Martha Lucía Lomelí Ibarra

Expediente 2449/2021 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 4 actuaciones registradas, la última del 22 de febrero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
2449/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
22/02/2022

Partes del expediente

  • Martha Lucía Lomelí Ibarra
  • Alberto Carillo Ruvalcaba
  • MARTHA LUCÍA LOMELÍ IBARRA y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Zapopan, Jalisco, veintidós de febrero de dos mil veintidós. Téngase por recibido el escrito presentado por **, autorizado en amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, de la parte quejosa en el presente juicio y tercero interesado en el diverso ***, acumulado al en que se actúa, en cuanto a lo que solicita, se hace de su conocimiento que tal como se aprecia de la certificación de cuenta, ya transcurrió el plazo concedido a las partes en proveído de ocho de febrero de dos mil veintidós, para que señalen las constancias que en copia certificada deberá remitir este órgano jurisdiccional a la superioridad, de igual forma, que el actuario judicial se encuentra realizando las gestiones para enviar el recurso de que se trata. Notifíquese.

  2. Principal

    Zapopan, Jalisco, tres de febrero de dos mil veintidós. Estado de autos. Vista la certificación de cuenta, se advierte que no obra agregado en autos el acuse de recibo del oficio ** dirigido al Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, respecto del proveído de seis de enero de dos mil veintidós, por el que se le solicitaron copias certificadas del expediente **, que le fue remitido por el Juzgado Décimo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, para resolver el diverso juicio de amparo *** de su índice. Reexpide oficio. Se ordena la reexpedición del oficio respectivo a la autoridad, para los efectos legales a que haya lugar. ( Diferimiento. En consecuencia, para dar tiempo a lo anterior lo procedente será diferir la audiencia constitucional señalada para este día y hora y, en su lugar, se señalan las trece horas con treinta y cinco minutos del diecisiete de marzo de dos mil veintidós, previa certificación que levante la secretaria en el que haga constar que el expediente se encuentra debidamente integrado. Notifíquese y cúmplase.

