Martha Lule Dominguez

Expediente 1283/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 4 actuaciones registradas, la última del 10 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1283/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
10/11/2023

Partes del expediente

  • Martha Lule Dominguez

Actuaciones

  1. Principal

    Vistos los autos del juicio de amparo 1283/2023-V, promovido por ********************; y RESULTANDO: PRIMERO. Demanda. Por escrito presentado el diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos por buzón judicial, turnado y recibido el veinte del mismo mes y año a este Juzgado de Distrito, ******************** solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Congreso del Estado de Morelos y otra autoridad. SEGUNDO. Trámite. Por auto de veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés, se admitió a trámite la misma; se fijó fecha para el verificativo de la audiencia constitucional; se solicitaron los informes justificados y se ordenó dar vista a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. Seguida la secuela procesal, previo diferimiento se celebró la audiencia constitucional, al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo; 1, fracción V y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece, en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa; además, por reclamarse las conductas omisivas de autoridades que ejercen sus funciones dentro de la circunscripción territorial de este órgano jurisdiccional. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, y del análisis integral de la demanda, se precisa que el acto reclamado consiste en: La omisión de dar respuesta a su petición de pensión por cesantía en edad avanzada efectuada por escrito de nueve de junio de dos mil veintidós; así como la omisión de acordar el diverso escrito presentado el veintisiete de abril de dos mil veintitrés, por el cual exhibió documentación relacionada a su trámite de pensión. Apoya lo anterior, la jurisprudencia P./J. 40/20001 , de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social del Congreso del Estado de Morelos, pues así lo manifestó al momento de rendir su informe justificado. También es cierto el acto reclamado al Congreso del Estado de Morelos, pues no obstante de haberlo negado, dicha negativa se desvirtúa con las documentales que en copia certificada exhibió la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social del propio órgano legislativo, quien conforme al artículo 67, fracción I, de la Ley Orgánica para el citado órgano legislativo, tiene la facultad para atender asuntos de pensiones. De ellas se desprende que la parte quejosa presentó solicitud de pensión por cesantía en edad avanzada el nueve de junio de dos mil veintidós y mediante diverso escrito de veintisiete de abril de dos mil veintitrés, insistió su tramitación ante el Poder Legislativo del Estado de Morelos exhibiendo documentación para tal fin. Las constancias descritas ameritan pleno valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En ese contexto, a la fecha de la presentación de la demanda de amparo (diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés), no hay constancia de la que se advierta, se haya dado respuesta a los escritos presentados por la parte quejosa mediante los cuales solicitó pensión por cesantía en edad avanzada; de ahí, que sea cierto el acto reclamado. CUARTO. Estudio de los conceptos de violación. Resultan esencialmente fundados los argumentos contenidos en su único concepto de violación, los cuales son suficientes para conceder el amparo y protección de la Justicia Federal. En ese sentido, la peticionaria aduce que las autoridades responsables violan en su perjuicio el derecho humano consagrado en el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues a la fecha de presentación de la demanda de amparo no se ha hecho del conocimiento algún acuerdo recaído a la solicitud de pensión presentada el nueve de junio de dos mil veintidós y gestionado su tramitación mediante diverso escrito presentado posteriormente el veintisiete de abril de dos mil veintitrés, no obstante de haber transcurrido en exceso tiempo para ello. En primer lugar, es preciso señalar que el derecho de petición es uno de los derechos públicos subjetivos que nuestra constitución consagra a favor de los gobernados, siendo el juicio de amparo el medio de defensa instituido para la salvaguarda de tales derechos. Ahora bien, el artículo 8 Constitucional a la letra menciona: "Artículo 8. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario." Así, el derecho de petición tutelado en el artículo 8 del Pacto Federal, cuyo titular es el gobernado en general, significa la facultad de ocurrir ante cualquier autoridad a formular una solicitud o instancia por escrito que adopta específicamente el carácter de petición administrativa, acción, recurso, etcétera, por virtud de la cual el Estado y sus autoridades, es decir, sus funcionarios y empleados tienen como obligación el dictar un acuerdo escrito a la solicitud que el gobernado les eleve, el cual debe darse a conocer en breve término. Bajo ese contexto, el derecho de pedir surgió, por tanto, como la potestad de acudir a las autoridades del Estado con el fin de que éstos intervengan para hacer cumplir la ley, con la correlativa obligación de las autoridades de emitir una respuesta por escrito a la solicitud o petición que el gobernado les eleve, aunado a que debe darse a conocer en breve término al solicitante. Deriva de lo anterior, que el derecho de petición, tanto en virtud de su origen como en atención a su naturaleza de derecho público subjetivo consagrado, supone su manifestación en una relación entre gobernante y gobernado, pues la petición se dirige a la autoridad dotada de facultades y atribuciones por las normas legales en su calidad de ente del Gobierno del Estado, obligado como tal, a dar