Martha Leticia Rendón Olguín
Expediente 1504/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 6 actuaciones registradas, la última del 22 de diciembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1504/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 22/12/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora · Sonora
Partes del expediente
- Martha Leticia Rendón Olguín
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
CON ESTA FECHA SE TIENE POR HECHA LA NOTIFICACION PERSONAL A LA PARTE QUEJOSA DEL CONTENIDO DEL AUTO DE 22 DE DICIEMBRE DE 2021, EN EL CUAL SE DECRETO: SE SOBRESEE FUERA DE AUDIENCIA......
- Principal
Cuenta. El veintidós de diciembre de dos mil veintiuno, se da cuenta al juez con la certificación que antecede, con los informes justificados y anexos que acompañan registrados con folios 18944 y 19036. Conste. Auto. Hermosillo, Sonora, veintidós de diciembre de dos mil veintiuno. Informes justificados. Conforme a lo establecido en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguense a los autos los informes justificados rendidos por el encargado del despacho de la Unidad Jurídica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales del Estado de Sonora, en representación del citado instituto, y por el encargado del despacho de la Subdirección de Finanzas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales del Estado de Sonora. Delegados y domicilio. En términos del artículo 9 de la ley de la materia, se tienen por designados como delegados a las personas que refieren y como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado en sus respectivos informes. Prueba documental. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por ofrecida la documental que acompaña, a la cual se otorga pleno valor probatorio, en términos de lo establecido en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, de las que se desprende la actualización de una causa de sobreseimiento del juicio. Sobreseimiento fuera de audiencia -Cesación de efectos del acto reclamado- Ahora bien, de las manifestaciones vertidas por el encargado del despacho de la Subdirección de Finanzas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales del Estado de Sonora, y la documental anexa a su oficio de cuenta, se observa que en el caso, se actualiza de manera notoria, manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." El precepto normativo expone que el juicio de amparo es improcedente con motivo de la cesación de los efectos respecto de los actos por los cuales se haya ejercido la acción constitucional. En relación con el motivo de improcedencia que se menciona, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado en el sentido que para la actualización de dicha causa no basta que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que es necesario que, aún sin hacerlo, destruya la totalidad de sus efectos de forma tal, que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Esto es, como si el acto de autoridad nunca hubiera irrumpido en la esfera jurídica del gobernado, o que habiéndolo hecho, no deje alguna huella, toda vez que la justificación de esta causa de improcedencia de la acción constitucional de garantías, radica en la ociosidad de analizar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos y que además, no dejó huella en la esfera de derechos del particular, que amerite ser borrada por la protección de la Justicia Federal. Lo anterior se encuentra establecido en la jurisprudencia 2a./J. 59/99, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En la especie, se precisa que los actos reclamados por la quejosa se hacen consistir esencialmente en la omisión de las autoridades responsables de cumplir en tiempo y forma con el pago de la pensión a que tiene derecho la peticionaria de amparo, conforme a lo dispuesto por la Junta Directiva del referido instituto, en específico el relativo al mes de noviembre de dos mil veintiuno. Ahora bien, de las constancias que el instituto responsable anexó a su demanda, se advierte que mediante pago de nómina vía transferencia bancaria efectuada el veintidós de noviembre de dos mil veintiuno, el subdirector de Finanzas del instituto responsable cubrió el pago de pensiones reclamado por el aquí quejoso. En ese orden de ideas, si la afectación aducida por el impetrante de amparo radicaba en la omisión de que la citada pensión no se pagó el día precisado en el calendario de pagos señalado Junta Directiva del multicitado instituto, lo cierto es que, como se destacó, dicha pensión le fue cubierta el veintidós de noviembre del presente año, por lo que es inconcuso que a la presente fecha le fue restituido el derecho vulnerado. En consecuencia, resulta evidente la actualización de la causa de improcedencia aludida, toda vez que con el actuar de la responsable las cosas quedaron a favor de la quejosa, tal como si se hubiera otorgado la protección constitucional solicitada, lo que torna improcedente su estudio por esta vía. De esta forma, lo que procede es sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto en la fracción XXl del artículo 61, en relación con la diversa V del numeral 63, de la Ley de Amparo. Sustenta la anterior determinación, la jurisprudencia 2a./J.10/2003, cuyo rubro dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." Finalmente, no se soslaya por parte de este juzgador, que el peticionario de amparo, en su demanda hace manifestaciones en el sentido de que las autoridades responsables han sido reincidentes en pagar en tiempo y forma la pensión a que tiene derecho como pensionado del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, por lo que, se exhorta a las autoridades responsables, que se ajusten a los plazos que se pactaron por la Junta Directiva del consabido instituto para el pago de las referidas pensiones, pues de lo contrario, se haría patente que el resarcimiento en el pago de la pensión de la aquí quejosa, tuvo como única finalidad provocar el sobreseimiento del juicio, para posteriormente continuar con la violación constitucional reclamada -el pago tardío de la pensión de que se dolía la quejosa-, lo que pudiera actualizar los elementos del delito previsto en el artículo 262, fracción II, de la Ley de Amparo. Con base en lo anterior, tampoco se soslaya que la parte quejosa se refiere también a la petición consistente en que las autoridades responsables se abstengan de omitir los pagos subsecuentes de su pensión; sin embargo, al respecto es dable acotar que tal eventualidad no puede ser objeto de análisis en el presente sumario, dado que no existe certidumbre en torno a que las autoridades responsables vayan a desplegar una conducta omisa en lo futuro, en lo relativo al pago de la pensión que deba dispensarse a la parte quejosa; de ahí, que resulte intrascedente tal planteamiento para lo determinado en este biinstancial, en el que el reclamo substancial que causaba un perjuicio a la agraviada, cesó en sus efectos por actuación de las propias responsables; de modo que, en caso de materializarse en lo futuro alguna omisión por parte de éstas, la agraviada estará en aptitud de ejercer su derecho en esta vía constitucional. Se cita al respecto, por consubstancialidad en lo conducente, la tesis del Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito, visible en la página 16, Semanario Judicial de la Federación. Volumen 181-186, Sexta Parte, con registro de localización 249048, de rubro y texto siguientes: "ACTOS FUTUROS E INCIERTOS. De acuerdo con la jurisprudencia definida de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, no procede conceder el amparo cuando se reclaman actos futuros e inciertos, situación que se contempla cuando el quejoso aduce como motivo de su demanda de amparo la factibilidad de que su contraparte pueda promover un embargo precautorio para garantizar las prestaciones reclamadas, caso en el cual estima que se afectaría el inmueble de su propiedad, circunstancia que no puede considerarse ni como probable ni como inminente, por lo que será sólo cuando se presente esa situación, el momento idóneo para impugnarla y no a través de este amparo." Audiencia constitucional sin efectos. En mérito de lo expuesto, se deja sin efectos la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional en este juicio. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de Juzgado relativo al registro de juicios de amparo, así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese; por oficio a las autoridades responsables, personalmente a la quejosa y por lista a la representación social federal. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante María Guadalupe Noriega Vega, secretaria que autoriza y da fe. Doy fe. Oficios: 29751 y 29752. Cuenta. El veintidós de diciembre de dos mil veintiuno, se da cuenta al juez con la certificación que antecede, con los informes justificados y anexos que acompañan registrados con folios 18944 y 19036. Conste.Auto. Hermosillo, Sonora, veintidós de diciembre de dos mil veintiuno. Informes justificados. Conforme a lo establecido en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguense a los autos los informes justificados rendidos por el encargado del despacho de la Unidad Jurídica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales del Estado de Sonora, en representación del citado instituto, y por el encargado del despacho de la Subdirección de Finanzas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales del Estado de Sonora. Delegados y domicilio. En términos del artículo 9 de la ley de la materia, se tienen por designados como delegados a las personas que refieren y como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado en sus respectivos informes. Prueba documental. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por ofrecida la documental que acompaña, a la cual se otorga pleno valor probatorio, en términos de lo establecido en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, de las que se desprende la actualización de una causa de sobreseimiento del juicio. Sobreseimiento fuera de audiencia -Cesación de efectos del acto reclamado- Ahora bien, de las manifestaciones vertidas por el encargado del despacho de la Subdirección de Finanzas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales del Estado de Sonora, y la documental anexa a su oficio de cuenta, se observa que en el caso, se actualiza de manera notoria, manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." El precepto normativo expone que el juicio de amparo es improcedente con motivo de la cesación de los efectos respecto de los actos por los cuales se haya ejercido la acción constitucional. En relación con el motivo de improcedencia que se menciona, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado en el sentido que para la actualización de dicha causa no basta que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que es necesario que, aún sin hacerlo, destruya la totalidad de sus efectos de forma tal, que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Esto es, como si el acto de autoridad nunca hubiera irrumpido en la esfera jurídica del gobernado, o que habiéndolo hecho, no deje alguna huella, toda vez que la justificación de esta causa de improcedencia de la acción constitucional de garantías, radica en la ociosidad de analizar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos y que además, no dejó huella en la esfera de derechos del particular, que amerite ser borrada por la protección de la Justicia Federal. Lo anterior se encuentra establecido en la jurisprudencia 2a./J. 59/99, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En la especie, se precisa que los actos reclamados por la quejosa se hacen consistir esencialmente en la omisión de las autoridades responsables de cumplir en tiempo y forma con el pago de la pensión a que tiene derecho la peticionaria de amparo, conforme a lo dispuesto por la Junta Directiva del referido instituto, en específico el relativo al mes de noviembre de dos mil veintiuno. Ahora bien, de las constancias que el instituto responsable anexó a su demanda, se advierte que mediante pago de nómina vía transferencia bancaria efectuada el veintidós de noviembre de dos mil veintiuno, el subdirector de Finanzas del instituto responsable cubrió el pago de pensiones reclamado por el aquí quejoso. En ese orden de ideas, si la afectación aducida por el impetrante de amparo radicaba en la omisión de que la citada pensión no se pagó el día precisado en el calendario de pagos señalado Junta Directiva del multicitado instituto, lo cierto es que, como se destacó, dicha pensión le fue cubierta el veintidós de noviembre del presente año, por lo que es inconcuso que a la presente fecha le fue restituido el derecho vulnerado. En consecuencia, resulta evidente la actualización de la causa de improcedencia aludida, toda vez que con el actuar de la responsable las cosas quedaron a favor de la quejosa, tal como si se hubiera otorgado la protección constitucional solicitada, lo que torna improcedente su estudio por esta vía. De esta forma, lo que procede es sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto en la fracción XXl del artículo 61, en relación con la diversa V del numeral 63, de la Ley de Amparo. Sustenta la anterior determinación, la jurisprudencia 2a./J.10/2003, cuyo rubro dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." Finalmente, no se soslaya por parte de este juzgador, que el peticionario de amparo, en su demanda hace manifestaciones en el sentido de que las autoridades responsables han sido reincidentes en pagar en tiempo y forma la pensión a que tiene derecho como pensionado del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, por lo que, se exhorta a las autoridades responsables, que se ajusten a los plazos que se pactaron por la Junta Directiva del consabido instituto para el pago de las referidas pensiones, pues de lo contrario, se haría patente que el resarcimiento en el pago de la pensión de la aquí quejosa, tuvo como única finalidad provocar el sobreseimiento del juicio, para posteriormente continuar con la violación constitucional reclamada -el pago tardío de la pensión de que se dolía la quejosa-, lo que pudiera actualizar los elementos del delito previsto en el artículo 262, fracción II, de la Ley de Amparo. Con base en lo anterior, tampoco se soslaya que la parte quejosa se refiere también a la petición consistente en que las autoridades responsables se abstengan de omitir los pagos subsecuentes de su pensión; sin embargo, al respecto es dable acotar que tal eventualidad no puede ser objeto de análisis en el presente sumario, dado que no existe certidumbre en torno a que las autoridades responsables vayan a desplegar una conducta omisa en lo futuro, en lo relativo al pago de la pensión que deba dispensarse a la parte quejosa; de ahí, que resulte intrascedente tal planteamiento para lo determinado en este biinstancial, en el que el reclamo substancial que causaba un perjuicio a la agraviada, cesó en sus efectos por actuación de las propias responsables; de modo que, en caso de materializarse en lo futuro alguna omisión por parte de éstas, la agraviada estará en aptitud de ejercer su derecho en esta vía constitucional. Se cita al respecto, por consubstancialidad en lo conducente, la tesis del Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito, visible en la página 16, Semanario Judicial de la Federación. Volumen 181-186, Sexta