Martha Mireya Ortega Loeza y Otros.
Expediente 479/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 9 actuaciones registradas, la última del 8 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 479/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 08/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Martha Mireya Ortega Loeza y Otros.
- Enrique González Garcilazo
- Martha Mireya Ortega Loeza
- Alberto Lucio Diaz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Morelia, Michoacán, ocho de noviembre de dos mil veintidós. CAUSA EJECUTORIA Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, específicamente de la certificación que antecede de la que se advierte ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa a quien perjudica el sentido de la sentencia, hubiese interpuesto recurso de revisión contra la sentencia dictada en el presente asunto, en la que se SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo; en tal virtud, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA dicha resolución, para todos los efectos legales procedentes. ARCHIVO Ahora, visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se desprende que no existe ninguna actuación pendiente por desahogar; en consecuencia, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo, con apoyo en el artículo 214 de Ley de Amparo, se ordena remitir al archivo el juicio de amparo en que se actúa, por tratarse de un asunto concluido. CUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS DEL ACUERDO En consideración a lo anterior, y a que de la certificación que antecede no se advierte que obre glosado documento original alguno ni en resguardo en la caja de seguridad de este juzgado relacionado con el mismo, aunado a que el presente juicio no se considera de relevancia documental, con fundamento en los artículos 12 y 21, incisos a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se estima que el presente juicio de amparo es SUSCEPTIBLE DE DESTRUIRSE, en razón de haberse sobreseído el amparo, por lo que una vez transcurridos tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 21 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
V I S T O S los presentes autos, para resolver el juicio de amparo III-479/2022, promovido por Federico Reyes Zavala, Alberto Lucio Díaz y José Cruz López Loeza, contra actos del Presidente y Tesorera Municipal de Huandacareo, Michoacán. R E S U L T A N D O PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. En escrito depositado el cuatro de mayo de dos mil veintidós en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, recibido en este órgano jurisdiccional, por razón de turno, el nueve de ese mes y año, Federico Reyes Zavala, Alberto Lucio Díaz y José Cruz López Loeza, por propio derecho, promovieron demanda de amparo indirecto en contra del Presidente y Tesorera Municipal de Huandacareo, Michoacán. SEGUNDO. DERECHOS FUNDAMENTALES QUE SE ESTIMAN VIOLADOS. La parte quejosa precisó como derechos fundamentales vulnerados en su perjuicio el reconocido en el artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. En auto de diez de mayo del año que transcurre, se admitió la demanda de amparo respecto del acto reclamado y por las autoridades señaladas como responsables, registrándose con el número de expediente III-479/2022. En el mismo proveído, se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado; se dio la intervención que compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Mediante acuerdo de cinco de julio de dos mil veintidós, se dio cuenta con el informe justificado rendido por las autoridades responsables quien si bien afirmaron la existencia del acto reclamado, también se pronunciaron en cuanto a la petición planteada por la parte quejosa; en consecuencia, se requirió a la parte quejosa para dentro del término de quince días, manifestaran si era su deseo ampliar su demanda de amparo, por lo que veía a la respuesta emitida por las responsables. No obstante que la parte quejosa fue debidamente notificada de dicho acuerdo, se advierte que no amplió su demanda de amparo por lo que ve a la respuesta emitida por las autoridades responsables. Posteriormente, tuvo lugar la celebración de la audiencia constitucional en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado es legalmente competente por materia, territorio y grado para conocer del presente asunto y resolverlo, de conformidad con lo establecido en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, así como el diverso artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y punto Cuarto, fracción XI, párrafo primero, del Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, al número y a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito. Por tratarse de una demanda de amparo promovida contra una omisión de una autoridad dentro del territorio en donde tiene jurisdicción mixta este órgano federal. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede al examen integral de la demanda de amparo y su ampliación, así como demás pruebas y constancias que se allegaron a la litis constitucional, y su contenido se interpreta sin calificativos o expresiones ambiguas u obscuras, se razona sobre su causa de pedir, ya que solo así se garantiza un efectivo acceso a la justicia. Se cita como apoyo a lo anterior la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido siguiente: Tesis: P./J. 40/2000 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época Número de identificación 192097 Pleno Tomo XI, Abril de 2000 Página 32 Jurisprudencia (Común) "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En ese sentido, de la lectura integral de la demanda de amparo, así como de las constancias que obran en autos, se advierte que el acto reclamado a la autoridad responsable en la presente instancia constitucional, consiste en: La omisión de atender la solicitud de información respecto del estado actual en el que se encuentra la ejecución y expedición de los traslados de dominio con números de escritura privada 1868, 1869, 1870, 1871, 1872 y 1873, con folios de traslado 272, 273, 283, 319, 320 y 321, respecto al trámite de escrituración; escrito de petición que fue presentado el trece de abril del año en curso. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado al Presidente y Tesorera Municipal de Huandacareo, Michoacán, pues así lo reconocieron al rendir su informe justificado. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia del texto y datos de localización siguientes: Época: Quinta Época Registro: 1002815 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 2011 Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Sexta Sección - Procedimiento de amparo indirecto Materia(s): Común Tesis: 749 Página: 830 "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Además, tal afirmación se corrobora con las constancias que las autoridades responsables anexaron a su informe justificado. Prueba a la cual se le concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 188, 197 y 202 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, al tratarse de actuaciones realizadas por funciones públicos en el ejercicio de sus funciones. Resulta aplicable la tesis que se reproduce enseguida: Época: Quinta Época Registro: 394182 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 226 Página: 153. "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." CUARTO. Análisis de las causales de Improcedencia. Previo al estudio de fondo del asunto, se impone analizar las causales de improcedencia y/o sobreseimiento, sea que las hagan valer las partes o que de oficio las advierta este órgano de control constitucional, por ser una cuestión oficiosa de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso este Juzgado de Distrito advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción XXI del numeral 61 de la Ley de Amparo. Previo al análisis de la causal que se actualiza, se hace alusión a los antecedentes del caso. La parte quejosa señaló como acto reclamado la falta de respuesta a la petición formulada el trece de abril de dos mil veintidós, en la que se solicitó al Presidente Municipal de Huandacareo, Michoacán, lo siguiente: ".Por medio del presente nos dirigimos ante usted enviándole un cordial y afectuoso saludo y, a la vez, aprovechamos para solicitarle nos brinde información del estado actual en que se encuentra la ejecución y expedición de nuestros traslados de dominio, respecto a los fraccionamientos Cerrito de la Cruz (colonia San José) y Ampliación Cuauhtémoc, de este municipio de Huandacareo, toda vez que con fechas 05 de noviembre de 2021 dos mil veintiuno y 23 de noviembre de 2021 dos mil veintiuno, fueron presentados dichos traslados de dominio ante la Tesorería Municipal, y a la fecha no han sido entregados, ni hemos tenido una respuesta favorable." Así, no obstante que dicha autoridad al momento de la presentación de la demanda de amparo había sido omisa en dar respuesta a la solicitud de mérito, se advierte que al rendir su informe justificado emitió respuesta a la parte quejosa, la que realizó en los siguientes términos: "(.) ES CIERTO EL ACTO QUE SE NOS RECLAMA, CONSISTENTE EN LA OMISIÓN DE RESPUESTA OPORTUNA A LA PETICIÓN DE AUTORIZACIÓN DE LA DECLARACIÓN DE IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLE O AVISO DE TRASLADO DE DOMINIO, PERO, EN NINGÚN MOMENTO SE HAN VIOLADO DERECHOS HUMANOS DE LOS PETICIONARIOS, DADO QUE EN FORMA DIRECTA Y VERBAL AL GESTOR DE LA NOTARIA 154, LICENCIADO JOSÉ ALONSO GABRIEL FROYLAN, EN REITERADAS OCASIONES SE LE HIZO SABER LA IMPOSIBILIDAD LEGAL Y MATERIAL DE AUTORIZAR LOS TRASLADOS DE DOMINIO A QUE SE HACE REFERENCIA, COMO SE SEÑALA EN LA SIGUIENTE RELACIÓN QUE SE ADJUNTA Y POR LAS RAZONES QUE EN LA MISMA SE ANOTAN. (.) SE TRATA DE QUE EXISTEN DIFERENTES PROPIETARIOS RESPECTO DE LOS QUE SE PRETENDEN ESCRITURAR LOS PREDIOS, LO QUE CONFIRMAMOS CON LA CONSTANCIA EXPEDIDA POR EL DIRECTOR DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO, DONDE SE DESTACA QUE SON DISTINTOS LOS POSESIONARIOS DE LOS LOTES DE LOS QUE SE PRETENDEN ESCRITURAR (.)" Con base en ello, este órgano jurisdiccional, por auto de cinco de julio de dos mil veintidós, requirió a la parte quejosa para que, si era su deseo, dentro del término de quince días ampliara su demanda de amparo por lo que ve a la respuesta emitida por las autoridades responsables, sin que lo haya hecho. Por tanto, se continuó el trámite del presente juicio de amparo en cuanto al acto reclamado y autoridades responsables que señaló en su libelo constitucional. Precisado lo anterior, se reitera que en el presente asunto se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción XXI del numeral 61 de la Ley de Amparo, por lo que ve a la conducta omisiva que se atribuye a las responsables. En efecto, el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]". El Máximo Tribunal del País ha sostenido que los efectos de un acto reclamado cesan cuando la responsable lo deroga o revoca y esto da lugar a una situación idéntica a la existente antes de su nacimiento. También, cuando la autoridad sin revocarlo o dejarlo insubsistente constituye una situación jurídica que destruye definitivamente la que dio motivo al amparo y restituye al quejoso en el goce del derecho violado. En esa óptica, la cesación del acto reclamado significa que la autoridad deja de afectar al quejoso, lo cual debe entenderse como su detención definitiva, la desaparición total de sus efectos, que puede verse acompañada de la insubsistencia de aquél. Por tanto, la razón justificante de la improcedencia de mérito de ninguna manera es su simple paralización, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de una actuación que no surtió sus consecuencias, ni las surtirá y en modo alguno dejó huella en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. De esa forma, tal motivo de improcedencia está orientado por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio, a saber, lograr la reparación constitucional referida en el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho vulnerado, para restablecer las cosas al estado existente antes de la violación cuando el acto reclamado sea de carácter positivo y, de ser negativo, obligar a la responsable a respetar la prerrogativa correspondiente. Así, dicho motivo de inviabilidad se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo que las cosas han vuelto al estado guardado antes de la violación impugnada, como si se hubiera otorgado el amparo y el acto no invadiera la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación ninguna huella dejara. Sustenta lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En ese contexto, lo hasta aquí expuesto, permite establecer que la actualización de la causa de improcedencia en mención requiere la coincidencia de dos presupuestos, a saber: a) Que se demuestre que el acto reclamado ha quedado insubsistente; y, b) Que con motivo de la insubsistencia del acto reclamado, las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejosa y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. Ahora, en el caso concreto, la parte quejosa señaló como acto reclamado la omisión de dar respuesta al escrito presentado en fecha trece de abril de dos mil veintidós. Sin embargo, -como se puso de manifiesto- la autoridad responsable al emitir su informe justificado comunicó y acreditó que dio respuesta a la solicitud de la quejosa, y le manifestó dicha contestación, de lo cual se le dio vista para que ampliara su demanda, sin que así lo haya hecho. Con lo cual también tuvo conocimiento oportuno de la respuesta que recayó. Por ende, aunque devino un nuevo acto durante la tramitación del proceso, que guarda estrecha relación con los reclamados en la demanda de inicial, al no haber ampliado la demanda en contra de éste, es evidente que el acto reclamado - omisivo- quedó insubsistente con motivo de la respuesta de la