Martha Palafox Hernández
Expediente 733/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 2 actuaciones registradas, la última del 7 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 733/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 07/07/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Martha Palafox Hernández
Actuaciones
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, siete de julio de dos mil veintidós. Causa estado auto de desechamiento Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el plazo de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto el recurso de queja en contra del proveído de quince de junio de dos mil veintidós, en el que se desechó la demanda de amparo promovida por Martha Palafox Hernández; con fundamento en los numerales 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio, en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que el proveído de mérito ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Anotaciones en SISE y Libro de Gobierno Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y en su momento, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Valoración del expediente Se hace la indicación que el presente expediente es destruible por ubicarse en el supuesto contenido en el numeral 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales de diecinueve de febrero de dos mil veinte, una vez que transcurra el plazo de tres años que dispone el referido artículo. Por otra parte, una vez cumplido el término a que se refiere el párrafo anterior, dentro de los treinta días siguientes, se deberá destruir este expediente y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Asimismo, realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en su momento en la relación que se integre para efectos de su destrucción. Notifíquese.
- Principal
Apizaco, Estado de Tlaxcala, quince de junio de dos mil veintidós. Radicación de demanda. Vista la demanda de amparo que promueve Martha Palafox Hernández, por propio derecho y en calidad de Ex Presidenta Municipal Constitucional del Municipio de San Lorenzo Axocomanitla, Tlaxcala (en términos de la copia simple de la constancia de Mayoría y Validez de Presidente Municipal, expedida por el Consejo Municipal Electoral de San Lorenzo Axocomanitla, Tlaxcala), contra actos de la Auditoria Superior del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 733/2022-VI. Se desecha demanda de amparo Ahora bien, del estudio integral de la demanda de amparo y del escrito aclaratorio, se advierte que el quejoso señala como acto reclamado: El oficio OFS/2530/2022, dirigido a la quejosa Martha Palafox Hernández, por propio derecho y en calidad de Ex Presidenta Municipal Constitucional del Municipio de San Lorenzo Axocomanitla, Tlaxcala mediante el cual notifica los resultados de solventaciones de observaciones y recomendaciones que derivan de la revisión y fiscalización superior de la cuenta pública del periodo de enero a agosto del ejercicio fiscal 2021, emitido por la Auditoria Superior del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala. En ese contexto, por ser preferente su estudio, se analiza primero la procedencia del juicio constitucional, pues las causales previstas en el artículo 61, en relación con el 62, ambos de la Ley de Amparo, deben analizarse aún de oficio, lo aleguen o no las partes, por lo que de actualizarse alguna de ellas deberá desecharse de plano la demanda de amparo. Robustece lo anterior la jurisprudencia II.1º.J/5, consultable en la página noventa y cinco del Tomo VII del Semanario Judicial de la Federación de mayo de mil novecientos noventa y uno, Octava Época, cuyo contenido es: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". En ese contexto, el artículo 113 de la Ley de Amparo, prevé la obligación del juez de distrito de examinar el escrito de demanda y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. En relación con este tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que será motivo de improcedencia manifiesto, aquél que se advierta en forma patente, notoria y absolutamente clara, mientras que el indudable será del que se tiene certeza y plena convicción, y que se estará en ese supuesto cuando la improcedencia del juicio se desprenda claramente del escrito de demanda y de las pruebas que, en su caso, se hubieren adjuntado, sin que exista duda sobre su actualización, de tal suerte que el trámite del juicio no genere posibilidades probatorias de arribar a una conclusión diversa. En el caso, la improcedencia notoria y manifiesta de la demanda de amparo que presenta la parte promovente deriva de que el acto reclamado consistente en: El oficio OFS/2530/2022, dirigido a la quejosa Martha Palafox Hernández, por propio derecho y en calidad de Ex Presidenta Municipal Constitucional del Municipio de San Lorenzo Axocomanitla, Tlaxcala mediante el cual notifica los resultados de solventaciones de observaciones y recomendaciones que derivan de la revisión y fiscalización superior de la cuenta pública del periodo de enero a agosto del ejercicio fiscal 2021, emitido por la Auditoria Superior del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala. En ese sentido, se estima que en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción III, incisos a) y b), de la Ley de Amparo -éstos últimos aplicados a contrario sensu-, que establecen: ... De lo anterior se obtiene que, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 107, fracción III, de la ley de la materia, el juicio de amparo indirecto procede ante un Juez de Distrito contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: 1. La resolución definitiva; y, 2. Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación. En el primer caso (resolución definitiva), el quejoso podrá reclamar las violaciones cometidas en la misma resolución o las ocurridas durante el procedimiento si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución. En el segundo caso (actos en el procedimiento que sean de imposible reparación), por dichos actos deben entenderse aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En relación con los actos de imposible reparación, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 1/2016 (10a.), correspondiente a la Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, publicada el quince de abril de dos mil dieciséis, con número de registro 2011428, estableció: "CADUCIDAD DECRETADA EN LA PRIMERA INSTANCIA. LA RESOLUCIÓN QUE LA REVOCA NO CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, POR LO QUE EN SU CONTRA NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. ... Con base en la jurisprudencia transcrita -aplicable por analogía para los actos dictados dentro de los procedimientos seguidos en forma de juicio- los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan materialmente alguno de los derechos sustantivos que prevén los derechos fundamentales establecidos en la Constitución Federal, ya que la afectación no sería susceptible de repararse aun obteniendo una sentencia favorable en el juicio o en el procedimiento seguido en forma de juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación en el disfrute de la garantía individual de que se trate. En síntesis, dos son las condiciones que el legislador dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento seguido en forma de juicio: La exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos sustantivos" tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto reclamado impida el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo. Que los "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de "sustantivos", expresión opuesta a los derechos de naturaleza "formal o adjetiva" (en los que la afectación no es actual, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva). Lo anterior, porque uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación inmediata que producen a "derechos sustantivos", aunado a la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión -esta última- que se opone con la de "formal o adjetiva". Sentado lo anterior, en el presente juicio el acto reclamado consiste en: el oficio OFS/2530/2022, dirigido a la quejosa Martha Palafox Hernández, por propio derecho y en calidad de Ex Presidenta Municipal Constitucional del Municipio de San Lorenzo Axocomanitla, Tlaxcala mediante el cual notifica los resultados de solventaciones de observaciones y recomendaciones que derivan de la revisión y fiscalización superior de la cuenta pública del periodo de enero a agosto del ejercicio fiscal 2021, emitido por la Auditoria Superior del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala. Dicho en otras palabras, el acuerdo que determina los resultados de solventaciones de observaciones y recomendaciones que derivan de la revisión y fiscalización superior de la cuenta pública del periodo de enero a agosto del ejercicio fiscal 2021, trasciende en la afectación material de derechos sustantivos cuando la autoridad responsable emite la resolución definitiva, siempre y cuando en esa última resolución se imponga alguna condena a la parte quejosa que afecte un derecho sustantivo (vida, libertad, propiedades, posesiones, etcétera). Por lo que, debe concluirse, que si el acto reclamado no tiene una ejecución de imposible reparación, dado que sus consecuencias no afectan materialmente algún derecho sustantivo contenido en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte y la misma no es la última resolución en el procedimiento de origen, el juicio de amparo es improcedente al no cumplir con lo establecido en la fracción III, incisos a) y b), de la Ley de Amparo. En relatadas condiciones, lo procedente es desechar la presente demanda de amparo, al actualizarse la causa de improcedencia del juicio de amparo prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción III, incisos a) y b), ambos de la Ley de Amparo -éstos últimos aplicados a contrario sensu-, en términos del diverso artículo 63, fracción V, de la citada ley. Cabe señalar que el análisis emprendido por este órgano de control constitucional a fin de determinar la procedencia del juicio de amparo en el que se actúa, no implica que se vulnere el contenido del artículo primero, párrafos segundo y tercero, de la Constitución Federal que contempla los principios de interpretación conforme a los derechos humanos y pro persona, al disponer lo siguiente: "Artículo 1. [.] Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley". El principio de interpretación conforme a los derechos fundamentales, exige del órgano jurisdiccional optar por aquella interpretación de la ley aplicable que derive un resultado que sea acorde a los mismos, en caso de que la norma secundaria sea oscura y admita dos o más entendimientos posibles, buscando siempre la protección más amplia de los gobernados. Así, según dicho criterio interpretativo, en caso de que exista una diferencia entre el alcance o la protección reconocida en las normas de estas distintas fuentes, deberá prevalecer aquella que represente una mayor protección para la persona o que implique una menor restricción. Sin embargo, en el caso, es innecesario realizar la interpretación que impone el numeral constitucional, pues las normas citadas son claras y congruentes con el orden jurídico nacional y supranacional, resultando evidente la actualización de la causal de improcedencia; aunado a que, desde la perspectiva del principio pro homine, no podría flexibilizarse el análisis de la causa de improcedencia que, en este asunto, se actualiza, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tal aspecto, por sí mismo, es insuficiente para declarar procedente lo