Martha Leticia Ricardez Hernández
Expediente 116/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Veracruz. 5 actuaciones registradas, la última del 16 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 116/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 16/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Martha Leticia Ricardez Hernández
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
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EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE PROMOVENTE LA RESOLUCION QUE A LA LETRA DICE: Boca del Río, Veracruz, dieciséis de marzo de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo establecido en el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte promovente hubiera recurrido el auto de veinticuatro de febrero de dos mil veintidós, a través del cual se desechó la demanda de amparo con que se formó el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en los artículos 355 y 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del diverso numeral 2º ibídem, se declara que dicho auto ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, archívese el presente juicio como asunto total y definitivamente concluido, previa anotación que se haga en el libro respectivo
- Principal
SE NOTIFICA A LA PARTE PROMOVENTE A LA QUE SE LE DEJO AVISO, LA RESOLUCION QUE DIE: Agréguese a los presentes autos el escrito de cuenta, signado por la quejosa Martha Leticia Ricardez Hernández, mediante el cual desahoga la prevención efectuada mediante proveído de diez de febrero de dos mil veintidós, toda vez que precisa que el acto reclamado en el presente juicio, únicamente lo constituye el cobro excesivo del servicio de agua, proporcionado por el Director de la Oficina del sistema de Agua y Saneamiento del Fraccionamiento Puente Moreno y Lagos de Puente Moreno, con sede en Medellín de Bravo, Veracruz. En atención a lo antes precisado, vista nuevamente la demanda de amparo y su escrito aclaratorio, el suscrito provee lo siguiente: De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, el suscrito tiene la obligación de examinar el escrito de demanda, y de encontrar algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia, deberá desecharla de plano; congruente con ello, el que suscribe advierte la actualización de diversas causas de improcedencia del presente juicio constitucional, las que se analizarán a continuación. En principio, de la lectura integral de la demanda de amparo y escrito aclaratorio, se advierte que el acto reclamado es: El cobro excesivo del servicio de agua, proporcionado por el Director de la Oficina del sistema de Agua y Saneamiento del Fraccionamiento Puente Moreno y Lagos de Puente Moreno, con sede en Medellín de Bravo, Veracruz. En ese tenor, en relación al acto reclamado consistente el cobro excesivo del servicio de agua derivado de un mal servicio, proporcionado por sistema de Agua y Saneamiento del Fraccionamiento Puente Moreno y Lagos de Puente Moreno, con sede en Medellín de Bravo, Veracruz, en el domicilio del impetrante, el suscrito advierte de oficio que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 1°, fracción I y 5°, fracción II, de la Ley de Amparo. Ahora bien, previo al estudio de dicha causal de improcedencia, es menester precisar que el suministro del servicio de agua para el consumo personal y doméstico, se encuentra consagrado como un derecho fundamental de los particulares, tal como lo establece el artículo 4o, sexto párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual dispone, entre otras consideraciones que el Estado debe garantizar el derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, saludable, aceptable y asequible, y prevé que en la ley se establecerán las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso a ese recurso natural. Así, la norma constitucional transcrita reconoce como una obligación del Estado, garantizar a los particulares el derecho de acceso a ese recurso natural para su consumo personal y doméstico. En efecto, la adición del sexto párrafo al artículo 4° Constitucional el ocho de febrero de dos mil doce, tuvo por objeto elevar a rango constitucional el derecho de los gobernados al recurso natural del agua. El agua es un recurso natural limitado y un bien público fundamental para la vida y la salud. También es condición indispensable para vivir dignamente y para la realización de otros derechos. Es por ello que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales4 (CDESC) ha considerado que el derecho al agua queda comprendido por el derecho al nivel adecuado de vida, contemplado en el artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales. En la propuesta enviada por la Colegisladora, además de introducirse el derecho al agua como un derecho humano, se establece su disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. Características y condiciones básicas que deben garantizarse para poder acceder a este derecho y ejercerlo: El abastecimiento del agua debe ser suficiente y adecuado a las necesidades vitales de cada persona. El agua debe tener una calidad adecuada para el uso personal y doméstico, esto es, que no contenga microorganismos o sustancias químicas o radiactivas que puedan constituir una amenaza para la salud de las personas. Debe ser accesible tanto desde el punto de vista físico, es decir, que todas las personas puedan acceder al agua sin tener que