Martha Muciño Barrera

Expediente 1243/2020 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 5 actuaciones registradas, la última del 26 de febrero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1243/2020
Año
2020
Actuaciones
5
Última actuación
26/02/2021

Partes del expediente

  • Martha Muciño Barrera

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    TODA VEZ QUE LA PARTE QUEJOSA NO COMPARECIO DENTRO DEL PLAZO DE DOS DÍAS FIJADOS EN EL CITATORIO RESPECTIVO, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27 FRACCIÓN I INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR LISTA EL PROVEÍDO DE DIECIOCHO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIUNO QUE DICE: Zapopan, Jalisco, dieciocho de febrero de dos mil veintiuno... Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por remisión expresa del artículo 2 de este último ordenamiento, se acuerda: Reanudación. Atento al contenido de la certificación secretarial que antecede, se advierte que del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero del año en curso, así como del diecinueve de enero al quince de febrero de dos mil veintiuno, se suspendieron las labores en este órgano jurisdiccional, además de que el dieciséis y diecisiete de febrero del presente año, se declararon inhábiles pero laborables. Por tanto, acorde a lo establecido en los Acuerdos Generales 13/2020 y 21/2020, del Pleno de Consejo de la Judicatura Federal, del Pleno de Consejo de la Judicatura Federal, así como las circulares CAP/3/2020, SECNO/1/2021, SECNO/4/2021, SECNO/6/2021, SECNO/8/2021, SECNO/9/2021 y SECNO/10/2021, se reanuda el procedimiento, para los efectos legales conducentes. Se recibe escrito Téngase por recibido el escrito signado por ***, autorizado en amplios términos de la parte quejosa, mediante el cual realiza diversas manifestaciones. Al respecto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere a las autoridades mencionadas, para que en el plazo de tres días siguientes al en que reciba el oficio por el cual se le notifique el presente proveído, acredite de inmediato el cumplimiento al fallo protector o, en su defecto, demuestre fehacientemente la causa legal que le impida hacerlo para mayor ilustración se remite copia autorizada del auto de catorce de agosto de dos mil diecinueve. Apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, dentro del plazo otorgado, entonces, de conformidad con los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa equivalente al valor correspondiente a CIEN UNIDADES de Medida y Actualización a la fecha en que se le haga efectiva dicha sanción,1 en cuyo caso, si no cumple con la sentencia de amparo aun después de habérsele impuesto la multa, ello implicará que se remita el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito competente, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación del cargo que ostenta y puesta a disposición del Juez de Distrito que corresponda, para que actúe en consecuencia, con apoyo en lo dispuesto en el numeral 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en concordancia con el 193 de la ley de la materia. Medida de apremio que equivale a la cantidad de $8,962.00 (ocho mil novecientos sesenta y dos pesos 00/100 moneda nacional), 1 En términos del artículo 26 del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, vigente a partir del día siguiente de su divulgación. la cual se obtiene de multiplicar por cien el valor de la Unidad de Medida y Actualización, siendo este de $89.62 (ochenta y nueve pesos 62/100 moneda nacional). Se requiere al superior jerárquico de la autoridad responsable o vinculada al cumplimiento. Asimismo, con fundamento en el tercer párrafo del artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase al Gobernador del Estado de Jalisco, quien tiene la calidad de superior jerárquico de la autoridad responsable, para que ordene cumplir a su inferior, en los términos ya precisados, la ejecutoria de amparo; bajo apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpla con la sentencia de amparo, se le impondrá una multa en los términos previamente destacados, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable. Notifíquese; y personalmente a las partes.

  2. Principal

    Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por remisión expresa del artículo 2 de este último ordenamiento, se acuerda: Ténganse por recibidos los escritos signados por ++++, autorizado en amplios términos de la parte quejosa, mediante los cuales solicita se requiera a la autoridad responsable para que dé cumplimiento al fallo protector. Al respecto, se ordena estar a lo acordado en auto de tres de diciembre de dos mil veinte, en el cual se requirió de nueva cuenta a la responsable por el cumplimiento de la ejecutoria de amparo.