  3. Principal

    Zapopan, Jalisco, veintinueve de diciembre de dos mil veintiuno. Desahogan prevención. Téngase por recibido y glósese a los autos el escrito de cuenta, signado por los quejosos Martha Lucía Lomelí Ibarra, Alejandro Dorantes Flores y Alberto Carrillo Ruvalcaba, por su propio derecho, a través del cual, desahogan en tiempo y forma la prevención formulada en proveído de diecisiete de diciembre del año en curso; por tanto, se provee: Decisión de la demanda. Así, del análisis de la demanda, se advierte que la parte quejosa reclama de las autoridades responsables 1. Cámara de Senadores. 2. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. 3. Las Legislaturas de los Estados de Aguascalientes, baja California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila de Zaragoza, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Zacatecas y de la Ciudad de México. 4. Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, 5. Cámara de Senadores del Congreso General y 6. El Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en el ámbito de su competencia, su intervención en el proceso legislativo, tal como la discusión, aprobación y refrendo de las siguientes normas. a) Artículo 100, párrafos décimo y décimo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto reformado y publicado en once de marzo de dos mil veintiuno. b) Decreto por el que se expide la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicado el siete de junio de dos mil veintiuno, específicamente, los artículos 33, 86, fracción XXIV, y 161, párrafo segundo. c) Decreto por el que se expide la Ley de Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación, concretamente, los artículos 7, fracción VII, 8, 10, 20, 11 a 14, 23 a 25, 34 a 39, 40, fracción IV, 44, fracción II, 46 al 49 y del 74 al 78. d) Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reglamenta la carrera judicial, publicada en el Diario Oficial de la Federación el tres de noviembre de dos mil veintiuno, junto con la declaratoria para el inicio de la observancia de nuevas reglas de la carrera judicial, específicamente, los preceptos 8, 16 a 52 y 57 a 64, 67 y 69, 70, primer párrafo, 72, 136 a 139, 142 a 151 y 217. Sin que haya lugar a tener como acto reclamado destacado el que señalan los accionantes de amparo como la omisión legislativa atribuible al Congreso de la Unión de expedir dentro de los cientos ochenta días la legislación secundaria relativa a la implementación de medidas para lograr paridad de género, como rector de la carrera judicial; esto pues, acorde a la razones expuestas por la parte quejosa, con ese argumento pretende evidenciar la inconstitucionalidad de los artículos impugnados especificados en los incisos b) y c). Ahora bien, el artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el Juez de Distrito deberá examinar la demanda de amparo, pero si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, circunstancia que se actualiza en el presente caso, numeral que a la letra establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Con relación a lo expuesto, diversos tribunales de la Federación, se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto; de tal modo que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Lo anterior encuentra apoyo, por identidad de razón, en la jurisprudencia P./J. 128/2001, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Tomo XIV (Octubre de 2001), página 803, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA" PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA". De igual forma, en la jurisprudencia I.6o.C. J/19 sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, Novena Época, Tomo X (Septiembre de 1999), página 730, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". En ese sentido, este órgano de control constitucional advierte la actualización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción I, de la Ley de Amparo, en relación con el acto reclamado precisado en el inciso a) consistente en el artículo 100, párrafos décimo y décimo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conforme a su texto vigente, reformado por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de marzo de dos mil veintiuno; el primero de los preceptos en mención dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: I. Contra adiciones o reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos[.]" La lectura de la hipótesis de improcedencia prevista en la fracción transcrita del artículo que antecede, permite precisar que el juicio de amparo es improcedente contra el procedimiento de adiciones o reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo anterior ya que la intención del legislador fue que no se pueda analizar a través de los juicios de amparo las adiciones, reformas y modificaciones a los preceptos de la Norma Suprema. En ese sentido, es importante destacar el contenido del artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que determina lo siguiente: "Artículo 135. La presente Constitución puede ser adicionada o reformada. Para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma, se requiere que el Congreso de la Unión, por el voto de las dos terceras partes de los individuos presentes, acuerden las reformas o adiciones, y que éstas sean aprobadas por la mayoría de las legislaturas de los Estados. El Congreso de la Unión o la Comisión Permanente en su caso, harán el cómputo de los votos de las Legislaturas y la declaración de haber sido aprobadas las adiciones o reformas." Del contenido de dicho artículo, se advierte que se instituyó a un órgano la facultad de proponer y declarar aprobadas las reformas o adiciones a la Constitución, integrado por el Congreso de la Unión y las Legislaturas de los Estados (Constituyente Permanente), la facultad de proponer y declarar aprobadas las reformas o adiciones a la Constitución, para que, a través del procedimiento correspondiente adicionen o reformen sus preceptos, para lo cual corresponde al Congreso de la Unión o a la Comisión Permanente, en su caso, hacer el cómputo de los votos de las Legislaturas Estatales y emitir la declaratoria de aprobación a las mismas. Ahora bien, de la lectura de la demanda de amparo, se advierte que uno de los actos reclamados por la parte quejosa, consisten en el el artículo 100, párrafo décimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conforme a su texto vigente, reformado por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de marzo de dos mil veintiuno; apartado normativo supremo a través del cual se estatuyó la definitividad e inatacabilidad de las de las resoluciones que dicte o emita el Consejo de la Judicatura Federal, esto es, que contra ellas no procede juicio ni recurso alguno, salvo las vinculadas con la adscripción, ratificación o remoción de Magistrados, Magistrados, Jueces o Juezas, pues en ese caso serán revisadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los términos que prevea la ley. En ese sentido, no es posible emprender el análisis de constitucionalidad o convencionalidad, vía amparo biinstancial, del texto constitucional, aprobado por el Constituyente permanente; en todo caso, incumbe sólo a él la facultad de reformar o adicionar la Constitución Federal y substanciar dicho procedimiento. De ahí que sea inconcuso que el acto reclamado en mención no es susceptible de impugnarse por este medio de control constitucional, que puede analizar la regularidad constitucional de las demás leyes, salvo el propio texto fundamental, por lo que queda patente la actualización del artículo 61, fracción I, de la Ley de Amparo. Sirve de fundamento a lo anterior, la jurisprudencia número 39/2002, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVI, Septiembre de 2002, página 1136, de rubro: "PROCEDIMIENTO DE REFORMAS Y ADICIONES A LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. NO ES SUSCEPTIBLE DE CONTROL JURISDICCIONAL." Así como la jurisprudencia P./J.20/2014 (10a.), sustentada por Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 5, abril de dos mil catorce, materia constitucional, página 202, registro 2006224, de rubro: "DERECHOS HUMANOS CONTENIDOS EN LA CONSTITUCIÓN Y EN LOS TRATADOS INTERNACIONALES. CONSTITUYEN EL PARÁMETRO DE CONTROL DE REGULARIDAD CONSTITUCIONAL, PERO CUANDO EN LA CONSTITUCIÓN HAYA UNA RESTRICCIÓN EXPRESA AL EJERCICIO DE AQUÉLLOS, SE DEBE ESTAR A LO QUE ESTABLECE EL TEXTO CONSTITUCIONAL." Por otro lado, con apoyo en lo que disponen los artículos 61, fracciones III y XXIII, en relación con el 217 de la ley de la materia y el 100, párrafo décimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; se estima que se configuran dichas causales de improcedencia, por lo que hace al acto reclamado atinente al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reglamenta la carrera judicial, publicada en el Diario Oficial de la Federación el tres de noviembre de dos mil veintiuno, junto con la declaratoria para el inicio de la observancia de nuevas reglas de la carrera judicial, descritos en el inciso d). Para demostrar tal aserto, se procede realizar la transcripción de los artículos señalados con antelación: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.]III. Contra actos del Consejo de la Judicatura Federal. [.]XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación será obligatoria para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas, con excepción de la propia Suprema Corte. La jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación será obligatoria para sus Salas, pero no lo será la de ellas para el Pleno. Ninguna sala estará obligada a seguir la jurisprudencia de la otra. La jurisprudencia que establezcan los plenos regionales es obligatoria para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas de su región, salvo para la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los plenos regionales. La jurisprudencia que establezcan los tribunales colegiados de circuito es obligatoria para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas de su circuito, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los plenos regionales y los tribunales colegiados de circuito. La jurisprudencia en ningún caso tendrá efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna." Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. "Artículo 100. El Consejo de la Judicatura Federal será un órgano del Poder Judicial de la Federación con independencia técnica, de gestión y para emitir sus resoluciones. (.) Las decisiones del Consejo serán definitivas e inatacables y, por lo tanto, no procede juicio ni recurso alguno, en contra de las mismas, salvo las que se refieran a la adscripción, ratificación y remoción de Magistradas, Magistrados, Juezas y Jueces las cuales podrán ser revisadas por la Suprema Corte de Justicia, únicamente para verificar que hayan sido adoptadas conforme a las reglas que establezca esta Constitución y la ley[.]" Así, por regla general, contra las decisiones del Consejo de la Judicatura Federal, actuando en Pleno o en Comisiones -por ser la forma en la que en ese precepto constitucional se dispone que funciona dicho órgano-, son irrecurribles, con excepción de las que se refieran a las materias de designación, adscripción, ratificación y remoción de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito, los cuales pueden ser combatidos a través del medio de impugnación contemplado en la Carta Magna. La Corte Suprema arribó a esa conclusión al considerar que conforme al entonces noveno