectivos son asimilables al ser producto del trabajo, aun cuando el salario es percibido durante la vida activa del trabajador, y las jubilaciones, pensiones y haberes de retiro derivadas de la seguridad social se obtienen cuando el prestador del servicio por su edad, número de años trabajados o alguna otra circunstancia como la enfermedad o la invalidez, adquiere el derecho a percibirlas. Además, si dichas prestaciones de seguridad social sustituyen al salario cuando el trabajador ya no está laboralmente activo, y los ingresos derivados de todos esos conceptos tienen por objeto satisfacer sus necesidades y las de su familia, por igualdad de razón -en tanto se trata de la protección de los derechos adquiridos por el trabajador, quien posee también el derecho al mínimo vital inherente a todo ser humano-, las jubilaciones, pensiones y haberes de retiro deben resguardarse en términos del precepto señalado, esto es, por ser equivalentes en cuanto a su naturaleza al salario mínimo, deben exceptuarse de embargo, compensación o descuento (artículo 123, apartado A, fracción VIII), y no pueden ser objeto de retenciones, descuentos, deducciones o embargos no previstos en la ley (artículo 123, apartado B, fracción VI). En esa virtud, si la quejosa tiene derecho a que se incremente su cuota pensionaria por jubilación, atendiendo a lo dispuesto por el decreto relativo y la legislación aplicable y la autoridad responsable encargada de ello no acreditó haber otorgado esos incrementos en la forma ya precisada, y habérselo notificado a la beneficiaria de dicha prerrogativa; es evidente que, a juicio de este Juzgador, genera una conculcación a los derechos adquiridos por la quejosa, particularmente, como se dijo, el derecho a la seguridad social, reconocido en el artículo 123 apartado B, fracción XI de la Constitución Federal, el cual prevé el derecho a la cesantía en edad avanzada como una prestación que nace a partir de la conclusión de la relación de trabajo al realizarse la condición de tiempo trabajado o edad del trabajador, según la ley, ya que se trastocan los derechos al goce del mínimo vital. En efecto, el derecho constitucional al mínimo vital cobra plena vigencia a partir de la interpretación sistemática de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución General y particularmente de los artículos 1, 4, 25, 27, 31, fracción IV y 123, de donde deriva que los individuos deben tener condiciones económicas que les permitan desarrollar un plan de vida autónomo, de esta forma, el goce del mínimo vital es un presupuesto sin el cual las coordenadas centrales de nuestro orden constitucional carecerían de sentido, de tal suerte que la intersección entre la potestad Estatal y el entramado de derechos y libertades fundamentales consiste en la determinación de un mínimo de subsistencia digna y autónoma protegido constitucionalmente. Este parámetro constituye el contenido del derecho al mínimo vital, el cual, a su vez, coincide con las competencias, condiciones básicas y prestaciones sociales necesarias para que la persona jubilada por años de servicios, pueda llevar una vida libre del temor y de las cargas de la miseria, de tal manera que el objeto del derecho al mínimo vital abarca todas las medidas positivas o negativas imprescindibles para evitar que la persona se vea inconstitucionalmente reducida en su valor intrínseco como ser humano por no contar con las condiciones materiales que le permitan llevar una existencia digna. Máxime que en el particular la conducta omisa de las responsables no deriva del ejercicio legítimo de alguna facultad legal plenamente materializada en acto alguno en el cual se aprecie los motivos y fundamentos legales a partir del cual conduzcan su actuación y así estar en posibilidad de verificar su constitucionalidad o inconstitucionalidad, constituyéndose -al margen de los motivos expuestos- en un acto apartado de todo orden constitucional al derivar en la existencia de un acto de naturaleza administrativa que estaría carente de las exigencias constitucionales mínimas indispensables para estar en posibilidad de sostener su constitucionalidad frente al reclamo de los justiciables. SEXTO. En las relatadas consideraciones, procede conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a favor de ********************, para los siguientes efectos: 1. Las autoridades responsables del Poder Judicial del Estado de Morelos, deberán: Acreditar que cumplieron el Decreto mil ochocientos doce, publicado en el Periódico Oficial Tierra y Libertad número 4984, 6ª época, de trece de junio de dos mil doce, mediante el cual se le concede pensión por jubilación a la parte quejosa; específicamente, pagar la pensión en los términos del citado decreto, así como las cantidades que retroactivamente deben cubrirse a la quejosa, desde el uno de enero de dos mil quince a la fecha, con motivo de los incrementos porcentuales al salario mínimo general vigente, del área correspondiente y aguinaldo. Se vincula al cumplimiento, al Congreso del Estado de Morelos, en ejercicio de sus facultades, deberá establecer de manera puntual e inmediata: Deberá otorgar efectivamente los recursos necesarios para que el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, pueda satisfacer la obligación en cuestión, así como las necesidades futuras que surjan con motivo del incremento porcentual del salario mínimo que aumenta el monto de la pensión respectiva. Las autoridades responsables, deberán remitir copia certificada de las constancias que acrediten esa cuestión. En el entendido de que todas la autoridades que tengan o deban tener intervención en el cumplimiento del presente fallo, con independencia de que hayan sido señaladas o no como responsables, están obligadas a realizar, dentro de los límites de su competencia, todos los actos necesarios para el acatamiento íntegro y fiel de la sentencia, ello con fundamento en el artículo 197 de la Ley de Amparo. Similar criterio sostuvo el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativas del Décimo Octavo Circuito, al resolver el amparo en revisión 283/2022, al modificar la sentencia dictada por el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Morelos, dictada en el amparo indirecto 97/2021, de su índice. Por lo expuesto, con fundamento en los artículos 1°, 73, 74, 75, 76, 77 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E : PRIMERO. Se sobresee en el juicio en términos del considerado cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ******************** respecto de las autoridades y lo acto reclamado en el considerando segundo de esta sentencia, consistente en el pago de prima vacacional, por los motivos expuestos en el considerando quinto de este fallo. TERCERO. La justicia de la unión ampara y protege a ********************, por los motivos y para los efectos establecidos en los considerandos quinto y sexto de esta sentencia. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con la asistencia de Manuel Alejandro Peñafiel Salazar, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.
