Martha María Morado Pérez
Expediente 1318/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 4 actuaciones registradas, la última del 10 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1318/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 10/01/2023
Partes del expediente
- Martha María Morado Pérez
Actuaciones
- Principal
Santiago de Querétaro, Querétaro, diez de enero de dos mil veintitrés. I. Estado de autos. Vista la certificación que antecede, se advierte que la parte legitimada no interpuso recurso de revisión contra el auto en el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la misma ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. II. Archivo del expediente. Ahora, en razón de que dicha resolución no requiere de ejecución material, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, así como en lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción de conformidad con el artículo 21 del propio acuerdo; además porque el presente asunto no tiene relevancia documental; destrucción que ocurrirá después de haber transcurrido el plazo de tres años a que se hace mención en dicho punto. Hágase la anotación en la carátula. III. Otras consideraciones. Se hace la aclaración que las partes no allegaron al juicio principal algún documento que por sus características amerite ser devuelto. Notifíquese; por oficio a la autoridad responsable.
- Principal
Santiago de Querétaro, Querétaro, catorce de diciembre de dos mil veintidós. Informe justificado. Agréguese a los autos el oficio de cuenta suscrito por el Magistrado Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Querétaro, mediante el rinde su informe justificado, sustentando su dicho al tenor de la documental que anexa en copia certificada; por tanto, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene como prueba la documental de mérito. Sobreseimiento fuera de audiencia. Ahora, en atención a lo informado por dicha autoridad en su informe justificado y visto el contenido de la constancia que remitió en apoyo al mismo, se hace patente la actualización de una causa de improcedencia del juicio de amparo, como lo dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, la parte quejosa señaló como autoridad responsable a la antes citada, y precisó como acto reclamado el siguiente: "La omisión de la autoridad responsable en llevar a cabo el procedimiento admisorio de las pruebas ofrecidas correspondientes en el asunto que nos ocupa, no obstante que en acuerdo de fecha 19 de septiembre del año dos mil veintidós, dicha autoridad señalada como responsable, se reservó resolver dictar el acuerdo correspondiente a los ofrecimientos de pruebas realizados, en los siguientes términos: ".Este Tribunal considera necesario hacer un análisis de las condiciones del ofrecimiento de pruebas por lo que se reserva su admisión, hechos que sea se ordenará notificar personalmente a las partes." Ahora bien, teniendo en cuenta lo establecido por el artículo 62 de la Ley de Amparo, donde se dispone que la observancia de las causas de improcedencia en el juicio deben ser de orden público y de estudio preferente a cualquier otro aspecto, tal y como está interpretado por la Jurisprudencia número 800, consultable en la página 553, Tomo VI, del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO", este juzgado federal estima que el juicio de amparo que ahora se atiende resulta improcedente, como se expone a continuación. Una vez analizada la actuación remitida por la responsable, se advierte de oficio la actualización de la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, porque han cesado los efectos del acto reclamado, como se explica enseguida. La disposición jurídica de que se habla, expresamente establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)" La cesación de efectos del acto reclamado se traduce en que el acto reclamado deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa al cesar su actuación, es decir, ello implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto. La causal de improcedencia referida está determinada por la imposibilidad de cristalizar el fin del juicio de amparo, que es restituir a la parte agraviada en el pleno goce de la garantía individual violada restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo y, cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. Luego, de la interpretación de los artículos 61, fracción XXI y 77, fracción I, de la Ley de Amparo, se concluye que la causa de improcedencia del juicio constitucional consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando las cosas han vuelto al estado que tenían hasta antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular o, habiéndola irrumpido, la cesación no deja huella alguna. Ahora bien, la quejosa reclama, en esencia, la omisión de pronunciarse sobre la admisibilidad de las pruebas dentro del juicio laboral ....del índice