Martha Lorena Gutierrez Plascencia

Expediente 518/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, con residencia en el Rincón, Municipio de Tepic. 5 actuaciones registradas, la última del 10 de septiembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
518/2021
Año
2021
Actuaciones
5
Última actuación
10/09/2021

Partes del expediente

  • Martha Lorena Gutierrez Plascencia
  • agente del Ministerio Público de la Federación adscrito

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    El Rincón, municipio de Tepic, Nayarit, a diez de septiembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, de la que se aprecia que ha transcurrido el término que el artículo 86 de la Ley de Amparo, concede a las partes para interponer el recurso de revisión contra de la sentencia que negó el juicio de garantías en que se actúa, sin que se hubiere hecho uso de tal derecho; por tanto, con fundamento en el artículo 2o., de la ley invocada, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales; 27/10/22 10:20:39 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.d3.e9 SERGIO ALBERTO RAMÍREZ PONCE háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. En consecuencia, nada habiendo que cumplimentar, archívese el expediente como asunto concluido. Ahora bien, conforme al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado el diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, específicamente en lo relativo al capítulo octavo de expedientes depurables, artículo 18, fracción I, inciso b), se establece que el este expediente ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, toda vez que se negó la protección constitucional solicitada; debiéndose conservar en las instalaciones del juzgado por el término de tres años, contados a partir del presente proveído y una vez transcurrido dicho lapso y concluido el procedimiento a que alude el párrafo tercero del aludido numeral, se transferirá a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Se requiere a las partes para que de ser el caso acudan dentro del término de noventa días hábiles contando al día siguiente del en que surta la notificación personal del presente proveído a recuperar los documentos originales que se hubieren exhibido en el expediente, apercibiéndoseles de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Asimismo, háganse las anotaciones en el libro de gobierno de correspondiente que se lleve en este Juzgado de Distrito, y las ??????? respectivas en el sistema Integral de Seguimientos de Expedientes (SISE). Notifíquese; y por oficio a la autoridad responsable. Así lo proveyó y firma

  2. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL El Rincón, municipio de Tepic, Nayarit, a las nueve horas con cuatro minutos del diecisiete de agosto de dos mil veintiuno, hora y día señalados para la audiencia constitucional del juicio de amparo 518/2021-IV, promovido por Martha Lorena Gutiérrez Plascencia, por propio derecho. Javier Arturo Herrejón Cedeño, Juez Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, asistido del licenciado Martin Narváez Sosa, secretario que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia, sin asistencia de las partes. Acto seguido, el secretario hace relación de las constancias de autos entre las cuales destacan el escrito inicial de demanda; auto admisorio de cuatro de junio de dos mil veintiuno; constancias de notificación de las partes e informe justificado. El Juez acuerda: Téngase por hecha la relación de constancias y por rendido el informe justificado de la autoridad responsable que lo suscribe, el cual será tomado en consideración al momento de dictar la sentencia que en derecho corresponda. Abierto el período probatorio, el secretario certifica que la autoridad responsable ofreció pruebas documentales dentro del presente procedimiento y las demás partes no hicieron uso de ese derecho. El Juez acuerda: Con fundamento en lo previsto en el artículo 119, de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas, dada su propia naturaleza, las pruebas documentales aludidas en el apartado precedente y por precluído el derecho de las demás partes para ello. Se cierra el período de pruebas. MARTIN NARVAEZ SOSA Juicio de Amparo Indirecto 518/2021-IV [2] A continuación, se procede a abrir el período de alegatos, el secretario hace constar que únicamente el representante social los vertió. El Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, téngase por hechas las manifestaciones del Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito para los efectos legales a que haya lugar y por precluído el derecho de las demás partes para hacerlo. Se declara cerrado el período de alegatos. Cerrado el período de alegatos y no habiendo diligencias pendientes por desahogar ni promoción que acordar, se declara