Martha Martínez Martínez

Expediente 1095/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Aguascalientes. 11 actuaciones registradas, la última del 1 de octubre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1095/2019
Año
2019
Actuaciones
11
Última actuación
01/10/2019

Partes del expediente

  • Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito
  • Martha Martínez Martínez
  • Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad en el Estado

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede, de la que se aprecia que el plazo de diez días establecido por el artículo 86 de la Ley de Amparo, para recurrir el auto de seis de septiembre de dos mil diecinueve, que sobreseyó el juicio en lo principal, transcurrió sin que se haya hecho valer el citado recurso. En consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al diverso artículo 2° de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. Téngase este asunto como concluido y envíese al archivo. Ahora bien, atento a lo dispuesto en el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de octubre de dos mil nueve, se determina lo siguiente: El expediente principal es destruible de conformidad con lo dispuesto en la fracción I, del artículo vigésimo primero, en razón de que el seis de septiembre de dos mil diecinueve, se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia. 2. El original del cuaderno relativo al incidente de suspensión es destruible, en términos de la fracción III, del artículo vigésimo primero, del referido ordenamiento legal, cuenta habida que provisional y definitivamente se negó la medida cautelar. 3. El duplicado del incidente de suspensión de referencia es destruible en términos del artículo vigésimo, fracción III, del citado ordenamiento, señalándose como fecha probable para tal efecto, el día dos de abril de dos mil veinte. Mientras tanto, guárdense por separado los cuadernos incidentales. Asimismo, como se hizo constar, no obran documentos originales. De conformidad con el segundo párrafo del punto Décimo Primero, en relación con el último párrafo del punto Vigésimo Primero, ambos del Acuerdo General antes mencionado, al advertirse que el presente juicio no actualiza alguno de los supuestos previstos en el último de los puntos indicados ni se observa que se trate de archivo de carácter histórico o se haya emitido alguna resolución de trascendencia jurídica, política, social o económica; por tanto, el presente asunto no es de relevancia documental. Finalmente, devuélvanse al Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad del Estado, dos tomos de la carpeta de ejecución 1832/2017 de su índice, que acompañó a su informe justificado. (I)

  2. Principal

    Visto el oficio que remite el Coordinador de lo Contencioso de la Dirección General Jurídica de la Secretaría de Finanzas del Estado y sus anexos, con el mismo, se le tiene cumpliendo con el requerimiento formulado en proveído de tres de septiembre del año en curso y con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por exhibidas las documentales. Ahora de autos se advierte lo siguiente: El dieciocho de julio del año en curso, Martha Martínez Martínez, presentó demanda de amparo contra el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad en el Estado y otras autoridades, en la que reclamó el mandamiento de ejecución de pago de la cantidad de ... b) La demanda se registró en el libro de gobierno con el consecutivo 1095/2019-I; en auto de cinco de agosto de dos mil diecinueve, previa su aclaración, se admitió a trámite, se ordenó dar la intervención que legalmente le correspondía al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, se solicitaron los informes justificados a las autoridades responsables y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. c) El veintiocho de agosto del año que transcurre, se recibió en la Oficialía de Partes de este juzgado, el oficio del Juez Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad del Estado, en el que informó que se declaró extinta la potestad para ejecutar la pena de reparación del daño impuesta a José Jorge Lechuga Martínez y que solicitó a la Secretaría de Finanzas del Estado, dejara sin efecto cualquier acto de ejecución realizado, en atención al oficio II-1840 ordenado en fecha ocho de agosto de dos mil dieciocho, por el que se le instruyó a efecto de iniciar el procedimiento administrativo de ejecución; exhibiendo al efecto por requerimiento de este juzgado las constancias relativas. d) En oficio recibido en este juzgado el cinco de septiembre de dos mil diecinueve, el Coordinador de lo Contencioso de la Dirección General Jurídica de la Secretaría de Finanzas del Estado, remitió las constancias con las que acreditó que dejó sin efectos cualquier acto de ejecución impuesto a José Jorge Lechuga Martínez, tendientes a hacer efectivo el crédito fiscal 2018007700, y para comprobar su dicho acompañó: ... Documentales a las que se concede valor probatorio pleno por haber sido expedidas por funcionario público en ejercicio de sus facultades legales de conformidad con lo previsto en los artículos 79, 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del precepto 2 de la Ley de la Materia. De lo anterior se desprende que cesaron los efectos del acto reclamado, por lo que resulta procedente sobreseer en el juicio fuera de la audiencia constitucional, de conformidad con el artículo 61, fracción XXI, en relación con el 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo. Ciertamente, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado (.)." Desde el punto de vista del juicio de amparo, el efecto del acto reclamado es la producción de consecuencias jurídicas que, fundada o infundadamente, supone la parte quejosa que son violatorias de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que consecuentemente, impugna mediante el juicio de amparo. Por ello, si cesa la producción de dichas consecuencias jurídicas y la supuesta violación cuya impugnación originó el juicio de amparo, aparece la imposibilidad de lograr el objeto perseguido por éste, señalado en el artículo 77 de la Ley de Amparo. En esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al cesar su actuación, lo que debe entenderse no sólo como la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también como la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por el numeral 61, fracción XXI y 77 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que la causa de improcedencia del juicio de derechos, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo. Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó el criterio en el que interpretó un numeral y fracción de idéntica redacción correspondiente a la derogada Ley de Amparo, plasmado en la jurisprudencia 2a./J. 59/99, compilada en la página 38, tomo IX, junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del epígrafe siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL.... Ahora, la parte quejosa reclama de la autoridad responsable Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad en el Estado, el mandamiento de ejecución del pago de la cantidad... que corresponde al monto de la reparación del daño a que fue condenado su hijo José Jorge Lechuga Martínez, dentro de la causa penal...; así como su ejecución. De las constancias que la responsable remitió en apoyo a su informe justificado se obtiene que en la carpeta de ejecución..., el veintisiete de agosto del año que transcurre, el Juez Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad del Estado declaró extinta la potestad para ejecutar la pena de reparación del daño impuesta a José Jorge Lechuga Martínez y solicitó a la Secretaría de Finanzas del Estado, dejara sin efecto cualquier acto de ejecución realizado, en atención al oficio II-1840 ordenado en fecha ocho de agosto de dos mil dieciocho, por el que se le instruyó a efecto de iniciar el procedimiento administrativo de ejecución. Por su parte, el Coordinador de lo Contencioso de la Dirección General Jurídica de la Secretaría de Finanzas del Estado, mediante oficio de cuenta, remitió las constancias con las que acreditó que dejó sin efectos cualquier acto de ejecución impuesto a José Jorge Lechuga Martínez, tendientes a hacer efectivo el crédito fiscal... y acompañó: ... Así, se colige que este sumario ya no tiene razón de ser, toda vez que en caso de concederse la protección constitucional, en términos del numeral 77 de la ley de la materia, sería para el efecto de que la responsable obrara justamente en la situación que prevalece en la actualidad; es decir, dejara sin efectos los actos realizados en el procedimiento administrativo de ejecución de referencia. En esta tesitura, lo que procede es sobreseer fuera de audiencia en el presente asunto, ya que los motivos aducidos en primer término y la causal de improcedencia invocada es notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba puede desvirtuarse y por ello es innecesario esperar la audiencia constitucional, para pronunciarse al respecto, pues de considerar lo contrario traería como consecuencia retardar la impartición de justicia, lo que contravendría lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, por contradicción de tesis, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XVII, marzo de 2003, página 386, con el rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.... Como corolario a lo anterior, cabe indicar que el hecho de que se actualice la causal de improcedencia indicada y que por ello no sea dable analizar el fondo del asunto planteado, deriva del establecimiento de requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales estén en aptitud de analizar el fondo de los argumentos propuestos en una demanda de amparo (causales de improcedencia), lo cual no constituye en sí mismo una violación al derecho humano al recurso efectivo, pues aun cuando es verdad que las reformas efectuadas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de derechos humanos implicaron un cambio en el sistema jurídico mexicano, también es cierto que tal circunstancia no significa que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de llevar a cabo sus atribuciones y facultades de impartir justicia conforme a las disposiciones que se encuentran vigentes, de modo que no conlleva a que los tribunales deban resolver invariablemente el fondo del asunto cuando no se superan los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del juicio de amparo. Resulta ilustrativa la tesis CCLXXV/2012 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial y su Gaceta, Décima Época, libro XV, diciembre de dos mil doce, tomo 1, página 525, de rubro y texto siguientes: "DERECHO HUMANO A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL.... Por consiguiente, se deja insubsistente la fecha y hora señalada para la celebración de la audiencia constitucional, esto es, las nueve horas con cuarenta minutos del veinticuatro de septiembre de dos mil diecinueve. (I)

