MARTHA MARTINEZ ABAD y Otros.
Expediente 1557/2015 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 18 de noviembre de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 1557/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 18/11/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- MARTHA MARTINEZ ABAD y Otros.
- Martha Martinez Abad
Actuaciones
- Principal
MESA II A Vistos los autos y la certificación que antecede; se advierte que, en la especie, mediante proveído de veinte de octubre pasado (fojas 11 a 13), se desechó la demanda de garantías promovida por MARTHA MARTÍNEZ ABAD, el cual se le notificó el tres de este propio mes de noviembre (foja 15); como esa determinación no fue recurrida por la parte legitimada para hacerlo, a través del recurso de queja y dentro del término de cinco días que prevé el artículo 98 de la Ley de Amparo; con fundamento en el normativo 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente por reenvío del numeral 2° de la Ley citada, se declara que dicho auto ha causado estado. Por tanto, archívese el presente asunto como concluido, el cual se estima carece de relevancia documental; por lo que transcurridos más de seis meses, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a su destrucción, ello de conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Hágase las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo.
- Principal
".Oaxaca de Juárez, Oaxaca, veinte de octubre de dos mil quince. Vista la demanda de amparo promovida por MARTHA MARTÍNEZ ABAD, contra actos del Juez Primero Civil, con sede en Tuxtepec, Oaxaca, presentada el diecinueve de este propio mes de octubre tanto en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en esta ciudad, y el siete siguiente en este Juzgado. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 1483/2015 que le corresponde. En el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, en relación con el numeral 107 fracción VI, aplicado éste último en sentido contrario, de la Ley de Amparo que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) VI. Contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas; (.)" En relación con el principio de definitividad existe la jurisprudencia siguiente: "RECURSOS ORDINARIOS. El hecho de no hacer valer los procedentes contra un fallo ante los tribunales ordinarios, es causa de improcedencia del amparo que se enderece contra ese fallo". (Jurisprudencia número 447, publicada a página 447, tomo VI parte SCJN, Pleno, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1995). El artículo y jurisprudencia transcritos revelan que el juicio de amparo es improcedente contra resoluciones, DENTRO DE JUICIO, de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, contra los cuales exista algún recurso, o medio de defensa legal, por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados los actos reclamados. El principio de definitividad, que rige al juicio de garantías en materia civil encuentra su justificación en el hecho de que, al tratarse de un medio extraordinario de defensa, de carácter constitucional, el quejoso debe previamente a su promoción, acudir a las instancias ordinarias, que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación. En el caso, la parte quejosa reclama del Juez Segundo de lo Familiar de Tuxtepec, Oaxaca, el auto de veinticuatro de septiembre de dos mil quince, dictado dentro del expediente 981/2015, en el cual admitió la demanda sobre pensión alimenticia, lo que denota que conforme al numeral 666 del Código de Federal de Procedimientos Civiles en el Estado de Oaxaca , contra dicho auto procede el recurso de revocación, en virtud de que no es recurrible en términos del artículo 673 del citado código . En consecuencia, contra dicha determinación puede controvertirse a través del recurso de revocación previsto en el artículo 666 del citado código, el cual procede contra los autos que no son apelables y decretos. En relación con el principio de definitividad existen los criterios siguientes, que no contravienen a la nueva Ley de Amparo: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías". (Jurisprudencia sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que aparece publicada en la página novecientos dos, del tomo XV, correspondiente al mes de mayo de dos mil dos, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época). "RECURSOS ORDINARIOS (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 114, FRACCIÓN IV Y 73, FRACCIÓN XIII DE LA LEY DE AMPARO). La interpretación armónica de los artículos 114, fracción IV y 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, llevan a concluir que tratándose de actos emanados de los tribunales judiciales, aun