improcedente. Orienta lo considerado, la jurisprudencia 1a./J. 10/2014 (10a.), de la Primera Sala del Máximo Tribunal del país, publicada en la página 487, del Libro 3, Febrero de 2014, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Registro: 2005717, que dice: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 10 de junio de 2011, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente". Así como la jurisprudencia 2a./J. 98/2014 (10a.), de la Segunda Sala del Alto Tribunal del país, impresa en la página 909, del Libro 11, Octubre de 2014, Tomo I, de la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Registro: 2007621, que dice: "DERECHO DE ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. SU APLICACIÓN RESPECTO DE LOS PRESUPUESTOS PROCESALES QUE RIGEN LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL. Si bien los artículos 1o. y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el diverso 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, reconocen el derecho de acceso a la impartición de justicia -acceso a una tutela judicial efectiva-, lo cierto es que tal circunstancia no tiene el alcance de soslayar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales que los gobernados tengan a su alcance, pues tal proceder equivaldría a que los Tribunales dejaran de observar los demás principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional, provocando con ello un estado de incertidumbre en los destinatarios de esa función, pues se desconocería la forma de proceder de esos órganos, además de trastocarse las condiciones procesales de las partes en el juicio". Domicilio para oír y recibir notificaciones. Por otro lado, de conformidad con el artículo 27 de la Ley de Amparo, realícese las notificaciones personales a la parte quejosa por lista de acuerdos, que se pública en los estrados de este juzgado, lo que no constituye un domicilio para realizar notificaciones personales; no obstante lo designó de esa forma, en el entendido que queda expedito su derecho para señalar domicilio en la zona metropolitana Tlaxcala-Apizaco, lugar donde tiene residencia este Juzgado Federal. Habilitación de días y horas inhábiles. En otro orden ideas, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley citada, se habilitan días y horas inhábiles para practicar las notificaciones personales que se ordenen en la tramitación de este asunto, siendo que la razón de tal urgencia radica en la necesidad de que se tramite sin dilación alguna. Autorización para firmar oficios. Por otra parte, se autoriza a cualquier Secretario adscrito a este Juzgado a firmar los oficios que se expidan con motivo de la tramitación del presente juicio. Integración de expediente electrónico. Ahora bien, de conformidad con el artículo 3°, párrafos, sexto y octavo, de la Ley de Amparo, se instruye a los secretarios a fin de que supervisen la debida integración y correspondencia entre los expedientes físicos y electrónicos que se tramitan ante este órgano jurisdiccional y que tienen a su cargo. Exhortación a las partes para el uso del portal de servicios en línea. Por otra parte, tomando en consideración que la pandemia originada por el virus COVID-19 subsiste, se exhorta a las partes, para que, en términos del artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 ya invocado, con el fin de reguardar la salud e integridad de todos, de ser posible, hagan uso del Portal de Servicios en Línea, en su caso, propongan formas especiales y expeditas de contacto, tales como correo electrónico y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido en su caso, deberá registrarse y de ser necesario, incorporarse al expediente previa certificación correspondiente. En el entendido que, tal como lo señala el artículo 3 del Acuerdo invocado, a partir de la presente data, estará disponible en el Portal de Servicios en Línea, un micrositio sobre "servicios jurisdiccionales" dentro del cual las partes encontrarán los teléfonos, correos electrónicos institucionales y demás información de contacto de todos los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal; aunado a ello, debe resaltarse que el acceso a las instalaciones del propio juzgado, estará condicionado a una cita previa y con la asistencia no mayor de dos personas; máxime que las listas de acuerdos se publicarán en internet conforme lo contempla el artículo 29 de la Ley de Amparo y en la ley adjetiva correspondiente. Atender protocolos y lineamientos de salud. Ahora bien, con el fin de llevar a cabo las diligencias encomendadas en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, a fin de resguardar su integridad física así como de las partes, se instruye a los fedatarios judiciales para que, al momento de practicar las notificaciones que tienen encomendadas observen lo dispuesto en el artículo 23 del Acuerdo General 21/2020 precitado. Publicación de datos. Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos lo establecido en los artículos 1, 3 fracciones IX y XVII, 5, 22 fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones señaladas en la legislación en cita, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos, de acuerdo al séptimo transitorio de la ley en cuestión. En ese sentido, si bien conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, el presente expediente también se encuentra sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 fracción V de la última ley en cita, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las resoluciones que se dicten se aplique sin supresión de datos conforme a lo señalado en su artículo 21. Notifíquese; personalmente. Así lo acordó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, quien actúa asistido de Miriam Atonal Sánchez, Secretaria de este Juzgado, con quien actúa. Doy fe.
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