Martha Patricia Ángeles Montes
Expediente 687/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 29 de julio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 687/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 29/07/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Martha Patricia Ángeles Montes
Actuaciones
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, a veintinueve de julio de dos mil veintiuno. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja en el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la ley de la materia, se declara que la determinación de dieciséis de julio de dos mil veintiuno, en la que se desechó la demanda de amparo promovida por ****, en el presente juicio de amparo 687/2021-II, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, háganse las anotaciones de rigor en el Libro de Gobierno del Juzgado y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 196, de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Asimismo, en cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en su capítulo segundo, artículo 6, fracción II; y, capítulo octavo, numeral 21, inciso b, que dicen: CAPÍTULO SEGUNDO FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ARCHIVO Y DOCUMENTACIÓN, ÓRGANOS JURISDICCIONALES Y VISITADURÍA JUDICIAL Artículo 6. Funciones de los órganos jurisdiccionales. Corresponde a los titulares de los órganos jurisdiccionales: . II. Emitir el acuerdo de desincorporación de los expedientes judiciales motivo de destrucción, en términos de lo dispuesto en los artículos 20 y 21 del presente Acuerdo; . Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: .b) Expedientes en los que se haya dictado una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido; ." En atención a lo anterior, se estima que este EXPEDIENTE ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, de conformidad en lo previsto en los párrafos que anteceden; por ende, debe realizarse el procedimiento de la desincorporación y desintegración material total de este asunto, pues, se trata de un expediente en el cual este órgano jurisdiccional desechó la demanda de amparo. Sin que se omita precisar que el presente asunto, en términos del capítulo quinto, ordinal 15, del Acuerdo de mérito, no es considerado asunto de relevancia documental. Notifíquese a la quejosa por lista, en los términos que al efecto establece el artículo 21, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, a dieciséis de julio de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo, promovida por -----------, por propio derecho, contra actos del Juez Quinto de lo Civil de Primera Instancia de Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan de Juárez, en el Estado de México y otra autoridad, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3, de la Ley de Amparo y 21 a 26, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de junio de dos mil veinte, vigente a partir del día siguiente de su publicación, se instruye a los secretarios y demás personal de este Juzgado de Distrito para formar el cuaderno impreso y electrónico del presente asunto, respecto de la demanda de amparo indirecto que quedó registrada con el número 687/2021-II. Anótese su ingreso en el Libro del Juzgado y captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Por tanto, dichos servidores públicos en el ámbito de las funciones inherentes a su cargo, deben digitalizar las constancias que se presenten de manera impresa, las cuales deben ser legibles para su consulta en el expediente electrónico; además, quedan instruidos para imprimir las constancias que se presenten de forma electrónica para incorporarlas al expediente impreso. Anótese su ingreso en el Libro del Juzgado, y captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Por tanto, dichos servidores públicos en el ámbito de las funciones inherentes a su cargo deben digitalizar las constancias de este juicio que se presenten de manera impresa, las cuales deben ser legibles para su consulta por las partes en el expediente electrónico; además, quedan instruidos para imprimir las constancias que se presenten de forma electrónica para incorporarlas al expediente impreso. Por ser preferente su estudio, se analiza primero la procedencia del juicio de amparo, pues las causales previstas en el artículo 61, en relación con el 62, ambos de la Ley de Amparo, son de examen preferente y deben analizarse aún de oficio, lo aleguen o no las partes, por lo que de actualizarse alguna de ellas deberá desecharse de plano la demanda de amparo. Asimismo, de conformidad con el artículo 113, de la Ley en cita, es obligatorio examinar el escrito de demanda y de encontrarse motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se debe desechar de plano, si se toma en cuenta como punto de partida que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes, situaciones que en el caso a estudio acontecen. Apoya la anterior consideración la tesis de jurisprudencia I.1o.A. J/4 publicada en la página 890, tomo