Martha Louise Lazo de la Vega Westrup
Expediente 1095/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 15 actuaciones registradas, la última del 24 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1095/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 24/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Martha Louise Lazo de la Vega Westrup
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
Vista la certificación precedente de la cual se advierte que ya transcurrió el plazo de diez días concedido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para la interposición del recurso de revisión contra la sentencia que sobreseyó el presente juicio, sin que se haya hecho valer; consecuentemente, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, se declara que el citado auto ha quedado firme. Archívese como totalmente concluido, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno electrónico. Ahora bien, atendiendo a las particularidades del presente juicio, y tomando en consideración que no se trata de delitos contra: la seguridad de la nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, el ambiente o la gestión ambiental; ni contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales o que sea relativo a conflictos laborales colectivos trascendentes; tampoco trata sobre juicios con relación al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, o fue generado por el Pleno del Circuito que estableciera jurisprudencia; no versa sobre materia agraria, o bien que su sentencia integrara jurisprudencia o tesis aislada de Tribunal Colegiado; se concluye que no es de relevancia documental. De conformidad con lo que establece el diverso 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; se hace la observación de que el expediente es susceptible de destrucción, en razón de que se trata de un asunto en el que se sobreseyó el juicio. En ese mismo sentido, por lo que hace al cuaderno del incidente de suspensión, de conformidad con lo establecido en el precepto 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo Plenario aludido, se estima que es susceptible de depuración, toda vez que se concedió la suspensión provisional y la definitiva de los actos reclamados; por lo que, una vez que transcurran más de tres años, en que se haya ordenado su archivo, deberá depurarse debiendo conservarse, únicamente las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación. No obra en autos documento original, en los términos que establece el arábigo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General de referencia. NOTIFÍQUESE.
- Principal
día y hora señalados para la CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL en el juicio de amparo 1095/2022; el Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México..., asistido de..., Secretaria que autoriza y da fe, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, la declara abierta sin la asistencia de las partes. A continuación se hace relación de las constancias que obran agregadas en autos, y da cuenta con: A) Demanda de amparo; B) Oficio por el cual la autoridad responsable rindió su informe justificado; C) Emplazamiento de la parte tercera interesada. La secretaria certifica que el término para que la parte quejosa manifestara si era su deseo señalar como autoridad responsable al Notificador adscrito al Juzgado Décimo Séptimo Oral Mercantil del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, conforme al requerimiento que se le formuló el dos y dieciséis de marzo pasado, transcurrió del veintisiete al treinta y uno de marzo del año en curso, sin que diera cumplimiento a lo solicitado. Al efecto se acuerda: Téngase por hecha la relación que antecede para los efectos legales conducentes. Vista la certificación que antecede, se advierte que feneció el término para que la peticionaria manifestara si era su deseo señalar como autoridad responsable al Notificador adscrito al Juzgado Décimo Séptimo Oral Mercantil del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco conforme al requerimiento de dos y dieciséis de marzo del año en curso; en consecuencia, se le hace efectivo el apercibimiento decretado y no se tiene como autoridad responsable a dicho fedatario. A continuación se procede a la apertura del período probatorio, en el que se hace constar que ninguna de las partes las ofreció. Al no haber elementos de convicción por desahogar, se cierra el presente periodo y se abre la etapa de alegatos, donde se hace constar que ninguna de las partes los formuló y la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita no rindió intervención; por lo que se cierra esta etapa. Con lo anterior, se da por terminada la audiencia que firma el Juez con la Secretaria que da fe para constancia legal, procediendo a dictar la resolución correspondiente. Doy fe. VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 1095/2022, promovido por ..., como apoderada de., contra actos del Juez Cuadragésimo Segundo Civil de Proceso Oral del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda. Por escrito presentado el once de octubre de dos mil veintidós., como apoderada de ., solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos de la autoridad reseñada por estimarlos violatorios de los derechos humanos consagrados en los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que hizo consistir en: "IV.