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Cuernavaca, Morelos, a veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que no es posible celebrar la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, en virtud de que se encuentra transcurriendo el plazo otorgado a las partes con el informe justificado de las autoridades responsables. En consecuencia, se difiere la audiencia constitucional, y se fija para su celebración las DIEZ HORAS CON VEINTIDÓS MINUTOS DEL DIEZ DE OCTUBRE DEL DOS MIL VEINTITRÉS. Notifíquese. Así lo acuerda y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Roberto Bravo Vargas, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
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Cuernavaca, Morelos, trece de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la razón secretarial, de conformidad con los artículos 62, 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en apoyo a su artículo 2°, se ordena agregar a los autos el oficio signado por ********************, Directora General, ********************, Director de Unidad de Consulta Externa y, ********************, Subdirectora de Unidad de Trabajo Social, todos pertenecientes al Organismo Descentralizado denominado "Hospital del Niño Morelense", mediante el cual remite el listado de citas programadas para otorgarle atención médica a la menor quejosa, remitiendo copias para acreditar su dicho. Al respecto, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, se requiere a ********************, Directora General, ********************, Director de Unidad de Consulta Externa y, ********************, Subdirectora de Unidad de Trabajo Social, todos pertenecientes al Organismo Descentralizado denominado "Hospital del Niño Morelense", para que en el término de tres días, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, dé cumplimiento a lo siguiente: Informe y acredite si la quejosa compareció a recibir la atención médica correspondiente de quimioterapia ambulatoria, señalada para el doce de septiembre del año en curso, conforme a lo manifestado en su ocurso de cuenta. Asimismo, manifieste que otras fechas aparte de las indicadas, ha señalado para dar atención médica y practicar los estudios necesarios para diagnóstico, seguimiento y tratamiento relativos a su padecimiento de manera progresiva y continúa. Se apercibe a la autoridad responsable que en el caso de ser omisa y de actualizarse dicho supuesto, se le impondrá una multa por la cantidad equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, con fundamento en los artículos 237 fracción I y 258 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Desindexación del Salario Mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación del veintisiete de enero de dos mil dieciséis, toda vez que de no cumplir con lo solicitado, se traducirá en una falta grave, esto es, en un desacato a un mandamiento judicial y que además, retrasa la impartición de justicia de manera trascendente para las partes en el presente juicio de amparo. Notifíquese. Así lo acordó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Jacobo Jaimes Brito, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
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Cuernavaca, Morelos, veintinueve de agosto de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los autos, de los cuales se advierte que la autoridad responsable no ha dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, se requiere a María Esther Pichardo Oláiz, Juez Sexto Familiar de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos, para que en el término de tres días, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, dé cumplimiento a lo siguiente: Informe y acredite si la Procuraduría de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, designó perito en materia de psicología para evaluar al menor de edad de iniciales F.C.G.C, así como el acuerdo que haya recaído al mismo, en su caso informe si ya programó fecha para realizar dicha evaluación. Informe y acredite las demás gestiones que realiza para acatar la ejecutoria protectora, sin dejar de observar sus lineamientos y tomando en consideración su materia y ejecución. Se apercibe a la autoridad responsable que en el caso de ser omisa y de actualizarse dicho supuesto, se le impondrá una multa por la cantidad equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, con fundamento en los artículos 237 fracción I y 258 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Desindexación del Salario Mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación del veintisiete de enero de dos mil dieciséis, toda vez que de no cumplir con lo solicitado, se traducirá en una falta grave, esto es, en un desacato a un mandamiento judicial y que además, retrasa la impartición de justicia de manera trascendente para las partes en el presente juicio de amparo. Notifíquese. Así lo acordó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Jacobo Jaimes Brito, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
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