Martha Morales Morales

Expediente 1144/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 4 actuaciones registradas, la última del 10 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1144/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
10/10/2022

Partes del expediente

  • Martha Morales Morales

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad de México, diez de octubre de dos mil veintidós. Se tiene por recibido el oficio proveniente del Decimocuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, por el cual hace del conocimiento de este órgano jurisdiccional que ha quedado firme el proveído de veinticinco de agosto último, dictado dentro de los autos del R.A. 413/2022 de su índice, por el cual desechó el medio de impugnación interpuesto en autos; atento a lo anterior, se toma conocimiento de su contenido, sin que haya lugar a acusar recibo de estilo, lo anterior toda vez que así lo solicitó la superioridad. Ante esa virtud, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente juicio como asunto total y definitivamente concluido. Por otra parte, en acatamiento a lo ordenado por los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se instruye lo siguiente: Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis del capítulo octavo, articulo 21, fracción b), del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo donde se desechó la demanda de amparo y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha. Notifíquese

  2. Principal

    Ciudad de México, uno de septiembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio proveniente del Decimocuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, a través del cual, hace del conocimiento de este órgano jurisdiccional el auto de veinticinco de agosto de dos mil veintidós, dictado en los autos del toca R.A. 413/2022 de su índice, donde medularmente informa que desechó el medio de impugnación interpuesto en autos; de lo anterior se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.

  3. Principal

    Ciudad de México, dieciocho de agosto de dos mil veintidós. Se tiene por recibido el oficio proveniente del Juzgado Decimosexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, por el cual remite el escrito que anexa por los motivos que refiere. Atento a lo anterior, se tiene por recibido el escrito signado por la parte quejosa, por el cual interpone recurso de revisión contra del proveído de veintidós de julio de dos mil veintidós, por el que se desechó de plano la demanda que dio inicio a esta contienda constitucional. En consecuencia, con fundamento en el artículo 81 de la Ley de Amparo, remítanse los presentes autos al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito en turno, para la substanciación del recurso de revisión, anexando el escrito original de expresión de agravios a fin de que tenga a bien resolver lo que en derecho corresponda. Se forma cuaderno de antecedentes, en favor de una protección al medio ambiente y para optimizar los recursos materiales, aprovechando el expediente electrónico, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 54, 89 y 90 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el Secretario del Juzgado debe hace constar la integración de las constancias respectivas, que conforman el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de este órgano jurisdiccional, como si se glosaran a este cuaderno. Notifíquese.