del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Querétaro. Sin embargo, de la constancia que remitió la autoridad responsable en apoyo a su informe justificado, documental a la cual se le otorga valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo, se advierte que el ocho de diciembre de dos mil veintidós, se acordó lo conducente respecto de la admisión de las pruebas que ofrecieron las partes. Sin que sea obstáculo a lo anterior, el hecho de que la autoridad responsable no hubiere remitido la constancia de notificación de lo antes transcrito al quejoso, ya que dicha omisión, en su caso, no varía el acto omisivo reclamado, sino que en todo caso, ello sería una violación intraprocesal por falta de notificación, diversa al acto que motivó el presente juicio de amparo, mismo que no fue integrado a la Litis del presente asunto, al margen de que sería improcedente su estudio al poderse analizar mediante un medio de defensa ordinario como el incidente de nulidad de notificación o actuaciones. Por ende, es claro que en la especie, han cesado los efectos del acto reclamado, ello por haberse extinguido la omisión combatida, toda vez que han desaparecido los efectos de la dilación reclamada, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejosa, por lo que resulta ocioso examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que merezca ser suprimida por el otorgamiento del amparo solicitado. Apoya lo anterior la jurisprudencia 9/98 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 210, del tomo VII de febrero de mil novecientos noventa y ocho, de la novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Asimismo, el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Tesis listada con el número 2a./J. 59/99, página 38, del Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, cuyo rubro y texto dicen: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En mérito de lo anteriormente expuesto, es inconcuso que ya no existe el acto de autoridad que motivó la presentación del presente asunto, de ahí que lo procedente es sobreseer el presente juicio fuera de audiencia en términos de los artículos 61,fracción XXI y 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Sin efectos audiencia constitucional. Consecuentemente, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada en autos a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo. Captura de proveído. Ahora, de conformidad con los Acuerdos Generales 29/2007 y 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y las atribuciones de los Órganos Jurisdiccionales en materia de transparencia, así como con los procedimientos de acceso a la información pública y protección de datos personales, captúrese el día de su publicación el presente auto, con la correspondiente sustitución de datos personales para la generación automática de la versión pública, a través del sistema establecido para tal efecto, y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa y por oficio a la autoridad responsable.
- Principal
POR MEDIO DE LA PRESENTE LISTA, SIENDO LA PRIMERA HORA HÁBIL DEL DÍA DE HOY, DE CONFORMIDAD CON EL INCISO C, FRACCIÓN I, DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO A LA PARTE QUEJOSA DEL RESOLUCIÓN DE CATORCE DE DICIEMBRE PASADO QUE A LA LETRA DICE: Santiago de Querétaro, Querétaro, catorce de diciembre de dos mil veintidós. Informe justificado. Agréguese a los autos el oficio de cuenta suscrito por el Magistrado Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Querétaro, mediante el rinde su informe justificado, sustentando su dicho al tenor de la documental que anexa en copia certificada; por tanto, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene como prueba la documental de mérito. Sobreseimiento fuera de audiencia. Ahora, en atención a lo informado por dicha autoridad en su informe justificado y visto el contenido de la constancia que remitió en apoyo al mismo, se hace patente la actualización de una causa de improcedencia del juicio de amparo, como lo dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, la parte quejosa señaló como autoridad responsable a la antes citada, y precisó como acto reclamado el siguiente: "La omisión de la autoridad responsable en llevar a cabo el procedimiento admisorio de las pruebas ofrecidas correspondientes en el asunto que nos ocupa, no obstante que en acuerdo de fecha 19 de septiembre del año dos mil veintidós, dicha autoridad señalada como responsable, se reservó resolver dictar el acuerdo correspondiente a los ofrecimientos de pruebas realizados, en los siguientes términos: ".Este Tribunal considera necesario hacer un análisis de las condiciones del ofrecimiento de pruebas por lo que se reserva su admisión, hechos que sea se ordenará notificar personalmente a las partes." Ahora bien, teniendo en cuenta lo establecido por el artículo 62 de la Ley de Amparo, donde se dispone que la observancia de las causas de improcedencia en el juicio deben ser de orden público y de estudio preferente a cualquier otro aspecto, tal y como está interpretado por la Jurisprudencia número 800, consultable en la página 553, Tomo VI, del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO", este juzgado federal estima que el juicio de amparo que ahora se atiende resulta improcedente, como se expone a continuación. Una vez analizada la actuación remitida por la responsable, se advierte de oficio la actualización de la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, porque han cesado los efectos del acto reclamado, como se explica enseguida. La disposición jurídica de que se habla, expresamente establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)" La cesación de efectos del acto reclamado se traduce en que el acto reclamado deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa al cesar su actuación, es decir, ello implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto. La causal de improcedencia referida está determinada por la imposibilidad de cristalizar el fin del juicio de amparo, que es restituir a la parte agraviada en el pleno goce de la garantía individual violada restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo y, cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. Luego, de la interpretación de los artículos 61, fracción XXI y 77, fracción I, de la Ley de Amparo, se concluye que la causa de improcedencia del juicio constitucional consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando las cosas han vuelto al estado que tenían hasta antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular o, habiéndola irrumpido, la cesación no deja huella alguna. Ahora bien, la quejosa reclama, en esencia, la omisión de pronunciarse sobre la admisibilidad de las pruebas dentro del juicio laboral ....del índice del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Querétaro. Sin embargo, de la constancia que remitió la autoridad responsable en apoyo a su informe justificado, documental a la cual se le otorga valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo, se advierte que el ocho de diciembre de dos mil veintidós, se acordó lo conducente respecto de la admisión de las pruebas que ofrecieron las partes. Sin que sea obstáculo a lo anterior, el hecho de que la autoridad responsable no hubiere remitido la constancia de notificación de lo antes transcrito al quejoso, ya que dicha omisión, en su caso, no varía el acto omisivo reclamado, sino que en todo caso, ello sería una violación intraprocesal por falta de notificación, diversa al acto que motivó el presente juicio de amparo, mismo que no fue integrado a la Litis del presente asunto, al margen de que sería improcedente su estudio al poderse analizar mediante un medio de defensa ordinario como el incidente de nulidad de notificación o actuaciones. Por ende, es claro que en la especie, han cesado los efectos del acto reclamado, ello por haberse extinguido la omisión combatida, toda vez que han desaparecido los efectos de la dilación reclamada, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejosa, por lo que resulta ocioso examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que merezca ser suprimida por el otorgamiento del amparo solicitado. Apoya lo anterior la jurisprudencia 9/98 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 210, del tomo VII de febrero de mil novecientos noventa y ocho, de la novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Asimismo, el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Tesis listada con el número 2a./J. 59/99, página 38, del Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, cuyo rubro y texto dicen: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En mérito de lo anteriormente expuesto, es inconcuso que ya no existe el acto de autoridad que motivó la presentación del presente asunto, de ahí que lo procedente es sobreseer el presente juicio fuera de audiencia en términos de los artículos 61,fracción XXI y 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Sin efectos audiencia constitucional. Consecuentemente, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada en autos a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo. Captura de proveído. Ahora, de conformidad con los Acuerdos Generales 29/2007 y 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y las atribuciones de los Órganos Jurisdiccionales en materia de transparencia, así como con los procedimientos de acceso a la información pública y protección de datos personales, captúrese el día de su publicación el presente auto, con la correspondiente sustitución de datos personales para la generación automática de la versión pública, a través del sistema establecido para tal efecto, y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa y por oficio a la autoridad responsable.