párrafo de la disposición constitucional citada, las decisiones del Consejo de la Judicatura Federal, actuando en Pleno o en Comisiones, adquieren el carácter de definitivas e inatacables, no por el solo hecho de provenir del citado órgano, sino en virtud de ser emitidas por éste en ejercicio de las atribuciones que constitucionalmente le han sido otorgadas para administrar, vigilar y disciplinar lo que atañe a su régimen interno e incluso para resolver conflictos de trabajo, sin considerar, desde luego, las que se refieran a la designación, adscripción, ratificación y remoción de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito. El propio Pleno del Alto Tribunal, al resolver el amparo directo en revisión 1312/2014, concluyó: "Por ello, de impugnarse en el juicio de amparo una decisión emitida por el Consejo de la Judicatura Federal en ejercicio de alguna de las atribuciones que constitucionalmente le fueron conferidas para la administración, vigilancia, disciplina y resolución de controversias laborales relacionados con el régimen interno del Poder Judicial de la Federación, el amparo será improcedente, lo que incluso podrá analizarse desde la presentación de la demanda, con base en los datos con que cuente el juzgador en ese momento procesal y que puedan llevar a considerar que la causa de improcedencia es manifiesta e indudable". Bajo ese contexto, en el caso concreto, la parte quejosa señaló como acto reclamado el Acuerdo General que reglamenta la Carrera Judicial, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el tres de noviembre de dos mil veintiuno, que entró en vigor conforme a la Declaratoria para el Inicio de la Observancia de las Nuevas Reglas de la Carrera Judicial. Sin embargo, con apoyo en los artículos 94 y 100 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es válido concluir que resulta improcedente el juicio de amparo en contra de los actos impugnados al Consejo de la Judicatura Federal al ser un órgano con independencia de gestión para emitir sus resoluciones funcionando en Pleno o comisiones respecto de la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial de la Federación. En efecto, pues se consideran definitivas e inatacables las decisiones que el Consejo de la Judicatura Federal adoptará en cumplimiento a las leyes reclamadas, al estar circunscritas al ejercicio de las atribuciones que le fueron conferidas en la Constitución para el régimen interno del Poder Judicial de la Federación. Aunado a que, respetando la intención del Poder Reformador de la Constitución de reiterar que son inimpugnables todas las decisiones del Consejo de la Judicatura Federal -con excepción de las ya mencionadas-, la improcedencia del presente juicio de amparo se actualiza, dado que la normativa que se emita en cumplimiento de las leyes impugnadas está relacionada al ejercicio de las atribuciones que le fueron conferidas por la propia Constitución respecto de las etapas que componen la carrera judicial desde el ingreso, la promoción, la evaluación del desempeño y permanencia, hasta la separación de los servidores públicos de carácter jurisdiccional del Poder Judicial de la Federación, así como lo relacionado a la materia de impugnaciones, responsabilidades administrativas, capacitación, perfiles de las categorías del personal, la creación de procesos individualizados de cada integrante de la carrera judicial con el objeto de determinar sus habilidades, perfil y vocación y la evaluación de los servidores públicos a fin de determinar con criterios objetivos su desempeño en las funciones inherentes a su puesto y, en su caso, determinar lo conducente en cuanto a su permanencia en la carrera judicial. En esa tesitura, es inconcuso que la determinación adoptada de no ejercer escrutinio sobre el acto impugnado al Consejo de la Judicatura Federal, parte de la racionalidad de diseño del presente medio de control constitucional consagrado en los artículos 94 y 100 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 61, fracción III, de la Ley de Amparo, por lo que, con fundamento en el artículo 113 de esa legislación, procede desechar de plano la demanda de amparo por tal acto. La decisión alcanzada se apoya, por las razones que contiene, en la tesis aislada 2a.LVII/2014(10a.), sustentada por la Segunda Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, página 819, registro 2006673, que señala: "CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL. DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO DE AMPARO CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTA EN UNA DECISIÓN QUE DERIVE DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE FUERON ENCOMENDADAS CONSTITUCIONALMENTE. De una interpretación sistemática de los artículos 94 y 100, párrafo noveno, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se desprende que las decisiones del Consejo de la Judicatura Federal en materia de administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial de la Federación son inatacables, con excepción de las que versen sobre la designación, adscripción, ratificación y remoción de Magistrados de Circuito o de Jueces de Distrito, las que podrá revisar la Suprema Corte de Justicia de la Nación. De acuerdo a lo expuesto, con fundamento en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, en relación con los numerales constitucionales señalados en primer término, procede sobreseer en el juicio de amparo cuando el acto reclamado consista en una decisión del órgano administrativo mencionado que derive de las atribuciones que le fueron encomendadas constitucionalmente, como son las que atañen a la disciplina de sus integrantes (sanción relativa a la suspensión de un Magistrado de Circuito o un Juez de Distrito). Sin que sea