autoridad responsable, y su notificación personal a la parte quejosa. Además, las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo. Sin que sea dable analizar la constitucionalidad de la respuesta emitida por la autoridad responsable, porque contra ésta no se inconformó la parte quejosa, aun y cuando se le dio vista con la misma y se le requirió para que señalara si era su deseo ampliar la demanda en términos del artículo 111 de la Ley de Amparo. Sirve de sustento a lo anterior la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del contenido siguiente: Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 168189 Instancia: Segunda Sala Novena Época Materias(s): Común Tesis: 2a./J. 205/2008 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXIX, Enero de 2009, página 605 Tipo: Jurisprudencia "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO POR VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 8o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. OPERA CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO EXHIBE LA CONTESTACIÓN A LA PETICIÓN FORMULADA, QUEDANDO EXPEDITOS LOS DERECHOS DEL QUEJOSO PARA AMPLIAR SU DEMANDA INICIAL, PROMOVER OTRO JUICIO DE AMPARO O EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA QUE PROCEDA. De la interpretación de los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se concluye que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la insubsistencia del mismo, todos sus efectos desaparecen o se destruyen de forma inmediata, total e incondicionalmente, de manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Ahora bien, el hecho de que la autoridad responsable al rendir su informe justificado exhiba la respuesta expresa a la petición de la parte quejosa, producida durante la tramitación del juicio de amparo, significa, por una parte, que los efectos de la falta de contestación desaparecieron, de manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación al artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por otra, que respecto del contenido de dicha contestación, el quejoso puede ampliar su demanda inicial, promover otro juicio de amparo o el medio ordinario de defensa que proceda, toda vez que se trata de un nuevo acto." En ese contexto, se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo; por tanto, procede sobreseer en el juicio de amparo respecto al acto reclamado consistente en la omisión de contestar el escrito formulado el trece de abril de dos mil veintidós, ante las autoridades responsables, en términos del artículo 63, fracción V, de la ley citada. Máxime que como se dijo, no amplió la demanda contra la determinación. Se destaca que con motivo del sobreseimiento decretado, no procede el estudio de los conceptos de violación, sirve de apoyo la Jurisprudencia siguiente: Registro digital: 239006 Instancia: Segunda Sala Séptima Época Materias(s): Común Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Volumen 24, Tercera Parte, página 49 Tipo: Jurisprudencia "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Finalmente, por lo que ve a las diversas manifestaciones que hace valer a manera de alegatos el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, es innecesario plasmar en la presente ejecutoria lo ahí argumentado, en razón de que se advierte que no existe alguna cuestión que tenga que tomar en cuenta este Juzgado de Distrito para hacer un cambio de criterio. Por lo expuesto, con fundamento en los artículos 73 a 77, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo. R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Federico Reyes Zavala, Alberto Lucio Díaz y José Cruz López Loeza, contra el acto precisado en el considerando segundo y por los motivos y fundamentos expuestos en el considerando cuarto de este fallo. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Morelia, Michoacán, veinticinco de julio de dos mil veintidós. ESTADO DE AUTOS Visto el estado procesal que guarda el presente sumario, se observa que al día de hoy se encuentra transcurriendo el término de quince días concedido a la parte quejosa mediante proveído de cinco de julio del año en curso, para que manifieste si es su deseo ampliar su demanda de amparo. DIFERIMIENTO DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Para dar margen a lo anterior, se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para hoy, la que tendrá verificativo a las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL UNO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie, Secretario que autoriza. Doy Fe.JegpEnseguida se pasan los presentes autos a la actuaría judicial de la adscripción. Conste.
- Principal
Morelia, Michoacán, cinco de julio de dos mil veintidós. ESTADO DE AUTOS Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que se encuentra transcurriendo el término de ocho días que establece el artículo 117 de la Ley de Amparo para que las partes se impongan del contenido del informe justificado acordado en proveído de veintisiete de julio de dos mil veintidós. Asimismo, se advierte que el acto reclamado a la autoridad responsable es la omisión de dar respuesta a la solicitud formulada el trece de abril de dos mil veintidós, respecto al estado procesal en que se encuentra la ejecución y expedición de los traslados de dominio de las escrituras privadas números 1868, 1869, 1870, 1871, 1872 y 1873. Ahora del informe justificado rendido por la responsable se desprende que acepta el acto reclamado en cuanto a que fue omisa en dar respuesta a la solicitud de la quejosa. Sin embargo, también atiende la petición planteada por la parte quejosa al señalar literalmente lo siguiente: "(.) ES CIERTO EL ACTO QUE SE NOS RECLAMA, CONSISTENTE EN LA OMISIÓN DE RESPUESTA OPORTUNA A LA PETICIÓN DE AUTORIZACIÓN DE LA DECLARACIÓN DE IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLE O AVISO DE TRASLADO DE DOMINIO, PERO EN NINGÚN MOMENTO SE HAN VIOLADO DERECHOS HUMANOS DE LOS PETICIONARIOS, DADO QUE EN FORMA DIRECTA Y VERBAL AL GESTOR DE LA NOTARIA 154, LICENCIADO JOSÉ ALONSO GABRIEL FROYLAN, EN REITERADAS OCASIONES SE LE HIZO SABER LA IMPOSIBILIDAD LEGAL Y MATERIAL DE AUTORIZAR LOS TRASLADOS DE DOMINIO A QUE SE HACE REFERENCIA, COMO SE SEÑALA EN LA SIGUIENTE RELACIÓN QUE SE ADJUNTA Y POR LAS RAZONES QUE EN LA MISMA SE ANOTAN. (.) SE TRATA DE QUE EXISTEN DIFERENTES PROPIETARIOS RESPECTO DE LOS QUE SE PRETENDEN ESCRITURAR LOS PREDIOS, LO QUE CONFIRMAMOS CON LA CONSTANCIA EXPEDIDA POR EL DIRECTOR DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO, DONDE SE DESTACA QUE SON DISTINTOS LOS POSESIONARIOS DE LOS LOTES DE LOS QUE SE PRETENDEN ESCRITURAR (.)" Por lo anterior, es que se ordena notificar a la parte quejosa el presente proveído así como el contenido del informe a través del cual la responsable realiza diversas manifestaciones respecto a la solicitud formulada por los hoy peticionarios del amparo. REQUERIMIENTO PARTE QUEJOSA Por otra parte, con fundamento en el artículo 117, último párrafo de la Ley de Amparo, requiérase a la parte quejosa, para que dentro del término de QUINCE DÍAS contados a partir de la legal notificación del presente auto, manifieste: Si es su deseo ampliar su demanda de amparo por lo que ve a la respuesta emitida por el Presidente y Tesorera del Ayuntamiento de Huandacareo, Michoacán, al rendir su informe justificado, a través del cual atendió la solicitud formulada por los quejosos. APERCIBIMIENTO Con el apercibimiento que de no hacer manifestación alguna se seguirá el juicio únicamente por el acto y autoridad señalada en el libelo constitucional. Cobra aplicación por similitud al respecto la jurisprudencia, cuya sinopsis se transcribe a continuación: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. EL QUEJOSO PUEDE OPTAR POR ELLA EN CONTRA DE LA CONTESTACIÓN A SU PETICIÓN Y SU NOTIFICACIÓN, AUN CUANDO LA RESPONSABLE AFIRME QUE CUMPLIÓ CON EL ARTÍCULO 8o. CONSTITUCIONAL, ANTES DE LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. Si el juicio de garantías se promueve por violación al derecho de petición, contenido en el artículo 8o. constitucional, y la autoridad responsable rinde informe justificado en el sentido de que la petición formulada por el accionante del juicio fue contestada y notificada en fecha previa a la de la presentación de demanda, lo que podría tener como consecuencia el sobreseimiento en el juicio de garantías, en términos del artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo, ante la inexistencia de la omisión reclamada, dicha contestación puede ser objeto ya sea de la promoción de un diverso juicio de garantías o de la ampliación de la demanda de amparo inicial, porque aun cuando se afirme por la autoridad responsable que la respuesta se formuló antes de que se presentara la demanda de garantías, la circunstancia de que el quejoso acuda al amparo haciendo valer la violación a la garantía constitucional en estudio, hace deducir que tal contestación y su notificación constituyen actos nuevos desconocidos por el accionante relacionados con la omisión reclamada, y que por tanto, pueden analizarse en el mismo juicio ya promovido, en aras de la concentración y economía procesal referidas en el artículo 17 de la Constitución General de la República." DIFERIMIENTO DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Para dar margen a lo anterior, se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para hoy, la que tendrá verificativo a las ONCE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL VEINTICINCO DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDÓS. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie, Secretario que autoriza. Doy Fe.JegpEnseguida se pasan los presentes autos a la actuaría judicial de la adscripción. Conste.
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