cerrada la audiencia y se procede a dictar la siguiente resolución. VISTO; para resolver los autos del juicio de amparo 518/2021- IV promovido por Martha Lorena Gutiérrez Plascencia, por propio derecho. ANTECEDENTES: PRIMERO. DE LOS ACTOS RECLAMADOS. La parte quejosa promovió demanda laboral, la cual fue radicada bajo el número 345/2018, del índice de la Junta Especial Número Sesenta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Nayarit, sin que a la fecha de la presentación de la demanda de amparo, dicha autoridad haya cerrado la instrucción y emitido el laudo correspondiente. Dichas omisiones constituyen los actos reclamados. SEGUNDO. DEL TRÁMITE. Presentación de la demanda: Dos de junio de dos mil veintiuno (fojas 2 a 6). Admisión sin incidente de suspensión: Cuatro de junio de dos mil veintiuno (fojas 7 a 10). Emplazamiento al Ministerio Público adscrito: Siete de junio de dos mil veinte (foja 43), quien si formuló pedimento (fojas 39 y 40). Celebración de la audiencia constitucional: Diecisiete de agosto de dos mil veintiuno. CONSIDERANDOS: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en razón de que el acto que se reclama es de naturaleza laboral, el presente juicio de amparo fue radicado después de la entrada en vigor del Acuerdo General 3/2020, mediante el cual, entre otras cosas, se determinó la transformación del Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales y de Amparo en Materia Penal en el Estado de Nayarit, con residencia en El Rincón, Municipio de Tepic, en el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit; a su vez, la autoridad responsable reside en el lugar en el que este Juzgado Federal ejerce jurisdicción.1 SEGUNDO. FIJACIÓN DE LITIS. De conformidad con el artículo 74 de la Ley de Amparo, del análisis integral del escrito de demanda, se desprende que la autoridad responsable y los actos reclamados son los siguientes: 1. Presidente de la Junta Especial Número Sesenta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Nayarit. a) La omisión de emitir el cerrar la Instrucción y emitir el laudo correspondiente, dentro del expediente laboral 345/2018, formado con motivo de la demanda laboral promovida por Martha Lorena Gutiérrez Plascencia, contra Comisión Federal de Electricidad. No. Autoridad Responsable Acto Reclamado Certeza Foja 1 Presidente de la Junta Especial Número Sesenta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Nayarit El citado en el inciso a) Acepta 21 TERCERO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO IDENTIFICADO CON EL INCISO A). 1 Lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 103, fracción I y 107, fracción III, inciso b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 49 y 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y Acuerdos Generales 19/2009, en el que se creó el Juzgado de Distrito de Procesos Penales Federales; el 17/2019 en el que se estableció la competencia para conocer de procesos penales federales y de amparo en materia penal y 3/2020, todos del Pleno del Consejo de la Judicatura, éste último aprobado en sesión de diecinueve de febrero de dos mil veinte, que reforma el similar 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en el cual, en su artículo 1, estableció que este órgano jurisdiccional, además de conocer de los asuntos a que se refieren los artículos 52, 53, 53 bis, 54 y 55, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, mantendrá su competencia para continuar conociendo de los asuntos de amparo en materia penal que se hubiese recibido bajo la anterior denominación de este Juzgado de Distrito. Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable, pues admite que ha sido omisa en dar impulso procesal al desahogo de la prueba marcada con el número "07", ofrecida por la parte demandada Comisión Federal de Electricidad, dentro del expediente laboral 345/2018, del índice de la responsable. Asimismo, la existencia del acto reclamado se corrobora con las documentales que la autoridad responsable allegó al presente juicio de amparo, consistente en copia certificada de los autos que integran el expediente laboral 345/2018, las que, al no haber sido objetadas, tienen valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles,2 aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, conforme a su numeral 2o., por tratarse de documentos públicos. CUARTO. PROCEDENCIA. No se advierte causa de improcedencia que hagan valer las partes ni este órgano federal la advierte de oficio, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, por ende, se procede a efectuar el análisis del acto reclamado. QUINTO. ESTUDIO DE FONDO. La parte quejosa aduce, esencialmente, que la autoridad responsable transgrede sus derechos humanos de impartición de justicia pronta y expedita consagrados en el artículo 17 