Martha Nelly Villalobos García
Expediente 1193/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 5 actuaciones registradas, la última del 19 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1193/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 19/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- Martha Nelly Villalobos García
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
... Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que el plazo de diez días que refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, ha transcurrido sin que la sentencia haya sido recurrida por las partes; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones pertinentes en el Libro Uno de Juzgado, y la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Ahora, tomando en consideración que la sentencia dictada en el presente juicio concedió el amparo y protección a la parte quejosa, con fundamento en el artículo 192, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, REQUIÉRASE a la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del que quede legalmente notificado del presente acuerdo, informe a este órgano de control constitucional la forma y términos en que haya dado cumplimiento a la sentencia de mérito, acompañando las constancias con las cuales lo acredite. ...
- Principal
R E S U E L V E PRIMERO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Martha Nelly Villalobos García, respecto de la omisión de dictar laudo en el juicio laboral 310/5/2019, atribuido a la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, por los motivos y para los efectos precisados en el sexto considerando de esta sentencia. SEGUNDO. La presente resolución será publicada en términos del último considerando de esta resolución. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Héctor Gastón Solórzano Valenzuela, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa, ante el Secretario de Juzgado Adrián Vásquez González, que autoriza y da fe.En Reynosa, Tamaulipas, a las once horas con diez minutos del veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve, estando en audiencia pública Héctor Gastón Solórzano Valenzuela, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa, asistido del Secretario de Juzgado Adrián Vásquez González, que autoriza y da fe, sin la comparecencia de las partes, no obstante su legal notificación, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se procede a celebrar la audiencia constitucional señalada para esta fecha, en el juicio de amparo 1109/2019-IV. Enseguida, el Juez declara abierta la audiencia constitucional y el Secretario de Juzgado hace relación de las constancias de autos, entre las cuales se encuentra la demanda de amparo promovida por José Luis Aguilar Hernández; la constancia de emplazamiento del tercero interesado (foja 12); el informe justificado rendido por la autoridad responsable Junta Especial número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad (foja 16); y las constancias que remitió como apoyo al mismo (fojas 17 y 18); asimismo, se da cuenta en este acto con la intervención ministerial 890/2019, signado por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este órgano judicial, la cual quedó registrada con el folio . A lo que el Juez acuerda: téngase por practicada la relación de constancias que antecede, para los efectos legales correspondientes. Por lo que respecta a la intervención ministerial 890/2019, de la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este órgano judicial; agréguese a los autos y tómese en consideración en el periodo correspondiente, y en relación a la copia certificada que solicita, expídasele la misma, de conformidad con el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia. Acto continuo, se abre el periodo probatorio, el Secretario da cuenta al Juez, con las constancias que la autoridad responsable remitió como apoyo a su informe justificado. A lo que el Juez acuerda: téngase por ofrecidas y admitidas las pruebas de referencia, mismas que se tienen por desahogadas dada su propia y especial naturaleza, en términos del artículo 119 de la ley de la materia, las cuales serán tomadas en consideración al resolver el presente asunto; sin más pruebas que tener por relacionadas, el Juez declara cerrado este periodo. Acto continuo, se abre el periodo de alegatos en el que el Secretario da cuenta con los formulados por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, recepcionado en esta misma fecha. A lo que el Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, téngase por reproducidos los alegatos de referencia, los que serán tomados en consideración al resolver en definitiva el juicio de amparo en que se actúa. Sin más alegatos por relacionar, decrétese cerrada la presente fase procesal, y procédase enseguida a dictar la sentencia que corresponde. Visto, para resolver el juicio de amparo 1109/2019-IV promovido por José Luis Aguilar Hernández; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Mediante