Martha Oralia Vildósola Ulloa
Expediente 119/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California. 25 actuaciones registradas, la última del 30 de agosto de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 119/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 25
- Última actuación
- 30/08/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California · Baja California
Partes del expediente
- Martha Oralia Vildósola Ulloa
Actuaciones
Las 4 más recientes de 25.
- Principal
MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, A TREINTA DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO. Vista la certificación de cuenta se advierte que la parte quejosa en el presente juicio de amparo, no se inconformó en contra del proveído de treinta y uno de julio de dos mil dieciocho, mediante el cual este Juzgado declaró cumplida la sentencia de amparo pronunciada en el presente asunto. En consecuencia, en términos de los artículos 201 y 202, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se tiene por CONSENTIDA la determinación aludida. CALIFICACIÓN DEL EXPEDIENTE En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, y los lineamientos del Manual relativo. Se hace la indicación que el presente cuaderno es susceptible de depuración, de conformidad con el último párrafo del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo, al ser un juicio de amparo en el cual el Segundo Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con sede en esta ciudad, al resolver el recurso de revisión 507/2017, hecho valer por la parte quejosa, así como las autoridades responsables Ayuntamiento de Mexicali, Baja California y Tesorero Municipal del XXII Ayuntamiento de Mexicali, Baja California, en contra la sentencia de quince de noviembre de dos mil diecisiete, emitida por este juzgado, la cual fue modificada y concedió el amparo y protección de la justicia federal, en virtud de los razonamientos expresados en dicha ejecutoria. Por otra parte, carece de relevancia documental en términos del último párrafo del citado punto, en atención a que en la litis constitucional no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; no se analizaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni relativos al patrimonio histórico, arqueológico o artístico; aunado a que el sentido del fallo no tuvo especial trascendencia jurídica, política, social o económica en la vida del país; ni al prudente arbitrio de este juzgador lo amerita [por causa del personaje involucrado]. Háganse las anotaciones pertinentes en el Libro Uno de Juzgado Correspondiente al registro de Juicios de Amparo, notifíquese a las partes en el juicio, y archívense las actuaciones como asunto totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo. Asimismo, en cumplimiento al Manual antedicho anótese en el antedicho libro de gobierno, esta fecha en que se ordena el archivo; de igual manera, una vez que se realice la depuración o destrucción ordenada, anótese la fecha en que se practique la diligencia, ya sea que la realice este órgano jurisdiccional, o la fecha que informe al respecto el Centro de Documentación y Análisis, relativo al destino final del presente expediente. Hágase la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de lo anterior, levántese la certificación respectiva de esas circunstancias. Ahora, toda vez que resulta innecesaria la retención de las constancias en copia certificada remitidas por la autoridad Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, relativas al juicio laboral burocrático 256/2011-V, requeridas por este juzgado en auto de veintidós de marzo de dos mil diecisiete (fojas 111 y 112); devuélvanse las citadas constancias a la referida autoridad, para sus efectos legales conducentes,
- Principal
MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, A TREINTA Y UNO DE JULIO DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que mediante proveído de diecisiete de julio del año en curso, se dio vista a la quejosa con el contenido del oficio sin número y anexos (fojas 297 a 304), enviados por el Delegado autorizado de las autoridades responsables Presidente Municipal, Tesorero Municipal y Jefa del Departamento de Programación y Presupuesto de la Tesorería Municipal, todas del XXII Ayuntamiento de Mexicali, Baja California, en los que dio cumplimiento a la ejecutoria de veintitrés de marzo del actual año, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con sede en esta ciudad, dentro del amparo en revisión administrativo 507/2017. En consecuencia, toda vez que la parte quejosa no hizo manifestación alguna respecto a la vista concedida por este juzgado, este órgano jurisdiccional procederá a determinar, si la cumplimentación de que se trata, se encuentra apegada a los lineamientos señalados en la sentencia referida. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 26/2000, publicada en la página doscientos cuarenta y tres, del Tomo XI, marzo de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubro y texto son: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." Al respecto, primeramente procede establecer que en la sentencia de fecha quince de noviembre de dos mil diecisiete emitida por este órgano jurisdiccional, y modificada por el Segundo Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con residencia en esta ciudad, dentro del amparo en revisión administrativo 507/2017, de su índice, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa, para los efectos de: ".lo procedente es modificar la sentencia protectora de amparo respecto de los efectos dados a la misma, debiendo de quedar de la forma siguiente: SÉPTIMO. Efectos del fallo protector. En reparación de dichas violaciones, se impone conceder la protección constitucional a MARTHA ORALIA VILDÓSOLA ULLOA, para el efecto de que la demandada Ayuntamiento de Mexicali, Baja California, dé cumplimiento