VII, novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE." Ahora, de la lectura integra de la demanda de amparo que nos ocupa, se advierte que el acto reclamado por la quejosa, consiste en esencia en: La diligencia de emplazamiento (citatorio y razón de cinco de mayo de dos mil veintiuno e, instructivo y razón de seis de mayo de dos mil veintiuno), al incidente de ejecución de sentencia del juicio ordinario civil 835/2017, del índice del Juez Quinto Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan, donde figura en su calidad de parte demandada. Precisado lo anterior, este Juzgado, se estima que en el presente asunto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, al no haberse agotado el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. Al respecto, el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, dispone: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;.". Esta fracción, regula uno de los principios rectores del juicio de amparo: el de definitividad del acto reclamado, que no es otra cosa que la improcedencia del juicio de amparo contra actos recurribles, salvo los casos excepcionales establecidos en el mismo. El principio de definitividad en el juicio de amparo es un requisito sine qua non que supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley que rige el acto reclamado establece para atacarlo, bien sea modificándolo, confirmándolo o revocándolo, de tal suerte que, existiendo dicho medio ordinario de impugnación, sin que lo interponga la parte quejosa, el amparo es improcedente. No obstante esta fracción establece la obligación de acatar el principio de definitividad, de su contexto se advierten dos supuestos de excepción: el primero, alude a los terceros extraños quienes no están obligados a agotar recursos ordinarios, antes de acudir al juicio de amparo, según lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El segundo supuesto de excepción, se refiere a aquellos casos en que los actos reclamados importen peligro de privación de la vida, deportación, destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional. Ahora, además de los supuestos de excepción antes referidos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha considerado que se deben añadir otras hipótesis de excepción que derivan de la fracción XII, del artículo 107, constitucional, relativos a la violación de los derechos previstos en los numerales 16, 19 y 20, de la Carta Magna; es decir, no hay obligación de agotar el principio de definitividad cuando el acto reclamado sea restrictivo de libertad, ni en el supuesto de que el quejoso se ostente como tercero extraño al juicio o tercero equiparable, pues precisamente al no existir posibilidad de defenderse en el procedimiento ordinario, el gobernado queda en indefensión al desconocer la legislación aplicable. Un punto a destacar, es que las excepciones al principio de definitividad no son aplicables de manera genérica, por el contrario su aplicación es estricta, lo que pone de manifiesto que con excepción de los supuestos inmersos en la fracción XVIII, incisos a), b y c), de la Ley de Amparo, previo al ejercicio de la acción constitucional debe cumplirse con el principio de definitividad del juicio de amparo. Establecido lo anterior, para demostrar la vigencia de la causal en estudio, es preciso traer a colación el contenido de los artículos 1.187, 1.188, 1.189, 1.190 y 1.191 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México, que establecen: "Artículo 1.187. Cuando una notificación se hiciere en forma distinta a la prevenida en este capítulo, o se omitiere, puede la parte agraviada promover incidente de nulidad de lo actuado, desde la notificación hecha indebidamente u omitida. Artículo 1.188. El incidente de nulidad de notificación deberá promoverse dentro de los tres días de que el interesado se hizo sabedor del defecto u omisión, en caso contrario, será desechado de plano. Se hace sabedora cuando realiza promoción o acude a actuación del Tribunal. Artículo 1.189. El incidente de nulidad no suspende el procedimiento, pero sí suspende la citación para sentencia, hasta que aquél se resuelva en definitiva. Artículo 1.190. Si la nulidad fuere declarada, el Tribunal determinará las actuaciones que son nulas, por estimarse que las ignoró el que promovió el incidente o por no poder subsistir, ni haber podido legalmente practicarse, sin la existencia previa y la validez de otras. Artículo 1.191. Si el interesado ejercita la facultad procesal o cumple la carga impuesta por la resolución no notificada o notificada defectuosamente, el incidente de nulidad será desechado de plano, surtiendo ésta sus efectos como si se hubiera hecho con arreglo a la ley." De los enunciados normativos trascritos, se advierte que las actuaciones serán nulas cuando la notificación se hiciere en forma distinta a la prevenida en el capítulo IX, del ordenamiento en cita, o se omitiere, caso en el que la parte agraviada puede promover incidente de nulidad de lo actuado, desde la notificación