- ACTOS RECLAMADOS.- Lo constituyen los siguientes: Esta parte quejosa únicamente tiene conocimiento de la existencia de un procedimiento jurisdiccional instaurado en mi contra, cuyos datos, autoridad preveniente y número de expediente, por ende el estado procesal en el que se encuentran se ignoran, por lo que consecuentemente se reclama de el (sic) indebido emplazamiento a juicio de esta parte quejosa así como la inconstitucionalidad de cualquier actuación judicial subsecuente o posteriores incluyendo cualquier orden de embargo y/o aseguramiento y/o ejecución de bienes." SEGUNDO. Este Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, a quien por razón de turno tocó correspondió la demanda de amparo, se declaró incompetente para conocer de la misma el catorce de octubre de dos mil veintidós, y ordenó su envío al Juzgado de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia a Zapopán, a fin de que determinara lo relativo. La demanda de amparo fue turnada al Juzgado Cuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, el cual por auto de veintisiete de octubre de dos mil veintidós acordó no aceptar la competencia planteada a su favor y devolver los autos a este órgano federal. El veintiocho de noviembre de dos mil veintidós, recibidos los autos del juicio de amparo, este Juzgador determinó insistir en declinar la competencia y ordenó remitir los autos al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en turno, a fin de que resolviera lo conducente respecto del conflicto competencia suscitado. Del conflicto competencial conoció el Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito bajo el C.C.C., y por sentencia de veinte de enero de dos mil veintitrés, declaró competente para conocer del juicio de amparo a este Juzgado Federal. TERCERO. Admisión. Atento a lo resuelto por el superior, la demanda se admitió a trámite en proveído de dos de febrero de dos mil veintitrés, en el que se dio intervención a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, no se tuvo como autoridad responsable al Secretario de Acuerdos del Juzgado Cuadragésimo Segundo de lo Civil de Proceso Oral del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, se pidió al Juez responsable su informe justificado y se reservó señalar parte tercera interesada hasta en tanto se contara con las constancias del juicio de origen. El veinte de febrero de dos mil veintitrés, se señaló como tercera interesada a ..., actora en el juicio de origen. Por acuerdo de dos de marzo de dos mil veintitrés se previno a la parte quejosa para que manifestara si deseaba señalar como responsable al Notificador adscrito al Juzgado Décimo Séptimo Oral Mercantil del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, con el apercibimiento que de no hacerlo, no se tendría con tal carácter. El plazo concedido para desahogar la prevención formulada quedó precisado en auto de diecisiete de marzo del presente año. De autos se advierte que la representante social de la Federación adscrita no formuló pedimento, se tuvo por rendido el informe justificado de la autoridad responsable, la parte tercera interesada fue emplazada, finalmente, la audiencia constitucional se celebró en términos del acta que antecede, donde se hizo efectivo el apercibimiento decretado a la quejosa y no se tuvo como responsable al Notificador adscrito al Juzgado Décimo Séptimo Oral Mercantil del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente para conocer y resolver este asunto, de conformidad con los artículos 103, fracción I, 107, fracción III, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 60 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 37 y 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, en atención a que se trata de un juicio contra actos derivados de un proceso del orden civil seguido ante un juzgado con residencia en la ciudad donde el suscrito ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Previo al análisis de la existencia de los actos que en este juicio de amparo se reclaman, es necesario para la correcta resolución del asunto, fijar con claridad cuál o cuáles son éstos, como lo dispone la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo. En ese sentido, de una lectura integral de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa se ostenta tercera extraña por equiparación al juicio oral mercantil., del índice del Juzgado Cuadragésimo Segundo de lo Civil de Proceso Oral del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México; y reclama el emplazamiento realizado en dicho juicio y en vía de consecuencia cualquier actuación subsecuente. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. El Juez Cuadragésimo Segundo de lo Civil de Proceso Oral del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, aceptó la tramitación del juicio de origen pero negó la existencia del acto reclamado, sin embargo, realizó manifestaciones para sostener la constitucionalidad de sus actuaciones; por lo tanto, se tiene por cierto el acto que se le reclama. Tiene aplicación por las razones que la sustentan la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, registro digital 211004, visible en la Octava Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIV, Julio de 1994, página 391, del tenor siguiente: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe". Además, se corrobora con las copias certificadas del juicio oral mercantil., las cuales fueron remitidas por el Juez responsable en apoyo a su informe justificado, de valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Se invoca la jurisprudencia 226 del Pleno del Alto Tribunal, de registro 394182, visible en la página 153, tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Quinta Época, que dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS. CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." CUARTO. Antecedentes. Determinada la certeza de los actos reclamados, para una mejor comprensión del asunto, se estima pertinente narrar sus orígenes, a saber: I. El veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno., por conducto de su apoderado, promovió demanda en la vía oral mercantil en contra de ..., reclamando el reconocimiento del adeudo y obligación de pago celebrado entre las partes, el pago de la cantidad de $..., moneda de los Estados Unidos de América) por concepto de suerte principal, el pago de los intereses al 5% (cinco por ciento) mensual originados por el incumplimiento a la obligación de pago, así como el pago de gastos y costas. II. El ocurso inicial se admitió a trámite el veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno, por el Juez Cuadragésimo Segundo de lo Civil de Proceso Oral del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, ordenándose emplazar a juicio a la demandada vía exhorto dirigido al Juez competente en el municipio de Guadalajara, Estado de Jalisco. III. Por diligencia de catorce de diciembre de dos mil veintiuno efectuada por el Notificador adscrito al Juzgado Décimo Séptimo Oral Mercantil del Primer Partido Judicial en el Estado de Jalisco, tuvo lugar el emplazamiento de la demandada ., en los términos del acta correspondiente. Actuación que constituye el acto reclamado. IV. El veinticuatro de marzo de dos mil veintidós se tuvo por acusada la rebeldía de la parte demandada. V. Seguido el juicio en sus etapas, el veinte de mayo de dos mil veintidós se dictó sentencia definitiva, en la que se declaró procedente la vía oral mercantil, se condenó a la demandada a pagar a la actora la cantidad de $..., moneda de los Estados Unidos de América), así como al pago de intereses moratorios a razón de 52% (cincuenta y dos por ciento) anual a partir de la fecha de mora. VI. Sentencia que causó ejecutoria por Ministerio de Ley. VII. Mediante autos de veintiuno de junio y siete de julio de dos mil veintidós, se requirió a la demandada el pago a la actora de las prestaciones materia de la condena, en el plazo de cinco días. VIII. La notificación del requerimiento descrito en el punto anterior fue realizado vía exhorto por diligencia de quince de febrero dos mil veintitrés efectuada por el Secretario Ejecutor del Juzgado Décimo Segundo en Materia Oral Mercantil del Primer Partido Judicial en el Estado de Jalisco. QUINTO. Improcedencia del juicio. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal que debe estudiar de oficio el juzgador antes de examinar las cuestiones de fondo de la controversia constitucional, lo aleguen o no las partes, de conformidad con lo que establece el último párrafo del artículo 62 de la ley de la materia, y de la Jurisprudencia número 814, que dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." 1 En el caso, se advierte que se actualiza la prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el artículo 5, fracción II, y éstos a su vez con la fracción V, del artículo 63, todos de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. 1 Localizable la página 236, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995. Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior." La disposición imperativa de la fracción XXIII, del artículo 61 transcrita, a diferencia de las diecisiete fracciones que le preceden, no prevé de manera específica algún motivo de improcedencia del juicio de amparo, sino que ésta se relaciona con las causas de improcedencia establecidas en la Carta Magna y en la propia Ley de Amparo que no encuadran en alguno de los supuestos específicos que prevé el artículo 63 de este último ordenamiento, uno de los cuales es el que se deriva de la interpretación de lo previsto en el artículo 5 de la ley de la materia. En efecto, del análisis sistemático de los preceptos transcritos se advierte que la procedencia del juicio de amparo exige que en éste se impugnen actos que provengan de autoridad, entendiéndose por tal, la que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado, pero no sólo que actúe con ese carácter, sino que en forma individualizada, por medio de facultades decisorias y con base en disposiciones legales o de hecho, imponga obligaciones, modifique las existentes o limite los derechos o garantías