escrito presentado el once de septiembre de dos mil diecinueve, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa, la quejosa solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos de la Junta Especial número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, de quien reclamó el acto transcrito en la foja tres del presente sumario, respecto del cual sostuvo se conculcaban las garantías contenidas en los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Por razón de turno, correspondió conocer de la demanda de amparo, a este Juzgado de Distrito, el que la admitió a trámite mediante proveído de doce de septiembre de dos mil diecinueve, solicitó el informe justificado a la autoridad responsable; tuvo como tercera interesada a Ferretera y Materiales Mi Casa, sociedad anónima de capital variable; Claudia del Pino de Hoyos y Donato Garza Mendiola; dio la intervención que compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual previo diferimiento se verificó conforme al acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa, es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, por así disponerlo los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción V, todos de la Ley de Amparo, con relación al Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, toda vez que se reclaman un acto de imposible reparación (omisión que mantiene suspendido el procedimiento), la cual carece de ejecución y la demanda de amparo se presentó en esta ciudad. SEGUNDO. En términos de lo dispuesto por el artículo 74 de la Ley de Amparo, se procede a la fijación clara y precisa del acto reclamado en el presente juicio de amparo; esto es así, porque antes de verificar la certeza o inexistencia de los actos impugnados en el juicio de amparo, deben quedar precisados cuáles son éstos. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar para establecer cuáles son los actos reclamados, a saber: 1) Analizar en su integridad la demanda de amparo y anexos, con un criterio de liberalidad y no restrictivo, sin cambiar su alcance y contenido; y, 2) Prescindir de los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad. En apoyo a lo anterior, cobra aplicación la jurisprudencia P./J.40/2000, con registro 192097, y la tesis aislada P.VI/2004, con registro 181810, integradas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomos XI, página 32, y XIX, página 255, cuyos rubros, respectivamente dicen: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." y, "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO.". Con base en estas premisas, de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que en la especie, los actos reclamados consisten en: - La omisión de dictar laudo en el juicio laboral 353/5/2013. TERCERO. La Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, al rendir su informe justificado aceptó el acto que se le reclama, lo que se corrobora con las constancias que remitió como apoyo a su informe justificado, relativas al juicio laboral de origen, a las cuales se otorga pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al ser expedidas por funcionario público revestido de fe pública, en uso de las facultades que la ley le concede, dentro de los límites de su competencia. CUARTO. Al no invocarse causas de improcedencia, ni advertirse alguna de oficio, se procede al análisis del fondo de la cuestión jurídica planteada al tenor de los conceptos de violación expuestos por la parte quejosa. QUINTO. Son esencialmente fundados los conceptos de violación vertidos por la parte quejosa, suplidos en su deficiencia, aclarando que, con fundamento en el artículo 79 de la Ley de Amparo, el análisis del asunto se efectuará únicamente a la luz de lo establecido en el artículo 17 Constitucional, dado que éste tutela el derecho de que se administre justicia a toda persona en los términos que fijan las leyes. Resulta aplicable a lo anterior, la jurisprudencia por contradicción de tesis P./J. 49/96, visible en la página 58, tomo IV, agosto de 1996, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, materia común, que es del rubro y texto siguiente: "SUPLENCIA DE LA QUEJA Y SUPLENCIA ANTE EL ERROR EN JUICIOS DE AMPARO. DIFERENCIAS. Estos dos conceptos tienen en común que se apartan del principio de estricto derecho, pero se diferencian en que la suplencia de la queja sólo opera en las situaciones y respecto de los sujetos que señala el artículo 76 bis de la Ley de Amparo, pudiendo llegar el juzgador, válidamente, hasta la integración total del concepto o agravio omiso; en cambio, la suplencia ante el error, prevista en el artículo 79 del mismo ordenamiento, que apareció por primera vez en el artículo 42 de la Ley de Amparo de 1882 y se reitera en los Códigos Federales de Procedimientos Civiles de 1897 y 1908, opera en todos los casos, situaciones y sujetos, incluyendo los que no admiten la suplencia de la queja, debiendo señalarse que esta Suprema Corte interpreta el indicado artículo 79 en el sentido de que su aplicación no se circunscribe a la corrección del error en la cita de los preceptos constitucionales o legales, sino que con mayor amplitud, la suplencia ante el error procede, inclusive, cuando no se cite ningún artículo constitucional o legal, siempre que el recurrente dé los argumentos lógico jurídicos necesarios o aptos para que el juzgador -como conocedor del derecho que es-, se pronuncie al respecto.". En ese contexto, conviene destacar que el segundo párrafo del artículo 17 de la Constitución Federal, fue interpretado por la Segunda Sala del más Alto Tribunal de la Nación, y concluyó sustancialmente que: 1) El precepto superior garantiza a favor de los gobernados el disfrute de diversos derechos relacionados con la administración de justicia, entre ellos se encuentra el relativo a tener un acceso efectivo a la administración de justicia que desarrollan los tribunales, sin que baste el que se permita a los gobernados instar ante un órgano jurisdiccional, sino que el acceso debe ser efectivo en la medida en que el justiciable, de cumplir con los requisitos justificados constitucionalmente, pueda obtener una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva su pretensión; y, 2) La impartición de la administración de justicia solicitada por los gobernados y, por ende, el efectivo acceso a ella, se debe sujetar a los plazos y términos que fijen las leyes. De manera que ese precepto protege a los gobernados del retardo o entorpecimiento en la función del estado al administrar justicia; por tanto, las autoridades están constreñidas a despachar los negocios en que intervengan, en forma expedita, de conformidad con los plazos que señala la ley secundaria, y su desacato implica la violación al derecho fundamental de acceso efectivo a la administración de justicia. No obstante ello, respecto de las omisiones verificadas dentro de un juicio laboral, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió la jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), de rubro: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS."; según la cual, la regla general es que, el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8°, 14 y 17 de la Constitución Federal, porque tales actos no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones adjetivas, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite; lo anterior, con la excepción de que, cuando el juez de amparo advierta que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente. Concepto el anterior (abierta dilación), que puede entenderse en los supuestos en que exista una dilación de más de cuarenta y cinco días naturales después de la fecha en que debieron emitirse los actos (como estándar mínimo objetivo), como lo señaló la Segunda Sala, al resolver la contradicción de tesis 294/2018, en la sesión de nueve de enero de dos mil diecinueve, que integró la jurisprudencia 2a./J.33/2019, de rubro: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS DE LAS JUNTAS EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS, LAUDOS O EN LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OTRA DILIGENCIA, SI TRANSCURREN MÁS DE 45 DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE DEBIERON PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS.", en cuya ejecutoria, en lo que interesa precisó: "...Conforme a lo anterior, tampoco puede adoptarse la interpretación del artículo 8o. constitucional para instituir un plazo único para conocer cuándo la autoridad jurisdiccional laboral ha incurrido en una demora que, prácticamente, constituya una verdadera interrupción arbitraria del proceso, surgiendo entonces una violación autónoma que justifique la promoción del amparo indirecto, en tanto ya no se trate solamente de una mera inobservancia de las normas que rigen el procedimiento, sino de una auténtica denegación de justicia, no solo contraventora del precepto citado, sino también de lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 17 de la Constitución Federal, el cual establece ... . No obstante todo lo anterior, a fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a las partes en el juicio laboral, cuyo trámite y resolución se ha procurado agilizar por virtud de las recientes reformas legales en la materia, esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que, para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos y laudos, o en la realización de cualquiera otra diligencia, que la demanda de amparo será procedente cuando han transcurrido al menos cuarenta y cinco días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que debieron legalmente pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, ..." (Énfasis propio) A mayor abundamiento, en la jurisprudencia 2a./J. 8/2004, la Sala de referencia señaló que la omisión de pronunciar el laudo, a pesar de haber transcurrido el plazo previsto en los artículos 885 a 887 y 889 de la Ley Federal del Trabajo, constituye una paralización del procedimiento laboral, que evidencia una violación irreparable, pues con ello se difiere la resolución del juicio. Ahora bien, los artículos 885, 886, 887, 888, 889 y 890 de la Ley Federal del Trabajo, establecen: "ARTÍCULO 885. Al concluir el desahogo de las pruebas, formulados los alegatos de las partes y previa certificación del secretario de que ya no quedan pruebas por desahogar, se dará vista a las partes por el término de tres días para que expresen su conformidad con dicha certificación, bajo el apercibimiento de que si transcurrido el término señalado no lo hicieren y hubiere pruebas por desahogar, se les tendrá por desistidos de las mismas para todos los efectos legales y se procederá conforme a lo que dispone el párrafo siguiente. En caso de que las partes, al desahogar la vista señalada, acrediten que alguna o algunas pruebas ofrecidas no se desahogaron, la Junta, con citación de las mismas, señalará dentro de los ocho días siguientes día y hora para su desahogo. Desahogadas las pruebas pendientes, las partes formularán alegatos dentro de las veinticuatro horas siguientes. Hecho lo anterior, el auxiliar, de oficio, declarará cerrada la instrucción y, dentro de los diez días siguientes, formulará por escrito el proyecto de laudo, que deberá contener los elementos que se señalan en el artículo 840 de esta Ley. "ARTÍCULO 886. Del proyecto de laudo se entregará copia a cada uno de los integrantes de la Junta. Dentro de los cinco días hábiles siguientes a aquel en que se hubiere recibido la copia del proyecto, cualquiera de los integrantes de la Junta podrá solicitar que se practiquen las diligencias que juzgue convenientes para el esclarecimiento de la verdad. La Junta, con citación de las partes, señalará, en su caso, día y hora para el desahogo, dentro de un término de ocho días, de las pruebas que no se llevaron a cabo o para la práctica de las diligencias solicitadas." "ARTÍCULO 887. Transcurrido el término a que se refiere el artículo anterior, concedido a los integrantes de la Junta, o en su caso, desahogadas las diligencias que en este término se hubiesen solicitado, el Presidente de la Junta citará a los miembros de la misma, para la discusión y votación, que deberá efectuarse dentro de los diez días siguientes al en que hayan concluido el término fijado o el desahogo de las diligencias respectivas.". "ARTÍCULO 888. La discusión y votación del proyecto de laudo se llevarán a cabo en sesión de la Junta, certificando el secretario la presencia de los participantes que concurran a la votación, de conformidad con las normas siguientes: (.) III. Terminada la discusión, se procederá a la votación, y el Presidente declarará el resultado." "ARTÍCULO 889. Si el proyecto de resolución fuere aprobado, sin adiciones ni modificaciones, se elevará a la categoría de laudo y se firmará de inmediato por los miembros de la Junta. Si al proyecto se le hicieran modificaciones o adiciones, se ordenará al secretario que de inmediato redacte el laudo, de acuerdo con lo aprobado. En este caso, el resultado se hará constar en acta." "ARTÍCULO 890. Engrosado el laudo, el Secretario recogerá, en su caso, las firmas de los miembros de la Junta que votaron en el negocio y, una vez recabadas, turnará el expediente al actuario, para que de inmediato notifique personalmente el laudo a las partes." De las anteriores disposiciones se advierte que el proceso laboral contempla, diversos actos procedimentales a efectuarse una vez que el secretario haya certificado que ya no quedan pruebas por desahogar, lo cual de suyo implica, la presunción de que la fase de ofrecimiento-desahogo probatorio ha fenecido. Así, los términos de tres días (para inconformarse con la certificación), ocho días eventuales (en caso de que faltare el desahogo de algún medio de prueba), veinticuatro horas (para presentar alegatos), diez días (para que el auxiliar decrete el cierre de la instrucción y emita el proyecto de laudo), cinco días (para que los integrantes de la junta soliciten la práctica de diligencias), ocho días (para que desahogar las pruebas no desahogadas o diligencias solicitadas), diez días (para la discusión y votación del proyecto de laudo), conforman los lapsos ordinarios para la emisión del laudo; es decir, alrededor de cuarenta y cinco días después de la certificación del secretario en el sentido de que ya no quedan pruebas por desahogar. Lo anterior se dice, pues acorde a los artículos 889 y 890 de la Ley Federal del Trabajo, una vez aprobado el proyecto se firmará de inmediato; o, de haber modificaciones, del mismo modo se redactará el laudo de acuerdo con lo aprobado, y hecho lo anterior, se turnará el expediente para que el actuario de inmediato lo notifique a las partes. Empero, no debe perderse de vista que cuando los integrantes de la Junta no hagan uso de las facultades de prueba a que refiere el artículo 886 de la Ley Federal del Trabajo, en estricto sentido, la actuación no corresponde a las partes procesales sino al Auxiliar de la junta, pues conforme al artículo 885 de dicho código obrero, a él corresponde, de oficio, declarar cerrada la instrucción y dentro de los diez días siguientes formular el proyecto de laudo, es decir, a él corresponde poner el juicio, formalmente, en estado de resolución. Desde esa perspectiva, en los casos en que el secretario de acuerdos, ha certificado que ya no quedan pruebas por desahogar, y a la vez, los integrantes de la Junta han turnado los autos al Auxiliar para la formulación del proyecto de laudo, se genera la presunción de que dichos integrantes han prescindido de solicitar la práctica de más diligencias (a que refiere el artículo 886 de la Ley Federal del Trabajo), y si pasado el plazo de ley (diez días) no se ha emitido el proyecto de laudo, es evidente que la paralización del procedimiento es atribuible a dicho Auxiliar, pues él debió cerrar la instrucción y emitir el proyecto respectivo. No obstante, es la Junta quien tiene la obligación de tomar las medidas necesarias para desarrollar el juicio con economía procesal, concentración y sencillez; por tanto, también la obligación de exigir al auxiliar el cumplimiento de su deber de hacer el proyecto y de sancionarlo si no lo hace, como se sostiene en la jurisprudencia 2a./J. 45/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del siguiente contenido. "LAUDO. SI EN EL AMPARO SE DEMANDA DE LA JUNTA EL RETRASO EN LA FORMULACIÓN DEL PROYECTO DEL LAUDO, NO PROCEDE SOBRESEER AUNQUE NO SE HAYA SEÑALADO COMO RESPONSABLE AL AUXILIAR. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 123, apartado A, fracciones XX y XXXI de la Constitución Federal, 616, 625, 685, 686, 840, 841 y 885, entre otros, de la Ley Federal del Trabajo, compete a las Juntas de Conciliación y Arbitraje, la aplicación de las leyes del trabajo, fundamentalmente, conocer de los juicios por diferencias o conflictos entre el capital y el trabajo, a través de la función jurisdiccional que les corresponde llevar a cabo, mediante la realización de los actos procesales necesarios que culminan con el pronunciamiento del laudo que dirime en definitiva la controversia planteada, con la concurrencia de otros funcionarios, entre los que se encuentran los auxiliares, que dependen jerárquicamente de aquellos órganos colegiados. La Ley Federal del Trabajo les impone a las Juntas la obligación de tomar las medidas necesarias para desarrollar el juicio con economía procesal, concentración y sencillez, así como ordenar que se corrija cualquier irregularidad u omisión que notaren en la sustanciación del proceso, incluyendo, desde luego, las omisiones o retrasos en que incurra el auxiliar a quien le corresponde formular el proyecto de laudo y turnarlo a la Junta. Por tanto, cuando en la demanda de amparo sólo se señala como responsable a la Junta y como acto reclamado la omisión de formular el proyecto del laudo, no cabe sobreseer en el juicio aduciendo que no se llamó al auxiliar, porque aplicando el criterio de que el juzgador de amparo debe apartarse de formalismos y tecnicismos estrictos y resolver lo realmente planteado, se entiende sin esfuerzo que lo reclamado es la omisión, por parte de la Junta, de dictar el laudo, de modo que aunque no se haya señalado como responsable al auxiliar, éste, en su caso, debe ser apremiado administrativamente por la Junta, la que tiene facultades para sancionarlo." En el caso que nos ocupa, se aprecia que el veintiocho de mayo de dos mil dieciocho, el Secretario adscrito a la junta responsable, certificó que no existían pruebas pendientes por diligenciar (foja 17); con lo cual, es evidente de que la junta no tenía obstáculo para efectuar los trámites necesarios para la conclusión del proceso y dictar el laudo. Esto se afirma, pues desde el cuatro de junio de dos mil dieciocho (foja 18), la junta acordó turnar los autos al Auxiliar de su adscripción para la elaboración del proyecto de laudo, lo que genera la presunción de que los integrantes de la junta, no consideraron necesario solicitar la práctica de más diligencias. Así las cosas, al margen de que el Auxiliar hubiere omitido declarar cerrada la instrucción en esa etapa, es evidente que la junta ya había estimado, de facto, que el expediente estaba en estado de resolución, pues no se advierte que, por causa de las partes, la junta tuviera impedimento para dictar el laudo, por lo que dicho Auxiliar debió declarar cerrada la instrucción pasado ese lapso, dado que la Junta ya había ordenado el turno de los autos para formular el proyecto respectivo. Sin embargo, ante la omisión del Auxiliar de cerrar instrucción, no cesa la dilación de resolver la controversia sometida ante la autoridad responsable, lo que no ocurrió, ya por la simple falta de dictar el laudo (como lo había ordenado la Junta), por la falta de la Junta de apremiar al Auxiliar de hacerlo, o por la falta de cerrar la instrucción; sin embargo, en todos esos supuestos se transgrede, de manera evidente, el derecho fundamental de acceso efectivo a la administración de justicia, que tutela el segundo párrafo del artículo 17 de la Carta Fundamental, por lo que ya no se trata solamente de una mera inobservancia de las normas que rigen el procedimiento, sino de una auténtica denegación de justicia. En efecto, pues para ello no basta que se haya permitido a la quejosa instar un proceso ante la Junta, sino que el acceso a la justicia debió ser efectivo, en la medida en que aquél cumplió con impulsar el procedimiento hasta que se declaró la conclusión del período probatorio, y desde aquella conclusión, sólo está en espera obtener el fallo que resuelva su pretensión. Desatender las circunstancias particulares del expediente de origen (el cual ya se encuentra en estado de resolución), sería un despropósito de los fines tuitivos del artículo constitucional de referencia, al ser un supuesto en el que evidentemente se ha dilatado la resolución del juicio por omisiones exclusivamente inherentes a la autoridad responsable, pudiendo convertir en ilusoria la promoción del juicio de amparo. Por lo tanto, resulta patente la dilación de los actos encaminados a dictar el laudo, lo que tuvo como consecuencia que no se haya pronunciado, ni siquiera a la fecha de la emisión de la presente sentencia, pues la junta no ha informado lo contrario. En las relatadas circunstancias y con la finalidad de evitar que el procedimiento natural se continúe retardando injustificadamente, lo que procede es conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa, para el efecto de que la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje, residente en esta ciudad, dicte de inmediato el laudo dentro del juicio laboral 353/5/2013, de su estadística. SEXTO. En otro aspecto, al no haber señalado expresamente las partes, su conformidad con la publicación de sus datos personales en la sentencia que llegara a dictarse en el presente asunto conforme al primer párrafo del artículo 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública; por tanto, atento a los artículos 11, fracción VI, 68 y 113, de la citada ley, al tratarse de información confidencial, los datos personales y sensibles contenidos en este fallo y en el presente juicio, no podrán publicarse ni estarán sujetos a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los servidores públicos facultados para ello. No obstante, en función al principio de máxima publicidad contenido en los artículos 3, 6, 11, fracciones XI y XVI, y 118, de la mencionada ley federal, en relación con las obligaciones de transparencia contenidas en los diversos 70, fracción XXXVI, y 73, fracción II, de la Ley General relativa, y la restricción del 110, fracción XI, de la Ley Federal de trato, este último interpretado en sentido contrario, una vez que cause ejecutoria esta sentencia, será susceptible de publicación en la versión pública que en su momento se realice acorde a los criterios de supresión de datos, previstos en el artículo 56 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, y a través de los procedimientos previstos para ello en la ley federal invocada y en el diverso Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expiden los Lineamientos Básicos para regular el procedimiento administrativo interno de acceso a la información pública, así como el funcionamiento y atribuciones del Comité de Transparencia del propio Consejo. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1°, fracción I, 73, 74, 75, 77, 107, fracción V, de la Ley de Amparo, así como en el numeral 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, es de resolverse y se:R E S U E L V E PRIMERO. La Justicia de la Unión ampara y protege a José Luis Aguilar Hernández, respecto de la omisión de dictar laudo en el juicio laboral 353/5/2013, atribuido a la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, por los motivos y para los efectos precisados en el sexto considerando de esta sentencia. SEGUNDO. La presente resolución será publicada en términos del último considerando de esta resolución. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Héctor Gastón Solórzano Valenzuela, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa, ante el Secretario de Juzgado Adrián Vásquez González, que autoriza y da fe.
- Principal
En consecuencia, para efecto de no violar normas de carácter procesal, se difiere la audiencia constitucional, y se señalan las DIEZ HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL VEINTINUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE para su verificativo.
- Principal
... Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 117, de la Ley de Amparo, téngase a la autoridad responsable Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad, rindiendo su informe justificado; asimismo, con apoyo en el numeral 119 de la ley de la materia, se tiene como prueba documental de la autoridad responsable mencionada, las constancias que anexó a su informe; con lo anterior, dese vista a las partes, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional. ..
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