Martha Marcela Ramírez López

Expediente 145/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 1 actuación registrada, la última del 30 de octubre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
145/2020
Año
2020
Actuaciones
1
Última actuación
30/10/2020

Partes del expediente

  • Martha Marcela Ramírez López

Actuaciones

  1. Principal

    VIII. ESTUDIO DE FONDO En obvio de repeticiones innecesarias se tienen por reproducidos los conceptos de violación expresados por ambas partes quejosas en sus respectivas demandas, pues no existe precepto en la Ley de Amparo que obligue a su trascripción en la sentencia; ."Cabe destacar que tratándose de juicios de amparo acumulados, el órgano jurisdiccional tenga la obligación de resolver en ese orden, dado que tratándose de juicios acumulados, el juzgador ha de estimar los motivos de inconformidad aducidos en cada uno de ellos y no en el orden en que fueron presentados, puesto que en dichas demandas se controvierten aspectos que son parte del propio acto reclamado y pudiera acontecer que existieran conceptos fundados que dieran lugar a conceder el amparo a cada quejoso o que los argumentos fueran desestimados y ante la no actualización de alguno de los supuestos previstos para su suplencia, se les negara la protección constitucional Juicio de Amparo 142/2020 y acumulado 145/2020 o bien, que sólo en uno se concediera el amparo y en el otro se negara o sobreseyera en el juicio, etcétera; es decir, que el examen de las demandas no debe realizarse forzosamente en el orden de su presentación, sino que debe hacerse con relación a los conceptos de violación esgrimidos en cada una de ellas. ."IX. ESTUDIO DEL AMPARO 142/2020. Precisado lo anterior, el suscrito procede al análisis del amparo 142/2020, cuyos conceptos de violación se analizarán en apartados distintos por los temas propuestos. Tal planteamiento constituye una violación formal consistente en establecer que el acto reclamado resultó incongruente. En relación a dicha violación formal debe precisarse que contrario a lo referido por la quejosa, el acto reclamado, no incumplió con los principios de congruencia y exhaustividad; como se expone a continuación. El principio de congruencia en el particular se encuentra previsto en el artículo 1077 del Código de Comercio, que es del texto siguiente: "1077. Todas las resoluciones sean decretos de trámite, autos provisionales, definitivos o preparatorios y sentencias interlocutorias deben ser claras, precisas y congruentes con las promociones de las partes, resolviendo sobre todo lo que éstas hayan pedido. Cuando el tribunal sea omiso en resolver todas las peticiones planteadas por el promovente de oficio o a simple instancia verbal del interesado, deberá dar nueva cuenta y resolver las cuestiones omitidas dentro del día siguiente. Las sentencias definitivas también deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas y las contestaciones y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, condenando o absolviendo al demandado, y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate. Cuando estos hubieren sido varios, se hará el pronunciamiento correspondiente a cada uno de ellos. Las sentencias interlocutorias deben dictarse y mandarse notificar como proceda conforme a la ley, dentro de los ocho días siguientes a aquel en que se hubiere citado para dictarse. Las sentencias definitivas deben dictarse y mandarse notificar como proceda en derecho, dentro de los quince días siguientes a aquel en que se hubiera hecho citación para sentencia. Sólo cuando hubiere necesidad de que el tribunal examine documentos voluminosos, al resolver en sentencia definitiva, podrá disfrutar de un término ampliado de ocho días más para los dos fines ordenados anteriormente. Los decretos y los autos deben dictarse y mandarse notificar como proceda, dentro de los tres días siguientes al último trámite, o de la presentación de la promoción correspondiente. Los decretos, los autos y las sentencias serán necesariamente pronunciados y mandados notificar en los plazos de ley." En ese sentido, debe tenerse en cuenta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado en qué consiste el principio de congruencia que debe existir en cualquier resolución judicial, distinguiendo entre la congruencia interna y la congruencia externa. Juicio de Amparo 142/2020 y acumulado 145/2020 Lo anterior, de acuerdo a lo establecido por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al referir a la congruencia interna y externa de las sentencias en el criterio de registro 272666, visible en la página 193, volumen XI, cuarta parte, materia común, séptima época del Semanario Judicial de la Federación, del tenor: "SENTENCIAS, CONGRUENCIA DE LAS. El principio de congruencia de las sentencias estriba en que éstas deben dictarse en concordancia con la demanda y con la contestación formuladas por las partes, y en que no contengan resoluciones ni afirmaciones que se contradigan entre sí. El primer aspecto constituye la congruencia externa y el segundo la interna. Ahora bien, una incongruencia reclamada corresponde a la llamada interna si se señalan concretamente las partes de la sentencia de primera instancia que se estiman contradictorias entre sí, afirmando que mientras en un considerando el Juez hizo suyas las apreciaciones y conclusiones a que llegó un perito para condenar al demandado a hacer determinadas reparaciones, en el punto resolutivo únicamente condenó a efectuar tales reparaciones, o en su defecto, a pagar una suma de dinero; pero no existe tal incongruencia si del peritaje se desprende que debe condenarse a hacer las reparaciones, pero que en el caso que no se cumpla deberá condenarse a pagar la cantidad a que se condenó." El principio de congruencia de las sentencias estriba en que éstas deben dictarse en concordancia con la demanda y la contestación formuladas por las partes, y a su vez que en el contenido de dicha determinación no se contengan resoluciones o afirmaciones que se contradigan entre sí. El primer aspecto constituye la congruencia externa y el segundo la interna. Ahora, por cuanto hace al principio de exhaustividad de las resoluciones, en la obra "Instituciones de Derecho Procesal Civil", los autores Rafael de Pina y José Castillo Larrañaga, refieren que de acuerdo a lo establecido en el artículo 81 del Código de Procedimientos Civiles para el entonces Distrito Federal, dispone que las sentencias deben condenar o absolver al demandado y decidir todas las partes litigiosas que hayan sido objeto del debate; asimismo, se señala que de acuerdo al numeral 83 del propio código, los jueces y tribunales no podrán, bajo ningún pretexto, aplazar, dilatar ni negar la resolución de las cuestiones que hayan sido discutidas en el pleito. Reglas que se contienen en términos similares en el numeral 1077 del Código de Comercio. .." Sin embargo, es práctica reiterada en la formulación de sentencias, acudir a la doctrina como elemento de análisis y apoyo, así como interpretar que la regla relativa a la materia penal de carácter restrictivo sólo debe circunscribirse a ella, permitiendo que en todas las demás, con variaciones propias de cada una, se atienda a la regla que el texto constitucional menciona con literalidad como propia de los juicios del orden civil. Ahora bien, tomando en cuenta lo anterior y que la función jurisdiccional, por naturaleza, exige un trabajo de lógica jurídica, que busca aplicar correctamente las normas, interpretarlas con sustento y, aun, desentrañar de los textos legales los principios generales del derecho para resolver las cuestiones controvertidas en el caso concreto que se somete a su conocimiento, considerando que todo sistema jurídico responde a la intención del legislador de que sea expresión de justicia, de acuerdo con la visión que de ese valor se tenga en el sitio y época en que se emitan los preceptos que lo vayan integrando, debe concluirse que cuando se acude a la doctrina mediante la referencia al pensamiento de un tratadista e, incluso, a través de la transcripción del texto en el que lo expresa, el juzgador, en lugar de hacerlo de manera dogmática, debe analizar, objetiva y racionalmente, las argumentaciones jurídicas correspondientes, asumiendo personalmente las que le resulten convincentes y expresando, a su vez, las consideraciones que lo justifiquen." Lo expuesto lleva a concluir que a fin de cumplir con el principio de exhaustividad, las resoluciones judiciales no pueden dejar de decidir sobre todos y cada uno de los puntos sujetos a debate; por tanto, el juzgado o tribunal, al sentenciar un asunto, debe agotar todos los puntos aducidos por las partes. En resumen, se puede aseverar que los principios de exhaustividad y congruencia de una resolución se satisfacen debidamente, si al dictarla el juzgador estudia y resuelve todos y cada uno los puntos sujetos a debate, por lo que respecta a la exhaustividad, y si la determinación tomada es congruente con lo argumentado por las partes y además coherente consigo misma, por cuanto hace a la congruencia. Derivado de lo anterior, se debe precisar que los argumentos de la parte quejosa no evidenciaron que en la resolución reclamada haya transgredido los principios de congruencia y exhaustividad que rigen a toda resolución jurisdiccional. Para evidenciar que no se infringió el principio aquí analizado, se atiende a las consideraciones que en síntesis la sustentan y son en síntesis las siguientes: La Sala, en su parte considerativa reiteró que se dejó insubsistente la resolución reclamada; procedió a sintetizar el agravio esgrimido en la apelación y procedió a su análisis. El estudio que realizó la responsable inició con la conceptualización de las medidas cautelares, plasmó aspectos de índole doctrinario. A continuación, transcribió los artículos 384, 385, 386, 387 y 388 del Código Federal de Procedimientos Civiles, para establecer que como medidas se prevén el depósito o aseguramiento de cosas, libros, documentos o papeles sobre los que verse el pleito, así como las medidas asegurativas que estimó son aquellas necesarias para mantener una situación de hecho existente, o las que modifican la referida situación. Estimó que de conformidad con los numerales 385 y 386 de la