hacer un gran esfuerzo de traslado, como accesible en términos económicos, es decir, ser asequible para cualquier persona. El agua debe ser accesible a todos sin ningún tipo de discriminación, garantizando que las personas que viven en una situación de mayor vulnerabilidad puedan acceder al agua en igualdad de condiciones. Además de ello, en la propuesta se considera prioritario establecer como obligación del Estado la de garantizar este derecho y que la ley va a definir las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines. Sobre el particular, es importante señalar que estamos hablando de un derecho humano de acceso, uso y consumo de agua. Por lo que, independientemente de las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos que defina en su momento la ley y el deber de participación y coordinación de los órganos gubernamentales, el Estado debe garantizar este derecho. Asimismo, es importante precisar que "El Estado garantizará..." significa que este derecho queda garantizado una vez que entre en vigor el decreto; redactarlo en futuro quiere decir que el Estado debe hacerlo en todo momento y circunstancia. Es importante señalar que durante los últimos dos años, el derecho al agua ha recibido atención considerable dentro del sistema de derechos humanos de las Naciones Unidas como dentro del trabajo de organizaciones no gubernamentales. En general, el debate alrededor del contenido de las obligaciones derivadas del derecho al agua sigue en sus primeras fases. No obstante, se ha progresado considerablemente. El derecho al agua encuentra su fundamento jurídico dentro del derecho internacional de los derechos humanos en varias disposiciones, tanto de carácter general como sectoriales. Así, por ejemplo, se encuentra contenido en el derecho a la salud establecido por el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales o en el derecho a la vivienda y a la alimentación del artículo 11 del mismo Pacto. Además, está expresamente mencionado en el párrafo 2 del artículo 14 de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (la CEDAW) y en el párrafo 2 del artículo 24 de la Convención de los Derechos del Niño. En México el tema se encuentra vagamente regulado en el artículo 27 constitucional, aunque de su texto quizá no pueda inferirse un derecho fundamental al agua; en efecto, en sus párrafos primero, tercero, cuarto, quinto, octavo y noveno en sus diversas fracciones, el artículo 27 contiene referencias al agua o a las aguas, tanto interiores como marítimas, nacionales o internacionales, pero sin que en ninguna de esas disposiciones se establezca en términos constitucionales un "derecho al agua". Otra referencia constitucional al agua se encuentra en el artículo 115, en cuya fracción III se establece que los municipios tienen a su cargo la prestación del servicio público de "agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales" (inciso A). De nuevo hay que decir que tampoco en el artículo 115 se contiene un "derecho al agua", aunque existe la obligación de las autoridades municipales de prestar los servicios públicos que han sido mencionados. Como se puede apreciar, es importante reconocer el derecho al agua como derecho fundamental, de carácter tanto individual como colectivo, protector de las generaciones actuales y de las futuras, el derecho al agua. Del texto anterior puede inferirse, esencialmente, que el derecho al agua ha sido reconocido internacionalmente en diversos documentos, y que era necesario elevarlo a categoría de derecho humano, ya que en el artículo 27 Constitucional se encontraba vagamente regulado; por tanto, resultaba indispensable reconocerlo como una obligación del Estado mediante la cual debía garantizarlo, y se señaló que sería definido por la ley en la que se establecieran las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo, así como la participación de la Federación, las Entidades Federativas y los Municipios, además de la ciudadanía para la consecución de dichos fines. En este caso, es en la Ley Número 21 de Aguas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en donde se ha reglamentado el suministro de este recurso natural, los artículos 2, 3, 30, 31, 32, 47, 75, 105 y 106 de ese ordenamiento, establecen lo siguiente:Así es, los actos emitidos en relación al corte del servicio de agua potable para uso doméstico, se rigen por la mencionada legislación, en particular por los artículos citados que regulan su actividad y fijan los límites a la misma; por tanto, resulta indiscutible que dichos actos se encuentran investidos de potestad pública y, por ende, se consideran emitidos en un plano de supra a subordinación, ya que dependen de lo que al respecto se establece en la Constitución y la propia ley de la materia y no tanto de lo que se pudiera establecer en el contrato de adhesión como si se tratara de un acto de comercio, toda vez que el derecho humano de acceso al agua que se estableció en la Carta Magna, el cual se garantiza para todas las personas mediante la prestación del servicio público de agua potable, está fuera del alcance de la voluntad contractual y, por tanto, excluida del régimen del derecho privado. Consecuentemente, con independencia que exista un contrato administrativo de adhesión, éste no puede prevalecer sobre lo que establece la Constitución y la mencionada legislación respecto del corte del suministro de agua potable, que son, en esencia, las