- Principal
Santiago de Querétaro, Querétaro, diecisiete de noviembre de dos mil veintidós. I. Se agrega testimonio. Agréguese a los autos el oficio ....signado por el Secretario del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Vigésimo Segundo Circuito, mediante el cual remite testimonio de la resolución dictada en el amparo en revisión ...., de la que se advierte que se confirmó la sentencia dictada en autos. Acúsese recibo. En consecuencia, háganse las anotaciones en el libro de gobierno de este juzgado y estese a lo resuelto por el Superior, haciendo del conocimiento de las partes, al tenor del siguiente punto resolutivo: "PRIMERO. En la materia de la revisión, se confirma la sentencia recurrida. SEGUNDO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE al quejoso ....., por los motivos y fundamentos expuestos en el considerando quinto de la sentencia que se revisa y para los efectos precisados en el considerando sexto." II. Requerimiento. Con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere a las autoridades precisadas en la sentencia, para que dentro del plazo de QUINCE DÍAS HÁBILES; contado a partir de que reciban la presente notificación, en lo que a su esfera competencial corresponde, cumpla debidamente y en su totalidad, con lo establecido en la sentencia de amparo, plazo que se fija atendiendo al cúmulo de expedientes y el procedimiento que deben instrumentar para acatar el fallo de amparo. III. Apercibimiento. Con fundamento en los artículos 192, 237, fracción I, 238 y 259 de la Ley de Amparo, se apercibe a las autoridades vinculadas en el ámbito de sus obligaciones legales a dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, que en caso de que no realizar lo propio, se harán acreedoras a una multa equivalente a cien días de salario mínimo vigente, cuya cuantía va en directa proporción al cargo que ostentan y emolumentos que por esa causa reciben; asimismo, se les hace saber que al margen de la multa que se les imponga en caso de contumacia, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda por razón de turno, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. En la inteligencia de que los salarios mínimos a que se alude se entienden referidos a los ahora denominados Unidad de Medida y Actualización, en términos del Transitorio Segundo del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, actualización publicada el diez de enero de dos mil veintidós. IV. Responsabilidad de las autoridades vinculadas en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Resulta prudente hacer del conocimiento de las autoridades requeridas que conforme con lo dispuesto por el artículo 267 de la Ley de Amparo, incurren en responsabilidad penal aquellos funcionarios que incumplan una sentencia de amparo o no la hagan cumplir, en cuyo caso se les impondrá una pena de cinco a diez años de prisión, multa de cien a mil días, en su caso destitución e inhabilitación de cinco a diez años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, y que además, la pérdida de la calidad de autoridad, no extingue la responsabilidad penal por los actos u omisiones realizados para no cumplir o eludir el cumplimiento de la sentencia de amparo cuando la ley le exija su acatamiento, pero sobre todo, que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 195 del propio ordenamiento, el cumplimiento extemporáneo de la ejecutoria de amparo, si es injustificado, no exime de responsabilidad a la autoridad responsable ni, en su caso, a su superior jerárquico, sino que sólo se tomará en consideración como atenuante al imponer la sanción penal. V. Otras consideraciones. Cabe precisar que el título valor que expida la autoridad exactora, podrá ser entregado a la parte quejosa, o a los autorizados cuyos nombre se precisaron en el auto admisorio; en la inteligencia que dicha devolución deberá hacerla la propia autoridad requerida; en el entendido que deberá abstenerse de remitir a este Juzgado el cheque que ampare la cantidad por concepto de devolución que deba realizar a la peticionaria del amparo; asimismo se hace la precisión que el título de crédito que ponga a disposición de la parte quejosa deberá contener la leyenda "no negociable" o "para abono a cuenta" en términos de los artículos 25 y 198 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. VI. Cambio de denominación. Finalmente, con fundamento en el Acuerdo General 15/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativa a la modificación de la especialización de los Juzgados de Distrito en el Estado de Querétaro, con residencia en Querétaro; a las Oficinas de Correspondencia Común que les prestarán servicio; así como las reglas de turno, sistema de recepción y distribución de asuntos entre los juzgados de distrito referidos; y que reforma el similar 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de agosto de dos mil veintidós, que establece que a partir del uno de septiembre de dos mil veintidós, la denominación de este órgano jurisdiccional es Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro, y conserva la residencia y jurisdicción territorial actual; se informa a las partes que el trámite del presente asunto continúa en este órgano jurisdiccional hasta su total conclusión. Notifíquese; y mediante oficio al Gobernador, Legislatura y Secretario de Finanzas, todas del Estado de Querétaro, al Titular de la Notaría Pública Treinta (30), con ejercicio en esta ciudad, al Agente del Ministerio Público Federal adscrito y al Tercer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Vigésimo Segundo Circuito.
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