Martha Luz Avila Zamorano
Expediente 434/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 8 actuaciones registradas, la última del 8 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 434/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 08/10/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Martha Luz Avila Zamorano
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que mediante proveído de trece de septiembre de dos mil veintiuno, se ordenó dar vista a la parte quejosa y tercero interesada con el oficio remitido por el Actuario adscrito al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad, en cumplimiento a la resolución constitucional emitida por este Juzgado de Distrito, para que en el término de tres días manifestaran lo que a su derecho conviniera, apercibidas que de no hacerlo, este órgano jurisdiccional resolvería de oficio si la sentencia está o no cumplida, si se incurrió en exceso o defecto o si hay imposibilidad para cumplirla, de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo; sin que se pronunciaran al respecto, como se advierte de la certificación de cuenta. Por tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado, y se procede a resolver, si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra cumplido. La protección constitucional se otorgó a fin de que la autoridad responsable Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad, realizara lo siguiente: "Con libertad de jurisdicción, emita resolución en el recurso de revisión 630/2020; ello, independientemente de que sea o no favorable a los intereses de la quejosa". Con la finalidad de cumplir lo anterior, la autoridad responsable Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad, efectuó el acto siguiente: - El tres de septiembre de dos mil veintiuno, pronunció resolución en el recurso de revisión 630/2020. En tales condiciones, del análisis comparativo realizado, entre los efectos para los que se concedió la protección constitucional y el acto llevado a cabo por la autoridad responsable para cumplimentar la sentencia concesoria, los cuales han quedado precisados, se colige que la ejecutoria se cumplió. Por tanto, de conformidad con lo previsto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara cumplida la ejecutoria dictada en el presente juicio, sin que se advierta exceso o defecto en su cumplimiento. ARCHIVO Por otra parte, toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de la Materia, aplicado a contrario sensu, SE ORDENA EL ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como totalmente concluido, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. DESTINO LEGAL En consecuencia, toda vez que el presente asunto no se considera de relevancia documental, en acatamiento al Acuerdo General del Plenos del Consejo de la Judicatura Federal de diecisiete de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se procede a determinar su destino legal. Lo anterior, en el artículo 18, fracción I, inciso b), prevé que son susceptibles de depuración, los expedientes de juicios de amparo, en los que se haya concedido la protección constitucional. Hipótesis en la que se ubica el presente expediente, toda vez que en este juicio de amparo, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal y, no fue promovido incidente de suspensión. Por tanto, una vez que transcurran tres años de concluido, es susceptible de depuración el presente expediente.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio remitido por el Actuario adscrito al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad, mediante el cual, conforme a la prórroga concedida en proveído de treinta de agosto del año en curso, remite diversas constancias del procedimiento de origen, relativas al cumplimiento de la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio. En consecuencia, con lo anterior dése vista a la parte quejosa y tercero interesada, para que dentro del término de TRES DÍAS, contado a partir del siguiente a la notificación de este proveído, manifiesten lo que a su interés legal convenga, en la inteligencia que la actuación antes mencionada se encuentra en autos para su consulta; APERCIBIDAS de que, con el desahogo de la vista o sin ella, este Juzgado resolverá de oficio si la sentencia está cumplida o no lo está, si incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla, de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio firmado por el Actuario adscrito al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad, mediante el cual solicita prórroga para que ese órgano colegiado esté en aptitud de dar cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo. Ahora, en atención a lo que solicita, dígasele al oficiante que se le concede un plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que quede debidamente notificado del presente proveído, a fin de que remita las constancias con las que acredite haber dado cumplimiento a la sentencia dictada en el presente juicio; lo anterior de conformidad con lo establecido en el artículo 192, último párrafo de la Ley de Amparo.
- Principal
Vista la certificación que antecede y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que transcurrió el término que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes interpusieran recurso de revisión contra la resolución de quince de julio de dos mil veintiuno en el presente juicio de amparo; en tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 355, 356, fracción II y 357, todos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho fallo HA CAUSADO EJECUTORIA; hágase esta circunstancia del conocimiento de las partes. En consecuencia, al haberse concedido el amparo y protección de la Justicia Federal, REQUIÉRASE a la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad, para que dentro del término de TRES DÍAS, contado a partir del momento en que se encuentre legalmente notificada del presente proveído, informe a este Juzgado de Distrito, el acatamiento que dé a la ejecutoria y remita las constancias con las que acredite lo anterior. APERCIBIDA que de no hacerlo se le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización vigentes; lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 192, párrafo segundo y 258 de la Ley de Amparo; asimismo, se remitirán los autos al Tribunal Colegiado de este Circuito, para el trámite de inejecución de sentencia, con fundamento en el numeral señalado en primer término. Por último, conviene precisar que respecto a lo establecido en el artículo 192, tercer párrafo, ibídem, el Acuerdo General 12/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, establece que para el desarrollo del procedimiento de ejecución de una sentencia, en debido cumplimiento a lo establecido en el numeral antes mencionado, además de requerir a las autoridades vinculadas al cumplimiento del fallo protector, debe requerirse al superior jerárquico inmediato de la autoridad directamente obligada; sin embargo, este Juzgado Federal, estima que tanto los Magistrados del Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa carecen de superior jerárquico, de modo que los requerimientos de cumplimiento de sentencias de amparo deben hacerse directamente a dichos tribunales. Al respecto, se cita en la idea jurídica sustancial y conducente, la jurisprudencia PC.I.C. J/3 K, sustentada por el Pleno en Materia Civil del Primer Circuito, visible a página 1378, registro 2007295, Libro 9, Agosto de 2014, Tomo II, Décima Época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguiente: "JUECES DE PRIMERA INSTANCIA, NO TIENEN SUPERIOR JERÁRQUICO, EN MATERIA JURISDICCIONAL, PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIAS DE AMPARO. La función jurisdiccional se ejerce por diversos órganos con competencias definidas para decidir los asuntos sometidos a su conocimiento, con plena autonomía e independencia, razón por la que los jueces de primera instancia no se encuentran sometidos al tribunal de alzada, ya que cuentan con facultades y atribuciones propias para cumplir con las sentencias de amparo, con total independencia y autonomía. Si bien dichos órganos de segunda instancia son superiores por razón de grado, dicha superioridad no les otorga un poder o mando sobre los jueces de primera instancia, ya que ello sólo acontece por la competencia derivada por razón de grado, que les concede la facultad de someter a una segunda revisión las sentencias dictadas en primera instancia, provocada por el afectado al interponer los medios de defensa legal. Pero carecen de poder o mando sobre los jueces, en virtud de que éstos cuentan con facultades y atribuciones para admitir a trámite las demandas, dictar medidas provisionales y abrir incidentes para continuar el juicio de origen, por lo que los tribunales de segunda instancia están impedidos para obligarlos a actuar o dejar de actuar en la forma exigida en la sentencia de amparo, pues carecen de competencia constitucional y legal para vincular al juzgador a acatar el fallo en determinado sentido, ya que se trata de actuaciones dictadas en el procedimiento de primera instancia, en la que los tribunales de grado no tienen injerencia alguna. De igual forma, en caso de que los jueces de primera instancia no cumplan con la sentencia de amparo, los tribunales de grado están impedidos legalmente para dar cumplimiento por sí al fallo protector porque carecen de competencia legal y constitucional para pronunciar decretos, proveídos, medidas provisionales, incidentes y resoluciones en el procedimiento que se desarrolla en primera instancia. Además, la jerarquía, poder o mando, es incompatible con la función jurisdiccional porque los jueces de primera instancia, cuentan con autonomía e independencia para resolver las controversias sometidas a su conocimiento, con sujeción sólo a la ley y a la Constitución, en donde se regulan sus facultades y competencias".
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