normas que regulan el suministro de agua y la suspensión de dicho servicio; de ahí que, el hecho que pudiera existir un contrato de esa especie no cambia el tipo de relación que existe entre la prestadora del servicio y los usuarios del mismo, que es de supra a subordinación, sobre todo porque con la suspensión o reducción del servicio de suministro de agua se extingue unilateralmente una situación jurídica que afecta la esfera legal del gobernado. Es decir, en relación al corte del suministro de agua potable, la suministradora ejerce facultades de decisión que le están atribuidas en un ordenamiento legal y, por ende, sus actos constituyen una potestad pública, cuyo ejercicio es irrenunciable, en la medida en que con las condiciones y funcionamiento de la prestación del servicio, crea, modifica o extingue derechos de los usuarios, pues, cuenta con la facultad de realizar la suspensión o restricción del servicio de suministro de agua ante la falta de pago, lo que revela que dicho ente al emitir tales actos, se ubica en un plano de supra a subordinación en relación con el usuario del servicio de agua potable, pues con ellos invade la esfera de los particulares. Por tanto, el corte del servicio de agua potable, equivale a los actos de autoridad que válidamente pueden ser combatidos en el juicio de amparo; dado que, con ellos se crea, modifica o extingue unilateralmente una situación que afecta la esfera legal del particular. Esto, porque el corte, como se dijo precedentemente, tiene su origen en la norma constitucional que prevé el derecho humano de acceso al agua potable, así como en las normas legales, como en el caso sucede con la Ley de Aguas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y no se rige primordialmente por lo que en su caso pudiere establecer un contrato de suministro; de ahí que, al cortar el servicio de agua potable, los actos de la responsable gocen de unilateralidad y obligatoriedad, en una relación de supra a subordinación. Así, es claro que la calidad de autoridad para efectos del juicio de amparo en relación al corte del servicio de agua potable, se obtiene, no a partir de la existencia de un contrato entre los particulares y el prestador del servicio, sino a partir del nuevo marco constitucional, en el que se consagró como derecho fundamental, el acceso al agua potable. En ese tenor, el nuevo panorama constitucional y legal se traduce en que el organismo operador o la concesionaria sí tienen la calidad de autoridad para efectos del juicio de amparo, en virtud que la facultad para restringir o cortar el suministro de agua, ante la falta de pago, equivale a un acto de aquéllos atribuidos a una autoridad, siendo que dicha función o atribución se hallan previstos en una norma general que expresamente la faculta para ello. En ese tenor, del contenido del sexto párrafo del artículo 4° Constitucional, el suscrito advierte que al mismo tiempo, reconoce un derecho humano y una obligación para la ciudadanía; esto es, el derecho humano al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico, y una obligación de la ciudadanía de participar en la consecución de dichos fines. Lo cual se robustece, si tomamos en consideración que dicho derecho humano al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico, el legislador constitucional consideró que únicamente debía ser otorgar de forma suficiente, salubre, aceptable y asequible; esto es, no incluyó de manera expresa que dicho derecho humano se debía prestar de forma gratuita; por el contrario, estableció la participación de la ciudadanía para logar dicho fin; lo que se entiende comprensible, porque el suministro de agua potable implica un gasto en infraestructura para brindar un servicio individualizado. En ese tenor, atendiendo a que el derecho humano al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico, no es gratuito, por el contrario, requiere de la participación de la ciudadanía para logar tal fin, es menester hacer la distinción entre: a) El CORTE o SUSPENSIÓN TOTAL de dicho servicio y, b) El COBRO que realizan los organismos operadores o las empresas concesionadas, por la prestación de tal servicio; lo anterior, para efectos de determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto cuando sean señalados como actos reclamados. En el caso concreto, el quejoso señala como acto reclamado el cobro excesivo del consumo de agua potable, no así al corte de dicho servicio; razón por la cual, no se emite pronunciamiento alguno respecto de éste último. Precisado lo anterior, se reitera que de oficio se advierte que respecto al acto reclamado consistente en el cobro excesivo del servicio de agua, proporcionado por el Sistema de Agua y Saneamiento del Fraccionamiento Puente Moreno y Lagos de Puente Moreno, con sede en Medellín de Bravo, Veracruz, en el domicilio del impetrante, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 1°, fracción I y 5°, fracción II, de la Ley de Amparo; dado que, no es acto de autoridad para efectos del juicio de amparo. De la interpretación de esas normas se sigue que el juicio de amparo sólo procede contra actos u omisiones de los poderes públicos o de particulares que realicen actos de autoridad en los términos previstos por el numeral citado y en ese sentido, para distinguir un acto de otro, se debe atender a la clasificación que la teoría general del derecho hace de las relaciones jurídicas de coordinación, supra