  3. Principal

    Visto el oficio de cuenta, téngase al Juez Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad en el Estado, cumpliendo con el requerimiento que le fue formulado en proveído de veintinueve de agosto del año en curso, y toda vez que es un complemento de su informe justificado, en términos de lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes y tómese en cuenta al momento de dictar la resolución que en derecho corresponda. Conforme al artículo 119 de la ley de la materia, se tienen por ofrecidas las documentales que acompaña la autoridad responsable a su informe de Ley, y escanéense las constancias que integran el acto reclamado, para que formen parte del expediente electrónico; las cuales serán tomadas en consideración al momento de llevar a cabo la audiencia constitucional. Por otra parte, en el oficio de cuenta, el juez responsable acompaña copia certificada del oficio... de veintisiete de agosto del año en curso, dirigido a la Secretaría de Finanzas del Estado, mediante el cual en la propia fecha, comunicó la determinación de la extinción de potestad para ejecutar la reparación del daño en contra de José Jorge Lechuga Martínez, de la misma fecha dentro de la carpeta de ejecución número.... En consecuencia, con fundamento en el artículo 75, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, requiérase al Director General Jurídico de la Secretaría de Finanzas del Estado, para que dentro del término de tres días contados a partir de aquél en que se le notifique el presente acuerdo, remita a este Juzgado copia certificada de las constancias con las que acredite que acató la determinación de la extinción de potestad para ejecutar la reparación del daño en contra de José Jorge Lechuga Martínez, con las que acredite su dicho. Con el apercibimiento que en caso de ser omisa a lo anterior, se le impondrá multa de cincuenta unidades de medida y actualización(I)

  4. Principal

    Visto el oficio de cuenta, téngase al Director General Jurídico de la Secretaría de Finanzas del Estado, cumpliendo con el requerimiento que le fue formulado en proveído de dieciséis de agosto de dos mil diecinueve y toda vez que es un complemento de su informe justificado, en términos de lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes y tómese en cuenta al momento de dictar la resolución que en derecho corresponda. Conforme al artículo 119 de la ley de la materia, se tienen por ofrecidas las documentales que acompaña la autoridad responsable a su informe de Ley; las cuales serán tomadas en consideración al momento de llevar a cabo la audiencia constitucional. (I)

Quedan 7 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Aguascalientes · 13,388 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano