Martha Natalia Gómez Arías

Expediente 737/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco. 3 actuaciones registradas, la última del 13 de agosto de 2021.

Datos del expediente

Expediente
737/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
13/08/2021

Partes del expediente

  • Martha Natalia Gómez Arías

Actuaciones

  1. Principal

    Villahermosa, Tabasco, trece de agosto de dos mil veintiuno. -INFORME JUSTIFICADOVisto, téngase por recibido y agréguese a los autos el oficio de cuenta, mediante el cual rinde su informe justificado la siguiente autoridad responsable: N. AUTORIDAD SENTIDO 1 Magistrada de la Cuarta Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco. ACEPTA Por otra parte, conforme al numeral 119 de la citada ley, se tiene como prueba la constancia que anexa la citada autoridad consistente en: No. PRUEBA 1 Copia certificada del acuerdo de cinco de agosto de dos mil veintiuno, emitido en el juicio administrativo 350/2018-S-4, de su índice. Constancia a la que por ser documento público se le otorga pleno valor probatorio, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202, todos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su segundo numeral. En ese contexto, este órgano jurisdiccional advierte que se actualiza una causa de improcedencia, respecto a los actos reclamados consistentes en: ? La omisión de dar vista con el informe rendido por la autoridad demandada en cumplimiento al requerimiento formulado en proveído de doce de febrero de dos mil veintiuno, emitido en el juicio administrativo 350/2018-S-4, del índice de la Cuarta Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco. ? La omisión de acordar el escrito recepcionado el cinco de abril de dos mil veintiuno, por el que se promovió recurso de queja por incumplimiento a la sentencia emitida en el juicio de origen. En el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." La expresión "cesación de los efectos del acto reclamado" implica la imposibilidad de analizar la constitucionalidad del mismo, por haber desaparecido lo que originó el juicio de amparo y por lo tanto, desaparecen los efectos de dicho acto de autoridad, es decir, retornan las cosas al estado que guardaban antes de la existencia del acto, como si éste, con independencia de que haya sido o no violatorio de derechos fundamentales, nunca se hubiese realizado. En ese sentido, al cesar los efectos del acto reclamado se restituye a la parte quejosa en el pleno goce del derecho transgredido, retornando las cosas al estado que guardaban antes de la violación, obteniéndose la teleología del artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, es decir, como si la violación del acto nunca se hubiera realizado, trayendo consigo la improcedencia del juicio debido a que el acto no seguirá trastocando la esfera jurídica del quejoso haciendo innecesario entrar al examen de la constitucionalidad del acto. Ello es así, en virtud que de la constancia que anexó la Magistrada de la Cuarta Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco, al oficio de cuenta, se advierte que mediante proveído de cinco de agosto del año en curso, ordenó dar vista a la parte actora, aquí quejosa, con el informe de cumplimiento a la sentencia emitida en el juicio de origen, rendido por el Titular de la Unidad de Apoyo Jurídico del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, y seguidamente, le otorgó el término de cinco días hábiles para que manifestara lo que a su derecho convenga. Asimismo, respecto al recurso de queja accionado por la parte actora, aquí quejosa, indicó que no había lugar a proveer de conformidad, toda vez que el mismo se presentó sin tener conocimiento del cumplimiento indicado en el párrafo que antecede, aunado a que no se actualizaba ninguno de los supuestos previstos en el artículo 112 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco. Sentado lo anterior, se hace patente que a pesar de que en la fecha en que se ejerció la acción constitucional (cinco de julio de dos mil veintiuno), el referido acto reclamado existía, pero durante el transcurso del presente juicio éste dejó de surtir sus efectos; esto es, se emitió un acto (proveído de cinco de agosto del año en curso), que dejó insubsistente las violaciones reclamadas, como si no se hubiera invadido la esfera jurídica del particular y sin haber dejado huella alguna en el que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sustenta lo anterior, la Tesis P. CL/97, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 71, Tomo VI, noviembre de 1997, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra establece: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." Asimismo, es ilustrativa al caso la jurisprudencia 2a./J. 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 38, Tomo IX, junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En razón de lo expuesto, se sobresee fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, con apoyo en el artículo 63, fracciones IV y V, ambos de la Ley de Amparo, y al haberse actualizado para ésta última de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista por el diverso artículo 61, fracción XXI, de la citada Ley; sin que sea obstáculo para resolver en el sentido anterior, el hecho de que la audiencia constitucional esté señalada para que tenga lugar a las DIEZ HORAS CON TREINTA Y OCHO MINUTOS DEL DIECISIETE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIUNO, ya que al haberse actualizado la causal de improcedencia antes precisada, no tiene objeto alguno el desahogo de pruebas, porque no podría desvirtuarse tal situación; en consecuencia, déjese sin efectos la audiencia constitucional de referencia.