total al laudo emitido el veintisiete de abril de dos mil doce, dictado en el juicio laboral 256/2011-V, por el Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California, debiendo ceñirse al efecto determinado en el fallo en cuestión, en el entendido que los recursos presupuestales no constituyen una justificación para el incumplimiento. Concesión que se hace extensiva a la autoridad responsable Tesorero del Ayuntamiento de Mexicali, Baja California, por estar dentro de su atribución realizar los actos necesarios para el cumplimiento del referido laudo, toda vez que cuenta con facultades para gestionar las medidas pertinentes para dar cumplimiento al laudo en comento. Lo anterior a fin de resarcir a la quejosa en el goce del derecho humano violado, con fundamento en el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo. Es aplicable a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia número 1ª./J. 42/2007, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página 124, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, abril de 2007, registro 172759, cuyo rubro y texto dicen: "GARANTÍA A LA TUTELA JURISDICCIONAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS ALCANCES. La garantía a la tutela jurisdiccional puede definirse como el derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o a defenderse de ella, con el fin de que a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute esa decisión. Ahora bien, si se atiende a que la prevención de que los órganos jurisdiccionales estén expeditos -desembarazados, libres de todo estorbo- para impartir justicia en los plazos y términos que fijen las leyes, significa que el poder público -en cualquiera de sus manifestaciones: Ejecutivo, Legislativo o Judicial- no puede supeditar el acceso a los tribunales a condición alguna, pues de establecer cualquiera, ésta constituiría un obstáculo entre los gobernados y los tribunales, por lo que es indudable que el derecho a la tutela judicial puede conculcarse por normas que impongan requisitos impeditivos u obstaculizadores del acceso a la jurisdicción, si tales trabas resultan innecesarias, excesivas y carentes de razonabilidad o proporcionalidad respecto de los fines que lícitamente puede perseguir el legislador. Sin embargo, no todos los requisitos para el acceso al proceso pueden considerarse inconstitucionales, como ocurre con aquellos que, respetando el contenido de ese derecho fundamental, están enderezados a preservar otros derechos, bienes o intereses constitucionalmente protegidos y guardan la adecuada proporcionalidad con la finalidad perseguida, como es el caso del cumplimiento de los plazos legales, el de agotar los recursos ordinarios previos antes de ejercer cierto tipo de acciones o el de la previa consignación de fianzas o depósitos.". Por su parte, la autoridad responsable Delegado autorizado de las autoridades responsables Presidente Municipal, Tesorero Municipal y Jefa del Departamento de Programación y Presupuesto de la Tesorería Municipal, todas del XXII Ayuntamiento de Mexicali, Baja California, mediante oficio sin número remitió constancias de donde emana la celebración de un convenio entre el Ayuntamiento de esta ciudad y la parte quejosa, pactándose seis pagos que se establecieron en dicho convenio; de los cuales inclusive el primero de ellos ya le fue entregado a la parte quejosa el cinco de julio del año en curso; desprendiéndose de dicha eventualidad el cumplimiento al fallo protector emitido por la Superioridad. En tal virtud, la responsable de mérito dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo lo que constituye el núcleo esencial del fallo; en consecuencia, SE TIENE POR CUMPLIDA, SIN EXCESOS, NI DEFECTOS LA SENTENCIA DE AMPARO PRONUNCIADA EN EL PRESENTE EXPEDIENTE. En términos de lo establecido por los artículos 201 y 202, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, notifíquese a la parte quejosa el presente proveído, hágase de su conocimiento que cuentan con el término de quince días hábiles, contados a partir de la legal notificación de este acuerdo para expresar lo que a sus intereses convenga.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27 FRACCION I INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO NOTIFICO A LA QUEJOSA POR MEDIO DE LISTA QUE SE PUBLICÓ EN LOS ESTRADOS DE ESTE JUZGADO DE DISTRITO, EL AUTO DE TREINTA Y UNO DE JULIO DE DOS MIL DIECIOCHO, EL CUAL DICE: MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, A TREINTA Y UNO DE JULIO DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que mediante proveído de diecisiete de julio del año en curso, se dio vista a la quejosa con el contenido del oficio sin número y anexos (fojas 297 a 304), enviados por el Delegado autorizado de las autoridades responsables Presidente Municipal, Tesorero Municipal y Jefa del Departamento de Programación y Presupuesto de la Tesorería Municipal, todas del XXII Ayuntamiento de Mexicali, Baja California, en los que dio cumplimiento a la ejecutoria de veintitrés de marzo del actual año, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con sede en esta ciudad, dentro del amparo en revisión administrativo 507/2017. En consecuencia, toda vez que la parte quejosa no hizo manifestación alguna respecto a la vista concedida por este juzgado, este órgano jurisdiccional procederá a determinar, si la cumplimentación de que se trata, se encuentra apegada a los lineamientos señalados en la sentencia referida. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 26/2000, publicada en la página doscientos cuarenta y tres, del Tomo XI, marzo de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubro y texto son: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." Al respecto, primeramente procede establecer que en la sentencia de fecha quince de noviembre de dos mil diecisiete emitida por este órgano jurisdiccional, y modificada por el Segundo Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con residencia en esta ciudad, dentro del amparo en revisión administrativo 507/2017, de su índice, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa, para los efectos de: ".lo procedente es modificar la sentencia protectora de amparo respecto de los efectos dados a la misma, debiendo de quedar de la forma siguiente: SÉPTIMO. Efectos del fallo protector. En reparación de dichas violaciones, se impone conceder la protección constitucional a MARTHA ORALIA VILDÓSOLA ULLOA, para el efecto de que la demandada Ayuntamiento de Mexicali, Baja California, dé cumplimiento total al laudo emitido el veintisiete de abril de dos mil doce, dictado en el juicio laboral 256/2011-V, por el Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California, debiendo ceñirse al efecto determinado en el fallo en cuestión, en el entendido que los recursos presupuestales no constituyen una justificación para el incumplimiento. Concesión que se hace extensiva a la autoridad responsable Tesorero del Ayuntamiento de Mexicali, Baja California, por estar dentro de su atribución realizar los actos necesarios para el cumplimiento del referido laudo, toda vez que cuenta con facultades para gestionar las medidas pertinentes para dar cumplimiento al laudo en comento. Lo anterior a fin de resarcir a la quejosa en el goce del derecho humano violado, con fundamento en el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo. Es aplicable a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia número 1ª./J. 42/2007, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página 124, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, abril de 2007, registro 172759, cuyo rubro y texto dicen: "GARANTÍA A LA TUTELA JURISDICCIONAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS ALCANCES. La garantía a la tutela jurisdiccional puede definirse como el derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o a defenderse de ella, con el fin de que a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute esa decisión. Ahora bien, si se atiende a que la prevención de que los órganos jurisdiccionales estén expeditos -desembarazados, libres de todo estorbo- para impartir justicia en los plazos y términos que fijen las leyes, significa que el poder público -en cualquiera de sus manifestaciones: Ejecutivo, Legislativo o Judicial- no puede supeditar el acceso a los tribunales a condición alguna, pues de establecer cualquiera, ésta constituiría un obstáculo entre los gobernados y los tribunales, por lo que es indudable que el derecho a la tutela judicial puede conculcarse por normas que impongan requisitos impeditivos u obstaculizadores del acceso a la jurisdicción, si tales trabas resultan innecesarias, excesivas y carentes de razonabilidad o proporcionalidad respecto de los fines que lícitamente puede perseguir el legislador. Sin embargo, no todos los requisitos para el acceso al proceso pueden considerarse inconstitucionales, como ocurre con aquellos que, respetando el contenido de ese derecho fundamental, están enderezados a preservar otros derechos, bienes o intereses constitucionalmente protegidos y guardan la adecuada proporcionalidad con la finalidad perseguida, como es el caso del cumplimiento de los plazos legales, el de agotar los recursos ordinarios previos antes de ejercer cierto tipo de acciones o el de la previa consignación de fianzas o depósitos.". Por su parte, la autoridad responsable Delegado autorizado de las autoridades responsables Presidente Municipal, Tesorero Municipal y Jefa del Departamento de Programación y Presupuesto de la Tesorería Municipal, todas del XXII Ayuntamiento de Mexicali, Baja California, mediante oficio sin número remitió constancias de donde emana la celebración de un convenio entre el Ayuntamiento de esta ciudad y la parte quejosa, pactándose seis pagos que se establecieron en dicho convenio; de los cuales inclusive el primero de ellos ya le fue entregado a la parte quejosa el cinco de julio del año en curso; desprendiéndose de dicha eventualidad el cumplimiento al fallo protector emitido por la Superioridad. En tal virtud, la responsable de mérito dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo lo que constituye el núcleo esencial del fallo; en consecuencia, SE TIENE POR CUMPLIDA, SIN EXCESOS, NI DEFECTOS LA SENTENCIA DE AMPARO PRONUNCIADA EN EL PRESENTE EXPEDIENTE. En términos de lo establecido por los artículos 201 y 202, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, notifíquese a la parte quejosa el presente proveído, hágase de su conocimiento que cuentan con el término de quince días hábiles, contados a partir de la legal notificación de este acuerdo para expresar lo que a sus intereses convenga.
- Principal
MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, A DIECISIETE DE JULIO DE DOS MIL DIECIOCHO. Agréguense a los autos para que obren como correspondan, el oficio y anexos de cuenta remitidos por el Delegado autorizado de las autoridades responsables Presidente Municipal, Tesorero Municipal y Jefa del Departamento de Programación y Presupuesto de la Tesorería Municipal, todas del XXII Ayuntamiento de Mexicali, Baja California, mediante los cuales realiza diversas manifestaciones tendientes con el cumplimiento al fallo protector emitido en autos, remitiendo diversas constancias para avalar lo acontecido entre ésta y la parte quejosa; en consecuencia, en términos del ordinal 196 de la Ley de Amparo, dése vista a la parte quejosa con lo informado por la autoridad de mérito, para que en el plazo de tres días hábiles, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, manifiesten lo que a su interés convenga, y una vez transcurrido dicho término, dése nueva cuenta para acordar lo que en derecho corresponda.
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