contestación por escrito y en breve término al gobernado. Resulta indispensable elevar la petición al servidor público en su calidad de autoridad, en una relación de supra a subordinación entre gobernante y gobernado, para que surja el derecho público de este último a que se le dé contestación por escrito y esté en posibilidad de acudir al juicio de amparo contra la transgresión de este derecho en caso de que no se cumpla la obligación correlativa de la autoridad que supone este derecho. Por consiguiente, la naturaleza de la relación existente entre el gobernado y el servidor público es preponderante para la existencia del derecho de petición consagrado en el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues resulta necesaria una relación jurídica de supra a subordinación para que la autoridad esté obligada a dar contestación a la petición formulada por el gobernado y proceda el juicio de amparo ante la omisión relativa de la autoridad, como medio de salvaguarda de los derechos fundamentales. Así, el derecho de petición contenido en el artículo 8 constitucional se conforma a su vez de diversos subderechos, los cuales derivan de las diferentes conductas que deben acatar las autoridades ante quienes se presente una petición por escrito, en forma pacífica y respetuosa, a saber: 1. De dar respuesta por escrito a la petición formulada por el gobernado, de tal modo que el juicio de amparo que se promueva al respecto versará sobre un acto de naturaleza omisiva, y la pretensión del quejoso consistirá en obligar a la autoridad responsable a que actúe en el sentido de contestar lo solicitado, es decir, a que emita un acto positivo subsanando la omisión reclamada; 2. De que la respuesta sea congruente con lo solicitado por el gobernado, de tal forma que el juicio de amparo promovido en este caso, parte del supuesto de que el quejoso conoce el fondo de la contestación recaída a su solicitud, ya sea porque se impuso de ella con anterioridad a la presentación de la demanda de amparo y formuló conceptos de violación en su contra, o porque se le dio a conocer durante el trámite del juicio de amparo; y, 3. De dar a conocer la respuesta recaída a la petición del gobernado en breve término, por lo que la promoción del juicio de amparo en este supuesto versará sobre un acto de naturaleza omisiva, con la pretensión de obligar a la responsable a que notifique en breve término la respuesta recaída a la petición que aduce desconocer el quejoso, con la posibilidad de que en el propio juicio de amparo el peticionario pueda ampliar la demanda inicial en su contra, o de ser conforme a sus intereses, promueva un diverso juicio constitucional en contra del fondo de lo respondido. Por su puntual aplicación, se invoca la jurisprudencia VI.1o.A. J/54 (9a.), de rubro: "PETICIÓN. LA GARANTÍA CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 8o. CONSTITUCIONAL SE CONFORMA DE DIVERSAS SUBGARANTÍAS QUE LE DAN CONTENIDO, Y QUE DEBEN CONSIDERASE POR EL JUEZ DE DISTRITO EN EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO POR VIOLACIÓN A DICHO DERECHO". Precisado lo anterior, en el caso se desprende que por escrito presentado el nueve de junio de dos mil veintidós, la quejosa solicitó el otorgamiento de una pensión por cesantía en edad avanzada y mediante escrito posterior gestionó su tramitación (veintisiete de abril de dos mil veintitrés), sin que las autoridades responsables aportaran prueba alguna demostrativa de haber emitido respuesta, esto es, que no incurrieron en las omisiones reclamadas por la peticionaria de amparo. Por lo tanto, resulta fundado el concepto de violación analizado pues se viola en perjuicio de la quejosa el derecho tutelado en el artículo 8 de la Constitución General de la República, al no haberse dado respuesta en breve término a las peticiones que elevó mediante escritos presentados ante las responsables, como lo exige la norma constitucional, ya que desde su presentación y a la fecha de promoción del juicio de amparo, ha transcurrido en exceso el tiempo para ello. Máxime, que conforme al artículo 54, fracción I, del Reglamento para el Congreso del Estado de Morelos, la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social debió emitir el dictamen correspondiente a la solicitud relativa a la tramitación de la pensión por jubilación en un plazo no mayor a sesenta días naturales; lo cual no ocurrió en el presente asunto, porque a la fecha en que se emite la presente sentencia no obra constancia de que se haya elaborado dicho dictamen. Como se precisó, dicha autoridad es la responsable del conocimiento, estudio, dictamen e investigación de los asuntos referentes a las pensiones, de conformidad con los artículos 67, fracción I, de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado de Morelos y 57 bis de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos. Sirve de sustento a lo anterior la Jurisprudencia P./J. 42/2001, de rubro: "PETICIÓN. LA EXISTENCIA DE ESTE DERECHO COMO GARANTÍA INDIVIDUAL PARA SU SALVAGUARDA A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO REQUIERE QUE SE FORMULE AL FUNCIONARIO O SERVIDOR PÚBLICO EN SU CALIDAD DE AUTORIDAD". Así, en términos del último párrafo del artículo 57 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, el Congreso del Estado deberá expedir el decreto correspondiente a partir de la fecha en que se tenga por recibida la documentación necesaria para su tramitación, en un término de treinta días durante el período ordinario de sesiones; en caso de que la legislatura se encuentre en receso, deberá contabilizarse dicho término a partir de que inicie el período ordinario de sesiones inmediato, plazos que han transcurrido en exceso. En las relatadas circunstancias, lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitado. SEXTO. Efectos de la sentencia protectora. Ante lo fundado de los conceptos de violación, en términos del artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, se concede el amparo y protección de la Justicia Federal, para que una vez que esta sentencia cause ejecutoria el Congreso del Estado de Morelos y la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social del propio órgano legislativo y en el ámbito de sus respectivas competencias, con plenitud de atribuciones: Den respuesta en forma congruente, fundada y motivada a las peticiones presentadas por la parte quejosa el nueve de junio de dos mil veintidós y veintisiete de abril de dos mil veintitrés, referentes a la tramitación de la solicitud de pensión por cesantía en edad avanzada; y se lo notifiquen en la forma legal procedente. En el entendido que, atento a la naturaleza del juicio de amparo, los efectos de esta sentencia no pueden alcanzar actos omisivos que en el futuro se puedan reprochar a la responsable; de ahí que atendiendo al derecho violado, la ejecutoria protectora se tendrá por cumplida, hasta en tanto se dé contestación a los referidos escritos y se haga del conocimiento a la quejosa, sin que haya imperativo que la respuesta sea favorable a los intereses de la solicitante. No se pasa por alto que mediante proveído de treinta de octubre del año en curso se dio vista a las partes con los informes rendidos por las autoridades responsables; sin embargo, en términos de lo dispuesto por el artículo 17, tercer párrafo constitucional, la negativa planteada por una de las autoridades responsables quedó desvirtuada y la presente determinación resulta de mayor beneficio a la quejosa que el plazo otorgado conforme al numeral 117 de la Ley de Amparo; siendo obligación de todas las autoridades judiciales y aquellas con atribuciones materialmente jurisdiccionales del país privilegiar la resolución de fondo de los conflictos sometidos a su potestad sobre los formalismos procedimentales, sin que lo anterior afecte la igualdad entre las partes. Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que en ella se exponen, la Jurisprudencia 2a./J. 16/2021 (11a.), de la voz: "DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA (PRINCIPIO DE MAYOR BENEFICIO). A PARTIR DE LA ENTRADA EN VIGOR DE LA ADICIÓN AL ARTÍCULO 17, TERCER PÁRRAFO, CONSTITUCIONAL, TODAS LAS AUTORIDADES JUDICIALES Y AQUELLAS CON FUNCIONES MATERIALMENTE JURISDICCIONALES DEBEN PRIVILEGIAR LA SOLUCIÓN DEL CONFLICTO SOBRE LOS FORMALISMOS PROCEDIMENTALES, SIEMPRE Y CUANDO NO SE AFECTE LA IGUALDAD ENTRE LAS PARTES (DOF DE 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017)". Por lo expuesto y fundado se RESUELVE: ÚNICO. La justicia de la Unión ampara y protege a ********************, contra el acto reclamado precisado en el considerando segundo de esta sentencia, por los motivos y para los efectos señalados en las consideraciones quinta y sexta de este fallo. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, asistida de Jadilson Alonso Navarro, Secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, nueve de noviembre de dos mil veintitrés. Se tiene por recibido el escrito presentado por la autorizada de la parte quejosa a través del cual desahoga la vista otorgada en auto de treinta de octubre del presente año. En mérito de lo anterior, se tienen por hechas las manifestaciones que vierte y por desahogada la vista concedida en autos, que serán tomadas en consideración en el momento procesal oportuno, de conformidad con lo establecido por el artículo 124 de la Ley de Amparo. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, treinta de octubre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que se encuentra transcurriendo el plazo concedido mediante determinación de cinco de octubre del año en curso, para que se apersone el tercero interesado Norberto Sotelo Eloisa; en este orden de ideas, de acuerdo a la certificación de cuenta, se aprecia que se declararon inhábiles los días ahí indicados, por tanto, al advertir que de las constancia de autos, se señalaron las diez horas con diez minutos del veinticinco de octubre de dos mil veintitrés, para la celebración de la audiencia constitucional en este asunto, lo procedente es diferirla audiencia. Por tanto, para dar tiempo a lo anterior, y no dejar en esta de indefensión a ninguna de las partes, con fundamento en el 115 de la Ley de Amparo, se difiere anticipadamente y se fijan las DIEZ HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL VIENTITRÉS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su desahogo, lo que se asienta para los efectos conducentes. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Jorge Manuel Díaz Carranza, que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés. Admisión de demanda. Visto el escrito de demanda presentado por ***, se admite la demanda de amparo. ... Determinación sobre el incidente de suspensión. En términos del artículo 125 de la Ley de Amparo, no se ordena el trámite del incidente de suspensión, pues no fue solicitado. Solicitud de informe. De conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo, requiérase a la responsable su informe justificado, que deberá rendir dentro del término de quince días hábiles contados a partir de día hábil siguiente al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, en términos del numeral 31, fracción I, de la Ley de Amparo. ... Fijación de fecha de la audiencia constitucional. Se señalan las once horas con cuarenta minutos del diecinueve de octubre de dos mil veintitrés, para la celebración de la audiencia constitucional. Intervención del agente del ministerio público federal. Dese al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado, la intervención que legalmente corresponde conforme al artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo. ... Así lo proveyó y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, ante la Secretaria Anel Estrada Castellanos, quien autoriza y da fe.

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