MARTHA MARTÍNEZ JIMÉNEZ y Otros.

Expediente 871/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 10 actuaciones registradas, la última del 1 de septiembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
871/2017
Año
2017
Actuaciones
10
Última actuación
01/09/2017

Partes del expediente

  • MARTHA MARTÍNEZ JIMÉNEZ y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    MESA IV A San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, primero de septiembre de dos mil diecisiete. Toda vez que del cómputo secretarial de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra el auto dictado el catorce de agosto de dos mil diecisiete (fojas 22 a 25), por el que se sobreseyó fuera de audiencia en este juicio; consecuentemente, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, según su artículo 2°, se declara que ha causado estado dicho proveído. Con fundamento en los puntos cuarto, décimo, fracción I, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de esa anualidad, en vigor a partir del veintiséis de noviembre del citado año, archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, se estima que este expediente carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el punto vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo en comento. Toda vez que se sobreseyó fuera de audiencia en este juicio de amparo, hágase del conocimiento de las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su destrucción, conforme a lo establecido en la fracción II del punto Vigésimo Primero del Acuerdo invocado. En otro orden, toda vez que este expediente se tramitó con incidente de suspensión, acuérdese lo relativo a su destino en ese propio cuaderno. Por lo anterior, devuélvase a la autoridad responsable Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado, cinco testimonios del expediente civil 112/2015 y el original del toca civil 01/2017, que remitió en apoyo a su informe justificado, respecto de los cuales en auto de nueve de agosto de dos mil diecisiete (foja 20), se ordenó formar los cuadernos auxiliares I, II, III, IV, V y VI. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo.

  2. Incidental

    MESA IV A San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, primero de septiembre de dos mil diecisiete. Vista la certificación de cuenta, toda vez que en auto dictado en esta fecha en el juicio de amparo 871/2017, del que deriva este incidente de suspensión, se ordenó determinar su destino; por tanto, en virtud de que en este cuaderno incidental se concedió la medida cautelar respecto de los actos reclamados por la parte quejosa; con fundamento en los puntos cuarto, vigésimo, fracción III, y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre del año citado, en vigor el veintiséis de noviembre siguiente, transcurridos más de seis meses, contados a partir de que surta efectos la notificación de esta resolución, procédase a la destrucción del duplicado de este incidente, en tanto que el original, por haberse concedido, la medida cautelar, en su oportunidad, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su depuración en términos del punto vigésimo primero, fracción III, segundo párrafo, del acuerdo invocado. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo.

  3. Principal

    MESA IV A San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciséis de agosto de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos el escrito signado por los quejosos ...., mediante el cual en atención al requerimiento formulado en autos ..... ; sin que haya lugar a ordenar su emplazamiento al presente juicio de amparo, toda vez que por auto de catorce de agosto actual, se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio, por tanto, es evidente que de ninguna manera puede depararle perjuicio alguno. Sirve de apoyo la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible a página 338, Tomo VI, febrero de 1993, materia común, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, con rubro y texto: TERCERO PERJUDICADO. FALTA DE EMPLAZAMIENTO LEGAL. NO PROCEDE REPONER EL PROCEDIMIENTO CUANDO SE ADVIERTE DE MANERA NOTORIA QUE LA RESOLUCIÓN NO LE IRROGA PERJUICIO. Si bien es cierto que de conformidad con lo establecido por el artículo 91 fracción IV de la Ley de Amparo, la regla general es que cuando el tercero perjudicado no sea legalmente emplazado al juicio, debe ordenarse la reposición del procedimiento para que se subsane esa irregularidad, pues cabe suponer que podría dictarse un fallo sin haberle dado oportunidad de defenderse debidamente, ello es improcedente cuando se advierta de manera notoria que con la sentencia que se pronuncie no se le irroga ningún perjuicio.