  2. Principal

    Juicio 737/2021-VIII-1 veintiocho de julio de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, se advierte que mediante proveído de seis de julio de dos mil veintiuno, se requirió a la autoridad responsable Cuarta Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco, para que dentro del término de quince días contados a partir de que surtiera efectos la notificación de dicho proveído, rindiera su informe justificado respecto del acto reclamado por la parte quejosa, mismo que le fue notificado mediante el oficio 1418/2021-VIII-1, el ocho de julio de la presente anualidad, tal como se aprecia del acuse que obra en autos (foja 20); por tanto, es inconcuso que aún se encuentra transcurriendo el término concedido para que rinda el informe en comento. Lo anterior, tomando en consideración que la citada responsable se encuentra disfrutando de su primer periodo vacacional del año dos mil veintiuno, que comprende del dieciséis al treinta de julio del citado año. En razón de lo anterior, no se está en posibilidad de celebrar la audiencia constitucional decretada para este día, por lo que se difiere; y, de conformidad con el artículo 115 de la Ley de Amparo, para su celebración se fijan las diez horas con treinta y ocho minutos del diecisiete de agosto de dos mil veintiuno. Notifíquese en términos de ley.

  3. Principal

    Villahermosa, Tabasco, seis de julio de dos mil veintiuno. Vista la cuenta, se provee: téngase por recibida la demanda de amparo promovida por **********, contra actos del Cuarta Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad. REGISTRO DEL EXPEDIENTE IMPRESO Y ELECTRÓNICO. Regístrese en el libro de gobierno la demanda de amparo que nos ocupa, bajo el número 737/2021-VIII-1, fórmese expediente y regístrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Conforme al artículo 3° de la Ley de Amparo en vigor, en relación con el Acuerdo General 1/2014 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, por el que regula la integración de los expedientes impreso y electrónico, así como con el diverso numeral 5 de ese mismo acuerdo, dese inicio al seguimiento por la vía electrónica del presente juicio, en los términos que precisa el referido acuerdo, a efecto de que las partes, las que en su caso cumplan con los requisitos previamente establecidos, puedan consultar el aludido expediente y notificarse a través del medio citado, previa solicitud de ello. En consecuencia, con apoyo en los artículos 108, 109, 110 y 112 de la Ley de Amparo, se admite a trámite la demanda en sus términos. INCIDENTE. Sin que haya lugar a tramitarse incidencia alguna por no haberse solicitado expresamente la suspensión de los actos reclamados, ni tratarse de ninguno de los supuestos en los que debe proveerse de manera oficiosa. FIJACIÓN DE FECHA Y HORA PARA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. De conformidad con lo establecido en el artículo 115 de la Ley de Amparo, cítese a las partes para la audiencia constitucional, que deberá tener lugar a las DIEZ HORAS CON DIECIOCHO MINUTOS DEL VEINTIOCHO DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO. PRECISIÓN DE LA NOTIFICACIÓN POR OFICIO. Asimismo, se le informa a la autoridad responsable que no habrá necesidad de emitirle oficio para notificarle el señalamiento de una nueva fecha y hora para el desahogo de la referida audiencia, porque tal determinación no tendría la trascendencia de una notificación personal, a la que equivale una notificación por oficio; por consiguiente, en caso de que se llegue a diferir la celebración de la audiencia constitucional, la nueva fecha y hora acordada para ese efecto la podrá consultar en la página de internet http:www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/acuerdo/acue rd_ini.asp., con el objeto de facilitar su conocimiento y la integración de este expediente dentro de los parámetros de constitucionalidad y convencionalidad vigentes. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2ª./J. 176/2012, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 1253, Materia Común, Décima Época, enero de 2013, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que cita: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar." REQUERIMIENTO DE INFORME JUSTIFICADO. Con fundamento en los numerales 116 y 117 de la ley de la materia, pídase a la autoridad responsable su respectivo informe con justificación, que deberá rendir en el plazo improrrogable de quince días hábiles, posteriores al en que le surta efectos la notificación que se le haga de este proveído, en el entendido que se tendrá por rendido extemporáneamente aún y cuando se rinda antes de la celebración de la audiencia constitucional pero después del citado plazo, acompañando, en su caso, copia certificada de las constancias legibles y completas que se tomaron en consideración para emitir el acto combatido en esta vía constitucional, en la inteligencia que no serán