Martha Olivia Ayala Sandoval
Expediente 332/2016 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 18 de mayo de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 332/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 18/05/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Martha Olivia Ayala Sandoval
Actuaciones
- Principal
Téngase por recibido el oficio de cuenta, que suscribe el Secretario del Juzgado Octavo de Distrito en Materia de Administrativa en la Ciudad de México, mediante el cual acusa recibo del diverso 7745, asimismo, comunica que no insiste en declinar la competencia planteada y se avoca al conocimiento de la misma, quedando registrada la demanda en el índice de ese juzgado con el número --- Por tanto, ARCHÍVESE el presente expediente por encontrarse concluido, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este Juzgado federal, asimismo de conformidad con el punto cuarto del acuerdo complementario al diverso general conjunto 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito y Tribunales Colegiados de Circuito, el presente cuaderno es susceptible de destrucción, por lo que transcurridos cinco años a partir de este proveído, podrá ser destruido, cabe hacer mención que el presente sumario NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL
- Principal
Visto el oficio de cuenta que signa el Secretario del Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, por medio del cual remite el juicio de amparo .... promovido por .... contra actos de la Secretaría de Educación Pública con sede en la ciudad de México y otras autoridades, los cuales considera vulneran sus derechos humanos y garantías consagradas en los artículos 1º, 14, 16 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo anterior, en virtud de que en resolución de veintisiete de abril del año en curso, el juzgado federal oficiante declaró que carece de competencia legal para conocer de la demanda de garantías y la declinó para tal efecto a favor del Juzgado de Distrito en turno, con residencia en esta ciudad, por lo que, por razón de turno, correspondió conocer a este Juzgado Décimo de Distrito. Se ordena registrar la demanda de amparo en el libro de gobierno respectivo con el número 332/2016-III. De la lectura integral de las constancias remitidas relativas al juicio de garantías .... del índice del Juzgado remitente, se aprecia, que aquél tribunal considera que le asiste competencia para conocer del presente asunto a un Juzgado de Distrito con sede en esta ciudad, en virtud de que el acto reclamado se ejecutó en la ciudad de Salamanca, Guanajuato, localidad que se encuentra inmersa dentro del ámbito de jurisdicción que ejercen los órganos jurisdiccionales en Irapuato, Guanajuato, en razón de que - en su perspectiva- es en aquella municipalidad en la cual "se suspendió el servicio médico y el suministro de medicamentos que la quejosa recibe como maestra de la escuela artículo 123 de la ciudad de Salamanca, Guanajuato, así como su ejecución." Por ello, aduce que se actualiza la hipótesis prevista por el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, que prevé que es competente para conocer del asunto el Juez de Distrito dentro de cuya demarcación territorial tendrá ejecución el acto reclamado. El suscrito respetuosamente no comparte el criterio del Juzgado oficiante, pues de un análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que la impetrante de garantías señala como actos reclamados los siguientes: "IV. ACTOS RECLAMADOS. De las autoridades señaladas como ordenadoras en los incisos A) y B): SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA y/o SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO, se les reclama El no vigilar el cumplimiento exacto y preciso de la autorización que de acuerdo a la ley general de educación vigente o que estuvo vigente al momento de otorgar la autorización, se le otorgó a Petróleos Mexicanos para que fundara, hiciera funcionar y sostuviera las Escuelas Artículos 123 de su propiedad, omisión que trae como consecuencia que en una forma unilateral, sin fundamento ni motivación, Petróleos Mexicanos trata de negar el servicio médico que siempre me ha otorgado, en cumplimiento a la ley general de educación y de la autorización respectiva, y al habérseles fincado el crédito fiscal correspondiente (para que cumplieran con su finalidad de hacer funcionar y sostener las escuelas) y por ser una carga menos gravosa la viene realizando (prestar el servicio médico) en la infraestructura hospitalaria de la hoy empresa Productiva del Estado. De las enumeradas en los incisos C) y D), DIRECTOR CORPORATIVO DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS DE PEMEX, COMO EMPRESA PRODUCTIVA DEL ESTADO y/o SUBDIRECTOR DE RELACIONES LABORALES Y SERVICIOS AL PERSONAL DE PEMEX, COMO EMPRESA PRODUCTIVA DEL ESTADO. A) El incumplimiento al oficio.... donde se difunde y pide la guía operativa para el registro SIO de derechohabiencia o personal de escuelas artículo 123, el cual se hace consistir que no obstante dicho oficio, la suscrita quejosa aparezco como no vigente en el registro