Martha Patricia Barroso Hidalgo Monroy
Expediente 871/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca. 4 actuaciones registradas, la última del 31 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 871/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 31/08/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca · Morelos
Partes del expediente
- Martha Patricia Barroso Hidalgo Monroy
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación con que se da cuenta, de la que se advierte que transcurrió el plazo de diez días que establece el ordinal 86 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de revisión a que se refiere el dispositivo 81 fracción I, inciso d), de la propia Ley, en contra del auto de veinticuatro de julio de dos mil veintitrés, mediante el cual este Juzgado de Distrito decretó el sobreseimiento fuera de audiencia del presente juicio de amparo, sin que se hiciera valer el citado medio de impugnación. En consecuencia, con fundamento en los artículos 2, 22 y 31, de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el auto de mérito, ha quedado firme para todos los efectos legales correspondientes. Ante esa virtud, previas las anotaciones respectivas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes para la integración del libro electrónico, archívese el presente juicio como asunto total y definitivamente concluido. Por lo tanto, en acatamiento a lo ordenado en Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se instruye lo siguiente: Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis del artículo 20 del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo donde se sobreseyó fuera de audiencia, mismo que carece de relevancia documental, al no ubicarse en ninguna de las hipótesis a que se refiere el artículo 15 del mismo cuerpo normativo; hecho que deberá realizarse una vez transcurrido el plazo de conservación (tres años a partir de esta fecha), con anterioridad a la visita de inspección correspondiente, previa acta y listado digital para la plena identificación del expediente como susceptible de destrucción, tal como lo disponen los artículos 21, 22 y 23 del acuerdo referido. Aimismo, de conformidad con el artículo 34 del referido Acuerdo General, una vez que se remita al archivo, se deberá asentar en la carátula del expediente la valoración correspondiente y el Secretario hará constar que el expediente físico coincide con el electrónico en su totalidad. Sin que resulte necesario girar oficio a las autoridades responsables del presente auto; ello, tomando en consideración que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia, y la resolución que declara firme la determinación que puso fin a esta instancia constitucional, no depara perjuicio alguno a las autoridades responsables. Por lo expuesto, con fundamento en el artículo 27, fracción III, de la Ley de Amparo, se ordena notificar mediante lista a las autoridades responsables el presente acuerdo. Por otra parte, se hace constar que obra glosado documento exhibido por la parte quejosa; por tanto, póngase a disposición de la misma, en la inteligencia, de que dichos documentos quedarán a su disposición por un plazo de noventa días más, a fin de que comparezca a recogerlo; sin embargo, para el caso de que no comparezca dentro del plazo indicado, se hace de su conocimiento, que dichos documentos correrán la misma suerte que los autos del juicio en que se actúa.
- Principal
Atento a lo manifestado en la razón anterior, NOTIFICO a la parte QUEJOSA, el acuerdo y/o resolución de veinticinco de agosto de dos mil veintitrés, por medio de lista que se fija en el local de este órgano jurisdiccional, de conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso c) y 29 de la Ley de Amparo, y en virtud de que la parte no compareció a éste órgano jurisdiccional dentro del plazo que se le confirió Vista la certificación con que se da cuenta, de la que se advierte que transcurrió el plazo de diez días que establece el ordinal 86 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de revisión a que se refiere el dispositivo 81 fracción I, inciso d), de la propia Ley, en contra del auto de veinticuatro de julio de dos mil veintitrés, mediante el cual este Juzgado de Distrito decretó el sobreseimiento fuera de audiencia del presente juicio de amparo, sin que se hiciera valer el citado medio de impugnación. En consecuencia, con fundamento en los artículos 2, 22 y 31, de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el auto de mérito, ha quedado firme para todos los efectos legales correspondientes. Ante esa virtud, previas las anotaciones respectivas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes para la integración del libro electrónico, archívese el presente juicio como asunto total y definitivamente concluido. Por lo tanto, en acatamiento a lo ordenado en Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se instruye lo siguiente: Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis del artículo 20 del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo donde se sobreseyó fuera de audiencia, mismo que carece de relevancia documental, al no ubicarse en ninguna de las hipótesis a que se refiere el artículo 15 del mismo cuerpo normativo; hecho que deberá realizarse una vez transcurrido el plazo de conservación (tres años a partir de esta fecha), con anterioridad a la visita de inspección correspondiente, previa acta y listado digital para la plena identificación del expediente como susceptible de destrucción, tal como lo disponen los artículos 21, 22 y 23 del acuerdo referido. Aimismo, de conformidad con el artículo 34 del referido Acuerdo General, una vez que se remita al archivo, se deberá asentar en la carátula del expediente la valoración correspondiente y el Secretario hará constar que el expediente físico coincide con el electrónico en su totalidad. Sin que resulte necesario girar oficio a las autoridades responsables del presente auto; ello, tomando en consideración que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia, y la resolución que declara firme la determinación que puso fin a esta instancia constitucional, no depara perjuicio alguno a las autoridades responsables. Por lo expuesto, con fundamento en el artículo 27, fracción III, de la Ley de Amparo, se ordena notificar mediante lista a las autoridades responsables el presente acuerdo. Por otra parte, se hace constar que obra glosado documento exhibido por la parte quejosa; por tanto, póngase a disposición de la misma, en la inteligencia, de que dichos documentos quedarán a su disposición por un plazo de noventa días más, a fin de que comparezca a recogerlo; sin embargo, para el caso de que no comparezca dentro del plazo indicado, se hace de su conocimiento, que dichos documentos correrán la misma suerte que los autos del juicio en que se actúa.
