Martha Lilia Jiménez Jiménez y Otros.

Expediente 572/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 4 actuaciones registradas, la última del 7 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
572/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
07/06/2022

Partes del expediente

  • Martha Lilia Jiménez Jiménez y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; siete de junio de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha causado estado el acuerdo que desechó la demanda de amparo, considerando que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra dicho auto. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); ARCHÍVESE el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis prevista por el artículo 21, inciso b), del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido. Es de precisar que el presente asunto, no se considera de relevancia documental, ya que no se encuentra dentro de los supuestos a que alude el artículo 15, del acuerdo citado en líneas que anteceden. 2. Una vez cumplido el término a que se refiere el punto anterior, este órgano jurisdiccional, dentro de los treinta días siguientes, deberá destruir este expediente y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación, tal como lo dispone el penúltimo párrafo del citado artículo 21. 3. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del presente expediente. 4. Devolución de expediente. En atención a que en el presente sumario obra el *** (un tomo), así como un sobre que contiene documento base de la acción (pagaré por la cantidad de $500,000.00 (quinientos mil pesos moneda nacional), remitidos por la autoridad responsable 1. Juez Tercero del Ramo Civil, del Distrito Judicial de Tuxtla, con sede en esta ciudad, en apoyo a su informe justificado, al oficio que al efecto se libre, devuélvasele dichas constancias, sin necesidad de solicitar el acuse de recibo, toda vez que en la constancia de notificación respectiva se deberá hacer constar su entrega. Notifíquese.

  2. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veintitrés de mayo de dos mil veintidós. DESAHOGA PREVENCIÓN Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos escrito signado por *** y ***, con el cual, en cumplimiento a la prevención de nueve de mayo de dos mil veintidós, amplia los antecedentes del acto reclamado, y señalan representante común. Ahora, vista la demanda de amparo promovida por *** y ***, contra el acto de la siguiente autoridad responsable: 1. Juez Tercero del Ramo Civil, Zona 01, de Tuxtla, del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad. DESECHAMIENTO El artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, textualmente establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De lo anterior se deduce que los motivos de improcedencia que afecten la demanda de amparo deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior análisis de comprobación hagan inejercitable la acción de amparo, tomando en consideración que el adjetivo "manifiesto" significa claro o evidente, mientras que "indubitable", cierto, seguro, que no puede dudarse. En armonía con lo anterior, es aplicable la tesis 2a. LXXI/2002, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO". En el particular existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, respecto del acto reclamado por la parte quejosa, consistente en el auto de veintidós de marzo de dos mil veintidós, dictado en el juicio ejecutivo mercantil ***, del índice del Juzgado Tercero del Ramo Civil, Zona 01, de Tuxtla, del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad, en el que se tuvo por no planteada la objeción de las quejosas respecto del dictamen pericial rendido por el experto tercero en discordia, al no estar prevista dentro de las hipótesis del artículo 1247 del Código de Comercio. Ello es así, toda vez que este órgano jurisdiccional estima que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción IV, aplicado en sentido contrario, de la Ley de Amparo, que establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Artículo 107.- El amparo indirecto procede: IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior;" Lo dispuesto en el primer artículo transcrito debe interpretarse en el sentido de que las causas de improcedencia del juicio de garantías que en forma enunciativa prevé dicho numeral, deben derivar necesariamente de cualquier mandamiento de la propia Ley de Amparo o de la Carta Magna, lo que de suyo implica que las diecisiete primeras fracciones del artículo 61 de la Ley de Amparo, sólo establecen algunos de los supuestos de improcedencia del juicio de amparo, pero esos supuestos no son los únicos en que dicho juicio puede estimarse improcedente, pues existen otras causas claramente previstas en algunos de los preceptos de la Constitución Federal y de la propia Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales. Tal disposición se relaciona con el diverso artículo 107, fracción IV, de la ley de la materia, del cual se desprende que el juicio de amparo es procedente contra actos de tribunales judiciales, entre otros, realizados fuera de juicio o después de concluido. En el caso de que los actos que se reclamen hayan sido emitidos dentro del procedimiento de ejecución de sentencia, la autorización legal que establece el dispositivo en cita, precisa que el juicio de amparo será procedente en contra de la última resolución dictada en dicho procedimiento de ejecución y que por tal se debe entender como la determinación que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente. Apoya a lo anteriormente citado la jurisprudencia P./J.32/2001, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA". De lo que se colige que dicho numeral establece la procedencia del juicio de amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución, en el entendido de que, en esa ocasión, pueden reclamarse las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa a la parte quejosa, lo que