Parte, con registro de localización 249048, de rubro y texto siguientes: "ACTOS FUTUROS E INCIERTOS. De acuerdo con la jurisprudencia definida de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, no procede conceder el amparo cuando se reclaman actos futuros e inciertos, situación que se contempla cuando el quejoso aduce como motivo de su demanda de amparo la factibilidad de que su contraparte pueda promover un embargo precautorio para garantizar las prestaciones reclamadas, caso en el cual estima que se afectaría el inmueble de su propiedad, circunstancia que no puede considerarse ni como probable ni como inminente, por lo que será sólo cuando se presente esa situación, el momento idóneo para impugnarla y no a través de este amparo." Audiencia constitucional sin efectos. En mérito de lo expuesto, se deja sin efectos la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional en este juicio. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de Juzgado relativo al registro de juicios de amparo, así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese; por oficio a las autoridades responsables, personalmente a la quejosa y por lista a la representación social federal. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante María Guadalupe Noriega Vega, secretaria que autoriza y da fe. Doy fe. Prueba documental. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por ofrecida la documental que acompaña, a la cual se otorga pleno valor probatorio, en términos de lo establecido en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, de las que se desprende la actualización de una causa de sobreseimiento del juicio. Sobreseimiento fuera de audiencia -Cesación de efectos del acto reclamado- Ahora bien, de las manifestaciones vertidas por el encargado del despacho de la Subdirección de Finanzas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales del Estado de Sonora, y la documental anexa a su oficio de cuenta, se observa que en el caso, se actualiza de manera notoria, manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." El precepto normativo expone que el juicio de amparo es improcedente con motivo de la cesación de los efectos respecto de los actos por los cuales se haya ejercido la acción constitucional. En relación con el motivo de improcedencia que se menciona, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado en el sentido que para la actualización de dicha causa no basta que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que es necesario que, aún sin hacerlo, destruya la totalidad de sus efectos de forma tal, que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Esto es, como si el acto de autoridad nunca hubiera irrumpido en la esfera jurídica del gobernado, o que habiéndolo hecho, no deje alguna huella, toda vez que la justificación de esta causa de improcedencia de la acción constitucional de garantías, radica en la ociosidad de analizar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos y que además, no dejó huella en la esfera de derechos del particular, que amerite ser borrada por la protección de la Justicia Federal. Lo anterior se encuentra establecido en la jurisprudencia 2a./J. 59/99, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En la especie, se precisa que los actos reclamados por la quejosa se hacen consistir esencialmente en la omisión de las autoridades responsables de cumplir en tiempo y forma con el pago de la pensión a que tiene derecho la peticionaria de amparo, conforme a lo dispuesto por la Junta Directiva del referido instituto, en específico el relativo al mes de noviembre de dos mil veintiuno. Ahora bien, de las constancias que el instituto responsable anexó a su demanda, se advierte que mediante pago de nómina vía transferencia bancaria efectuada el veintidós de noviembre de dos mil veintiuno, el subdirector de Finanzas del instituto responsable cubrió el pago de pensiones reclamado por el aquí quejoso. En ese orden de ideas, si la afectación aducida por el impetrante de amparo radicaba en la omisión de que la citada pensión no se pagó el día precisado en el calendario de pagos señalado Junta Directiva del multicitado instituto, lo cierto es que, como se destacó, dicha pensión le fue cubierta el veintidós de noviembre del presente año, por lo que es inconcuso que a la presente fecha le fue restituido el derecho vulnerado. En consecuencia, resulta evidente la actualización de la causa de improcedencia aludida, toda vez que con el actuar de la responsable las cosas quedaron a favor de la quejosa, tal como si se hubiera otorgado la protección constitucional solicitada, lo que torna improcedente su estudio por esta vía. De esta forma, lo que procede es sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto en la fracción XXl del artículo 61, en relación con la diversa V del numeral 63, de la Ley de Amparo. Sustenta la anterior determinación, la jurisprudencia 2a./J.10/2003, cuyo rubro dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." Finalmente, no se soslaya por parte de este juzgador, que el peticionario de amparo, en su demanda hace manifestaciones en el sentido de que las autoridades responsables han sido reincidentes en pagar en tiempo y forma la pensión a que tiene derecho como pensionado del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, por lo que, se exhorta a las autoridades responsables, que se ajusten a los plazos que se pactaron por la Junta Directiva del consabido instituto para el pago de las referidas pensiones, pues de lo contrario, se haría patente que el resarcimiento en el pago de la pensión de la aquí quejosa, tuvo como única finalidad provocar el sobreseimiento del juicio, para posteriormente continuar con la violación constitucional reclamada -el pago tardío de la pensión de que se dolía la quejosa-, lo que pudiera actualizar los elementos del delito previsto en el artículo 262, fracción II, de la Ley de Amparo. Con base en lo anterior, tampoco se soslaya que la parte quejosa se refiere también a la petición consistente en que las autoridades responsables se abstengan de omitir los pagos subsecuentes de su pensión; sin embargo, al respecto es dable acotar que tal eventualidad no puede ser objeto de análisis en el presente sumario, dado que no existe certidumbre en torno a que las autoridades responsables vayan a desplegar una conducta omisa en lo futuro, en lo relativo al pago de la pensión que deba dispensarse a la parte quejosa; de ahí, que resulte intrascedente tal planteamiento para lo determinado en este biinstancial, en el que el reclamo substancial que causaba un perjuicio a la agraviada, cesó en sus efectos por actuación de las propias responsables; de modo que, en caso de materializarse en lo futuro alguna omisión por parte de éstas, la agraviada estará en aptitud de ejercer su derecho en esta vía constitucional. Se cita al respecto, por consubstancialidad en lo conducente, la tesis del Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito, visible en la página 16, Semanario Judicial de la Federación. Volumen 181-186, Sexta Parte, con registro de localización 249048, de rubro y texto siguientes: "ACTOS FUTUROS E INCIERTOS. De acuerdo con la jurisprudencia definida de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, no procede conceder el amparo cuando se reclaman actos futuros e inciertos, situación que se contempla cuando el quejoso aduce como motivo de su demanda de amparo la factibilidad de que su contraparte pueda promover un embargo precautorio para garantizar las prestaciones reclamadas, caso en el cual estima que se afectaría el inmueble de su propiedad, circunstancia que no puede considerarse ni como probable ni como inminente, por lo que será sólo cuando se presente esa situación, el momento idóneo para impugnarla y no a través de este amparo." Audiencia constitucional sin efectos. En mérito de lo expuesto, se deja sin efectos la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional en este juicio. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de Juzgado relativo al registro de juicios de amparo, así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese; por oficio a las autoridades responsables, personalmente a la quejosa y por lista a la representación social federal. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante María Guadalupe Noriega Vega, secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
- Incidental
Único. Se concede la suspensión definitiva a Martha Leticia Rendón Olguín, respecto a los actos indicados en el apartado II, reclamados a las autoridades precisadas en el considerando III, para los efectos expuestos en el apartado V de esta resolución. 54. Notifíquese; por oficio a las autoridades responsables y por lista a las demás partes. 55. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante María Guadalupe Noriega Vega, secretaria que autoriza y da fe. Doy fe
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, diez de diciembre de dos mil veintiuno. 1. Recepción de demanda. Visto el oficio firmado por el secretario adscrito al Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad, mediante el hace del conocimiento que ese órgano judicial declinó el turno para conocer del juicio de amparo 1452/2021, de su índice, promovido por Martha Leticia Rendón Olguín, contra el acto reclamado al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad, y otra autoridad; lo anterior, al estimar que este juzgado conoció del diverso juicio de amparo 1060/2021, promovido por la citada quejosa y otros, contra el acto que emerge de la misma omisión de pago de pensión que dio origen al asunto que remite el órgano judicial declinante. Regístrese bajo el número que le corresponda en el libro uno de Juzgado relativo a registro de juicios de amparo y acúsese recibo de estilo de los autos originales del mencionado juicio de amparo del índice del homólogo federal, para los efectos legales a que haya lugar. 2. Se acepta el turno propuesto. Una vez revisada la demanda y las constancias que integran los autos, este juzgador conviene con el criterio de la jueza de mérito, por lo cual, con apoyo en el artículo 48 de la Ley de Amparo, se acepta el turno planteado y se avoca al conocimiento de la demanda. 