  3. Principal

    Zapopan, Jalisco, nueve de diciembre de dos mil veinte. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por remisión expresa del artículo 2 de este último ordenamiento, se acuerda: Agréguese a sus autos para que surta los efectos legales correspondientes, el oficio presentado por el Consejero Jurídico del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, mediante el cual, en atención al requerimiento de veintitrés de noviembre de dos mil veinte, informa que por oficio CJ/03-12/2020, conminó al Secretario del Transporte del Estado de Jalisco, para que cumpla la ejecutoria de amparo. Por otra parte, téngase por recibido el diverso oficio signado por el Director General Jurídico de la Secretaría de Transporte del Estado de Jalisco, mediante el cual interpone recurso de queja contra el auto de veintitrés de noviembre de dos mil veinte; en tal virtud, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso e), 99, 100 y 101, todos de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el recurso de que se trata. Se ordena notificar y correr traslado a las partes y al representante social adscrito, con copia autorizada del escrito de agravios (recurso de queja) presentado por el apoderado general de la parte quejosa; en el entendido que deberán PLASMAR EN EL ACUSE DE RECIBO CORRESPONDIENTE "QUE SE ANEXA COPIA AUTORIZADA DEL ESCRITO DE AGRAVIOS". Ahora, en acatamiento al artículo 101 de la Ley de Amparo, y de conformidad con la fracción II, del diverso 297, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la primera, dése vista a las partes para que dentro del término de tres días legalmente computados, señalen las constancias que deberán remitirse al tribunal de alzada con motivo de la queja interpuesta, en su defecto, este órgano jurisdiccional remitirá las que estime pertinentes. Por tanto, una vez que se encuentre integrado el mencionado recurso, ríndase el informe relacionado con la queja, en el sentido de que es cierto el acto motivo del medio de impugnación interpuesto y, por conducto de la oficina de correspondencia común respectiva, remítase al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito en turno, con sede en esta ciudad, el original de expresión de agravios, copia autorizada del mismo, así como copia certificada de las constancias que se estimen pertinentes para la substanciación del citado recurso. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    Zapopan, Jalisco, dos de diciembre de dos mil veinte. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por remisión expresa del artículo 2 de este último ordenamiento, se acuerda: Visto el escrito presentado, vía electrónica, por el autorizado de la parte quejosa, mediante el cual se inconforma con la planilla de liquidación formulada por la autoridad responsable en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, concretamente, de las prestaciones consistentes en la remuneración económica mensual de cinco mil pesos moneda nacional (percibida por el quejoso con base en programas federales), el bono o compensación anual por el día del policía, los veinte días por año trabajado, los tres meses de despido injustificado y el sueldo calculado con errores aritméticos. En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase al Secretario de Seguridad del Estado de Jalisco, para que, en el plazo de tres días legalmente computados a partir de que se le comunique el presente proveído, se pronuncie en torno a las manifestaciones realizadas por la parte quejosa en el escrito de cuenta, en específico, los rubros que se informan de la planilla de liquidación (se le remite copia autorizada del mismo para mayor claridad). Apercibido que de no hacerlo, sin causa justificada, dentro del plazo otorgado, entonces, de conformidad con los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa equivalente al valor correspondiente a CIEN UNIDADES de Medida y Actualización a la data en que se le haga efectiva dicha sanción, 1 en cuyo caso, si no cumple con la sentencia de amparo aun después de habérsele impuesto la multa, ello implicará que se remita el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito competente, para seguir el trámite de 1 En términos del artículo 26 del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, vigente a partir del día siguiente de su divulgación. inejecución, que puede culminar con la separación del cargo que ostenta y será puesto a disposición del juez de Distrito que corresponda, para que actúe en consecuencia, con apoyo en lo dispuesto en el numeral 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en concordancia con el 193 de la ley de la materia. Medida de apremio que equivale a la cantidad de $8,688.00 (ocho mil seiscientos ochenta y ocho pesos 00/100 moneda nacional), la cual se obtiene de multiplicar por cien el valor de la Unidad de Medida y Actualización, siendo este de $86.88 (ochenta y seis pesos 88/100 moneda nacional). En otro orden, no procede ejercer el control de convencionalidad respecto del artículo 141 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco,2 pues si bien establece expresamente que no procede el pago de salarios vencidos a elementos de seguridad pública cuando se resuelva que la separación del servicio fue injustificada, lo cierto es que esa disposición legal no constituye una restricción al derecho a recibir las remuneraciones diarias ordinarias que dejaron de percibir con motivo de la terminación del servicio, debido a que forman parte de las "demás prestaciones" a las que tienen derecho, las cuales son distintas al concepto jurídico laboral de salarios caídos o vencidos. En efecto, el artículo 123, apartado B, fracción XIII, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no comprende como concepto jurídico el de salarios vencidos, como se determinó en la jurisprudencia 109/2012, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 616, libro XII, septiembre de 2012, tomo II, décima época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del texto siguiente: "SEGURIDAD PÚBLICA. EL ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN XIII, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, VIGENTE A PARTIR DE LA REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO DE 2008, NO CONTIENE COMO CONCEPTO JURÍDICO EL DE SALARIOS VENCIDOS. El 2 "Artículo 141. Si el tribunal de control constitucional a través del juicio correspondiente resolviere que la separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio fue injustificada, la institución sólo estará obligada a pagar una indemnización de tres meses de salario, veinte días por año de servicio y partes proporcionarles de las prestaciones de gratificación anual, vacaciones, gratificaciones o cualquier otra establecida en los presupuestos correspondientes, sin que en ningún caso proceda la reincorporación al servicio ni el pago de salarios vencidos, cualquiera que sea el resultado del juicio en los términos del artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos".??????????????? enunciado normativo "y demás prestaciones a que tenga derecho", contenido en la norma constitucional citada, no implica la obligación del Estado de pagar salarios vencidos porque este concepto jurídico está inmerso en el campo del derecho del trabajo y su fundamento no se encuentra en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino en el artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo, legislación que resulta inaplicable en la relación entre los miembros de instituciones policiales y el Estado, por ser ésta de naturaleza administrativa. Sin embargo, como todo servidor público, los miembros de las instituciones policiales reciben por sus servicios una serie de prestaciones que van desde el pago que pudiera considerarse remuneración diaria ordinaria hasta los beneficios, recompensas, estipendios, asignaciones, gratificaciones, premios, retribuciones, subvenciones, haberes, dietas, compensaciones o cualquier otro concepto por la prestación de sus servicios, que necesariamente deben estar catalogados en el presupuesto de egresos respectivo, y que se vinculan al concepto "y demás prestaciones a que tenga derecho", en el supuesto que prevé la norma constitucional". De lo anterior se obtiene que los salarios caídos o vencidos es un concepto jurídico inmerso en el campo del derecho del trabajo, y su fundamento no se encuentra en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino en el artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo, legislación que resulta inaplicable en la relación entre los miembros de instituciones policiales y el Estado, por ser ésta de naturaleza administrativa, empero, ello no significa que se encuentre excluido el pago de las remuneraciones diarias ordinarias, toda vez que esta última prerrogativa deriva del concepto "y demás prestaciones a que tenga derecho", en virtud de que en esos términos se pronunció la referida Segunda Sala del Máximo Tribunal, al establecer que, como todo servidor público, los miembros de las instituciones policiales reciben por sus servicios una serie de prestaciones que van desde el pago que pudiera considerarse remuneración diaria ordinaria, hasta los beneficios, recompensas, estipendios, asignaciones, gratificaciones, premios, retribuciones, subvenciones, haberes, dietas, compensaciones o cualquier otro concepto por la prestación de sus servicios, que necesariamente deben estar catalogadas en el presupuesto de egresos respectivo, y que se vinculan al concepto "y demás prestaciones a que tengan derecho", en el supuesto que prevé la norma constitucional, como se interpretó expresamente en la jurisprudencia 110/2012, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 617, libro XII, septiembre de 2012, tomo II, décima época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "SEGURIDAD PÚBLICA. INTERPRETACIÓN DEL ENUNCIADO "Y DEMÁS PRESTACIONES A QUE TENGA DERECHO", CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN XIII, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, VIGENTE A PARTIR DE LA REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO DE 2008. El citado precepto prevé que si la autoridad jurisdiccional resuelve que es injustificada la separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio de los miembros de instituciones policiales de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, el Estado sólo estará obligado a pagar la indemnización y demás prestaciones a que tenga derecho, sin que en ningún caso proceda su reincorporación al servicio. Ahora bien, en el proceso legislativo correspondiente no se precisaron las razones para incorporar el enunciado "y demás prestaciones a que tenga derecho"; por lo cual, para desentrañar su sentido jurídico, debe considerarse que tiene como antecedente un imperativo categórico: la imposibilidad absoluta de reincorporar a un elemento de los cuerpos de seguridad pública, aun cuando la autoridad jurisdiccional haya resuelto que es injustificada su separación; por tanto, la actualización de ese supuesto implica, como consecuencia lógica y jurídica, la obligación de resarcir al servidor público mediante el pago de una "indemnización" y "demás prestaciones a que tenga derecho". Así las cosas, como esa fue la intención del Constituyente Permanente, el enunciado normativo "y demás prestaciones a que tenga derecho" forma parte de la obligación resarcitoria del Estado y debe interpretarse como el deber de pagar la remuneración diaria ordinaria, así como los beneficios, recompensas, estipendios, asignaciones, gratificaciones, premios, retribuciones, subvenciones, haberes, dietas, compensaciones o cualquier otro concepto que percibía el servidor público por la prestación de sus servicios, desde que se concretó su separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio y hasta que se realice el pago correspondiente. Lo anterior es así, porque si bien es cierto que la reforma constitucional privilegió el interés general de la seguridad pública sobre el interés particular, debido a que a la sociedad le interesa contar con instituciones policiales honestas, profesionales, competentes, eficientes y eficaces, también lo es que la prosecución de ese fin constitucional no debe estar secundada por violación a los derechos de las personas, ni ha de llevarse al extremo de permitir que las entidades policiales cometan actos ilegales en perjuicio de los derechos de los servidores públicos, sin la correspondiente responsabilidad administrativa del Estado" (lo subrayado es de este tribunal). Consecuentemente, como se estableció en la ejecutoria de amparo, el quejoso tiene derecho al pago de la indemnización de tres meses de salario y veinte días por cada año laborado, además de "las demás prestaciones a que tenga derecho", es decir, la remuneración diaria ordinaria, así como los beneficios, recompensas, estipendios, asignaciones, gratificaciones, premios, retribuciones, subvenciones, haberes, dietas, compensaciones, vacaciones, prima vacacional y aguinaldo o cualquier otro concepto que percibía el promovente del amparo por la prestación de sus servicios, desde que se concretó su separación, cese, remoción o??????????????? baja, y hasta que se realice el pago correspondiente, sin que, se precisa, se conceda el derecho al pago de salarios vencidos. Es aplicable la jurisprudencia 198/2016, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 505, libro 38, enero de 2017, tomo I, décima época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "SEGURIDAD PÚBLICA. LA INDEMNIZACIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN XIII, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, COMPRENDE EL PAGO DE 3 MESES DE SUELDO Y DE 20 DÍAS POR CADA AÑO LABORADO [ABANDONO DE LAS TESIS DE JURISPRUDENCIA 2a./J. 119/2011 Y AISLADAS 2a. LXIX/2011, 2a. LXX/2011 Y 2a. XLVI/2013 (10a.) (*)]. En una nueva reflexión, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación abandona el criterio contenido en las tesis indicadas, al estimar que conforme al artículo 123, apartado B, fracción XIII, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Constituyente otorgó a favor de los agentes del Ministerio Público, los peritos y los miembros de las instituciones policiales de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, el derecho al pago de una indemnización en el caso de que, a través de una resolución emitida por autoridad jurisdiccional competente, se resuelva que su separación o cualquier vía de terminación del servicio de la que fueron objeto resulta injustificada; ello, para no dejarlos en estado de indefensión al existir una prohibición absoluta de reincorporarlos en el servicio. Además, de la propia normativa constitucional se advierte la obligación del legislador secundario de fijar, dentro de las leyes especiales que se emitan a nivel federal, estatal, municipal o en el Distrito Federal, los montos o mecanismos de delimitación de aquellos que, por concepto de indemnización, corresponden a los servidores públicos ante una terminación injustificada del servicio. Ahora bien, el derecho indemnizatorio debe fijarse en términos íntegros de lo dispuesto por la Constitución Federal, pues el espíritu del Legislador Constituyente, al incluir el apartado B dentro del artículo 123 constitucional, fue reconocer a los servidores públicos garantías mínimas dentro del cargo o puesto que desempeñaban, sin importar, en su caso, la naturaleza jurídica de la relación que mediaba entre el Estado - en cualquiera de sus niveles- y el servidor; por tanto, si dentro de la aludida fracción XIII se establece el derecho de recibir una indemnización en caso de que la separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio fuere injustificada y, por su parte, en las leyes especiales no se prevén los mecanismos suficientes para fijar el monto de ese concepto, es inconcuso que deberá recurrirse a lo dispuesto, como sistema normativo integral, no sólo al apartado B, sino también al diverso apartado A, ambos del citado precepto constitucional; en esa tesitura, a fin de determinar el monto indemnizatorio a que tienen derecho los agentes del Ministerio Público, los peritos y los miembros de las instituciones policiales, debe recurrirse a la fracción XXII del apartado A, que consigna la misma razón jurídica que configura y da contenido a la diversa fracción XIII del apartado B, a saber, el resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados por el patrón particular o el Estado ante la separación injustificada y sea la ley o, en su caso, la propia Constitución, la que establezca la imposibilidad jurídica de reinstalación. Bajo esas consideraciones, es menester precisar que la hipótesis normativa del artículo 123, apartado A, fracción XXII, que señala que "la ley determinará los casos en que el patrono podrá ser eximido de la obligación de cumplir el contrato, mediante el pago de una indemnización", deja la delimitación del monto que por concepto de indemnización deberá cubrirse al trabajador a la ley reglamentaria, constituyéndose en el parámetro mínimo que el patrón pagará por el despido injustificado y, más aún, cuando se le libera de la obligación de reinstalar al trabajador al puesto que venía desempeñando; por tanto, si la ley reglamentaria del multicitado apartado A, esto es, la Ley Federal del Trabajo, respeta como mínimo constitucional garantizado para efectos de la indemnización, el contenido en la fracción XXII del apartado A en su generalidad, empero, prevé el pago adicional de ciertas prestaciones bajo las circunstancias especiales de que es la propia norma quien releva al patrón de la obligación de reinstalación -cumplimiento forzoso del contrato- aun cuando el despido sea injustificado, se concluye que, a efecto de determinar el monto que corresponde a los servidores públicos sujetos al régimen constitucional de excepción contenido en el artículo 123, apartado B, fracción XIII, segundo párrafo, de la Carta Magna, resulta aplicable, como mínimo, el monto establecido en el diverso apartado A, fracción XXII, y los parámetros a los que el propio Constituyente refirió al permitir que fuese la normatividad secundaria la que los delimitara. En consecuencia, la indemnización engloba el pago de 3 meses de salario y 20 días por cada año de servicio, sin que se excluya la posibilidad de que dentro de algún ordenamiento legal o administrativo a nivel federal, estatal, municipal o del Distrito Federal existan normas que prevean expresamente un monto por indemnización en estos casos, que como mínimo sea el anteriormente señalado, pues en tales casos será innecesario acudir a la Constitución, sino que la autoridad aplicará directamente lo dispuesto en esos ordenamientos". En atención a ello, se reserva a proveer la apertura del incidente de liquidación de sentencia y la designación de peritos, hasta en tanto la responsable cumpla con el requerimiento efectuado en el presente proveído. Por otra parte, gírese oficio al Director General Jurídico de la Secretaria de Seguridad del Estado de Jalisco, para que proporcione ?????????????? la información solicitada por la parte quejosa en el escrito de cuenta, toda vez que guarda estrecha relación con el cumplimiento de la ejecutoria de amparo (se le remite copia autorizada del mismo para mayor claridad). Finalmente, en cuanto a la solicitud de expedición de copias, indíquese que deberá estarse a lo acordado en el auto inicial. Notifíquese.

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