SIO de PEMEX. C) (sic) La omisión de cumplir con lo establecido en la fracción XII del artículo 123 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación del 10 de febrero de 2014), en concordancia con lo estipulado en la fracción XII del artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo (última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación del 11 de septiembre de 2012), y en coherencia con lo determinado en el artículo 23 de la Ley General de Educación (última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación del 11 de septiembre de 2013). D) Concomitantemente dejar sin efecto, en mi persona la AUTORIZACION (otorgada por la SEP a PEMEX para que fundara, hiciera funcionar y sostuviera las escuelas tipo "artículo 123" de su propiedad) y los convenios celebrados entre PEMEX-SEP (para puntualizar el cumplimiento de las obligaciones impuestas a PEMEX en las autorizaciones antes referidas), en los cuales se hace patente la obligación de PEMEX-SEP de darme el servicio médico de la institución como personal activo de la Escuela Artículo 123 propiedad de PEMEX, no obstante la guía de operación para el Registro de Modificación en SIO de Derechohabiencia a Personal que labora en Escuelas art. 123 y que fue dado a conocer mediante oficio ....., prestación que debe ser otorgada ya que me encuentro en el supuesto de la autorización y los convenios referidos. De las autoridades señaladas como Ejecutoras, reclamo el cumplimiento y ejecución de la supuesta orden emitida por las autoridades señaladas como Ordenadoras. Tanto de las ejecutoras como de las ordenadoras reclamo que pretendan negarme el acceso a MI DERECHO A LA PROTECCIÓN A LA SALUD, violando el artículo 4º de la Constitución." Ahora bien, a efecto de determinar la competencia para conocer del presente juicio de garantías, debe atenderse a la naturaleza de los actos reclamados, esto es a los actos declarativos por una parte y por la otra, a los actos ejecutivos de los mismos. En ese sentido, es de considerarse que de la lectura integral del apartado en la que la quejosa reseña los actos que reclama, se obtiene que impugna diversos actos cuya naturaleza jurídica es distinta, pues se duele de omisiones, órdenes y los actos de ejecución de éstas últimas, atribuidos a diversas autoridades, cuya residencia se encuentra dentro de la jurisdicción del Juzgado declinante y que, en lo que atañe a la quejosa, tuvieron ejecución en la ciudad de Salamanca, Guanajuato. Por ende, contrariamente a lo señalado por el Juzgado oficiante, la competencia para conocer del presente asunto se surte a su favor, ante la pluralidad de actos reclamados, esto es, al coexistir algunos que no tienen ejecución (omisiones) y los que requieren de una ejecución material, de ahí que acorde a la continencia de la causa, debe conocer de juicio de amparo aquél órgano ante quien se presentó la demanda y en el caso, lo fue ante el Juzgado declinante. Además, conforme al derecho de acceso a la justicia, el hecho de que la citada quejosa hubiere presentado la demanda ante el órgano jurisdiccional oficiante, es porque le resultó de más fácil acceso material por tanto, corresponde al Juzgado declinante conocer de la demanda de que se trata, por ser ante quien se presentó de manera inicial. En efecto, del artículo 37 de la Ley de Amparo, derivan tres reglas básicas de competencia de los jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo, a saber: a) será competente el juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; b) cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, a prevención; c) cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda de amparo. Cabe señalar que esas hipótesis participan de una misma particularidad que consiste en que todas se sustentan en el acto reclamado en la demanda de amparo, toda vez que requieren que éste tenga ejecución (según las dos primeras hipótesis) o bien cuando el mismo no la requiera (de conformidad con el tercero de esos supuestos). Tales reglas tienen como propósito determinar la competencia territorial de los jueces de Distrito conforme a razones de índole funcional, que permitan realizar la actividad jurisdiccional de forma eficaz, atendiendo a razones de práctica, vinculadas con la eficacia y prontitud en el despacho de los asuntos, así como, evidentemente, a la efectividad y cercanía de los medios para lograr el cumplimiento, que en su caso se requiera, de la sentencia que culmine el proceso. Sin embargo, puede darse el caso de que se reclamen multiplicidad de actos y que algunos requieran de ejecución y otros no. Así, acorde con el contenido integral, armónico y coherente del artículo 37 de la Ley de Amparo, aunado al principio de "continencia de la causa", puede afirmarse válidamente que en el caso de que en la demanda de amparo se señale una pluralidad de actos reclamados, entre los cuales se encuentre uno que sí requiere ejecución material en el lugar de jurisdicción de un juzgador federal y otros que no, emitido por una autoridad residente en lugar diverso; en principio tendrían competencia para conocer del asunto