admitidas copias al carbón o reproducciones de éstas, pues resulta indispensable que este Órgano Jurisdiccional cuente con los elementos necesarios para dictar sentencia en la que analice el fondo de la cuestión que le fue planteada, por lo que se estima que la ilegibilidad de las constancias equivale a su no envío, que ocasionaría un retraso inexcusable en la administración de justicia, debiendo manifestar, en su caso, el impedimento legal que tenga para hacerlo. De conformidad con lo establecido en el sexto artículo transitorio de la Ley de Amparo, tiene aplicación por las razones que la informan el criterio sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, en la tesis publicada en la página 351, del tomo I, Segunda Parte-1, Febrero a Junio de 1988, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "INFORME JUSTIFICADO CON COPIAS CERTIFICADAS ILEGIBLES, AMERITA LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO. Es cierto que en términos de lo dispuesto por el párrafo segundo del artículo 149 de la Ley de Amparo, las autoridades responsables acompañarán como justificante de sus actos, copia certificada de las constancias necesarias; empero, dichas copias tienen que ser legibles, pues en caso contrario debe ordenarse la reposición del procedimiento en el juicio de garantías, pues atendiendo a que en términos de lo dispuesto por los artículos 77 fracción I y 78 del invocado ordenamiento legal, el acto reclamado debe ser apreciado tal como quedó demostrado ante las propias autoridades responsables, es de inferir que cuando las constancias correspondientes no son claras, no es posible analizarlas minuciosamente, y por tanto, no se puede resolver conforme a derecho, pues ante tales circunstancias, se evidencia que el juez de Distrito no tuvo a la vista las pruebas conducentes." PREVENCIÓN EN CASO DE NEGARSE A RECIBIR LA NOTIFICACIÓN. Indíquesele a la autoridad responsable que la Ley de Amparo, en su artículo 260, en relación con el diverso 238, dispone que podrá multársele con cien a mil unidades de medidas de actualización, al momento de realizarse la conducta sancionada, en caso de que no rinda su informe justificado, o lo haga sin remitir, en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para la solución del juicio. De igual forma, comuníquesele que se le sancionará con multa de cien a mil unidades de medidas de actualización, en términos del artículo 245 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 238, en caso de que se niegue a recibir la notificación a que se refiere el artículo 28, fracción I, del ordenamiento legal en cita, conforme al artículo Tercero transitorio del decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintisiete de enero de dos mil dieciséis y su actualización será acorde con lo dispuesto en el resultando segundo de la resolución del Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos. REQUERIMIENTO A LAS PARTES RESPECTO DE CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. Asimismo, con fundamento en los artículos 16 y 64 de la Ley de Amparo, se requiere a las partes para que en el supuesto de que tengan conocimiento de alguna causa de improcedencia o del fallecimiento del quejoso, lo comuniquen de inmediato a este órgano jurisdiccional y de ser posible, acompañen las constancias que lo acrediten o proporcionen los datos necesarios para ese efecto, apercibidas que de no hacerlo se les impondrán las multas previstas en numerales 251 y 242 del ordenamiento legal en cita, respectivamente. REQUERIMIENTO A LAS PARTES RESPECTO DE LA EXISTENCIA DE DIVERSOS JUICIOS. En otro orden, se requiere a las partes en el presente juicio para que informen a este Juzgado de Distrito sobre la existencia de diversos juicios de amparo promovidos contra actos derivados del juicio, proceso o procedimiento de origen, o bien que pudieren estar relacionados con los actos reclamados en el presente sumario, a efecto de determinar la competencia de este juzgador. INTERVENCIÓN AL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. De conformidad con el artículo 5º, fracción IV, de la Ley de Amparo, dese la intervención legal que le corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este órgano jurisdiccional. TERCERO INTERESADO. Por cuanto hace al tercero interesado que el quejoso señaló en su demanda de amparo, este órgano jurisdiccional se reserva proveer sobre su emplazamiento, hasta en tanto la autoridad responsable rinda su informe justificado en el que se pueda advertir la relación procesal y si le reviste tal carácter. DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA Y AUTORIZADOS. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir citas y notificaciones el que indica y por autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Alberto Sánchez Rodríguez, por tener registrada su cedula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito

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