hecha indebidamente u omitida. Asimismo, el incidente de nulidad de notificación deberá promoverse dentro de los tres días de que el interesado se hizo sabedor del defecto u omisión, en caso contrario, será desechado de plano, y se entiende que se hace sabedor cuando realiza promoción o acude a actuación del Tribunal. De igual manera, se señala que el incidente de nulidad no suspende el procedimiento, pero sí suspende la citación para sentencia respectiva, hasta que aquél se resuelva en definitiva, y si la nulidad fuere declarada, el Tribunal determinará las actuaciones que son nulas, por estimarse que las ignoró el que promovió el incidente o por no poder subsistir, ni haber podido legalmente practicarse, sin la existencia previa y la validez de otras. Así también, se establece que si el interesado ejercita la facultad procesal o cumple la carga impuesta por la resolución no notificada o notificada defectuosamente, el incidente de nulidad será desechado de plano, surtiendo ésta sus efectos como si se hubiera hecho con arreglo a la ley. En ese tenor, respecto a la diligencia de emplazamiento (citatorio y razón de cinco de mayo de dos mil veintiuno e, instructivo y razón de seis de mayo de dos mil veintiuno), que le fue practicada a la quejosa dentro del incidente de ejecución de sentencia del juicio ordinario civil 835/2017, del índice del Juez responsable, procede el incidente de nulidad de notificaciones, previsto en los artículos 1.187, 1.188, 1.189, 1.190 y 1.191 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México, máxime, que de los antecedentes de su demanda, se advierte que tiene el carácter de demandada en el juicio principal e incidente de ejecución y al ser parte dentro del juicio natural, tiene la obligación de agotar el medio de defensa que le confiere la ley, previo a promover el juicio de amparo; por lo que si no agotó esa incidencia previo al ejercicio de la acción constitucional, es claro que inobservó el principio de definitividad que, al igual que otros, rigen la vía de amparo. Por ende, se actualiza la causal de improcedencia XVIII, del numeral 61, de la Ley de Amparo, en contra de la diligencia de emplazamiento que le fue practicada en el incidente de ejecución de sentencia; además, de que dicho incidente se encuentra en trámite y no ha concluido, de manera que puede aún defender sus derechos. En ese sentido, con fundamento en el ordinal 113, de la Ley de Amparo, se DESECHA la demanda de amparo promovida por Martha Patricia Ángeles Montes, por propio derecho, contra actos del Juez Quinto de lo Civil de Primera Instancia de Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan de Juárez, en el Estado de México y otra autoridad. Con fundamento en el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio de la quejosa para oír y recibir notificaciones, la lista de este Juzgado Federal, por así haberlo precisado. Se tiene por autorizado en términos del numeral 12, de la Ley de Amparo a Gustavo Carranco Plata, toda vez que si tiene registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. En términos de la fracción I, del artículo 22 y cuarto transitorio, ambos del indicado Acuerdo General 21/2020, se sugiere a la parte promovente, que de ser posible transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, en donde podrán acceder al micrositio de "servicios jurisdiccionales" en el siguiente enlace: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/ServiciosJurisdiccionales. Se hace de su conocimiento que en términos de los artículos 1º, 3º, 68, 113, 117, 118 y demás relativos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 70 y 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 47 del Reglamento para la aplicación de la mencionada ley, deberán hacerse públicas las resoluciones y sentencias que causen estado o ejecutoria, pero las partes, en relación a terceros, podrán oponerse a la publicación de sus datos personales. Además, que la información que tiene bajo su resguardo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura Federal, Tribunales Colegiados y los Órganos Jurisdiccionales, es pública, con las salvedades expresamente establecidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, quedando regulado el presente asunto por las disposiciones contenidas en la citada ley, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de mayo de dos mil dieciséis; en la inteligencia de que conforme a sus artículos segundo y tercero transitorios, únicamente en cuanto hace a materia de datos personales y archivo, se actuará conforme a la normativa ahora existente, en lo conducente, es decir, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de la Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce; ello hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva. Notifíquese; personalmente por lista a la parte quejosa, en los términos que al efecto establece el artículo 21, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.
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