óbice a lo anterior la circunstancia de que, a partir de la reforma al artículo 1o. constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, se hubiere instituido la obligación de los juzgadores de interpretar las normas relativas a los derechos humanos de conformidad con la Constitución y los tratados internacionales en la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Ello es así, porque esta previsión normativa únicamente significa que el Constituyente instituyó un método de interpretación, no un sistema de elección normativa que depositara en el juzgador la facultad de aplicar o no la Constitución, sustituyendo a ésta con el derecho de fuente internacional, según conviniera. En esta tesitura, lo establecido por el artículo 1o. de la Constitución Federal, no implica que las normas constitucionales prohibitivas o que establezcan excepciones o restricciones a los derechos fundamentales para su eficacia, sean desatendidas, pues es el principio de supremacía constitucional el que prevalece cuando dos normas de carácter superior, una interna y otra externa, colisionan entre sí." De igual manera, resulta aplicable por analogía, la jurisprudencia 2a./J.49/2019 (10a.)10, emitida por la propia Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, tomo II, Libro 65, Abril de dos mil diecinueve, página 1123, registro 2019610, que dispone: "ACUERDOS GENERALES QUE ESTABLECEN LOS PROCEDIMIENTOS Y LINEAMIENTOS PARA ACCEDER AL CARGO DE JUEZ DE DISTRITO, MEDIANTE CONCURSOS DE OPOSICIÓN, Y LAS CONVOCATORIAS RESPECTIVAS, EMITIDOS POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL. SU IMPUGNACIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO ACTUALIZA UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. De la interpretación del artículo 100, párrafo noveno, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte que las decisiones emitidas por el Consejo de la Judicatura Federal, funcionando en Pleno o en Comisiones, en ejercicio de las atribuciones que constitucionalmente le fueron conferidas para la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial de la Federación, revisten el carácter de definitivas e inatacables, por lo que en su contra no procede juicio ni recurso alguno, con excepción de las que se refieran a la designación, adscripción, ratificación y remoción de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito. En consecuencia, la impugnación en el juicio de amparo indirecto de acuerdos generales que establecen los procedimientos y lineamientos para acceder al cargo de Juez de Distrito, mediante concursos de oposición, y las convocatorias respectivas, emitidos por el Consejo de la Judicatura Federal, actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del artículo constitucional citado y del numeral 61, fracción III, de la Ley de Amparo, sin que sea obstáculo para ello la calidad que pudiese tener el quejoso, toda vez que esos actos derivan del ejercicio de las facultades que la Constitución General de la República otorga a dicho Consejo, y si bien tienen que ver con la designación de juzgadores, lo que implica que son revisables por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo cierto es que no pueden impugnarse a través del juicio de amparo, sino mediante el recurso de revisión administrativa previsto en el artículo 122 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, únicamente para verificar que haya sido adoptada conforme a las reglas que fija esta ley. Desechamiento que se hace extensivo a los actos descritos en los incisos b) y c) consistentes en el Decreto por el que se expide la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicado el siete de junio de dos mil veintiuno y Decreto por el que se expide la Ley de Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación, al no reclamarse con motivo de su primer acto de aplicación, sino como parte de un sistema normativo complejo, tal como lo refieren en su escrito aclaratorio; lo anterior, a partir de la declaratoria para el inicio de la observancia de las nuevas reglas de la Carrera Judicial y Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reglamenta la Carrera Judicial, por la que se expidió el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reglamenta la carrera judicial, publicada en el Diario Oficial de la Federación el tres de noviembre de dos mil veintiuno. Atento a lo expuesto, procede desechar la demanda de amparo, ante su manifiesta e indudable improcedencia del acto reclamado en análisis, de conformidad con el artículo 113 de la ley de la materia. Por último, de conformidad con los Acuerdos Generales 29/2007 y 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y las atribuciones de los Órganos Jurisdiccionales en materia de transparencia, así como con los procedimientos de acceso a la información pública y protección de datos personales, captúrese el día de su publicación la presente sentencia, con la correspondiente sustitución de datos personales para la generación automática de la versión pública, a través del sistema establecido para tal efecto, y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Notifíquese personalmente a la parte promovente. Lo proveyó y firma Carlos Calderón Espíndola, Juez Decimoprimero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, ante Leticia Salazar Tovar, secretaria que autoriza y da fe. LST/Marvin

  4. Principal

    TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO, MEDIANTE EL CUAL INFORMA QUE EN LOS AUTOS DEL AMPARO EN REVISIÓN 203/2020 DE SU ÍNDICE, EL QUEJOSO INTERPUSO RECURSO DE QUEJA EN CONTRA DEL AUTO DE DOS DE DICIEMBRE PASADO, LO QUE SE ORDENA AGREGAR A LOS PRESENTES AUTOS PARA LOS EFECTOS LEGALES CORRESPONDIENTES.

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