a subordinación y supraordinación. De acuerdo con ello, las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las cuales, éstos actúan en un mismo plano, entendido como en igualdad, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se haga justicia por ellos mismos, se crean en las leyes los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral. La nota distintiva de ese tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas, contempladas en las legislaciones respectivas, por lo que ambas están en el mismo nivel; así, existe una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. En cambio, las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social; se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos destaca, en el ámbito ordinario, el procedimiento contencioso-administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos, mientras que en el parámetro constitucional, el juicio de amparo. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución General de la República establece una serie de derechos fundamentales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Por último, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior, por encima de los particulares, regulándose también por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional, destacando en este último rubro, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad que señala el artículo 105, fracciones I y II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En atención a lo anterior, para definir el concepto de autoridad responsable, debe atenderse también a la distinción de las relaciones jurídicas, examinando si la que se somete a la decisión de los órganos jurisdiccionales de amparo se ubica dentro de las denominadas de supra a subordinación, que tiene como presupuesto que la parte promovente tenga el carácter de gobernado y el ente señalado como autoridad, actúe en un plano superior, aun tratándose de un particular. Bajo ese marco referencial, es de concluirse que las notas que distinguen a una autoridad para los efectos del juicio de amparo, son las siguientes: La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular. Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Con motivo de esa relación emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del particular. Para emitir esos actos no requiere de acudir a los órganos judiciales, ni precisa del consenso de la voluntad de la parte afectada. En ese contexto legal, el acto reclamado consistente en el cobro excesivo del servicio de agua, proporcionado por el Sistema de Agua y Saneamiento del Fraccionamiento Puente Moreno y Lagos de Puente Moreno, con sede en Medellín de Bravo, Veracruz, en el domicilio del impetrante, es una controversia derivada del contrato de adhesión ya existente con el referido organismo operador, que debe combatirse ante los órganos jurisdiccionales del orden común. Lo anterior, dado que, dicho organismo operador se rige por la Ley de Aguas del Estado de Veracruz, la cual, en susartículos 4, fracciones XXV, XXVI y XLVI, 67, 68 y 69 Del análisis sistemático de dichos preceptos legales, se advierte que el servicio de agua potable en el Estado de Veracruz, es proporcionado por un "Prestador del servicio", entendiéndose como tal, la dependencia, organismo operador o concesionario, en los niveles Estatal o Municipal, responsable de la organización, dotación, administración, operación, conservación, mantenimiento, rehabilitación o ampliación de los servicios de suministro de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales, en la circunscripción territorial estatal, regional, municipal o intermunicipal que le corresponda. Asimismo, dicho servicio es proporcionado al denominado "Usuario", entendiéndose como tal, las personas físicas o morales que hagan uso de los servicios a que se refiere dicha Ley. Del mismo modo, se obtiene que tales preceptos disponen que es obligación de los propietarios o poseedores de los inmuebles, contratar el servicio correspondiente y con ello tendrán derecho a recibir el servicio de suministro de agua potable en los inmuebles destinados para uso doméstico, agropecuario, agroindustrial, comercial, industrial o recreativo. Así también, disponen que una vez celebrado el contrato respectivo y se cubran las cuotas que correspondan por la contratación, conexión o infraestructura y demás contraprestaciones que establezca esta ley, se realizará la conexión de la toma dentro de los treinta días siguientes a la fecha de pago. Además, establecen que una vez contratado el servicio del vital líquido, para cada predio, giro o establecimiento, la prestadora del servicio deberá instalar una toma independiente, con contrato y medidor, siendo obligatorio para el prestador del servicio, la instalación de aparatos medidos para la verificación de los consumos de agua potable. Así, como se puede ver, son los "usuarios" del servicio de agua, es decir, aquellas personas que sean propietarios o poseedoras de inmuebles respecto de los cuales hayan contratado el servicio correspondiente, quienes tienen derecho a recibir el servicio de suministro de ese vital líquido, y precisamente tales "usuarios" son las personas obligadas a pagar las cuotas por ese servicio conforme a las tarifas que se aprueben. En ese tenor, se itera, que el acto reclamado consistente en el cobro excesivo del servicio de agua, proporcionado por el Sistema de Agua y Saneamiento