en su integridad ambos juzgadores de amparo. No obstante, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que debe definirse cuál de esos juzgadores, considerados legalmente competentes por razón de territorio, debe conocer del juicio de garantías, pues la sola aceptación de que ambos son competentes podría conducir al sin sentido de que los dos estimaran que corresponde a su respectivo homólogo el deber de conocer el juicio constitucional, negándose ambos al avocamiento del asunto bajo la premisa de que el otro juzgador es el competente. Por lo que, ante la falta de regulación expresa para el caso, se estimó que la competencia se finca a favor del Juez de amparo, de entre ellos, quien haya prevenido en el conocimiento de la demanda de amparo, por dos razones fundamentales: a) Acorde con el artículo 37 de la Ley de Amparo, cuando un acto reclamado que sí requiere ejecución material ha comenzado a ejecutarse en un distrito y sigue ejecutándose en otro, cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones será competente, a prevención. Criterio legal éste que, aplicado analógicamente, permite sostener válidamente que si en la demanda de garantías se reclama la negativa de prestar servicio médico a la peticionaria del amparo, ello implica la existencia de actos reclamados que requieren ejecución material, y si bien, la demanda de garantías fue interpuesta en otro distrito, cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones será competente, a prevención. b) Atendiendo al sentido y alcance del derecho de acceso a la justicia, la circunstancia de que la parte quejosa haya presentado una demanda de amparo ante la autoridad de amparo con competencia en uno de los territorios relacionados con el asunto, en términos del artículo 37 de la Ley de Amparo, permite presumir fundadamente que ese juzgador federal resulta ser el de más fácil acceso material para ese justiciable, respecto del otro juzgador de amparo involucrado, dado que el promovente optó por acudir ante un Juez de esa localidad y no al del otro territorio relacionado. Así, en asuntos como el que se trata, para determinar a cuál de los jueces de amparo del presente conflicto le compete conocer del juicio de garantías, es necesario establecer si se reclaman uno o más actos y si éstos tienen o no algún tipo de ejecución, es decir, si contienen o no algún acuerdo o mandamiento que obligue a un hacer o no hacer, ya que existen actos que se limitan a evidenciar una situación jurídica determinada, y que no implican modificación alguna de derechos o de situaciones existentes, a los cuales, se les conoce como declarativos. En el presente caso, los actos reclamados consisten, contrariamente a lo aseverado por el juzgador federal oficiante en: I. Actos de naturaleza omisiva; II. Actos de índole positiva, que invariablemente implican la posterior existencia de actos de ejecución, y III. Los actos propiamente de ejecución: En ese orden de ideas, la negativa de proporcionar servicio médico a la peticionaria del amparo, evidentemente es un acto de ejecución material, misma que se llevó a cabo en la ciudad de Salamanca, Guanajuato, de la jurisdicción de este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato, empero deriva de la preexistencia de directrices dictadas por las autoridades ordenadoras en ese sentido. De esta manera, los actos reclamados, vinculados íntimamente entre sí, generan competencia para ambos jueces contendientes, pues uno de ellos la tiene para conocer del juicio de amparo intentado en contra de las órdenes de las que dimanan los actos de ejecución y el otro, para conocer de los actos de ejecución en sí mismos considerados. En ese orden de ideas, atendiendo a los argumentos jurídicos expuestos con antelación, se actualiza el primer supuesto del artículo 37 de la Ley de Amparo y su interpretación, que define la competencia del juicio a favor del juez que previno, es decir, ante quien se presentó la demanda, lo que en el caso ocurrió en el Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa, con residencia en la ciudad de México, que es donde reside la autoridad ordenadora. Situación que además es acorde con la pretensión de lograr el mayor respeto del derecho de acceso a la justicia, pues el que la parte quejosa presentara su demanda ante ese órgano jurisdiccional, en efecto, genera la presunción de que es porque le resultó de más fácil acceso. En consecuencia, si la demanda de amparo, fue presentada ante el Juez oficiante, quien previno en el conocimiento de los actos reclamados, resulta ser ese órgano jurisdiccional a quien compete conocer del presente juicio de amparo. En tal virtud, con fundamento en los artículos 37, párrafo segundo y 48, párrafo segundo de la ley reglamentaria en cita y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato, no acepta la competencia planteada; en esas condiciones, se ordena devolver el expediente al Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa, con residencia en la Ciudad de México. Solicítese atentamente el acuse de recibo respectivo.
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