Martha Marin Gonzalez

Expediente 125/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 2 actuaciones registradas, la última del 3 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
125/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
03/03/2022

Partes del expediente

  • Martha Marin Gonzalez

Actuaciones

  1. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, tres de marzo de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído por el que se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en la fracción II, del numeral 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo. Ahora bien, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones qué practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Acorde a lo establecido en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que se desechó la demanda constitucional, lo cual causó estado en esta fecha, este expediente es susceptible de destrucción, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, como lo estipula el artículo 35, párrafo segundo del Acuerdo General en cita; destrucción que deberá llevarse a cabo una vez cumplido el plazo de tres años contado a partir del dictado del presente proveído y realizarse dentro de los treinta días siguientes de que haya transcurrido el término referido, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que en el caso obre algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. En la inteligencia de que en el caso, no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o de relevancia documental deba conservarse; lo que se precisa para los efectos a que se contrae el artículo 3º fracción II del citado Acuerdo General. Notifíquese.

  2. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, cuatro de febrero de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo promovida por Martha Marín González, con cinco copias que acompaña; contra actos del Juez Primero de lo Civil del Estado de San Luis Potosí, que estima violatorios de los derechos fundamentales a que se refieren los artículos 1°, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; fórmese el expediente respectivo y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado, bajo el consecutivo 125/2022-VI. Ahora bien, examinado el contenido del escrito inicial de demanda se advierte que es notoria la improcedencia de la acción constitucional y de conformidad con lo preceptuado por el artículo 113 de la Ley de Amparo, debe desecharse en atención a las siguientes consideraciones: En esta instancia constitucional la parte promovente señala como acto destacado la determinación de doce de enero de dos mil veintidós, dictada en el expediente 909/2020, relativo al juicio extraordinario civil promovido por la aquí quejosa contra Hilario Sánchez Díaz, en el que se reclama la compraventa de la copropiedad y/o cosa común del inmueble ubicado en la calle Pascual M. Hernández no. 910, Colonia Alamitos, en esta ciudad. Ahora bien, en esencia el acto reclamado se hace consistir en la negativa del juez responsable de llamar a juicio en su carácter de causahabiente a Rosanna Sánchez Pedrajo, y con ello continuar el procedimiento sin decretar la suspensión con motivo de la muerte de Hilario Sánchez Díaz. Pues bien, se considera que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción XXIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción V, interpretado a contrario sensu, del referido ordenamiento, que en lo conducente disponen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Ahora bien cabe destacar que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), sustentada al resolver la contradicción de tesis 377/2013, adujó que a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "...los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;". Que esa interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: La primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquéllos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo. La segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Luego, el acto reclamado no es de ejecución irreparable para los efectos del juicio de amparo que se intenta, pues sólo surte efectos intraprocesales, pero no afecta derechos sustantivos de la peticionaria; de ahí, la improcedencia del juicio que se promueve en su contra, toda vez que de conformidad con lo dispuesto en la fracción V del artículo 107 antes transcrito, el juicio constitucional que se promueva ante el Juez de Distrito será improcedente cuando no exista el elemento perjuicio y, de existir éste, tenga el carácter de reparable, lo que ocurre en la especie. Lo anterior es así, toda vez la determinación que niega llamar a juicio a la actual copropietaria del inmueble descrito en la demanda de mérito y la negativa de reconocer el carácter de causahabiente, no constituye un acto de imposible reparación, ya que dicha determinación, sólo puede tener trascendencia en la celeridad y prontitud del citado juicio, pues dicha circunstancia no trasciende en su persona o sus bienes de la aquí quejosa más allá de la tramitación del juicio. En consecuencia, como el acto reclamado no afecta derechos sustantivos de la quejosa y, por tanto, no son de imposible reparación, resulta indudable y notoria la improcedencia del juicio de amparo indirecto que se promueve ante este Juzgado de Distrito, al actualizarse la causa de improcedencia anteriormente referida, por lo que, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la ley de la materia, se desecha de plano la demanda de amparo de que se trata. Ahora bien, con apoyo en la Circular 12/2009 emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a la parte quejosa el uso de medios electrónicos para imponerse de las presentes actuaciones, previa razón que de tal acto se deje en el presente expediente, para constancia legal, sin necesidad de promoción posterior. Se tiene como autorizados en términos amplios del artículo 12, del ordenamiento legal en cita, a Andrés Escareño Barrera, Ángel Ulises Sánchez Marín y Diana Patricia Reyna Antopia, quienes cuentan con sus cédulas profesionales registradas en el sistema computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y en términos restringidos del aludido numeral a las personas que señala, por así solicitarlo. Con fundamento en el artículo 8° constitucional, así como en lo dispuesto por el Acuerdo General Conjunto 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, en su artículo 12, inciso I), se autoriza la consulta electrónica de este asunto mediante los usuarios que proporciona, así como la práctica de las notificaciones dirigidas a ella por dicho medio. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Martha Marín González. Notifíquese; hágase personalmente.

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