Martha Lorena Jaramillo Barbosa

Expediente 24/2016 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 1 actuación registrada, la última del 18 de enero de 2016.

Datos del expediente

Expediente
24/2016
Año
2016
Actuaciones
1
Última actuación
18/01/2016

Partes del expediente

  • Martha Lorena Jaramillo Barbosa

Actuaciones

  1. Principal

    (AVISO) Toda vez que la parte promovente no acudió a este órgano jurisdiccional dentro del término de ley a notificarse de manera personal, no obstante el aviso fijado el veintiuno de los corrientes; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento y se le notifica el proveído de dieciocho de enero del año en curso, por medio de lista que se fija en los estrados, el cual en lo conducente señala: Cuaderno de antecedentes) Vista la demanda de amparo con la quejosa, por su propio derecho, solicita el amparo y protección de la Justicia de la Unión contra actos que atribuye al Juez Familiar Oral de Chetumal, Quintana Roo; se manda formar expediente y regístrese en el Libro de Gobierno bajo número 24/2016. Ahora, conviene precisar que el acto reclamado se hace consistir en: "IV.- ACTOS RECLAMADOS: De la autoridad señalada como responsable reclamo la sentencia definitiva de fecha 16 de diciembre del año próximo pasado, dictada en el expediente 1313/2015, relativo al juicio de divorcio incausado que promovió el C. RUBÉN RODRÍGUEZ PÉREZ, así como todas y cada una de sus consecuencias derivadas de la referida sentencia." De lo antes expuesto, se desprende que este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo, carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo, toda vez que no se combaten actos de autoridad de los contemplados en el artículo 107 de la Ley de Amparo, sino que se trata de una resolución que pone fin al juicio, pues en el caso en concreto, lo reclamado es una sentencia definitiva contra la cual no procede ningún recurso ordinario por el que pueda ser modificada o revocada. Entonces, este Juzgado de Distrito considera que no se actualiza ninguna de las hipótesis de procedencia del juicio de amparo indirecto, y para sustentar esa afirmación, se transcribe el artículo 107 de la Ley de Amparo, que a la literalidad indica: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: I. Contra normas generales que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de su aplicación causen perjuicio al quejoso. Para los efectos de esta Ley, se entiende por normas generales, entre otras, las siguientes: a) Los tratados internacionales aprobados en los términos previstos en el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; salvo aquellas disposiciones en que tales tratados reconozcan derechos humanos; b) Las leyes federales; c) Las constituciones de los Estados y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; d) Las leyes de los Estados y del Distrito Federal; e) Los reglamentos federales; f) Los reglamentos locales; y g) Los decretos, acuerdos y todo tipo de resoluciones de observancia general; II. Contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: a) La resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución; y b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; VI. Contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas; VII. Contra las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal, o por suspensión de procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño; y VIII. Contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto." A la luz del precepto legal transcrito, como se dijo, el acto reclamado por la quejosa no encuadra en ninguno de los presupuestos del artículo que antecede, por las razones siguientes: El acto reclamado no se trata de una norma general, pues no es un tratado internacional, ni ley federal o estatal; mucho menos una constitución local, ni reglamento de ámbito federal o local, así como tampoco es un decreto, acuerdo o resolución de observancia general [fracción I]. Tampoco nos encontramos ante un acto u omisión que provenga de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, pues el acto reclamado fue dictado por una autoridad jurisdiccional [fracción II]. No estamos ante un acto, omisión o resolución proveniente de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, ya que se trata de una determinación dictada en un procedimiento judicial [fracción III]. Ni se está frente a un acto de tribunal judicial, administrativo, agrario o del trabajo realizado fuera de juicio o después de concluido [fracción IV], ya que antes de emitirse no existía sentencia o diversa determinación que hubiese dado por concluido el procedimiento que ya había iniciado. No se trata de un acto, dentro o fuera de juicio, pues como se dijo el acto reclamado puso fin a la controversia [fracción V y VI]. Mucho menos se trata de una omisión del Ministerio Público en la investigación de los delitos, ni resolución de reserva, ni ejercicio de acción penal, pues el acto emana de un procedimiento civil [fracción VII]. Por último, no estamos ante un acto de autoridad que determine inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto [fracción VIII]. En mérito de los argumentos expuestos, se pone de manifiesto que el acto reclamado en el presente asunto [sentencia definitiva de dieciséis de diciembre de dos mil quince, dictada en el expediente 1313/2015 del índice del Juzgado Familiar Oral de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chetumal, Quintana Roo] no se encuentra en alguno de los supuestos que establece el artículo 107 de la Ley de Amparo para la procedencia del juicio de amparo indirecto. En consecuencia, de conformidad con los preceptos legales 107, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 34, 47 y 170, fracción I, de la Ley de Amparo, así como de los artículos 47 y 37, fracción I, inciso c), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, al tratar de combatirse una sentencia definitiva, lo que pudiera resultar procedente sería el juicio de amparo directo o uni-instancial; de modo que la legal competencia para conocer y resolver este asunto correspondería a un Tribunal Colegiado de Circuito. Lo anterior se estima de esa manera, toda vez que la sentencia de dieciséis de diciembre de dos mil quince, dictada en el expediente 1313/2015 del índice del Juzgado Familiar Oral de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chetumal, Quintana Roo, es irrecurrible, de conformidad con el artículo 985 Septies del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Quintana Roo que a la letra dice: "Artículo 985 Septies.- Hecha la solicitud y cumplidas las exigencias del artículo anterior, el Juez de Instrucción, citará al Ministerio Público a la audiencia inicial ante el Juez Oral, dentro de un plazo entre ocho y quince días; y la secuencia procesal seguirá las mismas reglas del Título Vigésimo Primero denominado del Procedimiento Oral, resolviéndose mediante sentencia interlocutoria el incidente de pretensiones planteado respecto de los puntos que no hayan sido objeto del consenso. La sentencia definitiva que decrete la disolución del vínculo matrimonial será irrecurrible." Por tanto, este órgano jurisdiccional estima que la sentencia de dieciséis de diciembre de dos mil quince, dictada en el expediente 1313/2015 del índice del Juzgado Familiar Oral de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chetumal, Quintana Roo, constituye una resolución definitiva para efectos del juicio de amparo directo. Resulta aplicable la jurisprudencia sostenida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son: "DIVORCIO VOLUNTARIO. LA SENTENCIA DEFINITIVA DICTADA EN EL JUICIO RELATIVO ES IMPUGNABLE A TRAVÉS DEL AMPARO DIRECTO. De conformidad con los artículos 107, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 158 de la Ley de Amparo, el juicio de amparo directo procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que le pongan fin al juicio, siempre y cuando sean dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. Asimismo, el artículo 46 de la misma Ley de Amparo establece que son sentencias definitivas las que deciden el juicio en lo principal y respecto de las cuales las leyes comunes no concedan recurso ordinario alguno por el que puedan ser modificadas o revocadas. Ahora bien, aunque en el divorcio por mutuo consentimiento no existe, en principio, una controversia entre los cónyuges que someten su decisión de disolver el vínculo matrimonial ante el Juez, y por ello podría considerarse, desde un punto de vista, que no se trata de un verdadero juicio, lo cierto es que la sentencia que en dicho procedimiento se dicte tiene el carácter de definitiva para los efectos de procedencia del juicio de garantías y, por ende, es impugnable a través del amparo directo. Ello es así porque en el juicio de divorcio voluntario se somete una causa (la disolución del vínculo matrimonial) a una autoridad jurisdiccional competente, quien definirá el derecho de las partes a través de una sentencia, la cual es susceptible de constituir derechos y obligaciones. En las relatadas condiciones, este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo, considera que carece de competencia legal para conocer de la demanda en cuestión. En consecuencia, previo cuaderno de antecedentes que se forme, y en acatamiento a lo previsto por el numeral 47, primer párrafo, de la ley de la materia, remítanse los autos originales del presente juicio de amparo al Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, en Turno, con residencia en Cancún, Quintana Roo, a efecto de que tenga a bien decidir lo que proceda conforme a derecho. Por lo anterior, se solicita a la Superioridad de la manera más atenta el acuse de recibo de estilo. Se tiene por señalado como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el que cita en su escrito de demanda. A fin de dar puntual cumplimiento al derecho fundamental consagrado en el artículo 17 Constitucional, con fundamento en el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios de la adscripción estén en posibilidad de realizar la práctica de todas aquellas diligencias de notificación que les sean encomendadas con motivo de la tramitación de este juicio.

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