  4. Principal

    MESA IV A San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, catorce de agosto de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los autos se advierte que en el presente asunto los quejosos .... , reclaman de los Magistrados integrantes de la Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, la resolución dictada el tres de julio de dos mil diecisiete, en el toca civil 01/2017, por la que revocan la diversa dictada en el incidente de incompetencia derivado del juicio civil 112/2015, por la Juez Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, y declaran que el competente para conocer del asunto es el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 21, con sede en la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca. Al rendir su informe justificado la Sala responsable por conducto de su presidenta, conviene en la existencia de dicho acto reclamado y agrega: ". En efecto, esta Sala dictó resolución el tres de julio del dos mil diecisiete, en el toca civil número 01/2017, relativo al recurso de apelación interpuesto por .... , en contra de la resolución de treinta de mayo del dos mil dieciséis, dictada por la Juez Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Tlacolula de Matamoro, Oaxaca, en el cuaderno de Incidente de Incompetencia anexo Al Juicio Ordinario Civil Reivindicatorio Número 112/2015, Promovido por Eleazar Martínez González, con el carácter de albacea definitivo de la sucesión Intestamentaria a bienes de Glafira González, en contra de .... ." Ahora bien, contra ese acto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el precepto 107, fracciones I y III, inciso b), de la Constitución General de la República y el diverso 107, fracciones V y VIII, del primer ordenamiento citado, los cuales disponen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: --- [.]. ---XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley. Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.] I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: [.] b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y ---[.]. Artículo 107. El amparo indirecto procede: --- [.]. V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; --- [.]. VIII. Contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto. Los dos últimos preceptos transcritos, interpretados en sentido contrario, conducen a sostener que el juicio de amparo indirecto es improcedente contra actos en el juicio cuyos efectos no sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En relación con lo anterior, cabe señalar que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 37/2014, sostuvo que a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" que con esa aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Asimismo, el mencionado Tribunal Pleno concluyó que esa interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: La primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y La segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Con esas bases, como se anticipó, en la especie se actualiza la causa de improcedencia antes referida, dado que la parte quejosa señaló como acto reclamado la resolución dictada el tres de julio de dos mil diecisiete, en el toca civil 01/2017, por la que la responsable revoca la diversa dictada en el incidente de incompetencia derivado del juicio civil 112/2015, por la Juez Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, y declara que el competente para conocer del asunto es el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 21, con sede en la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca. Resolución que por el momento no causa a los quejosos un perjuicio que sea de imposible reparación, pues ello, será, en su caso, hasta en tanto el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 21, con sede en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, acepte conocer del asunto, pues aún existe la posibilidad jurídica de que la referida autoridad rechace la competencia propuesta. Esto es, sería en ese momento cuando se produjere la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada en términos del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y cuando se produzcan todas las consecuencias del acto reclamado. Porque si bien, el artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo, dispone que el amparo indirecto procede contra la resolución que determine declinar o inhibir la competencia o conocimiento de un asunto, se debe atender que esa determinación debe ser definitiva en los términos señalados. Lo anterior es así, porque la sola existencia del auto del órgano declinante que se declara incompetente no tiene el carácter de definitivo, ya que por su naturaleza sólo constituye un acto cuyo objetivo o propósito es remitir los autos que conforman el juicio natural a la autoridad que se considera competente, pendiente de aceptarse. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 29/2015 (10a) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 22 del Libro 22, Septiembre de 2015, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con el rubro y texto siguientes: AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA O DESESTIMA UN INCIDENTE Y/O EXCEPCIÓN DE INCOMPETENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 239/2014, determinó que procede el juicio de amparo indirecto contra los actos de autoridad que determinen declinar o inhibir la competencia o el conocimiento de un asunto, siempre que sean definitivos, pues los actos de autoridad impugnables en dicho juicio, en términos del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo, deben entenderse como aquellos en que la autoridad a favor de la cual se declina competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando el órgano requerido acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria), porque es en ese momento cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada en términos del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y cuando se han producido todas las consecuencias del acto reclamado. En congruencia con lo anterior, al tenor de la interpretación extensiva y conforme del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo, debe estimarse que procede el juicio de amparo indirecto en contra de la resolución definitiva que desecha o desestima un incidente y/o excepción de incompetencia -ya sea por declinatoria o inhibitoria-, pues ésta se traduce en que la autoridad que conoce del asunto, al considerarse competente, siga conociendo de él y lo tramite hasta su resolución, lo cual torna a dicha determinación en una decisión que podría traer como resultado que un procedimiento o juicio se siga no sólo por una autoridad incompetente, sino con base en reglas distintas a las del fuero al que originalmente corresponde, lo que podría acarrear consecuencias no reparables ni siquiera con la obtención de una sentencia favorable; ello, sin soslayar los principios rectores del juicio de amparo previstos constitucional y legalmente, entre los que destacan el de definitividad, pues de proceder contra tales resoluciones algún recurso ordinario o medio de defensa legal contenido en la ley, es necesario agotarlo antes de instaurar el juicio de amparo indirecto, pues la irreparabilidad de un acto y el principio de definitividad constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo. Por tanto, como en el caso se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia en este juicio de amparo, de conformidad con la fracción V, del artículo 63 de la ley de la materia. Es aplicable la jurisprudencia 10/2003, que emitió la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la contradicción de tesis 26/2002-PL., cuyo rubro y texto dicen: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. En consecuencia, se deja sin efecto la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional (foja 12). Notifíquese personalmente.

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