del Fraccionamiento Puente Moreno y Lagos de Puente Moreno, con sede en Medellín de Bravo, Veracruz, en el domicilio del impetrante, es una controversia derivada del contrato de adhesión ya existente con el referido organismo operador, que debe combatirse ante los órganos jurisdiccionales del orden común. Lo anterior, dado que, se insiste, respecto al cobro por el servicio de agua potable para consumo personal y doméstico, al no establecer el artículo 4° Constitucional, en su sexto párrafo, que deba ser gratuito, por el contrario, establece la obligación de la ciudadanía de participar para lograr dicho fin; el suscrito considera que dicho cobro deriva del contrato de adhesión suscrito entre el organismo operador o concesionaria con el usuario del servicio; por lo que, la relación existente debe considerarse de coordinación, pues al no ser gratuito dicho servicio, sus cuotas se encuentran sujetas al contrato de adhesión firmado entre las partes. Ciertamente, esos actos no son violatorios de derechos humanos o fundamentales de manera directa; sino, que las controversias inherentes a ellos deben dilucidarse a través de procedimientos de naturaleza mercantil, al formar parte de una relación comercial derivada de un contrato de adhesión, cuyo cumplimiento o incumplimiento debe dirimirse en esa vía. Aunado a que, dicho organismo operador actúa como un particular, dado que el cobro deriva del contrato de adhesión pactado con el quejoso como usuaria del servicio de agua potable para uso personal y doméstico. De ahí que, dicho organismo operador no se encuentre en una relación de supra a subordinación con el quejoso, ni que su actuación sea unilateral por la cual crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los particulares. Sin que se desconozca que el artículo 106 de la Ley de Aguas del Estado de Veracruz, disponga que los adeudos a cargo de los usuarios, en concepto de cuotas y tarifas, a favor de los organismos operadores, exclusivamente para efectos de cobro, tendrán el carácter de créditos fiscales, para cuya recuperación la Comisión o el organismo operador municipal aplicarán el procedimiento administrativo de ejecución previsto en el Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz. Sin embargo, en el presente caso, de la lectura integral de la demanda de amparo y escrito aclaratorio, no se advierte que se haya iniciado en contra del quejoso algún procedimiento administrativo de ejecución, siendo el acto reclamado el cobro excesivo por el consumo de agua potable; cobro que se insiste, deriva de lo pactado en el contrato de adhesión, por lo que, es inconcuso que el organismo operador actúa en un plano de coordinación con los usuarios del servicio de agua potable. Criterio que, aun cuando haya sido anterior a la adición al artículo 4°, sexto párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de febrero de dos mil doce, en el cual se elevó a rango constitucional el derecho humano al agua potable para consumo personal y doméstico; empero, se itera, que en dicha adición, no se estableció que el uso de agua potable para consumo personal y doméstico debía ser gratuito, por el contrario, se determinó la obligación de la ciudadanía para lograr dicho fin; por tanto, es inconcuso que el cobro por dicho servicio, aún continúa siendo materia del contrato de adhesión suscrito entre los usuarios y el organismo operador o concesionario. A mayor abundamiento, cabe precisar que, en asuntos de naturaleza similar, como son los inherentes a contratos entre particulares con la Comisión Federal de Electricidad, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que no son actos de autoridad para efectos del juicio de amparo. En consecuencia, al quedar debidamente acreditadas las aludidas causas de improcedencia, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, es dable desechar la demanda de amparo promovida por Martha Leticia Ricardez Hernández, respecto del acto reclamado. Hágase las anotaciones en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).
- Principal
Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
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EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA RESOLUCION QUE A LA LETRA DICE: Boca del Río, Veracruz, veinticuatro de febrero de dos mil veintidós. DESAHOGO DE PREVENCIÓN Agréguese a los presentes autos el escrito de cuenta, signado por la quejosa Martha Leticia Ricardez Hernández, mediante el cual desahoga la prevención efectuada mediante proveído de diez de febrero de dos mil veintidós, toda vez que precisa que el acto reclamado en el presente juicio, únicamente lo constituye el cobro excesivo del servicio de agua, proporcionado por el Director de la Oficina del sistema de Agua y Saneamiento del Fraccionamiento Puente Moreno y Lagos de Puente Moreno, con sede en Medellín de Bravo, Veracruz. En atención a lo antes precisado, vista nuevamente la demanda de amparo y su escrito aclaratorio, el suscrito provee lo siguiente: DESECHAMIENTO De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, el suscrito tiene la obligación de examinar el escrito de demanda, y de encontrar algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia, deberá desecharla de plano; congruente con ello, el que suscribe advierte la actualización de diversas causas de improcedencia del presente juicio constitucional....
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