- Principal
agréguese a los autos el informe justificado rendido por: Presidente Ejecutor del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos. De igual forma, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por ofrecida la prueba consistente en la documental, misma que se desahoga dada su propia y especial naturaleza. Asmismo, en relación al domicilio que se señalan para oír y recibir notificaciones, dígase que de conformidad con el artículo 26, fracción II, inciso a), de la Ley de Amparo, las notificaciones a las responsables se deben realizar por oficio, sin embargo, cuando sea el caso, envíese el correspondiente al domicilio indicado. Igualmente, respecto a las personas que se señalan como delegados, con fundamento en el numeral 9 de la Ley de la materia, se tienen a las mismas por designadas con dicho carácter. También, con fundamento en los artículos 5, fracción I y 22, fracción II, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se tiene como forma especial y expedita de contacto el correo electrónico y números telefónicos que se indica, a través del cual se podrá entablar comunicaciones no procesales con la correspondiente autoridad. Además, hace del conocimiento una causa de sobreseimiento, misma que de ser procedente será tomada en consideración en la resolución que se dicte en el presente asunto. Ahora, con apoyo en la Circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza el uso de las herramientas tecnológicas solicitadas, en la inteligencia que la persona interesada previa copia de su identificación deberá firmar una constancia para que quede asiento de la reproducción realizada; lo anterior, en el entendido que el solicitante es parte en el presente juicio y el uso que haga de la información contenida en las constancias que integran el expediente, deberá ser con la diligencia y lealtad procesal debida para la defensa de su interés en el presente juicio, toda vez que dada la naturaleza de las mismas pueden contener información clasificada como reservada o confidencial e inclusive información que no esté relacionada directamente con las partes o la litis planteada en este asunto; por lo que no podrán reproducirse documentos o textos cuya difusión o información en ellos contenida, se encuentre clasificada, reservada por disposición legal o si previamente deba mediar autorización a la parte interesada para obtener su reproducción, por lo que cualquier uso distinto, reproducción o publicación que haga de la información antes referida, podrá ser causa de responsabilidad de conformidad con las disposiciones legales aplicables. Por otra parte, tomando en consideración que de las constancias remitidas por la autoridad responsable, se advierte la personalidad con la que se ostenta el promovente como apoderado legal de la parte directa quejosa, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 11 de la Ley de Amparo, se le reconoce dicha personería en el presente juicio de amparo. Ahora bien, visto el estado procesal que guardan los autos en el presente juicio de amparo, se advierte que la parte quejosa promovió amparo indirecto en contra del Tercer Arbitro y/o Presidente Ejecutor del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, a quien reclamó, en esencia, la omisión de acordar la promoción presentada con fecha siete de marzo de dos mil veintitrés, dentro del juicio laboral 01/549/2019, en el que solicitó se emitiera requerimiento de pago. Por su parte, la autoridad responsable Presidente Ejecutor del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, al rendir su informe justificado negó la existencia del acto reclamado, en virtud de que, el veinte de julio de dos mil veintitrés, la autoridad responsable dictó auto de requerimiento de pago, derivado del incumplimiento voluntario de pago del laudo de fecha treinta de enero de dos mil veintitrés, así como todas las medidas para el cumplimiento del laudo citado; como se advierte de las documentales que en copia certificada acompañó al informe de cuenta, y a las cuales se les otorga valor probatorio pleno en términos del artículo 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia. En el caso, cobra vigencia la causal de sobreseimiento contemplada en la fracción V, del artículo 63 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción XXI del numeral 61, de la misma ley, en cuanto dispone el primero, que procede el sobreseimiento cuando durante el juicio apareciere o sobreviniese alguna de las causas de improcedencia a que se refiere el ordinal citado en segundo término, mismo que establece la improcedencia del juicio de amparo, cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. En efecto, si bien al veintiséis de junio de dos mil veintitrés, fecha de presentación de la demanda de amparo que dio origen a esta controversia constitucional, la parte quejosa refirió que la autoridad responsable no había acordado la promoción presentada el siete de marzo de dos mil veintitrés; lo cierto es que de las constancias que exhibió la responsable, se advierte que el veinte de julio del año en curso, acordó la promoción presentada por la parte quejosa el siete de marzo del año en curso, así como el requerimiento de pago, desapareciendo así el fin pretendido al tramitarse este juicio de amparo. En consecuencia, al haber cesado los efectos del acto reclamado y actualizarse la causal de improcedencia invocada, prevista por la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que sobrevino durante la tramitación de este expediente, lo que procede en términos del numeral 63, fracción V, de la misma legislación, es decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en esta instancia constitucional. Como consecuencia de lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional programada en autos, sin que ello implique dejar en estado de indefensión a la parte quejosa, pues en el caso en estudio surgió una causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia en este juicio de amparo, de suerte que ni celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada dicha causal con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido, por lo que, resultaría ocioso e innecesario celebrar dicha audiencia y resolver mediante una sentencia lo que aquí se ha determinado; además, tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 de la Constitución General de la República.
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