2 "Artículo 129. Son documentos públicos aquellos cuya formación está encomendada por la ley, dentro de los límites de su competencia, a un funcionario público revestido de la fe pública, y los expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones. [.] Artículo 202. Los documentos públicos hacen prueba plena de los hechos legalmente afirmados por la autoridad de que aquéllos procedan; pero, si en ellos se contienen declaraciones de verdad o manifestaciones de hechos de particulares, los documentos sólo prueban plenamente que, ante la autoridad que los expidió, se hicieron tales declaraciones o manifestaciones; pero no prueban la verdad de lo declarado o manifestado. [.]" Constitucional, en relación con los diversos numerales 885 a 887 de la Ley Federal del Trabajo, toda vez que se ha abstenido de cerrar la instrucción y emitir el laudo en el juicio laboral de origen, pese a que ya trascurrieron en exceso los plazos y términos previstos en la ley obrera para ello. Lo así alegado, resulta infundado. A efecto de corroborar tal afirmación y con el objeto de establecer la legalidad de la abstención reclamada, es necesario traer a colación el artículo 17 de Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,3 que en lo que interesa, se desprende que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Ahora bien, los artículos 685 y 771 de la Ley Federal del Trabajo,4 retoman el contenido del segundo párrafo del artículo 3 "Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. Siempre que no se afecte la igualdad entre las partes, el debido proceso u otros derechos en los juicios o procedimientos seguidos en forma de juicio, las autoridades deberán privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales. [.]". 4 Ley Federal del Trabajo anterior al Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el uno de mayo de dos mil diecinueve, aplicable en el caso, toda vez que el juicio laboral se inició en el dos mil diecisiete, "Artículo 685. El proceso del derecho del trabajo será público, gratuito, inmediato, predominantemente oral y conciliatorio y se iniciará a instancia de parte. Las Juntas tendrán la obligación de tomar las medidas necesarias para lograr la mayor economía, concentración y sencillez del proceso. Cuando la demanda del trabajador sea incompleta, en cuanto a que no comprenda todas las prestaciones que de acuerdo con esta Ley deriven de la acción intentada o procedente, conforme a los hechos expuestos por el trabajador, la Junta, en el momento de admitir la demanda, subsanará ésta. Lo anterior sin perjuicio de que cuando la demanda sea obscura o vaga se proceda en los términos previstos en el artículo 873 de esta Ley." "Artículo 771. Los Presidentes de las Juntas y los Auxiliares cuidarán, bajo su más estricta responsabilidad, que los juicios que ante ellos se tramiten no queden inactivos, proveyendo lo que conforme a la Ley corresponda hasta dictar laudo, salvo disposición en contrario. En caso de no cumplir lo anterior, se harán acreedores a las sanciones que establezcan las Leyes de responsabilidades administrativas de los servidores públicos." 17 Constitucional, estableciendo que todo proceso en dicha materia será público, gratuito, inmediato y que los tribunales laborales se encuentran obligados a tomar las medidas necesarias para lograr la mayor economía, concentración y sencillez del proceso; asimismo, que los presidentes de las juntas y los auxiliares cuidarán que los juicios que ante ellos se tramiten, no queden inactivos, proveyendo lo que conforme a la ley corresponda hasta dictar laudo. De esta manera, es fácil advertir que el legislador estableció como obligación a cargo de las autoridades del trabajo, la de estar expeditas para impartir justicia de manera pronta, es decir, dentro de los términos, plazos y condiciones que fijen las leyes, principio que rige su actividad. En concordancia con lo anterior, de los términos que conceden los artículos 885, 886 y 887 de la Ley Federal del Trabajo,5 se advierte que una vez que concluye el desahogo de las pruebas 5 Ley Federal del Trabajo anterior al Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el uno de mayo de dos mil diecinueve, aplicable en el caso, toda vez que el juicio laboral se inició en el dos mil diecisiete, "Artículo 885. Al concluir el desahogo de las pruebas, formulados los alegatos de las partes y previa certificación del secretario de que ya no quedan pruebas por desahogar, se dará vista a las partes por el término de tres días para que expresen su conformidad con dicha certificación, bajo el apercibimiento de que si transcurrido el término señalado no lo hicieren y hubiere pruebas por desahogar, se les tendrá por desistidos de las mismas para todos los efectos legales y se procederá conforme a lo que dispone el párrafo