implica que, por la naturaleza propia del procedimiento, como una serie de actos concatenados entre sí, culminará con una resolución. Ello es así, dada la vinculación de causa a efecto entre una actuación judicial y otra, es posible que las violaciones cometidas durante el procedimiento de ejecución puedan analizarse cuando se reclame la última resolución, porque de demostrarse que hubo la infracción legal y que se dejó sin defensa a la quejosa, tendrá que reponerse el procedimiento a partir de esa violación, y de ser infundada, no se habrá obstaculizado el cumplimiento de una ejecutoria, lo que equilibra el interés individual con el orden público y la finalidad del juicio de amparo, que no permite ser utilizado como instrumento que dilate la administración de justicia. Cabe señalar que en relación a las hipótesis previstas en la fracción IV del precepto en comento (fracción III de la abrogada Ley de Amparo), el Alto Tribunal ha sostenido que la razón de ser de esa norma radica en evitar que se entorpezcan los procedimientos de ejecución fundados en resoluciones o sentencias definitivas. Es decir, al prohibir la promoción de amparos en contra de las resoluciones intermedias durante el procedimiento de ejecución, se tiene que tomar en cuenta que la razón de ser de la norma es evitar la promoción innecesaria y excesiva de juicios de amparo contra cada determinación que se pronuncie, en virtud de que el perjuicio en contra del ejecutado solamente se actualiza y consuma hasta el momento en que se emite la resolución final del procedimiento relativo, e inclusive, si quien promueve la demanda es el vencedor en el juicio natural, es decir, el ejecutante, aplica la misma regla, esto es, debe esperar que culmine el procedimiento de ejecución. Sirve de apoyo a lo esgrimido, la jurisprudencia 1a./J. 36/2004, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO ENTABLADO CONTRA ACTOS DICTADOS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO RELATIVO, AUN CUANDO SEA PROMOVIDO POR LA PARTE VENCEDORA EN EL JUICIO NATURAL." No obstante lo anterior, la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado el criterio de que es procedente el juicio de amparo indirecto en etapa de ejecución de sentencia, en contra de los actos que tienen autonomía propia y que no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural. A manera de ejemplo, el Alto Tribunal estableció la procedencia del juicio de amparo contra la resolución que fija en cantidad líquida la condena de que fue objeto la parte vencedora, ya que la misma no tiene por objeto la ejecución de la propia sentencia, por lo que no constituye un medio previo o preliminar para la ejecución de la sentencia; asimismo, cuando se impugna la orden de arresto dictada como medida de apremio, porque la misma tiene por objeto vencer la contumacia de una de las partes y no ejecutar directa e inmediatamente la sentencia del juicio natural. De igual manera, ha sustentado que el juicio de amparo es procedente en contra de actos que afectan derechos sustantivos de manera inmediata, cuya regla estimó que no es exclusiva de los actos emitidos dentro de juicio, sino que le resulta extensiva a aquellos acaecidos en el periodo de ejecución de sentencia, siempre que los derechos que se vean afectados sean ajenos a los que se puedan afectar por la propia ejecución de la sentencia, esto es, que no hayan sido consecuencia directa y necesaria de la resolución jurisdiccional que se pretende ejecutar. Ello, pues no debe impedirse el cumplimiento de lo que ya fue discutido y resuelto en forma definitiva, habida cuenta que en el momento en que lo sentenciado adquirió la naturaleza de cosa juzgada, sus efectos materiales sobre las cosas y las personas inevitablemente deberán consumarse en forma irreparable. Al respecto, cobra aplicación la jurisprudencia P./J. 108/2010, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE." Ahora de los antecedentes expuestos bajo protesta de decir verdad por las inconformes, así como de las constancias remitidas por la Juez Tercero del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tuxtla, con sede en esta ciudad, se desprenden lo siguiente: 1. Por escrito presentado el veinticuatro de octubre de dos mil diecisiete, en la Oficialía de Partes Común de los Juzgados Civiles y Familiares del Distrito Judicial de Tuxtla, ***, por conducto de su apoderado legal para pleitos y cobranzas, demandó a *** (en su carácter de deudor principal), y *** (en su carácter de deudor solidario), en la vía ejecutiva mercantil y en ejercicio de la acción cambiaria directa, el pago de la suerte principal e intereses moratorios consignados en el título de crédito (pagaré) exhibido como documento base de la acción, entre otras prestaciones. 2. Dicha demanda fue radicada por el juez responsable con el número de juicio ***, quien el veinticinco de octubre de dos mil diecisiete, la admitió a trámite y dictó auto con efectos de mandamiento en forma en contra de los demandados. 3. Sustanciado el juicio en cada una de sus etapas, el veinticinco de mayo de dos mil dieciocho, se dictó sentencia definitiva, por la cual el juez responsable declaró procedente la acción intentada y condenó a las demandadas al pago de las prestaciones que les fueron exigidas. 4. Inconforme con dicha resolución, *** y ***, promovieron demanda de amparo directo, cuyo conocimiento correspondió al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, con sede en esta ciudad, órgano que la radicó con el número de juicio *** y, en sesión de nueve de noviembre de dos mil dieciocho, determinó conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitados. 5. En cumplimiento a la ejecutoria de amparo, el veintiséis de noviembre de dos mil dieciocho, la responsable dictó sentencia en la que se declaró procedente la acción intentada y condenó a las demandadas al pago de las prestaciones que les fueron exigidas. 