cuando su sentido de afectación pudiese tener la connotación de "irreparable" por aludir a derechos sustantivos, no excluye a los gobernados de la obligación de agotar los recursos ordinarios que establezcan las leyes procésales, siempre y cuando éstos tengan el alcance de modificar, revocar o nulificar el acto reclamado; pues la citada fracción XIII, del artículo 73, sólo prevé como excepciones: "Los casos en que el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos". (Tesis XIX.2º.13K, publicada a página 340, Tomo III, Enero 1996, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.) No se desatiende que, si bien existen excepciones al principio de definitividad para interponer el juicio de amparo sin agotar previamente el recurso existente, el acto aquí reclamado, no se encuentra dentro de esas excepciones previstas en el artículo 61 fracción XVIII, incisos a), b) y c) de la Ley de Amparo vigente. Sirve de apoyo por su contenido la jurisprudencia siguiente: "RECURSOS ORDINARIOS. AUNQUE NO TENGAN EFECTOS SUSPENSIVOS, DEBEN AGOTARSE PREVIAMENTE AL JUICIO DE GARANTIAS, SI SE RECLAMAN ACTOS DE TRIBUNALES JUDICIALES, ADMINISTRATIVOS O DEL TRABAJO. La circunstancia de que el medio de defensa ordinario que tenga por efecto confirmar, revocar o modificar el acto reclamado no suspenda la ejecución de éste, sólo es atendible tratándose de amparos en que se reclamen actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, según lo establece el artículo 73 fracción XV de la Ley de Amparo. En cambio, la literalidad del artículo 73 fracción XIII de la invocada ley permite concluir que tratándose de resoluciones judiciales, o de tribunales administrativos o del trabajo, basta que la ley que rige el acto determine la procedencia de algún recurso o medio de defensa, para que el afectado deba agotarlo en forma previa al ejercicio de la acción constitucional; de ahí que no sea atendible que la interposición del recurso ordinario o del medio de defensa respectivo suspenda o no la ejecución del acto reclamado, sino que invariablemente debe agotarse, para dar cumplimiento al principio de definitividad que determina la procedencia del juicio constitucional."(Jurisprudencia VI.1o. J/85, sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, visible en la página 51, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Núm. 67, Julio de 1993, Octava Época, Materia Común). Por tanto, no se actualiza excepción alguna debido a que la quejosa es la parte actora, por lo que resulta evidente que se encuentra en aptitud de promover en su favor los recursos ordinarios que establece la ley, en defensa de sus derechos que considere son vulnerados por la autoridad y en su oportunidad, si es el caso, acudir al juicio de amparo. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia invocada, lo procedente es DESECHAR DE PLANO, la demanda de garantías de cuenta, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo. Se tiene como domicilio de la parte peticionaria de amparo, para oír y recibir notificaciones, el que indica; y por autorizadas, únicamente para recibirlas, a las personas que menciona por así solicitarlo expresamente. De conformidad con el numeral 21 párrafo último, de la Ley de la materia, en obvio de dilaciones procesales, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles, para practicar las notificaciones personales que, en su caso, se ordenen en este expediente. Finalmente, con el objeto de respetar el derecho a la intimidad de las partes al hacerse públicas las sentencias, de conformidad con el artículo 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, con apoyo en el precepto 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública Gubernamental, mismo que entró en vigor el cinco de abril de dos mil cuatro, hágaseles saber el derecho que tienen para oponerse a la publicación de sus datos personales, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo; en el entendido de que la unidad administrativa que lo tenga bajo su resguardo determinará si tal oposición puede surtir efectos, tomando en cuenta, si la resolución solicitada, las pruebas o las demás constancias contienen información considerada como reservada en términos de lo previsto en el artículo 13, fracción IV, de la ley antes citada; de ser así, a la versión pública de la sentencia ejecutoria, de las demás resoluciones públicas y, en su caso, de los documentos contenidos en el expediente que no sean reservados o confidenciales, se suprimirán los datos personales de las partes, salvo su nombre, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por el órgano jurisdiccional respectivo." MESA II-A
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