siguiente. En caso de que las partes, al desahogar la vista señalada, acrediten que alguna o algunas pruebas ofrecidas no se desahogaron, la Junta, con citación de las mismas, señalará dentro de los ocho días siguientes día y hora para su desahogo. Desahogadas las pruebas pendientes, las partes formularán alegatos dentro de las veinticuatro horas siguientes. Hecho lo anterior, el auxiliar, de oficio, declarará cerrada la instrucción y, dentro de los diez días siguientes, formulará por escrito el proyecto de laudo, que deberá contener los elementos que se señalan en el artículo 840 de esta Ley. [.]" "Artículo 886. Del proyecto de laudo se entregará copia a cada uno de los integrantes de la Junta. Dentro de los cinco días hábiles siguientes a aquel en que se hubiere recibido la copia del proyecto, cualquiera de los integrantes de la Junta podrá solicitar que se practiquen las diligencias que juzgue convenientes para el esclarecimiento de la verdad. La Junta, con citación de las partes, señalará, en su caso, día y hora para el desahogo, dentro de un término de ocho días, de las pruebas que no se llevaron a cabo o para la práctica de las diligencias solicitadas." "Artículo 887. Transcurrido el término a que se refiere el artículo anterior, concedido a los integrantes de la Junta, o en su caso, desahogadas las diligencias que en este término se hubiesen solicitado, el Presidente de la Junta citará a los miembros de la misma, para la discusión y votación, que deberá efectuarse dentro de los diez días siguientes al en que hayan concluido el término fijado o el desahogo de las diligencias respectivas.". en el juicio laboral, el secretario de la junta hará la certificación de que no quedan diligencias pendientes por desahogar, de lo cual dará vista a las partes por tres días para que manifiesten lo conducente y, que hecho lo anterior, de oficio, se declarará cerrada la instrucción y, dentro de los diez días siguientes, se formulará por escrito el proyecto de laudo. Asimismo, que debe de pronunciarse el laudo dentro de los treinta y tres días hábiles siguientes al en que concluye el desahogo de las pruebas y se formulan los alegatos y se decrete el cierre de instrucción; ello, considerando los ocho días para el desahogo de pruebas pendientes en su caso, diez días para la elaboración del proyecto de laudo, cinco días para que los integrantes de la Junta soliciten, de ser el caso, la práctica de alguna diligencia y diez días, para la discusión y votación del proyecto del laudo respectivo. En este tenor, debe precisarse que el requisito de prontitud en la impartición de justicia, tiene como elemento esencial que las resoluciones se dicten dentro de los plazos y términos que fijan las leyes, siendo por ello requisito indispensable que se acredite con los medios probatorios idóneos y suficientes tal supuesto. En las condiciones apuntadas, la omisión reclamada en la especie, se considera como acto negativo, pues se pretende demostrar la inconstitucionalidad de aquélla por cuanto que la autoridad responsable no ha cerrado la instrucción y dictado el laudo en el proceso laboral de origen, y por ende, que no respeta los términos procesales que para tal efecto consagra la Ley Federal del Trabajo. Cabe aclarar que la conducta de carácter omisivo tildada de inconstitucional, debe considerarse como acto que en sí mismo no es violatoria de la Constitución Federal, lo cual implica que, por su propia naturaleza, necesita demostrarse y justificarse con algún medio de prueba idóneo y suficiente. Así, para acreditar la inconstitucionalidad del acto negativo reclamado en esta vía, por no ser acto inconstitucional en sí mismo, es necesario que se demuestren algunos requisitos, a saber: (i) que realmente exista un juicio laboral en el que sea parte el quejoso; (ii) que dicha controversia se encuentre en estado de resolución; y (iii) que haya trascurrido el término que la Ley Federal del Trabajo establece para fallar. En este orden de ideas, es preciso verificar de manera analítica si en los autos del presente juicio de amparo se encuentran acreditados esos aspectos. 1) Que realmente exista un juicio laboral en el que sea parte el quejoso. Este aspecto en particular, que implica que la accionante del amparo tenga el carácter de parte en el juicio de origen, se acredita en el presente sumario, pues de las constancias que obran en autos, en particular del auto de ocho de marzo de dos mil dieciocho (foja 29), se advierte que en el expediente generador 345/2018, las partes son la quejosa Martha Lorena Gutiérrez Plascencia, contra Comisión Federal de Electricidad. 