6. Posteriormente, el cinco de junio de dos mil diecinueve, se ordenó requerir a la parte demandada el cumplimiento de la resolución de veintiséis de noviembre de dos mil dieciocho. 7. Practicada la diligencia de nueve de julio de dos mil diecinueve, se trabó formal embargo sobre el inmueble identificado como ***. 8. Por auto de doce de noviembre de dos mil veintiuno, la parte actora exhibió avalúo del bien embargado, y se dio vista a la parte demandada para exhibir el propio, el cual se tuvo por exhibido en tiempo y forma el dos de diciembre de dicha anualidad, y ratificado el ocho de diciembre siguiente. 9. En razón de la discrepancia entre los avalúos de la parte actora y demandada, el juez responsable designó perito tercero en discordia, quien previa aceptación de cargo, exhibió el avalúo correspondiente. 10. Por escrito presentado el veintidós de marzo de dos mil veintidós, las aquí quejosas objetaron el avaluó del perito tercero en discordia, al cual recayó el auto de la misma fecha que constituye el acto que por esta vía se reclama. De lo anterior, se desprende que el juicio de origen las quejosas fueron la parte demandada, además fueron oídas y vencidas en éste, mismo que se encuentra en etapa de ejecución de sentencia, por lo que en el particular, se actualiza la hipótesis en comento, puesto que el acto reclamado consistente en el auto de veintidós de marzo de dos mil veintidós, dictado en el juicio ejecutivo mercantil ***, del índice del Juzgado Tercero del Ramo Civil, Zona 01, de Tuxtla, del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad, en el que se tuvo por no planteada la objeción de las quejosas respecto del dictamen pericial rendido por el experto tercero en discordia, al no estar prevista dentro de las hipótesis del artículo 1247 del Código de Comercio, no constituye la última resolución dentro de dicha etapa de ejecución. Lo anterior, porque dicho actos, se encuentra comprendido dentro del periodo de ejecución de sentencia, por lo que la procedencia del amparo indirecto se actualiza únicamente hasta que se dicte la "última resolución" en el procedimiento de ejecución; a saber, aquélla en la que se reconoce expresa o tácitamente que la resolución ha quedado cumplida, o aquélla en que se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, tal y como se aprecia de la lectura del segundo párrafo del citado numeral 107 de la ley de la materia. Es aplicable a lo anterior, la tesis 2a. VIII/98, sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de epígrafe "RESOLUCIONES INTERMEDIAS DICTADAS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE CONTRA ELLAS.". En ese tenor, resulta evidente que el acto que por esta vía se reclama, no constituye la última resolución en el juicio de origen, pues no se advierte determinación alguna emitida por el Juez responsable en donde se declare por cumplida la sentencia o su imposibilidad material o jurídica para su cumplimiento, ni tampoco se ordenó el archivo del expediente de donde derivan aquellos, sino que se tratan de actos intermedios dentro del procedimiento de ejecución; de ahí que, en el caso se surte la regla general que emana de la causa de improcedencia invocada. Lo anterior, evidencia que se reclama un acto que no constituye la última definitiva, pero además tampoco es de imposible reparación, ya que se llevaron a cabo previo conocimiento del inconforme, al haber comparecido al procedimiento de origen, como ya quedó precisado en párrafos precedentes. Por lo que, el proveído en el que la responsable tuvo por no planteada la objeción de las quejosas respecto del dictamen pericial rendido por el experto tercero en discordia, al no estar prevista dentro de las hipótesis del artículo 1247 del Código de Comercio no afectan sus derechos humanos y sustantivos, ya que la responsable tiene plena jurisdicción de proveer conforme a derecho proceda a fin de dar cumplimiento a la sentencia emitida en el juicio natural, misma que resulta de orden público. En ese sentido, el acto reclamado que fue realizado en ejecución de una sentencia firme, emitida en el juicio en el que las quejosas fueron parte demandada, y por ende, escuchadas en defensa de sus intereses, por su propia naturaleza, no pueden ser conceptuados como determinaciones judiciales en que se apruebe o reconozca de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, a fin de determinar la procedencia del amparo indirecto, lo cual al constituir uno de los actos de diligenciación de lo sentenciado en el juicio de origen, no puede considerarse la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia. Orienta lo anterior, por el espíritu que informa, la jurisprudencia VI.2o.C. J/253, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, de encabezado "ORDEN DE LANZAMIENTO EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. NO CONSTITUYE LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN DICTADA EN ESE PROCEDIMIENTO PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, PROMOVIDO POR QUIEN FUE PARTE E INTERVINO EN EL JUICIO DE ORIGEN". Asimismo, resulta aplicable la tesis I.6o.C.368 C, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado En Materia Civil del Primer Circuito, de epígrafe "JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA, SÓLO CONTRA LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN EMITIDA AL RENOVARSE EL PROCEDIMIENTO DE REMATE, SIEMPRE QUE SE SIGAN PREVIAMENTE TODAS SUS FASES". En consecuencia, al haberse actualizado la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso 107, fracción IV, interpretado en sentido contrario, de la Ley de Amparo, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 de la citada ley, SE DESECHA DE PLANO la presente demanda de amparo por notoria improcedencia. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno, y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). REPRESENTANTE COMÚN Con fundamento en el artículo 13 de la Ley de Amparo, se tiene como representante común de las quejosas a ***, por así haberlo solicitado. Notifíquese.

