Martha Ofelia Hernandez Gutierrez
Expediente 500/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 30 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 500/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 30/03/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Martha Ofelia Hernandez Gutierrez
Actuaciones
- Principal
Por tanto, con fundamento en el artículo 2° del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejos de la Judicatura Federal, se reanuda el trámite de este juicio de amparo. Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, se advierte que no fue recurrido dentro del término legal el proveído emitido el ocho de octubre de dos mil veinte, que desechó la demanda promovida por ***; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado. En mérito de lo anterior, y toda vez que no existe actuación pendiente de practicarse, archívese el presente asunto como totalmente concluido. En cinco de abril de dos mil veintiuno, se listó la determinación que antecede, quedando notificadas las partes, por medio de lista, con excepción de aquellas que deban de notificarse en forma personal, por oficio o por vía electrónica, en términos de los artículos 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo. Doy fe. El Actuario Judicial LIC. RENÉ RAMÍREZ MONTOYA
- Principal
AL NO SER ATENDIDO EL AVISO POR LA PARTE QUEJOSA; CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C, DE LA LEY DE AMPARO, SE LE NOTIFICA POR LISTA EL ACUERDO DE TREINTA DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO, QUE EN SU PARTE CONDUCENTE DICE: Por tanto, con fundamento en el artículo 2° del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejos de la Judicatura Federal, se reanuda el trámite de este juicio de amparo. Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, se advierte que no fue recurrido dentro del término legal el proveído emitido el ocho de octubre de dos mil veinte, que desechó la demanda promovida por ***; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado. En mérito de lo anterior, y toda vez que no existe actuación pendiente de practicarse, archívese el presente asunto como totalmente concluido.
- Principal
Con la demanda de amparo de cuenta, ****, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal. Fórmense los expedientes impreso y electrónico, bajo el número 500/2020-III.2. Hágase su registro tanto en el libro de control de juicios de amparo, como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Conforme a lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. En este asunto, se estima actualizada la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 612, en relación con los numerales 107, fracción V , 172, fracción XII 4 , todos de la Ley de Amparo, y 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Análisis del caso concreto.El cuadro procesal reseñado evidencia que, la resolución combatida que confirmó el acuerdo de veintisiete de julio de este año, en el que se desechó la prueba confesional al no cumplirse los requisitos del artículo 105 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado; tiene solo efectos procesales y no afecta de manera alguna, derechos sustantivos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales del que el Estado Mexicano es parte, lo que motiva la improcedencia del juicio de amparo indirecto.Lo anterior, por más que esa cuestión no pueda ser materia de análisis en la sentencia definitiva que resuelva el procedimiento del que emana tal acto reclamado, dado que por sí sola, no justifica la procedencia del juicio de amparo indirecto, pues a raíz de las últimas reformas constitucionales y a la Ley de Amparo, la jurisprudencia interna del país acotó o limitó dicha procedencia a aquellos actos que sean de imposible reparación, lo cual se actualiza cuando éstos cumplan las dos notas distintivas señaladas con antelación: afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo y esa afectación no desaparezca ni aun en el supuesto de que el particular obtenga sentencia favorable a sus intereses.En la especie, no se da la primera de las notas distintivas que hace que los actos tengan una ejecución de imposible reparación, esto es, que afecte de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo, dado que la resolución reclamada constituye un acto inminentemente procesal y de posible reparación, al poder obtener el promovente de amparo, fallo favorable y, en caso contrario, gozaría de los medios de impugnación legales para controvertirlo.Por tanto, de ninguna manera se puede hablar de que el acto reclamado sea de imposible reparación, por la mera circunstancia de que, en su opinión, se contravenga con el derecho consagrado en el artículo 17 constitucionales -derecho a la tutela judicial efectiva-, pues no se traduce en automático en una situación que le afecte alguno de los derechos fundamentales tutelados por la constitución y los tratados internacionales (verbigracia, la vida, la integridad personal, la libertad en su diversas manifestaciones, la propiedad, la posesión, etcétera).Se itera, el acto reclamado tiene un efecto meramente adjetivo o procesal, pues su consecuencia vinculada con la negativa de admitir la prueba confesional se proyectará de manera concreta en el dictado de la sentencia. Asimismo, con la decisión reclamada no se transgrede el derecho de defensa del inconforme, porque el único efecto es que continúe el juicio de origen por sus cauces legales, como fue integrada la litis. Lo anterior es así, porque el hecho de que la autoridad responsable haya confirmado el proveído que desechó la prueba confesional, dictado dentro del toca civil, no significa que la sentencia se vaya a emitir en forma desfavorable a sus intereses. Consecuentemente, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 en relación con los numerales 107, fracción V, 172, fracción XII, todos de la Ley de Amparo y 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se desecha, por notoria e indudable improcedencia, la demanda de que se trata.