legislación procesal referida, el juez puede decretar una medida cautelar con el fin de salvaguardar la materia del Juicio de Amparo 142/2020 y acumulado 145/2020 juicio o para evitar un daño irreparable a las partes; por lo que debe resolver con su facultad discrecional aun en los casos de asuntos complejos o la ambigüedad o insuficiencia de la ley para regularlas de manera directa, de ahí que debe atender a las características de éstas bajo la premisa de su finalidad. Sentadas las bases legales de las medidas, la responsable atendió a las constancias de autos, a las cuales confirió valor probatorio en términos del numeral 1294 del Código de Comercio, y transcribió la petición de las medidas, las cuales catalogó como de tipo conservativas. Atendió a las prestaciones reclamadas, así como al capítulo de medidas cautelares, para establecer que se trata de medidas conservatorias, es decir, para garantizar el cumplimiento o ejecución de sentencia; aludió a que la petición se basó en la apariencia del buen derecho, la cual definió. Abordó el denominado peligro en la demora, y estableció que los elementos de las medidas se acreditaron, pues la apelante argumentó ser titular del título definitivo 13 y lo que ello ampara; asimismo, mencionó la extinción de la moral INELVA, S.A. de C.V., al haberse fusionado con Grupo Lamosa, S.A.B de C.V., a quien se le demandó el cumplimiento de los acuerdos de fusión de quince de julio de dos mil catorce, que su título INELVA es el base de la acción intentada, además de que las acciones ya están a nombre de una sucesión y que hay un juicio sucesorio, por lo que el tribunal de alzada tuvo por acreditado el elemento de la apariencia del buen derecho. Estimó que el peligro en la demora se demostró al existir acciones emitidas a favor de la sucesión que refirió, pues la ahí apelante en su supuesta calidad de propietaria del título INELVA, no había recibido los correspondientes títulos nominativos representativos del capital social de Grupo Lamosa, S.A.B de C.V., en los término decretados por la sociedad fusionante en acuerdo de quince de julio de dos mil catorce, por lo que el elemento relativo al peligro en la demora mencionado, quedó acreditado. Además, apuntó que las medidas cautelares también fueron solicitadas bajo el argumento de que se pretendía evitar daños de difícil reparación, al efecto, la alzada mencionó que Grupo Lamosa, S.A.B de C.V., emitió los títulos a favor de la sucesión, la cual no podrá ejercer los derechos inherentes a los respectivos títulos nominativos accionarios. Por tanto, estimó colmados los requisitos para decretar las medidas cautelares y ordenó a Grupo Lamosa, S.A.B de C.V., a mantener la posesión de los títulos accionarios que expidió a favor del a sucesión testamentaria de Francisco Javier Valdés Canalé y que ampara ciento noventa y cuatro mil ciento nueve acciones nominativas de su capital social; prohibió a la moral transmitir o gravar dichas acciones, apercibida de multa. Al efecto, con fundamento en el artículo 387 del Código Federal de Procedimientos Civiles fijó garantía con el fin de que las medidas surtan sus efectos. Consideró fundado el agravio en el sentido de que el juez no determinó cuáles serían las consecuencias graves Juicio de Amparo 142/2020 y acumulado 145/2020 que se causarían a la demandada con la concesión de las medidas, por lo que reiteró los efectos que éstas tendrían. Determinó que no se aplicó incorrectamente el numeral 118 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, pues no advirtió que se hubiera hecho alusión a ese precepto. Desestimó el agravio respecto de la negativa de decretar el reconocimiento del libro de acciones de Grupo Lamosa, S.A.B de C.V., así como en el cual se solicitó la necesidad de realizar ese reconocimiento, motivo de disenso que estimó inoperante. En ese contexto, el tribunal de alzada citó en apoyo de su determinación los criterios relativos a las medidas precautorias, a la fijación de la garantía y a la inoperancia de los agravios que estimó aplicables. Estimó que no se dieron las hipótesis del numeral 1084 del Código de Comercio, por lo que no hizo condena en costas. Finalmente, plasmó los términos en los que modificó el auto apelado. Como puede advertirse, la resolución reclamada no resultó incongruente, pues atendió a la naturaleza de las providencias precautorias, contrario a lo que argumenta la peticionaria. Además, no puede estimarse que la incongruencia radique en el hecho de que la modificación del auto se decretó la existencia de un derecho en su favor, pues la moral quejosa parte de una premisa incorrecta, pues estableció la existencia de los títulos accionarios para decretar su salvaguarda y proteger ese derecho de la solicitante, aunado al hecho de que la Sala refirió a una calidad de "supuesta propietaria", lo cual no puede considerarse como una incongruencia, pues tal calificativo va inmerso en las consideraciones del auto modificado en el que se obsequiaron las medidas. En otro orden de ideas, la quejosa esgrime: Que en forma incorrecta se tuvo por cumplida la ejecutoria en el juicio de amparo 317/2019-III, pues la Sala responsable no tomó en cuenta los lineamientos dados en dicho fallo, toda vez que sostuvo que los elementos de apariencia del buen derecho y peligro en la demora se acreditaron, dado que la actora es titular del título definitivo que ampara treinta mil acciones ordinarias nominativas de la serie "B". Sostiene que la autoridad responsable valoró el "hecho notorio" respecto del cual determinó que se trata de la simple argumentación de la señora Ramírez, mientras que en la modificación del auto de veinte de marzo de dos mil dieciocho, decretó la existencia de un derecho a su favor, además de que pasó por alto tres hechos que son de suma importancia a saber: 1) Que en el juicio de reconocimiento de derecho, la hoy tercera interesada exigió como primera prestación precisamente la declaración de que ella es la titular de los derechos derivados del título definitivo número 13, expedido a favor de Francisco Javier Valdés Canalé y que ampara treinta mil acciones ordinarias nominativas de la serie "B", de INELVA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE. Juicio de Amparo 142/2020 y acumulado 145/2020 2) Que la promovente de las medidas confesó desde el escrito inicial de demanda del juicio de reconocimiento de derecho que lo único que tiene es una expectativa de derecho que será resuelto en sentencia definitiva. 3) Que también desde el escrito inicial de demanda del juicio de reconocimiento de derecho, la aquí tercera interesada reconoció la existencia del juicio sucesorio y más aún que una de las disputas que ahí se ventila es esencialmente la titularidad de dichas acciones. Que aun y cuando en la ejecutoria de amparo se haya establecido que para determinar la procedencia de las medidas cautelares, el Juzgador debe hacer un análisis superficial de las prestaciones reclamadas, lo cierto es que la Tercera Sala una vez que hizo tal análisis concluyó sobre las circunstancias en que se obsequiarían las medidas cautelares con una decisión sobre el fondo del asunto lo que no se puso a su consideración. Que la responsable prejuzgó sobre la disputa que se ventila tanto en el juicio de reconocimiento de derecho como en el juicio sucesorio sin que aún Grupo Lamosa, haya sido vencida en alguno de esos procedimientos judiciales; de ahí que contrario a lo resuelto en el auto impugnado existe un exceso en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Tales motivos de disenso son inoperantes al ser una repetición de los agravios expuesto en la inconformidad. Para arribar a tal conclusión, con fundamento ene l numeral 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, ordenamiento de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se invoca como hecho notorio, el expediente relativo al juicio de amparo 317/2019, en el cual se resolvió el recurso de inconformidad 8/2020, interpuesto por la moral hoy quejosa y resuelto por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. Así, para mejor comprensión de la inoperancia invocada, se transcriben los agravios, que son del tenor: "En el caso concreto, de una simple lectura de la Ejecutoria de Amparo se desprende que el Juzgador de Amparo precisó que la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora pudo deducirse desde las constancias del Juicio de Reconocimiento de Derechol que fue invocado como hecho notorio por la Señora Ramírez, sin que ello influyera en el litigio. No obstante lo anterior, yendo en contra de lo establecido en la Ejecutoria de Amparo, la Tercera Sala valoró inadecuadamente el referido "hecho notorio". En efecto, por un lado, en la parte considerativa de la sentencia de fecha 20 de enero de 2020, la Tercera Sala hizo referencia al "hecho notorio" y con base en él, determinó que los elementos de la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora "se encuentran debidamente acreditados en las medidas cautelares solicitadas por la apelante, puesto que la apelante argumenta que es titular del título definitivo número 13 , que ampara la titularidad de treinta mil acciones ordinarias, nominativas de la serie "B", número 60, 001 a la 90, 000, representativas del capital variable de la sociedad Inelva, S.A. de C E El problema es que, en abierta contradicción con lo expresado en la parte considerativa de la sentencia de 20 de enero de 2020, la Tercera Sala, al concluir su análisis y establecer la modificación del auto de fecha 20 de marzo de 2018 (que dio origen al toca relativo), decidió una cosa totalmente distinta y sostuvo que los elementos de apariencia del buen derecho y peligro en la demora se acreditaron, entre otros hechos, porque "la actora es titular del título definitivo número 13 , que ampara la titularidad de treinta mil acciones ordinarias, nominativas de la serie "B ", número 60, 001 a la 90, 000, representativas del capital variable de la sociedad Inelva, S.A. de C.V. Así es, en la parte considerativa de la sentencia de 20 de enero de 2020, valoró el "hecho notorio" determinado que se trata de la simple argumentación de la Señora Ramírez, mientras que en la modificación del auto de 20 de marzo de 2018, decretó la existencia de un