individuales de los particulares, considerados como tales. En este punto cabe destacar que la disposición constitucional en estudio, contiene una definición clara de lo que debe entenderse por autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, ya que el poder constituyente y el legislador ordinario al establecer que es autoridad responsable la que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado, únicamente mencionaron las formas en que la autoridad puede llevar a cabo aquellos actos de los entes u órganos del Estado que pueden ser materia de estudio en el juicio de garantías, pero no especificó las cualidades que debe reunir una autoridad para ser considerada como tal exclusivamente para efectos de la procedencia del sumario constitucional. Es por eso que los tribunales del Poder Judicial de la Federación, especialmente la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su carácter de máximo intérprete de la Constitución General de la República y de las disposiciones que de ella emanan, ha establecido diversos precedentes a fin de dilucidar ese concepto para efectos del juicio de amparo. Al respecto, es de mencionarse que de acuerdo con los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, "autoridad responsable" para efectos del juicio de amparo, es la que con fundamento en una ley de origen público, ejerce un poder jurídico que afecta por sí y ante sí, y de manera unilateral crea, modifica o extingue situaciones jurídicas concretas, evidentemente, en perjuicio de los gobernados, según se corrobora del texto emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 118 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo V, febrero de 1997, con el rubro y texto siguientes: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: "AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término 'autoridades' para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.", cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades." En otras palabras, además de los actos que puede llevar a cabo una autoridad según el artículo 5 de la Ley de Amparo (la que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado), de acuerdo con la definición que sobre el particular se realiza en los criterios citados del Máximo Tribunal de la Nación, autoridad es la que ejerce facultades decisorias que le están atribuidas en la ley y que constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad, pero que incidan en la esfera de los particulares, considerados como tales. Por las consideraciones en que se sustenta, es aplicable al caso la tesis número I.3º.C.720 C del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 1818, del Semanario Judicial de la Federación, tomo XXIX, febrero de 2009, con registro 167989, cuyo rubro y texto dicen: "ACTUARIOS COMO AUTORIDADES RESPONSABLES EJECUTORAS EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. Para que se reconozca a una autoridad el carácter de responsable ejecutora, los actos que se le atribuyen deben estar comprendidos dentro de sus funciones legales, esto es, la facultad de ejecutar la sentencia definitiva o resolución que puso fin a juicio debe estar prevista dentro de las atribuciones que le otorgue el ordenamiento jurídico de carácter general, abstracto, obligatorio e impersonal, relacionado con la estructura orgánica de la autoridad a la que esté adscrito, puesto que las características de las autoridades responsables para los efectos del amparo son de imperio, de capacidad decisoria y de ejecución de la ley o del acto reclamado; luego, dado que no se previene que dentro de las facultades de los actuarios adscritos a un tribunal cuando actúa como autoridad de alzada sea la de ejecutar la sentencia de primera instancia que confirmó, modificó o revocó el tribunal de apelación y por lo mismo, tampoco reciben orden alguna por parte de su titular en el sentido de ejecutar la sentencia de primera instancia, dado que dicho tribunal de apelación no es el encargado de la ejecución de la sentencia definitiva y menos aún, del fallo primigenio, sino que sólo le corresponde resolver el recurso interpuesto en contra de la resolución de primer grado, lo que tiene que ver con su legalidad y su firmeza y, por su parte, en términos de la ley orgánica y códigos de procedimientos que regulan la función de los actuarios adscritos al mismo, sólo se les encomienda hacer del conocimiento de las partes la resolución recaída en el recurso de apelación, lo que además les ordena efectuar el ad quem, por ello, la única intervención que tienen será como notificadores de la sentencia de segundo grado y por tanto, no tienen el carácter de autoridad responsable ejecutora para los efectos del juicio de amparo directo, pues no se les puede atribuir la ejecución de fallo alguno. Lo anterior, sin perjuicio de que la parte quejosa les atribuya genéricamente la ejecución de la sentencia, dado que corresponde al Tribunal Colegiado determinar quién tiene la calidad de autoridad en el juicio de garantías y si su función es como ordenadora o ejecutora en base al análisis en cada caso, de las características de la autoridad señalada como responsable para establecer si efectivamente existe un acto de autoridad y quién o quiénes participaron en él y en esa medida, emplazarles a juicio constitucional. Por tanto, solamente en la etapa de ejecución de un juicio, que inicia con posterioridad a que el fallo quedó firme, de infringir agravio la ejecución a alguna de las partes, podrá plantearse un diverso juicio de amparo en vía indirecta en que sea señalado como autoridad responsable la ejecutora a efecto de que tenga oportunidad de demostrar la legalidad del acto que se le imputa, o en su caso, exponga las razones y fundamentos legales que estime pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto o la improcedencia del juicio, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 149 de la Ley de Amparo, tanto más, si se considera que es el actuario y no el Juez, quien materialmente practica las diligencias o actos que se le reclaman." En ese tenor, es claro que el actuario adscrito a cualquier órgano jurisdiccional del ámbito federal o local, también le recae el carácter de autoridad responsable, pues conforme al código procesal civil, sus actuaciones son de su exclusiva responsabilidad, al ser el encargado de los lineamientos legales que regulan tales actos. Lo anterior se robustece con el criterio obligatorio 3ª./J.33/90, consultable en la página 186 del Semanario Judicial de la Federación, tomo VI, Primera Parte, julio a diciembre de 1990, Octava Época, con registro 207115, de rubro y texto siguientes: "ACTUARIO. ES AUTORIDAD RESPONSABLE EN EL AMPARO PROMOVIDO CONTRA EL EMPLAZAMIENTO. El artículo 11 de la Ley de Amparo, dispone que es autoridad responsable la que promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado; en esta clasificación queda comprendido el funcionario que realiza materialmente el emplazamiento, por las siguientes razones: I. Porque el juzgador sólo ordena que se haga el emplazamiento, y el actuario es el ejecutor de dicha orden; II. Porque en el emplazamiento es el actuario quien está obligado a observar los lineamientos legales que regulan tal acto; en consecuencia; III. Es al actuario a quien, en su caso, corresponde defender su acto, porque es el que conoce los pormenores de la diligencia de emplazamiento. En efecto, las actuaciones que realiza el actuario al practicar no sólo el emplazamiento, sino todas las notificaciones en el procedimiento respectivo, son de su exclusiva responsabilidad, al ser el encargado de observar los lineamientos legales que regulan tales actos." En ese contexto, en su escrito inicial de demanda, la peticionario de amparo señaló como autoridad ordenadora de los actos que en esta vía combate al Juez Cuadragésimo Segundo de lo Civil de Proceso Oral del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, sin embargo, de constancias remitidas vía informe justificado, se advierte también como autoridad responsable al Notificador adscrito al Juzgado Décimo Séptimo Oral Mercantil del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, quien no fue oído en esta contienda en defensa de su actuación, por lo cual dicha circunstancia impide a este juzgador estudiar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados emitidos por una autoridad que no fue designada como responsable. Lo que se justifica con mayor razón, porque el resultado del eventual examen que se realizara a los actos reclamados respecto de una sola de las autoridades -que sí fue llamada al proceso- en modo alguno podría hacerse extensivo a otra, dado que sería jurídicamente imposible ordenar a quien no intervino en la contienda constitucional, que dejara insubsistente su acto, cuando no fue parte formal dentro del procedimiento. Máxime que por auto de dos de marzo de dos mil veintitrés, se requirió a la parte quejosa para que lo señalara como autoridad responsable, sin embargo, no lo desahogó y por tanto se ordenó continuar con la substanciación del presente juicio de amparo en los términos en que fue admitida la demanda. En ese sentido, si el acto reclamado consistente en el emplazamiento practicado en el juicio de origen, es atribuible única y exclusivamente al Actuario que lo practicó, ante la omisión de la quejosa de señalar a la autoridad que intervino en esa diligencia, procede sobreseer en el presente juicio de con fundamento en la fracción XXIII del artículo 61 en relación con el diverso 5 de la Ley de amparo. Se cita como sustento de lo anterior la jurisprudencia 108 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, visible en la página 69 del Apéndice de 1995, tomo VI, Parte SCJN, Quinta Época, con registro 396064, cuyo rubro y texto dicen: "AUTORIDADES RESPONSABLES NO DESIGNADAS. Si en la demanda de amparo no se señala a una autoridad como responsable, jurídicamente, no es posible examinar la constitucionalidad de sus actos, puesto que no se le llamó a juicio ni fue oída." Así como la diversa VII.A.T.J/6, sustentada por el Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Séptimo Circuito, consultable en la página 738 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo III, 16 junio de 1996, Novena Época, con registro 202332, de contenido siguiente: "SOBRESEIMIENTO DEL JUICIO DE GARANTIAS CUANDO SE RECLAMA EL EMPLAZAMIENTO Y NO SE SEÑALA COMO AUTORIDAD RESPONSABLE AL ACTUARIO QUE LO PRACTICO. Dado que el actuario es autoridad responsable en el amparo promovido contra el emplazamiento, si no se señala a éste como autoridad, jurídicamente no es posible examinar la constitucionalidad de sus actos, puesto que no se le llamó a juicio ni fue oído, motivo por el que se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, relacionada con las jurisprudencias de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación que bajo los números 22 y 108 y epígrafes: "ACTUARIO. ES AUTORIDAD RESPONSABLE EN EL AMPARO PROMOVIDO CONTRA EL EMPLAZAMIENTO" y "AUTORIDADES RESPONSABLES NO DESIGNADAS", son visibles en las páginas quince y sesenta y nueve del Tomo VI del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación editado en mil novecientos noventa y cinco, lo que obliga a sobreseer el juicio con apoyo en la fracción III del numeral 74 del mismo ordenamiento legal." Atento a lo anterior, el suscrito se encuentra jurídicamente imposibilitado para realizar el estudio de los conceptos de violación planteados por la quejosa, ante la omisión de señalar a la totalidad de las autoridades que intervinieron en el acto reclamado. Sirve de apoyo el criterio obligatorio VI.1o.J/23 pronunciado por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 252 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo 22-24, Octubre-Diciembre de 1989, Octava época, cuyo rubro y texto dicen: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que omite ocuparse de los razonamiento tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en lo establecido en los artículos 73, 74, 75, 76, 217 y 218 de la Ley de Amparo, se: RESUELVE ÚNICO. SE SOBRESEE el juicio de amparo 1095/2022 promovido por ..., por conducto de su apoderada., contra actos del Juez Cuadragésimo Segundo de lo Civil de Proceso Oral del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, por los motivos expuestos en este fallo. NOTIFÍQUESE. Lo resolvió y firma ..., Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, asistido de ..., Secretaria que autoriza y da fe, en términos de los artículos 3º de la Ley de Amparo, el día en que tuvo verificativo la audiencia constitucional. Doy fe
- Incidental
Vista la certificación que antecede, se advierte que ya transcurrió el plazo de cinco días concedido a la quejosa para exhibir el monto fijado en la suspensión definitiva, a fin de garantizar los posibles daños y perjuicios que se pudieran ocasionar a la parte tercera interesada, sin que diera cumplimiento; por tanto la medida deja de surtir efectos. Debe puntualizarse que si la ejecución del acto reclamado no se ha llevado a cabo, la peticionaria puede exhibir la garantía en cualquier momento y por ende, sería susceptible de paralizarse de inmediato su ejecución; por lo que, infórmese a las autoridades responsables que hasta la presente data, la parte quejosa no ha otorgado la garantía que se le fijó para que siga surtiendo efectos la suspensión definitiva. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Visto el estado procesal de autos, se advierte que no es posible celebrar la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, por el motivo asentado en la certificación de cuenta; en consecuencia, se difiere y se fijan las DIEZ HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL VEINTE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su verificativo. Considerando que esta determinación no contiene requerimiento con apercibimiento o petición para las autoridades responsables, ni actualiza algún supuesto del artículo 26 de la Ley de Amparo, no es necesario enviarles oficio, y con fundamento en la fracción III del citado numeral, se ordena notificarles por lista este auto. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.), de la Segunda Sala del Alto Tribunal, Décima Época, Materias(s): Común, de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." Por otro lado, del estado procesal de autos se advierte que el dos de marzo de dos mil veintitrés, se dio vista a la parte quejosa con la participación de una autoridad diversa involucrada con el reclamo, y a efecto de no dejarla en estado de indefensión, se precisa que el requerimiento deberá desahogarlo en el término de cinco días, el cual transcurrirá a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, acorde con el numeral 114 de la ley de la materia, pues se trata de una prevención, subsistiendo el apercibimiento con que se le conminó. NOTIFÍQUESE; Y VÍA ELECTRÓNICA A LA PARTE QUEJOSA.
Quedan 11 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · 8,575 expedientes
- MARTHA INES GONZÁLEZ ALPIZAR y Otros.1077/2014
- MARTHA LEDEZMA HERNÁNDEZ y Otros.1126/2018
- MARTHA LEDEZMA HERNÁNDEZ y Otros.826/2015
- Martha Leticia Acosta Durán513/2022
- Martha Leticia Acosta Duran438/2022
- Martha Leticia Blancas Nuñez387/2021
- Martha Lucia Ceballos Alzate1220/2018
- Martha Margarita Torres Dahlhaus237/2013
- Martha María Guadalupe Orozco Reyes y Otros.890/2023
- Martha Marmolejo Cortes56/2023
- Martha Martínez Lemus809/2016
- MARTHA OFELIA CASTRO OSUNA y Otros.1140/2019