  3. Principal

    CON APOYO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL PROVEÍDO DE VEINTITRÉS DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS, QUE DICE: Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veintitrés de mayo de dos mil veintidós. DESAHOGA PREVENCIÓN Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos escrito signado por *** y ***, con el cual, en cumplimiento a la prevención de nueve de mayo de dos mil veintidós, amplia los antecedentes del acto reclamado, y señalan representante común. Ahora, vista la demanda de amparo promovida por *** y ***, contra el acto de la siguiente autoridad responsable: 1. Juez Tercero del Ramo Civil, Zona 01, de Tuxtla, del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad. DESECHAMIENTO El artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, textualmente establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De lo anterior se deduce que los motivos de improcedencia que afecten la demanda de amparo deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior análisis de comprobación hagan inejercitable la acción de amparo, tomando en consideración que el adjetivo "manifiesto" significa claro o evidente, mientras que "indubitable", cierto, seguro, que no puede dudarse. En armonía con lo anterior, es aplicable la tesis 2a. LXXI/2002, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO". En el particular existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, respecto del acto reclamado por la parte quejosa, consistente en el auto de veintidós de marzo de dos mil veintidós, dictado en el juicio ejecutivo mercantil ***, del índice del Juzgado Tercero del Ramo Civil, Zona 01, de Tuxtla, del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad, en el que se tuvo por no planteada la objeción de las quejosas respecto del dictamen pericial rendido por el experto tercero en discordia, al no estar prevista dentro de las hipótesis del artículo 1247 del Código de Comercio. Ello es así, toda vez que este órgano jurisdiccional estima que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción IV, aplicado en sentido contrario, de la Ley de Amparo, que establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Artículo 107.- El amparo indirecto procede: IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior;" Lo dispuesto en el primer artículo transcrito debe interpretarse en el sentido de que las causas de improcedencia del juicio de garantías que en forma enunciativa prevé dicho numeral, deben derivar necesariamente de cualquier mandamiento de la propia Ley de Amparo o de la Carta Magna, lo que de suyo implica que las diecisiete primeras fracciones del artículo 61 de la Ley de Amparo, sólo establecen algunos de los supuestos de improcedencia del juicio de amparo, pero esos supuestos no son los únicos en que dicho juicio puede estimarse improcedente, pues existen otras causas claramente previstas en algunos de los preceptos de la Constitución Federal y de la propia Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales. Tal disposición se relaciona con el diverso artículo 107, fracción IV, de la ley de la materia, del cual se desprende que el juicio de amparo es procedente contra actos de tribunales judiciales, entre otros, realizados fuera de juicio o después de concluido. En el caso de que los actos que se reclamen hayan sido emitidos dentro del procedimiento de ejecución de sentencia, la autorización legal que establece el dispositivo en cita, precisa que el juicio de amparo será procedente en contra de la última resolución dictada en dicho procedimiento de ejecución y que por tal se debe entender como la determinación que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente. Apoya a lo anteriormente citado la jurisprudencia P./J.32/2001, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA". De lo que se colige que dicho numeral establece la procedencia del juicio de amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución, en el entendido de que, en esa ocasión, pueden reclamarse las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa a la parte quejosa, lo que implica que, por la naturaleza propia del procedimiento, como una serie de actos concatenados entre sí, culminará con una resolución. Ello es así, dada la vinculación de causa a efecto entre una actuación judicial y otra, es posible que las violaciones cometidas durante el procedimiento de ejecución puedan analizarse cuando se reclame la última resolución, porque de demostrarse que hubo la infracción legal y que se dejó sin defensa a la quejosa, tendrá que reponerse el procedimiento a partir de esa violación, y de ser infundada, no se habrá obstaculizado el cumplimiento de una ejecutoria, lo que equilibra el interés individual con el orden público y la finalidad del juicio de amparo, que no permite ser utilizado como instrumento que dilate la administración de justicia. Cabe señalar que en relación a las hipótesis previstas en la fracción IV del precepto en comento (fracción III de la abrogada Ley de Amparo), el Alto Tribunal ha sostenido que la razón de ser de esa norma radica en evitar que se entorpezcan los procedimientos de ejecución fundados en resoluciones o sentencias definitivas. Es decir, al prohibir la promoción de amparos en contra de las resoluciones intermedias durante el procedimiento de ejecución, se tiene que tomar en cuenta que la razón de ser de la norma es evitar la promoción innecesaria y excesiva de juicios de amparo contra cada determinación que se pronuncie, en virtud de que el perjuicio en contra del ejecutado solamente se actualiza y consuma hasta el momento en que se emite la resolución final del procedimiento relativo, e inclusive, si quien promueve la demanda es el vencedor en el juicio natural, es decir, el ejecutante, aplica la misma regla, esto es, debe esperar que culmine el procedimiento de ejecución. Sirve de apoyo a lo esgrimido, la jurisprudencia 1a./J. 36/2004, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO ENTABLADO CONTRA ACTOS DICTADOS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO RELATIVO, AUN CUANDO SEA PROMOVIDO POR LA PARTE VENCEDORA EN EL JUICIO NATURAL." No obstante lo anterior, la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado el criterio de que es procedente el juicio de amparo indirecto en etapa de ejecución de sentencia, en contra de los actos que tienen autonomía propia y que no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural. A manera de ejemplo, el Alto Tribunal estableció la procedencia del juicio de amparo contra la resolución que fija en cantidad líquida la condena de que fue objeto la parte vencedora, ya que la misma no tiene por objeto la ejecución de la propia sentencia, por lo que no constituye un medio previo o preliminar para la ejecución de la sentencia; asimismo, cuando se impugna la orden de arresto dictada como medida de apremio, porque la misma tiene por objeto vencer la contumacia de una de las partes y no ejecutar directa e inmediatamente la sentencia del juicio natural. De igual manera, ha sustentado que el juicio de amparo es procedente en contra de actos que afectan derechos sustantivos de manera inmediata, cuya regla estimó que no es exclusiva de los actos emitidos dentro de juicio, sino que le resulta extensiva a aquellos acaecidos en el periodo de ejecución de sentencia, siempre que los derechos que se vean afectados sean ajenos a los que se puedan afectar por la propia ejecución de la sentencia, esto es, que no hayan sido consecuencia directa y necesaria de la resolución jurisdiccional que se pretende ejecutar. Ello, pues no debe impedirse el cumplimiento de lo que ya fue discutido y resuelto en forma definitiva, habida cuenta que en el momento en que lo sentenciado adquirió la naturaleza de cosa juzgada, sus efectos materiales sobre las cosas y las personas inevitablemente deberán consumarse en forma irreparable. Al respecto, cobra aplicación la jurisprudencia P./J. 108/2010, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE." Ahora de los antecedentes expuestos bajo protesta de decir verdad por las inconformes, así como de las constancias remitidas por la Juez Tercero del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tuxtla, con sede en esta ciudad, se desprenden lo siguiente: 1. Por escrito presentado el veinticuatro de octubre de dos mil diecisiete, en la Oficialía de Partes Común de los Juzgados Civiles y Familiares del Distrito Judicial de Tuxtla, ***, por conducto de su apoderado legal para pleitos y cobranzas, demandó a *** (en su carácter de deudor principal), y *** (en su carácter de deudor solidario), en la vía ejecutiva mercantil y en ejercicio de la acción cambiaria directa, el pago de la suerte principal e intereses moratorios consignados en el título de crédito (pagaré) exhibido como documento base de la acción, entre otras prestaciones. 2. Dicha demanda fue radicada por el juez responsable con el número de juicio ***, quien el veinticinco de octubre de dos mil diecisiete, la admitió a trámite y dictó auto con efectos de mandamiento en forma en contra de los demandados. 3. Sustanciado el juicio en cada una de sus etapas, el veinticinco de mayo de dos mil dieciocho, se dictó sentencia definitiva, por la cual el juez responsable declaró procedente la acción intentada y condenó a las demandadas al pago de las prestaciones que les fueron exigidas. 4. Inconforme con dicha resolución, *** y ***, promovieron demanda de amparo directo, cuyo conocimiento correspondió al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, con sede en esta ciudad, órgano que la radicó con el número de juicio *** y, en sesión de nueve de noviembre de dos mil dieciocho, determinó conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitados. 5. En cumplimiento a la ejecutoria de amparo, el veintiséis de noviembre de dos mil dieciocho, la responsable dictó sentencia en la que se declaró procedente la acción intentada y condenó a las demandadas al pago de las prestaciones que les fueron exigidas. 6. Posteriormente, el cinco de junio de dos mil diecinueve, se ordenó requerir a la parte demandada el cumplimiento de la resolución de veintiséis de noviembre de dos mil dieciocho. 7. Practicada la diligencia de nueve de julio de dos mil diecinueve, se trabó formal embargo sobre el inmueble identificado como ***. 8. Por auto de doce de noviembre de dos mil veintiuno, la parte actora exhibió avalúo del bien embargado, y se dio vista a la parte demandada para exhibir el propio, el cual se tuvo por exhibido en tiempo y forma el dos de diciembre de dicha anualidad, y ratificado el ocho de diciembre siguiente. 