derecho en su favor. Y es que parecería que la Tercera Sala paso por alto tres hechos que hoy son de suma importancia, a saber: (i) Que en el Juicio de Reconocimiento de Derecho, la hoy Tercera Interesada exigió como primera prestación precisamente la declaración judicial de que ella es la titular de los derechos derivados del el Título Definitivo número 13 expedido en favor de Francisco Javier Valdés Canale y que ampara 30,000 acciones ordinarias nominativas de la serie "B" de Inelva, S.A. de C.V.; (ii) Que la Señora Ramírez confiesa desde el escrito inicial de demanda del Juicio de Reconocimiento de Derecho, que lo único que tiene es una expectativa de derecho que será resuelto en sentencia definitiva, y; (iii) Que, también desde el escrito inicial de demanda del Juicio de Reconocimiento de Derecho, la Señora Ramírez reconoció la existencia del Juicio Sucesorio y más aún, que una de las disputas que ahí se ventila, es esencialmente la titularidad de dichas acciones. Por ende, aún y cuando en la Ejecutoria de Amparo se haya establecido que para determinar la procedencia de las medidas cautelares, el Juzgador debe hacer un análisis superficial de las prestaciones reclamadas, lo cierto es que la Juicio de Amparo 142/2020 y acumulado 145/2020 Tercera Sala, habiendo hecho tal análisis, según le fue ordenado, su conclusión sobre las circunstancias es que se obsequiarían las medidas cautelares terminó en una decisión sobre el fondo un asunto que no es el que se puso a su consideración derivado del Juicio de Origen. Dicho de otro modo, al concluir su análisis, la Tercera Sala prejuzgó sobre la disputa que se ventila tanto el Juicio de Reconocimiento de Derecho como en el Juicio Sucesorio y lo que es aún peor, es que Grupo Lamosa no ha sido vencida en ninguno de dichos procedimientos judiciales. En ese sentido, contrario a lo que se resolvió en el auto impugnado, en términos de lo establecido mediante Ejecutoria de Amparo en el caso concreto existe un exceso en su cumplimiento al existir un pronunciamiento respecto el fondo del Juicio de Origen, cuestión que ciertamente no se puso a su consideración. En consecuencia, toda vez que el Juez de Distrito no realizó un análisis pormenorizado de cada uno de los aspectos que fueron materia de la protección constitucional al resolver respecto del cumplimiento a la Ejecutoria de Amparo, lo procedente es que sus Señorías asuman jurisdicción y revoquen el auto impugnado determinando que la Autoridad Responsable incumplió con los lineamientos establecidos en la Ejecutoria de Amparo, ordenando dejar sin efectos la sentencia de fecha 20 de enero de 2020 emitida en supuesto cumplimiento y en consecuencia, el auto dictado en ejecución." En ese orden, el tribunal resolutor, estimó infundados tales motivos de inconformidad, para ello, se plasma, en lo que interesa lo expuesto por el tribunal colegiado y que es, en lo que interesa del texto: "De lo expuesto, se infiere que como correctamente lo consideró el Juez de Distrito, la Sala responsable ajustó su proceder a las pautas establecidas en la ejecutoria de amparo, la cual no solamente atendió en cuanto a los puntos en los cuales se establecieron sus efectos, sino también se basó en las consideraciones que la sustentaron, por lo que estudió los diversos aspectos inherentes al otorgamiento de las medidas cautelares solicitadas, cumpliéndose así sin exceso o defecto la ejecutoria de amparo. Sin que sea óbice a la conclusión expuesta lo alegado por la inconforme en relación a que la Sala responsable se pronunció sobre el fondo del asunto planteado en el procedimiento de origen, toda vez que de la lectura íntegra del fallo emitido en cumplimiento no se aprecia que haya hecho pronunciamiento alguno en torno a resolver el fondo materia de la litis del juicio natural. Por las razones apuntadas con antelación, no son aplicables las tesis que la recurrente invoca, en virtud de que éstas abordan temas consistentes en que para evaluar el cumplimiento de la ejecutoria de amparo deben atenderse sus consideraciones y lineamientos y no sólo sus efectos, así como analizar en forma pormenorizada cada uno de los aspectos que fueron materia de protección constitucional. Tales cuestiones son distintas a las dilucidadas en la presente ejecutoria en la cual se consideró correcta la determinación del Juez Federal de declarar cumplido el fallo protector, dado que la autoridad responsable se ajustó con plenitud de jurisdicción a los lineamientos establecidos en la ejecutoria de amparo, en relación a las medidas cautelares solicitadas por la parte actora en el procedimiento de origen. En las relacionadas condiciones, procede declarar infundada la presente inconformidad." Como se puede observar, de la lectura comparativa de los conceptos de violación y de los agravios, se aprecia que la solicitante del amparo transcribe substancialmente los Juicio de Amparo 142/2020 y acumulado 145/2020 argumentos que formuló cuando interpuso el recurso de inconformidad; por lo que es inconcuso que los conceptos de violación en análisis resultan inoperantes en ese aspecto, por repetición de agravios, y además, por ser tópicos ya analizados en la ejecutoria de dilucidó la inconformidad interpuesta por la hoy impetrante. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 166, sustentada por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 112, tomo VImateria común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que a la letra dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. Si el quejoso, substancialmente repite, en sus conceptos de violación, los agravios que hizo valer ante el tribunal responsable, pero se olvida de impugnar los fundamentos de la sentencia reclamada, que dieron respuesta a tales agravios, debe concluirse que dichos conceptos son inoperantes porque, por una parte en el amparo no se debe resolver si el fallo de primer grado estuvo bien o mal dictado sino en los fundamentos de la sentencia reclamada, que se ocuparon de aquellos agravios, son o no violatorios de garantías; y por otra, porque si tales fundamentos no aparecen combatidos en la demanda de amparo, se mantienen vivos para continuar rigiendo la sentencia que se reclama. También es aplicable la jurisprudencia VII.1o.C. J/15 de registro 184935 sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, consultable en la página 808, tomo XVII, febrero de 2003, materia común de la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta cuyo texto es: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES, SI EN ELLOS SE COMBATEN CUESTIONES ANALIZADAS EN UNA EJECUTORIA DE AMPARO ANTERIOR. Si en los conceptos de violación que se hacen valer en un juicio constitucional promovido en contra de la resolución dictada en cumplimiento de una ejecutoria de amparo, se combaten cuestiones que ya fueron analizadas en ésta, los argumentos formulados en la nueva demanda de garantías resultan inoperantes, pues la decisión pronunciada no puede ser cuestionada ni modificada en atención a la firmeza de las sentencias dictadas por la potestad federal al conocer de los juicios de amparo." Ahora bien, este juzgador no puede abordar la constitucionalidad del acto que reclama al juez Trigésimo Primero de lo Civil de la Ciudad de México, en virtud de que no enderezo argumento alguno para estimar la ilegalidad del auto de treinta y uno de enero de dos mil veinte, dictado en el expediente 162/2018 de su índice, toda vez que este se dictó como consecuencia de que la parte tercero interesada en este asunto y actora en el juicio natural garantizó los posibles daños y perjuicios que se pudiesen generar con la concesión de la medida cautelar en cumplimiento a lo resuelto por el Tribunal de alzada y su sólo dictado no le causa perjuicio al impetrante de amparo, además de que no se reclamó el mismo por vicios propios, sino como consecuencia de la determinación adoptada por la Sala responsable en cumplimiento a una diversa ejecutoria de amparo. Por lo que al ser infundados por una parte e inoperantes por otra, los argumentos vertidos en este juicio de amparo 142/2020, debe negarse la protección constitucional. X. ESTUDIO JUICIO DE AMPARO ACUMULADO 145/2020. Ahora, corresponde el estudio de fondo respecto del 145/2020, en el que la quejosa Martha Marcela Ramírez Juicio de Amparo 142/2020 y acumulado 145/2020 Que el acto reclamado es violatorio de los principios de legalidad, congruencia y seguridad jurídica, toda vez que la Sala responsable apercibió a Grupo Lamosa, con una multa de $8,191.76 (ocho mil ciento noventa y un pesos 76/100 M.N) en caso de que incumpla las medidas concedidas, sin determinar el motivo por el cual que consideró que era aplicable dicho monto, además de ser incongruente con las constancias de autos, puesto que dicha cantidad no es proporcional a los daños que pudiera llegar a sufrir en caso de un incumplimiento por parte de Grupo Lamosa, toda vez que la litis versa sobre aproximadamente $570,504,510.90 (quinientos setenta millones, quinientos cuatro mil quinientos diez pesos 90/100 M.N). Que la finalidad de las medidas de apremio es obligar a las personas a cumplir con las determinaciones judiciales, por lo que debe ser eficaz, cuestión que no se actualiza en el presente asunto. Que la medida de apremio no cumple con los principios de razonabilidad y proporcionalidad. Son infundados los conceptos de violación que esgrime la quejosa y que serán atendidos de forma conjunta en atención a que la quejosa estima que la medida no es proporcional a los daños y perjuicios que le puede causar el incumplimiento de la moral tercera interesada. En primer término, los medios de apremio de que pueden valerse los juzgadores para hacer cumplir sus determinaciones, son simples medidas coercitivas que la ley ha puesto a disposición de los tribunales para hacer posible la satisfacción de las obligaciones que nacen con motivo del ejercicio de la función jurisdiccional. 