3. Audiencia constitucional. Se fijan las diez horas con cuarenta y cuatro minutos del veintiuno de enero de dos mil veintidós, para llevar a cabo la audiencia constitucional en este juicio. Se comunica a las partes que podrán comparecer a la celebración de la audiencia mediante escrito, videoconferencia o presencialmente -previa solicitud del código QR, el cual puede ser generado a través del sistema de "Agenda OJ" disponible en el Portal de Servicios en Línea-. 4. Informes justificados. Con fundamento en los artículos 115 y 117 de la Ley de Amparo, se solicita a las autoridades señaladas como responsables rindan su informe justificado, lo que deberán hacer dentro del plazo de quince días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, enviando adjunto a dicho informe copia certificada, completa y legible de las constancias que sirvan de apoyo. Se proporciona el correo institucional 1jdo5cto@correo.cjf.gob.mx a efecto de que haga llegar su informe o cualquier comunicación dirigida al órgano. 5. Apercibimiento a las autoridades responsables. Apercíbaseles que de no cumplir con lo anterior en el lapso fijado, además de presumirse cierto el acto que se les reclama, con fundamento en los artículos 117, párrafo cuarto, y 260, fracción II, de la Ley de Amparo, y los artículos transitorios primero, segundo y tercero, del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, que reformó y adicionó diversos dispositivos del texto constitucional en materia de desindexación del salario mínimo, se les impondrá en la sentencia que se dicte, multa de cien unidades de medida de actualización. 6. Requerimiento a las autoridades. Requiéraseles a las autoridades señaladas como responsables para que, al momento de rendir sus informes con justificación, comuniquen si la parte quejosa ha tramitado diverso juicio de amparo en contra del mismo acto reclamado; asimismo, para que tan pronto como ocurra una causa notoria de sobreseimiento o hayan cesado los efectos del acto combatido, así lo haga saber a este juzgado; apercibidas que de no hacerlo, de conformidad con los artículos 237, fracción I y 259, de la Ley de Amparo, se les impondrá una multa de cincuenta unidades de medida de actualización. 7. Prevención a las autoridades. En caso de que las autoridades se nieguen a recibir un oficio de notificación, se tendrá por hecha la misma, debiendo el actuario adscrito levantar una razón sobre el particular. 8. Herramientas de comunicación. Se pone a disposición de los justiciables para entablar comunicación sobre cuestiones no procesales -sólo se atenderán consultas relativas a organización, horarios, lineamientos de trabajo y temas análogos, esto es, no se brindará información sobre el estado procesal de los asuntos- con el órgano en el teléfono institucional (662) 108 2100, extensión 1018. 9. Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. Conforme al artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo, dese al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le compete. 10. Emplazamiento. Debido a la naturaleza del acto reclamado se estima que no existe parte tercera interesada. 11. Información de contacto. En apego al artículo 23, fracciones I y III, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazo y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia sanitaria por COVID-19, se requiere a las partes para que proporcionen una dirección de correo electrónico y número telefónico. 12. Incidente de suspensión. Tramítese por duplicado el incidente de suspensión por así haberse solicitado. 13. Acceso al expediente electrónico y notificaciones electrónicas. Con fundamento en los artículos 35, 36, 37, 38, 39, 55, 57 y 58, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todo los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, y artículo 26, fracción IV de la Ley de Amparo, se autoriza al usuario "MEC88", el acceso al expediente electrónico para su consulta, así como para recibir notificaciones vía electrónica. Ilustra lo anterior el criterio I.1o.P.34 K (10a.), con registro de rubro: "NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS EN EL JUICIO DE AMPARO. SUSTITUYEN A CUALQUIERA DE LAS EFECTUADAS POR LAS VÍAS TRADICIONALES (PERSONALES, MEDIANTE OFICIO Y POR LISTA), POR LO QUE EL ÓRGANO DE AMPARO DEBE PRACTICAR TODA CLASE DE COMUNICACIÓN CON LA PARTE QUE ASÍ LO DESIGNE, ÚNICAMENTE POR ESE MEDIO." En este apartado, debe precisarse que no se soslaya el señalamiento que realiza la parte promovente, en el sentido de proporcionar domicilio para oír y recibir notificaciones; sin embargo, dígasele que no es jurídicamente factible establecer dos vías para que le notifiquen las determinaciones dictadas en el presente sumario, a saber, a) las que pueden hacerse personalmente en el domicilio señalado para tal fin; y, b) la vía electrónica, al haber señalado el usuario de referencia, pues ello generaría incertidumbre en el adecuado trámite y sustanciación del presente juicio de derechos, ya que precisar las dos vías para esos fines, podría derivar en que tuvieran que hacerse dos o más cómputos de términos o plazos para una misma parte procesal, en la medida en que las notificaciones "tradicionales" y "especial" -electrónica- surten