2) Que el juicio de origen se encuentre en estado de resolución. En relación al segundo elemento, el cual implica que el juicio de origen se encuentre en un estado procesal que amerite el dictado del laudo, y que se logra por haberse cerrado la instrucción, no quedar pruebas pendientes por desahogar y haberse formulado los alegatos; no se acredita en el presente juicio de amparo. Ello es así, porque de las documentales que en copia certificada remitió la autoridad responsable, en lo que interesa, se advierte que la última actuación del expediente natural, lo es el auto de trece de diciembre de dos mil diecinueve, en el que se determinó por parte de la responsable solicitar a la administración Desconcentrada de Servicios al Contribuyente Nayarit "1", diversa información relacionada con la quejosa (foja 38). Sin que de autos se observe que, a la fecha de presentación de la demanda, se haya obtenido respuesta a dicha solicitud requerida por la responsable. Lo que conduce a determinar que, en la especie, no se acredita que el juicio laboral 345/2018, a la fecha de la presentación de la demanda -dos de julio de dos mil veintiuno-, se encontrara en un estado procesal tal, que ameritara cerrar la instrucción y dictar el laudo correspondiente, pues aun no se han desahogado la totalidad de las pruebas ofertadas por las partes en el juicio natural, como lo dispone el artículo 885 de la Ley Federal del Trabajo; lo que implica que no se tenga por demostrado el requisito en estudio y, por ende, la violación al derecho humano de justicia pronta y expedita contenido en el artículo 17 de la Constitución General. Sin que sea necesario realizar un análisis de si se acredita o no, el tercero de los requisitos mencionados consistente en que haya trascurrido el término que la Ley Federal del Trabajo establece para emitir el laudo en el juicio laboral, pues se itera, al momento de la presentación de la demanda de amparo, no se encontraba en el estado procesal que ameritara la emisión de dicho fallo. A mayor abundamiento, es conveniente reiterar que la abstención reclamada no es un acto inconstitucional en sí mismo y en ese sentido, a la solicitante del amparo le correspondía la carga procesal de demostrar la violación en el derecho humano que alega, sin que lo haya hecho, ya que de las pruebas que obran en autos, no aparece acreditado que el juicio laboral 345/2018, se haya encontrado en estado de cerrarse la instrucción y emitir el laudo correspondiente, al momento de la presentación de la demanda de amparo.6 En tales condiciones, al no demostrarse contravención al derecho humano consagrado en el artículo 17 constitucional, ni advertirse deficiencia de la queja que suplir, en términos de lo dispuesto en la fracción V del artículo 79 de la Ley de Amparo, lo procedente es negar el amparo y protección de la justicia federal solicitado, respecto de los actos reclamados consistentes en la omisión de emitir y notificar el laudo correspondiente, dentro del expediente laboral 345/2018. 6 Sustenta lo anterior, la Jurisprudencia 2a./J. 50/97, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 197499, de rubro y texto siguiente: "LAUDO, ABSTENCIÓN EN SU DICTADO. CARGA DE LA PRUEBA RESPECTO DE SU INCONSTITUCIONALIDAD. CORRESPONDE AL QUEJOSO CUANDO SE SURTE LA PRESUNCIÓN DE CERTEZA QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 149 DE LA LEY DE AMPARO, PUES NO ES UN ACTO VIOLATORIO DE GARANTÍAS EN SÍ MISMO. Cuando en términos del párrafo tercero del artículo 149 de la Ley de Amparo se presuma cierto, por falta de informe de la autoridad responsable, el acto reclamado consistente en la omisión de dictar laudo, la carga de probar su inconstitucionalidad corresponde al quejoso, toda vez que dicha omisión no es en sí misma violatoria de la Máxima Ley del país, pues su inconstitucionalidad depende de que realmente exista un juicio laboral en el que sea parte el quejoso, que se encuentre en estado de resolución y que haya transcurrido el plazo que la ley establece para fallar. Cabe aclarar que lo anterior no pugna con lo dispuesto por el artículo 78 de la Ley de Amparo que prevé la obligación del Juez de Distrito de recabar oficiosamente las pruebas que estime necesarias para resolver un asunto, ya que, conforme a la jurisprudencia del Tribunal Pleno de esta Suprema Corte, número P./J. 17/97, de rubro: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO.", la aplicación de tal precepto tiene como presupuesto la existencia de informe justificado, en tanto que lo previsto por el artículo 149 de la propia ley se actualiza ante la falta de informe justificado, caso en el cual se presume cierto el acto y la carga de la prueba respecto de su inconstitucionalidad le corresponde al quejoso, cuando no sea violatorio de garantías en sí mismo." Sin que sea el caso responder a los alegatos expuestos por el agente del ministerio Público de la Federación, lo anterior en razón del sentido del fallo de la presente determinación. SEXTO. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Aun cuando las partes no se opusieron expresamente a la publicación de sus datos personales, en la consulta o publicación de la presente sentencia, de conformidad con lo señalado en los artículos 68, 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, suprímanse los datos sensibles que contenga la presente resolución. Por lo expuesto y con apoyo, además, en lo dispuesto por los artículos 73, 74, 75 y 217 de la Ley de Amparo, se emite la siguiente: RESOLUCIÓN: PRIMERO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Martha Lorena Gutiérrez Plascencia, contra los actos y las autoridades precisadas en el considerando tercero, por las razones ahí expuestas. SEGUNDO. Suprímanse los datos sensibles que contenga la presente resolución, en términos del último considerando. Notifíquese; y, procédase a realizar las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Así lo resolvió y firma Javier Arturo Herrejón Cedeño, Juez Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, ante Martín Narváez Sosa, Secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    ...El Rincón, municipio de Tepic, Nayarit, dos de julio de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el informe justificado de la autoridad responsable que lo suscribe, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo. Atento a lo anterior, póngase a la vista de las partes por el término de ocho días, para que manifiesten lo que a su interés jurídico convenga. Con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas las pruebas documentales que la autoridad responsable, anexa a su informe de cuenta, sin perjuicio de ser relacionadas nuevamente en la audiencia constitucional. Por otro lado, vista la certificación y cuenta que anteceden, se advierte que para esta fecha está señalada la audiencia constitucional en el presente juicio; sin embargo, como se desprende de párrafos antes, con esta fecha se tuvo por recibido el informe justificado rendido por la autoridad responsable y se puso a la vista de las partes para que se impongan de su contenido. En tal virtud, para dar margen a lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, SERGIO ALBERTO RAMÍREZ PONCE 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.d3.e9 27/10/22 10:20:39 se difiere la audiencia constitucional y para su verificativo, se señalan las nueve horas con cuatro minutos del diecisiete de agosto de dos mil veintiuno. Finalmente, glósese a los autos el pedimento del agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. Atento a su contenido, ténganse por hechas las manifestaciones que realiza en vía de alegatos, las cuales serán tomadas en cuenta en la audiencia constitucional de conformidad con el artículo 124 de la Ley de Amparo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Javier Arturo Herrejón Cedeño, Juez Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, ante Sergio Alberto Ramírez Ponce, Secretario que autoriza y da fe.

  4. Principal

    El Rincón, municipio de Tepic, Nayarit, veintitrés de junio de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos, se advierte que en esta fecha está señalada para su verificativo la audiencia constitucional en el presente juicio de amparo. Sin embargo, tomando en cuenta que la situación originada por la pandemia derivada del virus Covid-19, en la que se encuentra la mayoría del territorio nacional, incluido el Estado de Nayarit, ha ocasionado el retraso en las actividades de todo tipo, incluidas las de la educación, por esa razón, a fin de que se encuentre debidamente integrado el presente juicio de amparo y se cuente con los elementos necesarios para resolver el presente asunto, gírese oficio a las autoridades responsables Director de la Escuela Primaria Octavio Rodríguez Fregoso, con sede en Xalisco, Nayarit, Director General de los Servicios Básicos de Educación Pública del Estado de Nayarit (SEPEN) y, Director de Educación Básico, de los Servicios de Educación Pública del Estado de Nayarit, a fin de que en el término de tres días informen a este órgano jurisdiccional si a la fecha ya retomaron las actividades escolares, los lineamientos programados o, en su caso, la estrategia actual que están implementando o implementarán para el adecuado regreso a clases, anexando a dicho informe las constancias que acrediten lo informado. 13/01/22 13:56:50 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.5e.fc ALEJANDRA ZARAI CANCHE CHAN En tal virtud, para dar margen a que se encuentre debidamente integrado el presente juicio de amparo, se difiere la aludida audiencia constitucional y, para su verificativo, se señalan las nueve horas con ocho minutos del nueve de agosto de dos mil veintiuno. Notifíquese. Así lo proveyó y firma

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