Martha Olimpia Flores Rivera

Expediente 849/2017 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 2 actuaciones registradas, la última del 7 de julio de 2017.

Datos del expediente

Expediente
849/2017
Año
2017
Actuaciones
2
Última actuación
07/07/2017

Partes del expediente

  • Martha Olimpia Flores Rivera

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos, así como de la certificación de cuenta, de la que se advierte que la parte quejosa, no interpuso recurso de queja en contra del auto de veintidós de junio de la presente anualidad -fojas 26 a 29-, mediante el cual se desechó la demanda de amparo; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado. Por tanto, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sentido, envíese al archivo.

  2. Principal

    Se notifica por medio de lista en términos de los artículos 27 y 29, de la Ley de Amparo, a la parte quejosa ******, el proveído de fecha veintidós de junio de dos mil diecisiete, pronunciado en autos del amparo 849/2017, del índice de este juzgado; proveído que en lo conducente dice: "... Vista, la demanda de amparo que promueve Martha Olimpia Flores Rivera, de propio derecho, contra actos del Congreso del Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, y de otras autoridades, por considerar que se vulneran en su perjuicio derechos fundamentales contenidos en los artículos 14, 16, y 31, fracción IV constitucionales; por lo tanto, fórmese el expediente correspondiente y anótese su ingreso en el libro de juicios de amparo con el número 849/2017. Ahora, de un análisis conjunto de la demanda de amparo, se aprecia que la parte quejosa reclama esencialmente la aplicación de los artículos 75 BIS B de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Baja California, y 150-154, de la Ley de Hacienda del Estado de Baja California, que establecen el impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles y las bases para calcularlos; contribución que fue calculada y enterada por el Notario Público Número Tres, de esta ciudad, al adquirir el inmueble identificado como unidad ocho del conjunto habitacional Montes Urales, lote de terreno número siete, fracción A, fraccionamiento La Cúspide, de esta ciudad, tal como se advierte de la escritura ciento cuarenta y nueve mil dieciséis, pasada ante la fe del Notario antes citado, al adquirir el inmueble materia del contrato de compraventa celebrado el siete de agosto de dos mil trece. En ese tenor, este órgano jurisdiccional considera que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, párrafo primero, de la Ley de Amparo, dado que el término de quince días, con el que contaba el quejoso para presentar la demanda de amparo, trascurrió con exceso, como se expondrá a continuación. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos [.]." Bajo esa tesitura, la causa de improcedencia contenida en el artículo antes transcrito, descansa en el principio de que no pueden ser materia de estudio en el juicio constitucional, aquellos actos que para los efectos del amparo se consideran consentidos tácitamente, entendiéndose por tales, aquéllos contra los que no se promueva el amparo dentro de los plazos que la propia ley señala. Además, cabe precisar que los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, establecen el término de quince días como regla general para la presentación de la demanda de derechos fundamentales, contados a partir del día siguiente a aquél en que: a) Surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame; y, b) Haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. Sin que el presente asunto, se encuentre dentro de las excepciones que contempla el citado precepto 17 de la ley en comento, a saber: a) Treinta días, cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición; b) Hasta ocho años, cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión; c) Siete años, cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal; y, d) En cualquier tiempo, cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Por su parte, en el artículo 18 de la Ley de Amparo, se precisa que el plazo para promover el juicio de amparo se computará desde el día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación del acto o resolución que reclame, al en que el quejoso haya tenido conocimiento, o se haya ostentado sabedor de los actos que reclama, salvo el caso de una norma general autoaplicativa, en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor. Bajo esa óptica, si bien la parte quejosa insiste en señalar que el treinta y uno de mayo del año en curso, se hizo sabedora que a través del juicio de amparo podía impugnar la inconstitucionalidad del acto reclamado - aplicación de los artículos 75 BIS B de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Baja California, y 150-154, de la Ley de Hacienda del Estado de Baja California -; también expresa bajo protesta de decir verdad que con motivo de la transmisión de la propiedad del inmueble materia del contrato de compraventa elevado a escritura pública 149,016 (ciento cuarenta y nueve mil dieciséis), volumen 4,184 (cuatro mil ochenta y cuatro), el siete de agosto de dos mil trece, se pagó y calculó a través del Notario Público Número Tres de esta municipalidad, el impuesto sobre la adquisición bienes inmuebles -el cual tilda de inconstitucional-. De lo anterior, se concluye que la parte quejosa tuvo conocimiento del acto de aplicación de las normas reclamadas el siete de agosto de dos mil trece, fecha en la que se hizo sabedora que se le aplicaría el impuesto que en esta vía pretende combatir. Por lo que el término de quince días que la ley concede para promover la demanda de amparo transcurrió del nueve al veintinueve de agosto de dos mil trece, y el escrito de demanda lo presentó el veintiuno de junio de dos mil diecisiete, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, advirtiéndose claramente que transcurrió en exceso el plazo a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo, para la promoción del presente juicio. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis jurisprudencial PC.XXII. J/5 A (10a.), del Pleno del Vigésimo Segundo Circuito, visible en la página 1062, febrero de 2016, libro 27, tomo II, Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto versan: "AMPARO CONTRA LEYES. EL RECIBO DE PAGO DE CONTRIBUCIONES QUE, POR DISPOSICIÓN LEGAL, DEBE RETENER EL NOTARIO PÚBLICO, ES EFICAZ PARA ESTABLECER LA FECHA DE CONOCIMIENTO DEL ACTO DE APLICACIÓN DE LAS NORMAS E INICIAR EL CÓMPUTO DEL PLAZO PARA PROMOVER EL JUICIO EN SU CONTRA, SALVO QUE SE DEMUESTRE FEHACIENTEMENTE QUE LA QUEJOSA TUVO CONOCIMIENTO DE SU APLICACIÓN CON POSTERIORIDAD. De los artículos 19, 22, fracciones I y XIII, 35, 37 y 96, fracción VIII, del Código Fiscal del Estado de Querétaro, se advierte que el sistema impositivo se rige por el principio de autodeterminación, pues el sujeto pasivo de la obligación tributaria espontánea y voluntariamente, la determina en cantidad líquida y la cumple; principio del que participan las contribuciones que, por disposición legal, deben ser retenidas por un notario público, en tanto que el sujeto pasivo de los tributos es quien eroga los pagos correspondientes, aun cuando sea el notario quien retiene y, directamente, realiza el entero respectivo, como auxiliar del fisco estatal y responsable solidario de la obligación tributaria, en términos del artículo 8 de la Ley del Notariado del Estado de Querétaro. Ello, porque la responsabilidad solidaria de referencia constituye una obligación accesoria a la principal que ostenta el sujeto pasivo del tributo; de ahí que no debe entenderse que el notario retenedor lo sustituye, sino que el sujeto pasivo continúa como titular de la obligación derivada de la realización del hecho imponible; mientras que en el notario sólo recae la obligación de auxiliar al fisco en la efectividad del entero de los tributos. Así, el recibo de pago de contribuciones que, por disposición legal, debe retener el notario público, atento al principio de autodeterminación, es suficiente para afirmar que el sujeto pasivo del tributo realizó el pago respectivo y, por ende, que desde la fecha que consigna, tuvo conocimiento de la aplicación, en su perjuicio, de las leyes tributarias que reclama; circunstancia que provoca que, por regla general, sea eficaz para establecer la fecha de conocimiento del acto de aplicación y por ende, para iniciar el cómputo del plazo para promover el juicio de amparo contra dichas normas; sin que sea necesario que contenga el fundamento del cobro de las contribuciones, debido a que no constituye un acto unilateral a través del cual, la autoridad ejecute, cree, modifique o extinga, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular, pues simplemente acredita el cumplimiento de un deber impositivo por parte del contribuyente. Entonces, cuando la quejosa exprese que tuvo conocimiento de la aplicación de las normas cuestionadas en una fecha posterior a la consignada en el recibo de pago de contribuciones, le corresponde la carga procesal de acreditar, fehacientemente, la afirmación de que se coloca en un supuesto de excepción, en atención al principio de distribución probatoria, derivado del artículo 83 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En tales circunstancias, al actualizarse la causa de improcedencia invocada, con fundamento en los artículos 113 y 61, fracción XIV, párrafo primero, en relación con los diversos preceptos legales 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se desecha de plano por extemporánea la demanda de amparo promovida por Martha Olimpia Flores Rivera. Se tienen como autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos a David Alberto Herrero Medina, Joaquín Alberto Herrero Medina y Claudia Yuriria Martín Hernández, por así haberlo solicitado expresamente; así como domicilio para tal efecto el que señala en su escrito de cuenta. En aras de mantener el principio de practicidad en los asuntos de este órgano de control constitucional, con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todas las notificaciones personales en el presente juicio de amparo. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a partir de dos de junio dos mil nueve, así como en el diverso 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase saber a las partes el derecho que le asiste a la ciudadanía en general de solicitar la información que considere en relación con el expediente en el que se actúa, una vez que cause ejecutoria la resolución que se dicte en este asunto, atendiendo las formalidades previstas en la legislación federal aplicable. Finalmente, en atención al acuerdo General 21/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del propio consejo, así como al artículo 3° de la Ley de Amparo, que prevé que los órganos jurisdiccionales están obligados a que los expedientes electrónico e impreso coincidan íntegramente para la consulta de las partes, se ordena se digitalice en su totalidad el presente asunto. Notifíquese personalmente al promovente...". Lo anterior, por no haber acudido a este juzgado de distrito, a recibir la notificación personal, no obstante haber sido citado legalmente para tal efecto.

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