efectos de manera distinta, de conformidad con el artículo 31 de la ley de la materia. Además, atendiendo a la pandemia generada por el virus SARS-CoV2 subsiste como un peligro para la salud de todas y todos, se toman en cuenta las diversas medidas de sana distancia establecidas en el acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para atender dicha emergencia sanitaria, emitido por la Secretaria de Salud y publicado por el Diario Oficial de la Federación, el treinta y uno de marzo de dos mil veinte, razón por la cual debe privilegiarse la actuación vía electrónica, a fin de evitar el contacto persona-persona, lo que implica, entre otras cuestiones, la sana distancia entre los intervinientes, con el fin de mitigar el brote y propagación del virus. 14. Autorizados. En cuanto a las persona que menciona en su demanda la parte quejosa, se autoriza en términos del párrafo primero del artículo 12 de la Ley de Amparo, siempre y cuando tengan su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; en caso contrario, se autoriza sólo para el efecto de recibir notificaciones e imponerse de los autos, atento a lo que se prevé en el segundo párrafo del precepto legal citado. 15. Pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas las documentales que anexa al escrito de demanda, así como la prueba presuncional legal y humana y, la instrumental de actuaciones, sin perjuicio de hacer relación de ellas en el momento procesal oportuno. 16. Presentación de documentos o valor. En el supuesto de que el órgano requiera por la exhibición físicamente de un documento o valor, las partes podrán presentarlo ante la Oficialía de Partes Común, salvo que elijan agendar una cita para hacerlo directamente, en cuyo caso será su responsabilidad cumplir el requerimiento dentro del plazo establecido. 17. Comunicación a las autoridades responsables de cuáles resoluciones se les notificará por oficio. En términos de la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J. 176/2012 (10a.), se hace del conocimiento de las autoridades responsables, que únicamente serán notificadas por oficio las determinaciones que por su importancia deban atenderse las reglas de aquellas que deban ser personales (admisión o ampliación de demanda, sentencia definitiva, recursos, requerimientos y determinaciones que por su trascendencia se deban hacer de su conocimiento mediante oficio que se envíe al tribunal de su adscripción), y las restantes serán notificadas por medio de lista que se fije en los estrados de este juzgado. 18. Autorización a los actuarios adscritos. Con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios judiciales adscritos realicen las notificaciones personales que se ordenen para el adecuado despacho de los asuntos, incluyendo emplazamientos a cualquiera de las partes en el presente juicio de amparo y para que entreguen los oficios que deriven de este expediente. 19. Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Suprímase en la versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con apoyo en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ello sin perjuicio del derecho que puedan hacer valer las partes al respecto. 20. Expediente electrónico. Con fundamento en el artículo 3, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, se instruye a la secretaria encargada del expediente, para efectos de que, en términos de la normativa establecida por el Consejo de la Judicatura Federal, se digitalicen todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones y toda información relacionada con el presente asunto; asimismo, en caso de que las promociones y documentos se presenten en forma electrónica se proceda a su impresión para ser incorporada al expediente físico. 21. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 192 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, que determina el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, se ordena a la secretaría que, en su oportunidad, capture la sentencia que se dicte en el presente juicio y, a fin de corroborar que se llevó a cabo lo anterior, agregue la constancia que así lo acredite al expediente en que se actúa. 22. Exhortación a las partes. Se exhorta a las partes para que transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea, lo anterior, en cumplimiento al artículo 28 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS-CoV2. 23. Compensación de carga de labores. Mediante oficio comuníquese al jefe de Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, de esta ciudad, la recepción de la demanda de amparo de cuenta, adjuntándole copia simple de la misma, a fin de que proceda a realizar el registro y compensación correspondiente, para equilibrar las cargas de trabajo en los órganos jurisdiccionales de esta ciudad. Notifíquese; por oficio a las autoridades responsables, al homólogo declinante y a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad y personalmente a la parte quejosa y al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Juan de Dios Velasco Romero, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.
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