- Principal
Al no ser atendido el aviso por parte del quejoso, por este conducto se le notifica: Con la demanda de amparo de cuenta, ****, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal. Fórmense los expedientes impreso y electrónico, bajo el número 500/2020-III.2. Hágase su registro tanto en el libro de control de juicios de amparo, como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Conforme a lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. En este asunto, se estima actualizada la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 612, en relación con los numerales 107, fracción V , 172, fracción XII 4 , todos de la Ley de Amparo, y 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Análisis del caso concreto.El cuadro procesal reseñado evidencia que, la resolución combatida que confirmó el acuerdo de veintisiete de julio de este año, en el que se desechó la prueba confesional al no cumplirse los requisitos del artículo 105 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado; tiene solo efectos procesales y no afecta de manera alguna, derechos sustantivos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales del que el Estado Mexicano es parte, lo que motiva la improcedencia del juicio de amparo indirecto.Lo anterior, por más que esa cuestión no pueda ser materia de análisis en la sentencia definitiva que resuelva el procedimiento del que emana tal acto reclamado, dado que por sí sola, no justifica la procedencia del juicio de amparo indirecto, pues a raíz de las últimas reformas constitucionales y a la Ley de Amparo, la jurisprudencia interna del país acotó o limitó dicha procedencia a aquellos actos que sean de imposible reparación, lo cual se actualiza cuando éstos cumplan las dos notas distintivas señaladas con antelación: afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo y esa afectación no desaparezca ni aun en el supuesto de que el particular obtenga sentencia favorable a sus intereses.En la especie, no se da la primera de las notas distintivas que hace que los actos tengan una ejecución de imposible reparación, esto es, que afecte de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo, dado que la resolución reclamada constituye un acto inminentemente procesal y de posible reparación, al poder obtener el promovente de amparo, fallo favorable y, en caso contrario, gozaría de los medios de impugnación legales para controvertirlo.Por tanto, de ninguna manera se puede hablar de que el acto reclamado sea de imposible reparación, por la mera circunstancia de que, en su opinión, se contravenga con el derecho consagrado en el artículo 17 constitucionales -derecho a la tutela judicial efectiva-, pues no se traduce en automático en una situación que le afecte alguno de los derechos fundamentales tutelados por la constitución y los tratados internacionales (verbigracia, la vida, la integridad personal, la libertad en su diversas manifestaciones, la propiedad, la posesión, etcétera).Se itera, el acto reclamado tiene un efecto meramente adjetivo o procesal, pues su consecuencia vinculada con la negativa de admitir la prueba confesional se proyectará de manera concreta en el dictado de la sentencia. Asimismo, con la decisión reclamada no se transgrede el derecho de defensa del inconforme, porque el único efecto es que continúe el juicio de origen por sus cauces legales, como fue integrada la litis. Lo anterior es así, porque el hecho de que la autoridad responsable haya confirmado el proveído que desechó la prueba confesional, dictado dentro del toca civil, no significa que la sentencia se vaya a emitir en forma desfavorable a sus intereses. Consecuentemente, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 en relación con los numerales 107, fracción V, 172, fracción XII, todos de la Ley de Amparo y 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se desecha, por notoria e indudable improcedencia, la demanda de que se trata.
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