23/10/22 11:34:10 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.d3.b2 SERGIO RAUL NUÑEZ CAJIGAL Sirve de apoyo a lo expuesto, la tesis de registro 288950, sustentada por el tribunal pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la foja 792, tomo VI, materia común, quinta época del Semanario Judicial de la Federación, del texto: "MEDIDAS DE APREMIO. La aplicación que de ellas hagan los Jueces para hacer obedecer sus determinaciones, no importa violación de garantías." En segundo orden, pueden ser dirigidas no solamente a las partes en el juicio, sino a cualquier persona que tenga que obedecer el mandato del órgano jurisdiccional. Sirve de sustento la tesis de registro 365926, sustentada por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la foja 2252, tomo XXV, materia civil, quinta época del Semanario Judicial de la Federación, que establece: "APREMIO, MEDIDAS DE. Las medidas de apremio que pueden emplear los Jueces para hacer cumplir sus determinaciones, no proceden únicamente contra las partes en el juicio, sino contra todas aquellas personas afectadas por la resolución judicial, cuyo cumplimiento se ordena; de modo que el solo hecho de no ser parte del juicio, no significa que el apremio viole las garantías individuales de aquél a quien se hace." Establecido el concepto de las medidas de apremio, éstas en el caso de los juicios del orden mercantil se prevé en el numeral 1067 bis del Código del Comercio que dispone: "1067 Bis. Para hacer cumplir sus determinaciones el juez puede emplear cualquiera de las siguientes medidas de apremio que estime pertinentes, sin que para ello sea necesario que el 23/10/22 11:34:10 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.d3.b2 SERGIO RAUL NUÑEZ CAJIGAL Juicio de Amparo 142/2020 y acumulado 145/2020 juzgador se ciña al orden que a continuación se señala: I. Amonestación; II. Multa hasta de $7,955.48 (siete mil novecientos cincuenta y cinco pesos 48/100 M.N.), monto que se actualizará en términos del artículo 1253, fracción VI; III. El uso de la fuerza pública y rompimiento de cerraduras si fuere necesaria, y IV. Arresto hasta por treinta y seis horas; Si el juez estima que el caso puede ser constitutivo de delito, dará parte al Ministerio Público." La lectura del precepto transcrito permite establecer que el legislador facultó al juzgador para imponer cualquiera de las medidas de apremio de las enlistadas en dicha porción normativa, se insiste para garantizar la plena ejecución de las resoluciones judiciales, el legislador, en cumplimiento del mandato constitucional de mérito, determinó los medios de apremio necesarios para que se hagan cumplir las resoluciones, no se sujetan al orden en que se listan, o reglas de aplicación, pues la norma no lo indica en ese sentido y de tener que observar el orden de la enumeración que se hace, no sólo no se garantizaría la ejecución de las resoluciones sino que se obstaculizaría la actividad jurisdiccional, contrariándose así lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 17 constitucional. Sirve de apoyo a lo expuesto, la jurisprudencia P./J. 21/96, de registro 200117, sustentada por el tribunal pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la foja 31, tomo III-mayo de 1996, materia constitucional común, novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuya sinopsis es: "MEDIOS DE APREMIO. SI EL LEGISLADOR NO ESTABLECE EL ORDEN PARA SU APLICACION, ELLO CORRESPONDE AL ARBITRIO DEL JUZGADOR. De la interpretación del artículo 17 constitucional se llega a la conclusión de que las Legislaturas Locales tienen facultades para establecer en las leyes que expiden los medios de apremio necesarios de que dispondrán los Jueces y Magistrados para hacer cumplir sus determinaciones, en aras de la administración de justicia pronta y expedita que a cargo de éstos establece el precepto constitucional supracitado; luego, si el legislador no establece un orden para la imposición de las medidas de apremio que enumere en la norma respectiva, ha de considerarse que corresponde al arbitrio del juzgador, de acuerdo con la experiencia, la lógica y el buen sentido, aplicar el medio que juzgue eficaz para compeler al contumaz al cumplimiento de una determinación judicial, debiendo en ello, como en cualquier acto de autoridad, respetar las garantías de legalidad y seguridad jurídica que establecen los artículos 14 y 16 constitucionales, esto es, expresando las razones (debida motivación) por las que utiliza el medio de que se trate." Además, para considerarse legal una medida de apremio, ésta debe estar establecida en la ley que rige el acto reclamado para considerarse legal. Sirve de apoyo a lo expuesto, la jurisprudencia 308, de registro 917842, visible en la página 258, tomo VI, materia común, jurisprudencia SCJN, del Apéndice 2000 del Semanario Judicial de la Federación que a la letra dispone: "MEDIDAS DE APREMIO. No importa violación de garantías que los Jueces hagan uso de las medidas de apremio dentro de los términos de la ley, para hacer cumplir sus determinaciones, pues éstas medidas no son anticonstitucionales." Así las cosas, tratándose de la multa, la fracción II del precepto 1067 bis de la legislación mercantil, dispone que ésta será de hasta $7,955.48 (siete mil novecientos cincuenta y cinco pesos 48/100 M.N.), monto que se actualizará en Juicio de Amparo 142/2020 y acumulado 145/2020 términos del artículo 1253, fracción VI, del Código de Comercio. Sin embargo, la norma no establece que a través de la imposición de una medida de apremio de carácter pecuniario como lo es la multa, su importe ingrese al patrimonio de la contraparte del contumaz, de ser el actor o el demandado o a favor de ambas partes cuando el rebelde no es parte directa en la controversia y solamente se ve involucrado por virtud de alguna actuación, como lo pueden ser por ejemplo los testigos o los peritos, pues no lo establece ni puede deducirse del texto de la norma, por lo que en ese aspecto, no es de carácter resarcitorio, de ahí que no asista razón a la impetrante en su planteamiento. En ese contexto, no es posible establecer la ilegalidad del acto reclamado a partir de la premisa de que la multa no se determinó en base a la suerte principal que pudiere importar el asunto o al daño patrimonial que pudiere sufrir alguna de las partes. En cuanto a la proporcionalidad, de la medida, en primer orden ello no le afecta, pues la afectación en ese aspecto la resentirá el obligado a cumplir el mandato del juzgador. En segundo orden, es de reiterarse, que la proporcionalidad no puede realizarse en base a la cuantía del negocio o del posible daño patrimonial que pueda resentir alguna de las partes, pues el numeral 1067 del Código de Comercio, no lo prevé de esa forma y de proceder como lo establece la peticionaria, se impondría una medida de apremio contraria al texto de la norma, lo cual importaría violación a los derechos fundamentales de la parte a quien se le apercibe con una medida de apremio. Además, la quejosa parte de una premisa incorrecta al pretender que la medida de apremio con la cual se debió a percibir a la moral a Grupo Lamosa, Sociedad Anónima Bursátil de Capital Variable, consistente en que se le condene a un doble pago, es incorrecta al no estar prevista en la legislación mercantil, por lo que de proceder como lo pide, el órgano de instancia incurriría en violación de derechos fundamentales, al apercibir con la imposición de una medida que es ajena al texto de la codificación mercantil. Por tales razones son infundados los argumentos vertidos, pues la legislación mercantil en materia de imposición de medidas de apremio es clara y no deja lugar a interpretaciones subjetivas como la que pretende hacer valer la parte quejosa, pues nada tiene que ver la cuantía del negocio con la determinación y arbitrio judicial en la imposición de una medida de apremió como lo es la multa en el caso en concreto, por lo que en ese sentido el juzgador no puede imponerlas con base en lo que argumenta la impetrante, pues ello sería tanto como cambiar las hipótesis que en dicho ordenamiento legal se prevén. En ese tenor son inaplicables al caso, las tesis y jurisprudencias que invoca, pues lo hace a partir de la premisa de la cuantía del negocio, tema que es ajeno a las medidas de apremio, pues es de reiterarse, en el caso de la multa, no es de atenderse al monto del negocio para establecer el monto de una sanción pecuniaria como lo es la multa. Cabe apuntar que una tesis aislada o una jurisprudencia pueden servir como sustento a una Juicio de Amparo 142/2020 y acumulado 145/2020 consideración, siempre y cuando resulte aplicable, evento que no acontece en el particular porque la premisa de la quejosa radicó en que la multa era insuficiente. ."efectivo el apercibimiento y no lograrse a pesar de ello vencer al contumaz, la potestad común, conforme lo prevé el numeral 1067 bis del Código de Comercio, tiene a su alcance diversos medios de premio con los cuales vencer la contumacia en la que pueda incurrir el obligado, respecto de los cuales puede hacer valer tantas veces como sea necesario con el fin de que, quien deba cumplir lo haga. Por ende, al haberse desestimado los motivos de disenso, procede negar el amparo. XI. DECISIÓN En las condiciones apuntadas, como el acto reclamado no vulneró los derechos fundamentales de las quejosas, y al no advertirse queja deficiente que suplir procede negarles el amparo y protección de la justicia federal. Negativa que se hace extensiva al acto de ejecución reclamado al Juez Trigésimo Primero de lo Civil de la Ciudad de México, al no reclamarse el acto por vicios propios sino en vía de consecuencia. Por lo anteriormente fundado y motivado; , SE RESUELVE: PRIMERO. La Justicia de la Unión NO AMPARA ni PROTEGE en el juicio de amparo 142/2020 a Grupo Lamosa, ."contra los actos que reclamó de la Tercera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia y del Juez Trigésimo Primero de lo Civil, ambos de la Ciudad de México. SEGUNDO. La Justicia de la Unión NO AMPARA ni PROTEGE en el juicio de amparo 145/2020 a..." contra los actos que reclamó de la Tercera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia y del Juez Trigésimo Primero de lo Civil, ambos de la Ciudad de México. Notifíquese por lista en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación y personalmente a las quejosas, agente del Ministerio Público de la Federación y por oficio a las autoridades responsables.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · 8,550 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano