Martha Miravalles Romero y Otros.

Expediente 305/2018 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 6 actuaciones registradas, la última del 25 de junio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
305/2018
Año
2018
Actuaciones
6
Última actuación
25/06/2018

Partes del expediente

  • Martha Miravalles Romero y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Ciudad de México, a veinticinco de junio de dos mil dieciocho. Vistas la constancia y certificación que anteceden, se advierte que no se recurrió la sentencia que sobresee en el juicio; en consecuencia, con fundamento en los numerales 86 de la Ley de Amparo, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley en cita, se declara que ha causado ejecutoria dicha sentencia. En tal virtud, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como concluido y con fundamento en el precepto 214 de la ley reglamentaria, interpretado en sentido contrario, en su oportunidad envíese al archivo. En cumplimiento al punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, toda vez que se sobreseyó en el juicio, que en autos no constan documentos originales exhibidos por las partes y que este expediente carece de relevancia documental, de conformidad con los puntos cuarto y décimo del acuerdo en cita, una vez que transcurra el plazo de tres años que estipulan tales disposiciones, transfiérase el expediente en que se actúa a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la inteligencia que es susceptible de destrucción por encontrarse en la hipótesis a que se refiere la fracción II del punto vigésimo primero del referido acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente. En otro orden, tomando en consideración que el asunto se encuentra concluido, es innecesaria la retención del anexo que envió el agente del Ministerio Público responsable, devuélvase a su lugar de origen, sin que sea necesario solicitar acuse de recibo, porque será suficiente con el sello de dicha autoridad que se estampe en la constancia respectiva.

  2. Principal

    V i s t o s, para resolver los autos del juicio de amparo 305/2018, promovido por Ma. Lourdes y Martha, ambas de apellidos Miravalles Romero, contra las omisiones reclamadas del agente del Ministerio Público de la Unidad Uno Sin Detenido de la Coordinación Territorial de Seguridad Pública y Procuración de Justicia CUH-8 de la Fiscalía Desconcentrada de Investigación en Cuauhtémoc de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México y otras autoridades; y R E S U L T A N D O: I. Por escrito presentado el veinte de abril de dos mil dieciocho, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en esta ciudad, que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado, las quejosas en cita solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal contra las omisiones de las autoridades que se precisarán en el considerando segundo de esta sentencia. II. Las solicitantes de amparo narraron los antecedentes de las omisiones reclamadas, formularon los conceptos de violación que consideraron pertinentes y señalaron que se transgredieron sus derechos fundamentales, previstos en los artículos 1º y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. III. El veintitrés siguiente se admitió a trámite la demanda registrada con el orden 305/2018; se requirió a las autoridades señaladas como responsables rindieran su respectivo informe justificado; se dio intervención al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y se fijaron fecha y hora para la audiencia constitucional, que se celebró al tenor del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este juzgado es legalmente competente para conocer y resolver el juicio de amparo con fundamento en los numerales 103, fracción I, y 107, fracción VII, constitucionales; 35, 37 y 107, fracción II, de la Ley de Amparo; y 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en razón de la naturaleza jurídica de las omisiones reclamadas. SEGUNDO. Conforme al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y la jurisprudencia que aparece publicada en la página 207 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo I, Materia Constitucional, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que enseguida se invoca, debe en principio hacerse la fijación clara y precisa de las omisiones reclamadas. Dicho criterio es del rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". En ese orden, del análisis integral de la demanda y de las demás constancias de autos, se precisa que se reclaman: a) La omisión de supervisar el actuar de los agentes del Ministerio Público a su cargo, lo que derivó en la dilación de integrar y emitir la resolución correspondiente en la carpeta de investigación CI-FXH/XO-2/UI-2S/D/0677/05/2016, atribuida al: 1. Procurador; 2. Subprocurador de Averiguaciones Previas Desconcentradas; 3. Fiscal Desconcentrado de Investigación en Cuauhtémoc; 4. Visitador Ministerial; y 5. Responsable de Agencia en la Coordinación Territorial CUH-8. b) La omisión de integrar y emitir la resolución correspondiente en la citada carpeta, atribuida al: 6. Agente del Ministerio Público de la Unidad Uno Sin Detenido de la Coordinación Territorial de Seguridad Pública y Procuración de Justicia CUH-8 de la Fiscalía Desconcentrada de Investigación en Cuauhtémoc. Todos de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México. TERCERO. No es cierta la omisión precisada en el inciso a), reclamada de las autoridades citadas en los puntos 1 a 5, pues por lo que hace a las primeras cuatro, así lo manifestaron al rendir su respectivo informe de ley, y en cuanto a la restante, si bien no se tuvo por rendido su informe -porque lo hizo de manera extemporánea-, también lo es que es un hecho notorio para este juzgado que dicha autoridad no integra carpetas de investigación, aunado a que las quejosas no aportaron prueba alguna que desvirtuara esas negativas. En tal virtud, debido a la inexistencia de la omisión reclamada de las responsables de referencia, se sobresee en el juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. CUARTO. Es cierta la omisión precisada en el inciso b), pues si bien la autoridad mencionada en el punto 6, expuso lo contrario, también lo es que del informe, así como del anexo que remitió en apoyo a ese comunicado, se advierte que aún no se ha determinado la carpeta de investigación de referencia; documental que tiene valor probatorio pleno, de conformidad con el artículo 129, en relación con los diversos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. No obstante la certeza de la omisión reclamada, es innecesario analizar el fondo del asunto, ya que se advierte una causal de improcedencia, cuyo análisis es de orden público y de estudio preferente, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo. Lo anterior se estima así, ya que tomando en consideración que la omisión reclamada deriva de la facultad investigadora de la autoridad ministerial de referencia y define el curso de la indagatoria, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XX, de la ley de la materia, dado que contra la misma procede el recurso innominado, previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues así se determinó en las jurisprudencias 27/2018(10a.) y 28/2018(10a.), emitidas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo conocimiento se obtuvo el veinticuatro del mes actual, a través de la página oficial de internet de ese Máximo tribunal de justicia, que respectivamente disponen: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, SON IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Los artículos 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, otorgan a la víctima u ofendido de un delito, el derecho a impugnar ante autoridad judicial, las omisiones del Ministerio Público en sus funciones de investigación, en los términos previstos en ese Código. Asimismo, el artículo 16, párrafo décimo cuarto, de la Constitución General, prevé que los jueces de control tienen encomendada la tarea de resolver en forma inmediata y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad que requieran control judicial; además, deben garantizar los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos, cuidando que la actuación de la parte acusadora sea apegada a derecho; esto es, les corresponde resolver las diligencias que requieran control judicial, en forma acelerada y ágil, así como realizar las audiencias procesales preliminares al juicio conforme a los principios del sistema acusatorio. Por otra parte, el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé la posibilidad de impugnar las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, esto es, en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. En este sentido, bien puede entenderse que las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadran en este supuesto, ya que dicha conducta supone la paralización de su función investigadora. Así, de la interpretación sistemática y funcional de los artículos citados, se obtiene que la víctima u ofendido pueden impugnar ante el juez de control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, puesto que la finalidad de que el juez de control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria es que, al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos". "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. CONTRA LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, PROCEDE EL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EL CUAL DEBE AGOTARSE EN CUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINTIVIDAD QUE RIGE EL JUICIO DE AMPARO. De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 16, párrafo décimo cuarto y 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierte que la víctima u ofendido puede impugnar ante el juez de control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado que prevé el artículo 258 citado, cuya finalidad es que el juez de control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria, pues al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que cese ese estado de cosas, reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. Por lo tanto, previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto, se debe agotar ese medio de defensa ordinario, en observancia al principio de definitividad". En relación con la obtención de los datos vía internet, es aplicable la jurisprudencia emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, publicada en la página 2470, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, Enero de 2009, de rubro: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS DATOS QUE APARECEN EN LAS PÁGINAS ELECTRÓNICAS OFICIALES QUE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO UTILIZAN PARA PONER A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO, ENTRE OTROS SERVICIOS, LA DESCRIPCIÓN DE SUS PLAZAS, EL DIRECTORIO DE SUS EMPLEADOS O EL ESTADO QUE GUARDAN SUS EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES VÁLIDO QUE SE INVOQUEN DE OFICIO PARA RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR". No se soslaya que dichos criterios obligatorios se emitieron después de la admisión de la demanda; no obstante, no debe perderse de vista que la jurisprudencia constituye un medio de desentrañar el sentido de la ley, para el efecto de que los juzgadores puedan aplicarla en forma debida y con criterio uniforme al momento que pronuncien el fallo correspondiente, por lo que dicha disposición de observancia obligatoria no está sometida al principio de irretroactividad, lo cual permite aplicarla aún a los hechos anteriores a su adopción. Es aplicable, la jurisprudencia emitida por el Pleno del Máximo tribunal de justicia del país, identificada con el orden 150, localizable en la página 1071, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2011, Tomo I, Constitucional 3, Derechos Fundamentales, Primera Parte -SCJN Décima Primera Sección- Irretroactividad de la ley y de su aplicación, cuyo título es: "JURISPRUDENCIA. SU APLICACIÓN NO VIOLA LA GARANTÍA DE IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY". Con base en lo expuesto, al quedar evidenciada la causal de improcedencia analizada, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se sobresee en el juicio de amparo. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 61, 62, 63, fracción V, 65, 73, 74, 124 y 217 de la Ley de Amparo; se, R E S U E L V E: ÚNICO. Por las razones expuestas en los considerandos tercero y cuarto, se sobresee en el juicio de amparo promovido por Ma. Lourdes y Martha, ambas de apellidos Miravalles Romero, contra: a) La omisión de supervisar el actuar de los agentes del Ministerio Público a su cargo, lo que derivó en la dilación de integrar y emitir la resolución correspondiente en la carpeta de investigación CI-FXH/XO-2/UI-2S/D/0677/05/2016, atribuida al: 1. Procurador; 2. Subprocurador de Averiguaciones Previas Desconcentradas; 3. Fiscal Desconcentrado de Investigación en Cuauhtémoc; 4. Visitador Ministerial; y 5. Responsable de Agencia en la Coordinación Territorial CUH-8. b) La omisión de integrar y emitir la resolución correspondiente en la citada carpeta, atribuida al: 6. Agente del Ministerio Público de la Unidad Uno Sin Detenido de la Coordinación Territorial de Seguridad Pública y Procuración de Justicia CUH-8 de la Fiscalía Desconcentrada de Investigación en Cuauhtémoc. Todos de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México.

  3. Principal

    Cúmplase.

  4. Principal

    Ciudad de México, a veintiocho de mayo de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos únicamente como constancia el oficio recibido vía correo institucional, signado por el agente del Ministerio Público responsable de Agencia de la Coordinación Territorial de Seguridad Pública y Procuración de Justicia CUH-8 de la Fiscalía Desconcentrada de Investigación en Cuauhtémoc de la Procuraduría General de Justicia de esta ciudad, en razón de que rindió su informe justificado de manera extemporánea, pues lo realizó fuera del plazo establecido en el artículo 117, párrafo primero, de la Ley de Amparo. En el entendido que se realizará el pronunciamiento correspondiente en la audiencia constitucional.

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