9. En razón de la discrepancia entre los avalúos de la parte actora y demandada, el juez responsable designó perito tercero en discordia, quien previa aceptación de cargo, exhibió el avalúo correspondiente. 10. Por escrito presentado el veintidós de marzo de dos mil veintidós, las aquí quejosas objetaron el avaluó del perito tercero en discordia, al cual recayó el auto de la misma fecha que constituye el acto que por esta vía se reclama. De lo anterior, se desprende que el juicio de origen las quejosas fueron la parte demandada, además fueron oídas y vencidas en éste, mismo que se encuentra en etapa de ejecución de sentencia, por lo que en el particular, se actualiza la hipótesis en comento, puesto que el acto reclamado consistente en el auto de veintidós de marzo de dos mil veintidós, dictado en el juicio ejecutivo mercantil ***, del índice del Juzgado Tercero del Ramo Civil, Zona 01, de Tuxtla, del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad, en el que se tuvo por no planteada la objeción de las quejosas respecto del dictamen pericial rendido por el experto tercero en discordia, al no estar prevista dentro de las hipótesis del artículo 1247 del Código de Comercio, no constituye la última resolución dentro de dicha etapa de ejecución. Lo anterior, porque dicho actos, se encuentra comprendido dentro del periodo de ejecución de sentencia, por lo que la procedencia del amparo indirecto se actualiza únicamente hasta que se dicte la "última resolución" en el procedimiento de ejecución; a saber, aquélla en la que se reconoce expresa o tácitamente que la resolución ha quedado cumplida, o aquélla en que se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, tal y como se aprecia de la lectura del segundo párrafo del citado numeral 107 de la ley de la materia. Es aplicable a lo anterior, la tesis 2a. VIII/98, sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de epígrafe "RESOLUCIONES INTERMEDIAS DICTADAS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE CONTRA ELLAS.". En ese tenor, resulta evidente que el acto que por esta vía se reclama, no constituye la última resolución en el juicio de origen, pues no se advierte determinación alguna emitida por el Juez responsable en donde se declare por cumplida la sentencia o su imposibilidad material o jurídica para su cumplimiento, ni tampoco se ordenó el archivo del expediente de donde derivan aquellos, sino que se tratan de actos intermedios dentro del procedimiento de ejecución; de ahí que, en el caso se surte la regla general que emana de la causa de improcedencia invocada. Lo anterior, evidencia que se reclama un acto que no constituye la última definitiva, pero además tampoco es de imposible reparación, ya que se llevaron a cabo previo conocimiento del inconforme, al haber comparecido al procedimiento de origen, como ya quedó precisado en párrafos precedentes. Por lo que, el proveído en el que la responsable tuvo por no planteada la objeción de las quejosas respecto del dictamen pericial rendido por el experto tercero en discordia, al no estar prevista dentro de las hipótesis del artículo 1247 del Código de Comercio no afectan sus derechos humanos y sustantivos, ya que la responsable tiene plena jurisdicción de proveer conforme a derecho proceda a fin de dar cumplimiento a la sentencia emitida en el juicio natural, misma que resulta de orden público. En ese sentido, el acto reclamado que fue realizado en ejecución de una sentencia firme, emitida en el juicio en el que las quejosas fueron parte demandada, y por ende, escuchadas en defensa de sus intereses, por su propia naturaleza, no pueden ser conceptuados como determinaciones judiciales en que se apruebe o reconozca de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, a fin de determinar la procedencia del amparo indirecto, lo cual al constituir uno de los actos de diligenciación de lo sentenciado en el juicio de origen, no puede considerarse la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia. Orienta lo anterior, por el espíritu que informa, la jurisprudencia VI.2o.C. J/253, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, de encabezado "ORDEN DE LANZAMIENTO EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. NO CONSTITUYE LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN DICTADA EN ESE PROCEDIMIENTO PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, PROMOVIDO POR QUIEN FUE PARTE E INTERVINO EN EL JUICIO DE ORIGEN". Asimismo, resulta aplicable la tesis I.6o.C.368 C, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado En Materia Civil del Primer Circuito, de epígrafe "JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA, SÓLO CONTRA LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN EMITIDA AL RENOVARSE EL PROCEDIMIENTO DE REMATE, SIEMPRE QUE SE SIGAN PREVIAMENTE TODAS SUS FASES". En consecuencia, al haberse actualizado la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso 107, fracción IV, interpretado en sentido contrario, de la Ley de Amparo, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 de la citada ley, SE DESECHA DE PLANO la presente demanda de amparo por notoria improcedencia. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno, y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). REPRESENTANTE COMÚN Con fundamento en el artículo 13 de la Ley de Amparo, se tiene como representante común de las quejosas a ***, por así haberlo solicitado. Notifíquese.

