MARTHA LUIS MORENO y Otros.
Expediente 757/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 4 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 757/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 04/10/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- MARTHA LUIS MORENO y Otros.
- ROLANDO BAZAN JUÁREZ y Otros.
- Martha Luis Moreno
Actuaciones
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cuatro de octubre de dos mil veintiuno. En atención a la cuenta que antecede, el Juez, determina lo siguiente: I. Con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. II. En cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese este asunto como total y definitivamente concluido. III. Ahora bien, en el presente sumario constitucional en sentencia se sobreseyó; por tanto, conforme a lo dispuesto en capítulo ocho, punto "8.1.2" 1. relativo al tratamiento de los expedientes destruibles del "Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal" aprobado el veintiséis de agosto de dos mil veinte, el presente asunto es susceptible de destrucción. III. Así también, se considera que este expediente carece de valor histórico jurídico, documental o de relevancia alguna, pues no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General en comento; de igual forma se indica que conforme a la certificación de cuenta, no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General de mérito. V. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este auto, procédase a la destrucción de este expediente. VI. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE.
- Principal
S E N T E N C I A Mediante la que se resuelve el juicio de amparo indirecto 757/2021 promovido por ****************************, contra del acto de la autoridad que más adelante se precisará. El problema jurídico en el presente asunto consiste en analizar si la omisión de dictar la resolución en el expediente 1300/2014 (4); trasgrede el derecho tutelado por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en perjuicio de la parte quejosa. ANTECEDENTES Según señala la parte quejosa bajo formal protesta de decir verdad en su demanda de amparo, que mediante escrito presentado el dieciocho de noviembre de dos mil catorce, ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, demandaron en la vía especial laboral del Organismo Público Descentralizado denominado Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), el pago de doce días de salario por cada año laborado, por concepto de prima de antigüedad, demanda que se radicó en la Junta Especial Número Cuatro bajo el expediente 1300/2014 (4). El catorce de marzo de dos mil dieciséis, se llevó a cabo la Audiencia de Conciliación demanda y Excepciones, Pruebas y Resolución, reservándose la responsable el derecho de calificar las pruebas. El cinco de septiembre de dos mil dieciocho, mediante auto de calificación de pruebas y previa la certificación de no encontrarse prueba pendiente por desahogar, la responsable concedió a las partes un plazo de dos días para presentar alegatos por escrito, para después proceder conforme a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 885 de la Ley Federal del Trabajo. Transcurrido el plazo concedido a las partes, mediante escrito presentado el veintitrés de octubre de dos mil dieciocho, los impetrantes del amparo, solicitaron a la responsable se dictara en términos de ley el proyecto de resolución en forma de laudo, sin que la responsable dictara el proyecto de resolución en forma de laudo dentro del expediente 1300/2014 (4). TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO Presentación de la demanda. Por escrito presentado físicamente el nueve de julio de dos mil veintiuno, *******************, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra el acto que atribuyó a la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Oaxaca. La parte quejosa precisó como derecho fundamental violado el consagrado en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; narró los hechos del acto reclamado y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. Admisión de la demanda. Por razón de turno, correspondió conocer de la demanda de amparo a éste órgano jurisdiccional, la que se admitió el doce de julio siguiente; solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; dio la intervención que corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; y, se citó a las partes para la celebración de la audiencia constitucional, misma que, previo a los trámites del juicio, se llevó a cabo en términos del acta que antecede. COMPETENCIA Este Juzgado de Distrito es legalmente competente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de los artículos 107, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior, porque se trata de un juicio de amparo indirecto; este juzgado conoce de todas las materias por carecer de jurisdicción especial, y porque el acto reclamado se trata de una omisión. OPORTUNIDAD Por la naturaleza de los actos reclamados, la demanda de amparo puede presentarse en cualquier tiempo, por tratarse de actuaciones que crean una situación permanente en la esfera jurídica de la parte quejosa que no se subsana mientras aquélla subsista. Es aplicable por analogía el siguiente criterio: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. CUANDO SE TRATE DE OMISIONES, LA OPORTUNIDAD PARA SU IMPUGNACIÓN SE ACTUALIZA DÍA A DÍA, MIENTRAS AQUÉLLAS SUBSISTAN. El artículo 21 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no establece plazo específico para la promoción de la controversia constitucional respecto de omisiones, entendiéndose por éstas las que implican un no hacer del órgano demandado y que por su especial naturaleza crean una situación permanente que no se subsana mientras subsista la omisión, de tal suerte que dicha situación se genera y reitera día a día, lo que produce consecuencias jurídicas que se actualizan de igual forma. Esta peculiaridad lleva a considerar que el plazo para su impugnación se actualiza día a día mientras la omisión subsista". FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO El numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Esa obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte del Máximo Tribunal del País, quien ha establecido que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad y que cuando ello resulta insuficiente los Juzgadores de amparo deben armonizar además los datos que emanen del escrito inicial en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el Juez de amparo al fijar los actos reclamados debe atender a lo que el quejoso quiso decir y no únicamente a lo que en apariencia dijo porque sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. En el caso concreto, el contenido integral de la demanda de amparo, así como los datos y la información que se desprenden del expediente en el que se instrumenta este sumario da pauta a establecer que la parte inconforme combate: De los integrantes de la Junta Especial número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca: La omisión de dictar laudo en el expediente 1300/2014 (4). EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS Al rendir su informe justificado, la Presidenta de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Oaxaca, negó el acto reclamado, bajo el argumento que el nueve de julio de dos mil veintiuno, fue dictado el laudo dentro del expediente laboral ********, mismo que no había sido dictado debido a la carga de trabajo con la cuenta dicha Junta y en segundo lugar a la contingencia sanitaria generada por el virus SARS-Cov2 (Covid)-19; empero, lo cierto es que, en la fecha de presentación de la demanda (ocho de julio de dos mil veintiuno) sí existía el acto reclamado por la parte quejosa, pues, aún no dictaban el laudo respectivo, según lo manifestado por la autoridad responsable en su informe justificado; por ende, dicha negativa se desvirtúa y se tiene por cierto el acto reclamado. PROCEDENCIA El análisis de las causas de improcedencia del juicio de amparo constituye una cuestión de orden público y su estudio es preferente al fondo, como lo disponen el artículo 62 de la Ley de la Materia y la tesis jurisprudencial número 814, visible a fojas 553, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". En el caso, se considera que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone: "ART. 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". Como es sabido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya ha desarrollado diversos criterios jurisprudenciales a fin de responder cuándo estamos en una situación en la que los efectos del acto reclamado deban considerarse que han cesado. De acuerdo con los más significativos, la cesación de efectos es una condición que sólo puede entenderse actualizada ante la total e incondicional destrucción de éstos. Así, se ha reiterado, para que los efectos de un acto pueda considerarse cabalmente destruidos, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional; esto es, como si se hubiera otorgado el amparo o como si el acto nunca hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella. Para la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho exija. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Al respecto, pueden consultarse los criterios jurisprudenciales de rubros: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO" y "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL". Una vez que ha sido entendido lo que la Suprema Corte le ha conferido al concepto "cesación de los efectos del acto reclamado", podemos determinar cómo puede identificarse cuando todos los efectos de un acto han llegado a esa condición de cesación absoluta. En relación con lo anterior, debe decirse que el hecho de que una persona promueva un juicio de amparo en contra de uno o varios actos implica que aquélla considera que éstos le generan una afectación que se traduce en una violación. Esa posible violación constituye el efecto de los actos reclamados. En este sentido, cuando tal efecto cesa, desaparece la violación resentida por el quejoso y, en consecuencia, el juicio de amparo deja de tener razón de ser dado que perseguiría algo que ya estaría logrado, a saber, la reparación de la infracción. Lo anterior es lo que justifica la existencia de la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo. En el caso concreto, como ya se precisó en esta sentencia, la parte quejosa reclama de los integrantes de la Junta Especial número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado la omisión de dictar laudo en el expediente laboral ********** de su índice. Lo cual significa que la razón que motivó la promoción del juicio de amparo es precisamente la falta de resolver el juicio laboral. Sin embargo, la autoridad responsable al rendir su informe justificado, presidenta de la Junta Especial Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, exhibió copia certificada del laudo dictado el nueve de julio pasado en el expediente laboral ************** de su índice. Lo anterior da pauta al suscrito para estimar que en la especie se actualiza la causa de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, por cesación de los efectos, ya que se -reitera- la responsable remitió copia certificada del laudo de nueve de julio del año en curso en el expediente laboral *************, del índice de la ya citada Junta. Bajo esa óptica, es incuestionable que la conducta omisiva reprochada a la responsable y que motivó la promoción del presente sumario cesó al haberse pronunciado la resolución señalada en el párrafo que antecede (de la cual se hizo del conocimiento a la inconforme después de instado el juicio de derechos fundamentales), ya que la violación que en determinado momento pudo cometerse en contra de los derechos fundamentales aquélla, ya fue reparada desde el momento en que fue informada del resultado de aquellos, como si se le hubiere concedido el amparo y protección de la Justicia Federal. Es aplicable al caso la tesis P.CL/97 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 71, Tomo VI, noviembre de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." Por tanto, se actualiza la causa de improcedencia invocada en el presente juicio respecto del acto impugnado a los Integrantes de la Junta Especial Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado. DECISIÓN En ese contexto, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo vigente, este juzgador determina que debe sobreseerse en el juicio con fundamento en el diverso 63 fracción V de la Ley de la materia. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE ÚNICO. Se sobresee en este juicio de amparo promovido por ***, apoderado de los quejosos ***, contra la omisión atribuida a los integrantes de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Oaxaca, en los términos del apartado VII de esta sentencia. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diez de agosto de dos mil veintiuno. Visto los autos, toda vez que la autoridad responsable Junta Especial número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Oaxaca, quedó notificada de la solicitud del informe justificado el pasado quince de julio de dos mil veintiuno, sin que a la fecha en que se actúa dicha junta hubiese rendido su informe justificado, toda vez que gozó de su primer período vacacional que comprendió del dieciséis al treinta de julio del año en curso, reanudando labores hasta el dos de agosto del año en curso, como se advierte del oficio número 6752 de ocho de julio de dos mil veintiuno, mismo que se ordena agregar a los autos; así también, se tiene conocimiento que mediante los diversos comunicados de dos y nueve de agosto del mes en curso, informaron que del dos al seis y del nueve al trece del actual decretaron la suspensión de plazos y términos, pudiendo extenderse dicho plazo de acuerdo a las medidas que emitan las autoridades en materia de salud Federal o Estatal. Con motivo de lo anterior, no es posible llevar a cabo la celebración de la audiencia constitucional señalada para este día, y en su lugar se reprograman las CATORCE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL DIEZ DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. NOTIFÍQUESE.
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