  4. Principal

    Ciudad de México, veintidós de julio de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo presentada por ******************* contra actos del Encargado del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y otras autoridades. Integración del expediente. Fórmese el expediente 1144/2022 e intégrese el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Háganse las anotaciones respectivas en dicho sistema y en el Libro de Gobierno. Sentido de la determinación inicial. Ahora bien, del examen integral que ordena el artículo 113 de la Ley de Amparo, resulta necesario analizar si es procedente o no la demanda en cuestión, para estar en aptitud legal de proveer lo que en derecho corresponda sobre su admisión o desechamiento. . El artículo en mención señala que para el desechamiento de plano de una demanda de garantías es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Es aplicable en la parte conducente, por analogía la jurisprudencia I.13o.A. J/6, que establece: DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. . Así como la jurisprudencia número I.1o.A. J/4, cuyo rubro y texto es el siguiente: DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. . En principio, y previo a determinar la causa de notoria improcedencia que en el caso se actualiza, es importante destacar que el estudio se realiza en términos de la jurisprudencia 40/2000, aplicada por analogía, la cual señala: DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. . De lo anterior se desprenden diversos lineamientos que rigen el desechamiento de una demanda, los cuales son:  Que debe encontrarse un motivo de improcedencia del juicio constitucional;  Tal motivo debe ser manifiesto, es decir, advertirse en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo; y,  También debe ser indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Ahora bien, en atención a las consideraciones expuestas en líneas precedentes y del análisis al escrito inicial de demanda, se advierte que señala como autoridades responsables a las siguientes: . Asimismo, se advierte que el acto reclamado es: "LA APLICACIÓN A MI SUELDO DE JUBILADOS DE LA ORDEN EXPRESA DE SUSTITUCIÓN DE CONCEPTOS SALARIO- MÍNIMO POR UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN en relación con el oficio SP/01/DP/6411/2022." En ese sentido, este juzgado estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El artículo 107, fracción IV de la Constitución Federal, establece lo siguiente: . Lo anterior, en relación con lo previsto en el artículo 61 fracción XX de la Ley de Amparo, toda vez que, como se estableció en la líneas que anteceden, la parte quejosa está obligada agotar el principio de definitividad en relación con el acto reclamado, toda vez que en el presente asunto, no se actualiza ninguna excepción a éste, como se demostrará a continuación. El artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo, establece lo siguiente: . De la interpretación de los preceptos transcritos, se puede apreciar que el juicio de amparo constituye un medio extraordinario para invalidar los actos de autoridad conculcatorios de derechos humanos, motivo por el cual, su estructura se funda en diversos principios o postulados básicos que lo distinguen de los restantes medios legales de defensa común. Dichos principios generales del juicio de amparo, se encuentran previstos en los artículos 107 de la Constitución General de la República, y 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, entre los que se encuentra el de definitividad, que tiene por objeto restringir la procedencia de la acción constitucional. En efecto, el principio de definitividad del juicio de amparo, obliga a la parte quejosa a agotar previamente a su interposición, los recursos ordinarios o medios de defensa legales que la ley que rige el acto reclamado establece para modificarlo, revocarlo o nulificarlo, pues como ya se dijo, el juicio de amparo se concibió como un medio extraordinario de defensa, lo que significa que sólo procede en casos excepcionales, como lo son, entre otros, aquellos que ya no son susceptibles de ser revisados a través de los citados recursos o medios de defensa ordinarios. En ese tenor, se desprende que tratándose de actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, cuando exista un medio ordinario de defensa por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado el acto que se reclama y que conforme a las leyes que lo rijan proceda la suspensión de los efectos de dicho acto, sin exigir mayores requisitos de los requeridos por el medio ordinario de defensa, debe agotarse previamente a la interposición del juicio de amparo, por lo que cobra aplicación en el caso concreto el artículo 3, fracción XII, de la Ley Orgánica del Tribunal de Federal de Justicia Administrativa que dispone, lo siguiente: . En términos del numeral citado, se establece que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos respecto de los cuales pongan fin a un procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente en términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Al respecto, deben entenderse como aquellos que ponen fin a una instancia, las resoluciones que den respuesta a la súplica, petición o solicitud hecha a la autoridad por un particular, y que por su propia naturaleza determinen la imposibilidad de continuar con un procedimiento, esto es, no sólo la resolución que recaiga a ésta y la dé por concluida, sino también cuando por su naturaleza y por los términos en que se dicta, materialmente impide continuar con el procedimiento, en ese sentido, el término instancia se refiere a todos aquellos actos procesales comprendidos a partir del ejercicio de una acción y la contestación que se produzca. Robustece lo anterior la tesis I.13o.A.87 A, que es de rubro y texto siguiente: TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. ES COMPETENTE PARA CONOCER DE RESOLUCIONES QUE RECAIGAN A UNA INSTANCIA QUE POR SU PROPIA NATURALEZA IMPIDAN CONTINUAR CON UN PROCEDIMIENTO. . Sin que pase inadvertido que la tesis enunciada con antelación hace referencia a la Ley Abrogada del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, hoy Tribunal Federal de Justicia Administrativa, toda vez que los supuestos previstos por el numeral 11 del ordenamiento jurídico abrogado, prevalecen en el artículo 3, fracción XII, de la Ley Orgánica vigente del citado Tribunal. Ahora bien, de las consideraciones anteriormente expuestas, éste juzgado estima que en el caso particular, se actualiza la hipótesis normativa prevista en el numeral en comento, razón por la cual resulta procedente el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, ya que el amparo se promueve en contra de la aplicación del oficio SP/01/DP/6411/2022, que da respuesta a la petición elevada por la promovente, en el sentido de que resulta improcedente atender su petición en el sentido de pagar el sueldo y reintegrar los retroactivos que menciona en el escrito de petición; de ahí que se estime que el oficio reclamado pone fin a la instancia intentada por la quejosa; por lo que se concluye que el acto reclamado, es impugnable ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en términos de la fracción XII del artículo 3 de la Ley Orgánica del citado Tribunal. Por tanto, para estar en aptitud de promover el juicio de amparo, resulta obligatorio el agotamiento del juicio contencioso administrativo referido por parte del gobernado. Ahora bien, cabe destacar, que respecto del acto mencionado, no se actualizan las excepciones al principio de definitividad, ya que, el artículo 28, fracción III, inciso a), de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, no prevé mayores requisitos para la concesión de la suspensión que la que dispone el artículo 128 de la Ley de Amparo. Es aplicable la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL ARTÍCULO 28 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA NO EXIGE MAYORES REQUISITOS PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN DEL ACTO IMPUGNADO QUE LOS PREVISTOS EN LA LEY DE AMPARO, POR LO QUE ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE GARANTÍAS DEBE AGOTARSE EL DE NULIDAD (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL ONCE DE MARZO DE DOS MIL ONCE). . Corrobora la jurisprudencia citada que los requisitos previstos en el juicio de nulidad no son mayores a los señalados en la Ley de Amparo. No es óbice para arribar a la anterior conclusión que la jurisprudencia con número de registro 2001434 se refería a la Ley de Amparo abrogada, en virtud de que subsisten las mismas hipótesis de la Ley actual. Por tanto, se concluye que la suspensión en el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, no exige mayores requisitos de los que prevé la suspensión en el juicio de amparo indirecto. Asimismo, del oficio que contiene el la resolución reclamada, no se advierte que carezca de fundamentación y motivación, pues del mismo se advierte que contiene diversos preceptos legales en los que se sustentan, los cuales sin prejuzgar sobre su correcta aplicación, ponen de relieve que dicho acto no carece de fundamentación, con lo cual queda evidenciado que no se actualiza la excepción al principio de definitividad, por ello la promovente sí se encuentra obligada a agotar el principio de definitividad. Conviene citar por analogía y en lo conducente, la jurisprudencia número XXI.2º.J/6, que prevé: AMPARO, IMPROCEDENCIA DEL. CASO EN EL QUE NO SE ACTUALIZA LA EXCEPCIÓN DE PROCEDENCIA DEL JUICIO DE GARANTÍAS PREVISTA EN EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN XV DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO.- . Tampoco se hacen valer únicamente violaciones directas a la Constitución, sino en todo caso violaciones indirectas, aunado a que, aún en el caso, ello por sí mismo no hace procedente el juicio de amparo, pues de ser así, se dejaría al arbitrio de la quejosa el tramitar la instancia constitucional o el medio ordinario de defensa, ya que bastaría que únicamente se refirieran en la demanda la contravención a preceptos constitucionales para hacer procedente el juicio. Apoya lo anterior, las tesis de rubro y texto siguiente: RECURSOS ORDINARIOS, CASOS EN LOS QUE DEBEN AGOTARSE, ANTES DE ACUDIR A LA VÍA CONSTITUCIONAL. . RECURSOS ORDINARIOS. DEBEN AGOTARSE PREVIAMENTE A LA INTERPOSICION DEL AMPARO, CUANDO EN LA DEMANDA DE GARANTIAS SE RECLAMAN VIOLACIONES DIRECTAS A LA CONSTITUCION Y CUESTIONES DE LEGALIDAD. . De ahí que este juzgador estime que en el caso, se actualiza la causa de improcedencia invocada, puesto que en contra del acto que por esta vía reclama la parte accionante de amparo, procede el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, por tanto, previamente a la interposición del presente juicio de amparo, se encuentra obligada a agotarlo para cumplir con el principio de definitividad que rige a la materia de amparo, pues no opera la excepción planteada. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: RECURSOS ORDINARIOS. NO ES NECESARIO AGOTARLOS CUANDO UNICAMENTE SE ADUCEN VIOLACIONES DIRECTAS A LA CONSTITUCION. . Aunado a lo anterior, tampoco se advierte que la peticionaria del amparo se ostente como tercera extraña y tampoco se está en presencia de alguno de los actos prohibidos por el artículo 22, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para determinar que se surte algún caso de excepción al principio de definitividad. Finalmente, no pasan inadvertidos los criterios jurisprudenciales que invoca la quejosa para combatir la negativa reclamada; sin embrago, ha sido criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que la aplicación de jurisprudencia representa una mera cuestión de legalidad, aunque se refiera a inconstitucionalidad de leyes o interpretación de preceptos constitucionales, por lo que no constituye una excepción al principio de definitividad, de ahí que resulta inconcuso que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, se encuentra en aptitud de resolver su pretensión. Resulta aplicable la jurisprudencia 1a./J. 103/2011, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de la Nación, visible en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, Página: 754, de rubro y texto siguiente: JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. SU APLICACIÓN REPRESENTA UNA CUESTIÓN DE MERA LEGALIDAD, AUN CUANDO SE REFIERA A LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LEYES O A LA INTERPRETACIÓN DIRECTA DE PRECEPTOS CONSTITUCIONALES. . En las condiciones apuntadas, en acatamiento al principio de definitividad que rige al juicio de amparo, se estima colmada la causal de improcedencia prevista en el artículo 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, por lo que SE DESECHA POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE, la demanda de amparo presentada por ******************, por propio derecho. Domicilio y autorizados. Por otra parte, con base en el arábigo 27, fracción I, de la Ley de la Materia, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el que indica en su ocurso de cuenta. Téngase como autorizados para oír y recibir notificaciones, en términos del artículo 24 de la Ley de Amparo, a las diversas personas que menciona. Correo electrónico que proporciona. Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, no existe registro de nombre de usuario que corresponda al correo electrónico *********************, se hace del conocimiento de la parte quejosa que si desea solicitar la autorización para la práctica de notificaciones electrónicas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, deberá hacer el registro de un usuario para tales efectos. Al igual, téngase por señalado el número telefónico que se proporciona, para los efectos legales a que haya lugar; sin que haya lugar a tener éste para oír y recibir notificaciones, en razón de que no cumple con los requisitos para las notificaciones electrónicas, en atención a lo establecido en el artículo 30 de la Ley de Amparo. Habilitación Actuarios. De conformidad con el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan horas y días inhábiles a fin de que los actuarios de la adscripción realicen las notificaciones de carácter personal que se lleguen a ordenar en este asunto. En caso de imposibilidad de notificación En ese mismo sentido, en aras de una administración de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República, y de manera adicional a lo estatuido en el numeral 27 de la Ley de la Materia, desde este momento se faculta al actuario de la adscripción, para que en el supuesto de que en este juicio de amparo se ordene una notificación personal y se presente alguna imposibilidad para practicarla, como enunciativa más no limitativamente se precisa: no conozcan a la persona buscada o esté desocupado el inmueble designado, dicha notificación se efectúe (previa razón asentada como soporte), por medio de la lista que se fija en los estrados de este Tribunal Federal; en la inteligencia de que, dicho medio de publicidad será el lugar donde se practiquen las subsecuentes notificaciones, hasta en tanto la parte interesada señale un nuevo inmueble para tal efecto. En ese orden, y para mayor seguridad de las partes en el presente juicio de amparo, se faculta al fedatario de la adscripción, para que en el desempeño de las formalidades procesales que se le encomienden, haga uso de cualquier aparato electrónico, como lo son cámaras, grabadoras y lectores ópticos, ello con fundamento en la circular 12/2009, del Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de dieciocho de marzo de dos mil nueve. Uso de medios electrónicos. Desde este momento se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos para la consulta del expediente y sus anexos salvo de aquellas constancias que sean reservadas o confidenciales para ello bastará su solicitud verbal y que se deje en autos constancia legal, por lo que no se requerirá promoción alguna para ello. Expedición de copias. De igual modo, desde este momento de autoriza a las partes la expedición de copias simples o certificadas de las constancias que obren en autos y sus anexos. Para ello bastará: (i) que las soliciten a la Secretario o Secretario del Juzgado responsable de su expediente; (ii) que paguen el costo de su reproducción directamente en el centro de fotocopiado del edificio en el que se encuentra este Juzgado Federal; y, (iii) que se deje en el expediente constancia legal de su recepción, por lo que no será necesario que lo soliciten por escrito. Protección de Datos Personales y Transparencia. Dígase a las partes que los datos personales y sensibles que se alleguen en el presente asunto, quedan sujetos a lo contemplado en los artículos 1, 3 fracciones IX, X y XVII, 5, 18, 22, fracciones IV y V, 25, 26, 27 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. En cumplimiento de lo ordenado en los artículos 1, 9, 16, 13, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones y sentencia que se emitan en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. De conformidad con lo estatuido en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en el presente asunto, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados; en el entendido que de no realizar manifestación alguna, las resoluciones que se dicten se publicarán sin supresión de datos. Dígase a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/ Login o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes (FESE) cuya liga es http://www.dgepj.cjf.gob.mx, respectivamente. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa.

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