  4. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; nueve de mayo de dos mil veintidós. COMPETENCIA Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, téngase por recibido el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, con sede en esta ciudad, por el que comunica el acuerdo de veintisiete de abril del año en curso, dictado dentro del amparo directo ***, de su índice, por el cual ese órgano se declara legalmente incompetente para conocer del asunto y remite original y copias de la demanda promovida por *** y ***; oficio ***, suscrito por el Juez Tercero del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tuxtla, con sede en esta ciudad, con el que rinde informe justificado, original del expediente *** (un tomo), así como los documentos base de la acción y constancia de emplazamiento a la parte tercero interesada del índice del referido Juzgado. Acúsese recibo. Dada la voluminosidad del tomo que remite la superioridad, para su mejor manejo se ordena abrir por separado dos tomos de pruebas, respetando el sello, el folio y la rúbrica que contiene, lo cuales quedan en la Secretaría de este Juzgado. DOCUMENTO ANEXO Asimismo, toda vez que el Juzgado Tercero del Ramo Civil, del Distrito Judicial de Tuxtla, con sede en esta ciudad, al rendir su informe justificado acompañó documentos base de la acción consistente en original por un pagare por la cantidad de $500,000.00 (quinientos mil pesos moneda nacional), manténgase en un sobre cerrado, sellado y firmado y entréguese al Secretario encargado de la caja de valores de este juzgado, para su guarda, custodia y registro en el libro que corresponda. En ese tenor, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 35, 37, 45 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, este Juzgado acepta la competencia planteada y se avoca al conocimiento del asunto. Ahora, vista la demanda de amparo promovida por *** y ***; contra actos de las siguientes autoridades responsables: 1. Juez Tercero del Ramo Civil, Zona 01, de Tuxtla, del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 572/2022-1-A. PREVENCIÓN Ahora bien, el artículo 108 de la Ley de Amparo señala: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: I. El nombre y domicilio del quejoso y del que promueve en su nombre, quien deberá acreditar su representación; II. El nombre y domicilio del tercero interesado, y si no los conoce, manifestarlo así bajo protesta de decir verdad; III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios; IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame; V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación; VI. Los preceptos que, conforme al artículo 1o de esta Ley, contengan los derechos humanos y las garantías cuya violación se reclame; VII. Si el amparo se promueve con fundamento en la fracción II del artículo 1o de esta Ley, deberá precisarse la facultad reservada a los estados u otorgada al Distrito Federal que haya sido invadida por la autoridad federal; si el amparo se promueve con apoyo en la fracción III de dicho artículo, se señalará el precepto de la Constitución General de la República que contenga la facultad de la autoridad federal que haya sido vulnerada o restringida; y VIII. Los conceptos de violación." Por otro lado, el artículo 261 de la ley en comento, dispone: "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y II. Al quejoso o tercero interesado, a su abogado o a ambos, si en el juicio de amparo presenten testigos o documentos falsos.". Por su parte, el artículo 114 del mismo ordenamiento, dice: "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley; III. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente; IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y V. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada. En caso de falta de copias, se estará a lo dispuesto por el artículo 110 de esta Ley. La falta de exhibición de las copias para el incidente de suspensión, sólo dará lugar a la postergación de su apertura." Atendiendo a lo anterior, a efecto de estar en aptitud de proveer lo conducente, con fundamento en los artículos 108, fracción V, y 114 fracción II, de la Ley de Amparo, requiérase al promovente para que dentro del término de cinco días siguientes al en que surta efectos su legal notificación: a) Bajo protesta de decir verdad y apercibida de las penas en que incurren los solicitantes del amparo que al formular su demanda afirman hechos falsos u omiten los que le consten en relación con el juicio de garantías, amplíe los antecedentes relativos a los hechos de los que deriva el acto o actos reclamados, de manera clara y cronológica. Lo anterior, pues se estiman indispensables para establecer el contexto de la actuación reclamada, máxime que para dar cumplimiento a la exigencia prevista por el artículo 108, fracción V, de la ley de la materia, es necesario realizar una narración precisa de todos aquellos acontecimientos de carácter positivo o negativo ocurridos con antelación a los actos reclamados y que por su estrecha relación resultan relevantes para conocer la verdad legal al resolverse el juicio de garantías. Cobra vigencia al caso, la tesis I.7o.A.100 K, sustentada por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, del rubro siguiente: "DEMANDA DE GARANTÍAS. FORMA EN QUE DEBE CUMPLIRSE EL REQUISITO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO, RESPECTO A LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS Y ABSTENCIONES QUE LE CONSTEN AL GOBERNADO Y QUE CONSTITUYAN ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO O FUNDAMENTO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN." Así como el criterio Sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, en la Tesis VI.1o.C.18 K del rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. EL JUEZ DE DISTRITO, AL PREVENIR AL QUEJOSO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 146 DE LA LEY DE AMPARO, DEBE EXPRESAR CON CLARIDAD Y PRECISIÓN LAS IRREGULARIDADES O DEFICIENCIAS QUE DEBEN LLENARSE PARA QUE EL QUEJOSO ESTÉ EN APTITUD DE SUBSANARLAS. Toda vez que el dato que se le requiere es requisito esencial de la demanda, a que se refiere el artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo, deberá exhibir las copias necesarias del escrito con el que desahogue la prevención de mérito, en términos de lo que establece el artículo 110 de la Ley en cita. Cobra aplicación, por identidad de razón, la tesis de jurisprudencia 36/2001, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACION DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO". APERCIBIMIENTO Se apercibe a las promoventes que en caso de no dar cumplimiento a lo anterior en el plazo concedido, de acuerdo a lo previsto en el segundo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo, se tendrá por no presentada la demanda. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado del Decimoprimer Circuito, en la tesis de jurisprudencia XI.2o.55 K que a la letra reza: "DEMANDA DE AMPARO. SU DESECHAMIENTO ES LEGAL CUANDO NO SE CUMPLE CON LAS PREVENCIONES QUE SE HACEN". REPRESENTANTE COMÚN Con fundamento en el artículo 13 de la Ley de Amparo, se tiene como representante común de las quejosas a ***, sin perjuicio de que señalen una diversa con posterioridad. DOMICILIO Y AUTORIZADO Téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de citas y notificaciones el que indica en su escrito de demanda. Asimismo, con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo, se tiene por autorizado en términos restringidos a las personas que refiere, ya que no cuentan con cédulas profesionales registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en el entendido que una vez que cumpla con tal requisito, podrá solicitar que se acuerde lo conducente. Sin que haya lugar de tenerlo como mandatario del quejoso, toda vez que dicha figura no se encuentra prevista en la ley de la materia. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS El artículo 122 de la Ley de Amparo dispone que los documentos pueden ser objetados por las partes y que éstos no podrán devolverse hasta que precluya el derecho a ello o mientras no se haya resuelto definitivamente el juicio (artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles). En consecuencia se niega la devolución de los documentos que en su caso exhiban las partes, hasta el momento que la ley lo permita. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles para que el actuario adscrito a este Juzgado pueda realizar las diligencias inherentes a sus funciones, haciéndolo constar en el acta correspondiente. Además, hágase del conocimiento del fedatario de la adscripción, que para el caso de que tenga a bien de realizar alguna notificación personal, deberá tomar las medidas necesarias y suficientes para evitar el contacto físico, siguiendo el Lineamiento de Higiene derivado de la Atención a Emergencia Sanitaria por coronavirus (COVID-19), para Notificadores y Defensores Públicos del Consejo de la Judicatura Federal que realizan notificaciones, emitido por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, de la Secretaría Ejecutiva de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, y empleando el equipo de protección proporcionado para ello. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Se autoriza la reproducción de las constancias que obren en el presente expediente mediante el uso de medios electrónicos de reproducción portátil, bastando en cada caso la solicitud verbal de la parte interesada y sin requerir que recaiga proveído al respecto; sin embargo, por seguridad jurídica, se dejará constancia en autos de tal acto. Es ilustrativa la tesis I.3o.C.725 C del Tercer Tribunal Colegiado en materia civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, Marzo de 2009, Materia Civil, página 2847, registro 167640, de rubro: REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y TRANSPARENCIA Dígase a las partes que los datos personales y sensibles que se alleguen en el presente asunto, quedan sujetos a lo contemplado en los arábigos 1, 3 fracciones IX, X y XVII, 5, 18, 22, fracciones IV y V, 25, 26, 27 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Además, en cumplimiento a lo ordenado en los artículos 1, 9, 16, 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones y sentencia que se emitan en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. Asimismo, de conformidad con lo estatuido en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en el presente asunto, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados; en el entendido que de no realizar manifestación alguna, las resoluciones que se dicten se publicarán sin supresión de datos. Dígase a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet htlp://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes (FESE) cuya liga es htlp://www.dgepj.cjf.gob.mx. respectivamente. En ese sentido y, para otorgar la autorización, así como el acceso a la parte quejosa al sistema de consulta aducido en primer término, deberá solicitarlo por escrito señalando el nombre de usuario y por única ocasión en el expediente principal; lo anterior con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. EXHORTACIÓN A TRAMITAR ASUNTOS "EN LÍNEA" Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 28 del referido Acuerdo General 21/2020, se exhorta a las partes para que, de ser posible, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea"; esto es, privilegiando el uso de medios electrónicos y en su caso, los que se encuentran a su disposición a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Notifíquese.

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