Martha Leticia Ponce Teran
Expediente 1528/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 4 actuaciones registradas, la última del 26 de octubre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1528/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 26/10/2018
Partes del expediente
- Martha Leticia Ponce Teran
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede de la que se desprende que mediante proveído en el que se ordenó el archivo del presente cuaderno, se calificó como susceptible de destrucción en términos del punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, esto es, para que se conserve en el archivo reciente de este Juzgado por el término de tres años; en tal virtud, con fundamento en el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se regulariza el procedimiento para el único efecto de dejar insubsistente la temporalidad del destino archivístico otorgado al presente asunto, y se provee: Toda vez que el presente cuaderno esta como considerado como cuaderno auxiliar; con fundamento en el punto segundo, fracción XX, y vigésimo fracción I, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se declara que el presente cuaderno es susceptible de DESTRUCCIÓN y carece de relevancia documental; destrucción que deberá realizarse dentro del término de seis meses contados a partir de esta fecha, al haberse determinado que a este órgano jurisdiccional no le corresponde el conocimiento del asunto. Hágase la anotación en la carátula.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio signado por el Juez Sexto de Distrito en La Laguna, Coahuila, mediante el cual acusa recibo del juicio de amparo en que se actúa; asimismo, informa que aceptó la competencia del presente asunto, quedando registrado bajo el número 1629/2017, de su índice; por tanto, háganse las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno, del conocimiento de las partes y archívese el presente asunto como totalmente concluido. Acúsese recibo. Por otra parte, y toda vez que ya se ordenó el archivo en el párrafo que antecede, en consecuencia, con fundamento en el punto décimo primero, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los Expedientes Generados en los Juzgados de Distrito, remítase dentro del término de tres años el presente juicio al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por conducto de la Administración Regional, con sede en esta ciudad, para efectos de su DESTRUCCIÓN, con fundamento en el artículo vigésimo primero. Hágase saber a las partes que una vez transcurridos dichos años de archivado el asunto, se desintegrarán materialmente la totalidad de las constancias que obran en este expediente, por lo que, en su caso, deberá comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. En la inteligencia de que el expediente en que se actúa, NO SE CONSIDERA DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, al no ubicarse en ninguno de los supuestos que se señalan en el último párrafo del artículo Vigésimo Primero del Acuerdo de mérito....III
- Principal
Agréguese a los autos el escrito signado por Martha Leticia Ponce Terán, a través del cual cumple con la prevención de diecisiete de noviembre de dos mil diecisiete; en tal virtud, al efecto se provee lo siguiente: INCOMPETENCIA Este Juzgado Quinto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro, no es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 37, de la Ley de Amparo en vigor, como se expone a continuación. A fin de efectuar el pronunciamiento respectivo, en principio, es pertinente establecer el contenido de los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." "Artículo 48. Cuando se presente una demanda de amparo ante juez de distrito o tribunal unitario de circuito y estimen carecer de competencia, la remitirán de plano, con sus anexos, al juez o tribunal competente, sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión del acto reclamado, salvo que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales." Del análisis del precepto en cita se obtienen tres reglas básicas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo, reglas que para una mejor comprensión técnica se puntualizan a continuación en el orden siguiente: a) En el último párrafo del precepto en comento se establece la regla consistente en que cuando la resolución reclamada en el juicio de amparo no requiera de ejecución material, es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Como se observa, en este supuesto, basta con la presentación del escrito de demanda, ante un juzgado respectivo, para que éste sea el que naturalmente conozca del juicio de amparo. b) La segunda regla se encuentra contenida en el primer párrafo del señalado numeral, la que se caracteriza porque con independencia del lugar en el que radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del Juez de Distrito consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, lo cual obviamente presupone que dicho acto es de aquellos que después de su emisión, por su índole, requieren de ejecución por parte de una autoridad diversa a la ordenadora. c) La tercera previsión normativa, más que una regla diversa en cuanto a la temática en análisis, constituye más bien un matiz de la segunda regla, ya que sobre el mismo criterio para la determinación de la competencia del correspondiente Juez de Distrito, a que se ha hecho alusión en el inciso precedente, se establece que en el caso de que el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, cualquiera de los Jueces Federales de esas jurisdicciones, que haya prevenido, será el competente para conocer de la demanda de amparo. Ahora, conviene precisar que para fijar la competencia de un Juez de Distrito, para conocer de un juicio de amparo, es preciso atender a la naturaleza del acto reclamado; es decir, si éste es meramente declarativo, si por el contrario, requiere de ejecución material, o bien, si la demanda de amparo contiene actos de ambos tipos para luego de ello, seguir las reglas que establece el artículo 37, de la Ley reglamentaria invocada. De ahí que sea procedente determinar si el acto reclamado de tipo jurisdiccional es de carácter declarativo o ejecutivo, para efectos de estar en posibilidad de examinar cuál de las reglas contenidas en el artículo 37, de la Ley de Amparo, resulta aplicable a efecto de establecer la competencia respectiva. Por "ejecución", se ha entendido aquella actividad de adecuación del entorno fáctico a la exhortación judicial; la actividad del órgano jurisdiccional tendente a dejar las cosas en el sitio en que se encontrarían de no haber existido incumplimiento. En otras palabras, la fuerza ejecutiva constituye la posibilidad que tiene un Juez de poner en marcha un aparato coactivo capaz de llevar a efecto los términos de sus resoluciones, incluso prescindiendo de la voluntad del obligado. Por lo que, una decisión jurisdiccional implica un principio de ejecución material cuando, ante el incumplimiento del obligado, sea necesaria la realización efectiva del mandato jurídico, a través de un conjunto de actos judiciales dirigidos a ese fin, a efecto de que lo ordenado por el juzgador encuentre lugar en la realidad. Asimismo, respecto de actos que no tienen ejecución, debe entenderse por aquellos que no conllevan la realización de una obligación de hacer o dar, sino sólo constituyen un pronunciamiento meramente declarativo que ocasiona que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran, es decir, dichos actos jurisdiccionales, per se, no requieren de una actuación posterior que los complemente y, por tanto, carecen de ejecución material. Sustenta a lo anterior, la tesis VII.2o.T.5 K (10a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 20, Julio de 2015, Tomo II, número de registro 2009622, visible en el la página 1663, que dice: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS QUE POR SU NATURALEZA NO REQUIEREN EJECUCIÓN MATERIAL PARA SURTIR SUS EFECTOS. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO QUE PREVINO EN EL CONOCIMIENTO DEL ASUNTO. Los actos reclamados consistentes en acuerdos en los que se tenga parcialmente por no interpuesta una demanda laboral, desechen pruebas, o nieguen la posibilidad de acordar favorable una petición del promovente, por su naturaleza, no requieren ejecución material por la autoridad para que surtan sus efectos; es decir, que tales actos no conllevan la realización de una obligación de hacer o dar, sino un pronunciamiento meramente declarativo que ocasiona que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran; así, dichos actos jurisdiccionales, per se, no requieren de una actuación posterior que los complemente y, por tanto, carecen de ejecución material, lo cual finca competencia al Juzgado de Distrito que previno en el conocimiento del asunto, de conformidad con el tercer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, que establece que cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, es competente el órgano en cuya jurisdicción se presentó la demanda." En el caso, la parte quejosa reclama: El ilegal emplazamiento que le fue realizado en los autos del juicio especial hipotecario 158/2016, del índice del Juzgado Cuarto de Primera Instancia Civil del Distrito Judicial de Torreón, Coahuila, el cual culminó con el dictado de la sentencia de dieciséis de junio de dos mil dieciséis; así como la ejecución a dicha sentencia; por tanto, se trata de actos de tipo ejecutivo. Lo anterior es así, ya que los actos reclamados fueron ejecutados en un distrito judicial diverso al cual ejerce competencia territorial este Juzgado de Distrito, ello en virtud de que la orden de emplazamiento de la que se duele la parte quejosa fue ordenada y ejecutada en Torreón, Coahuila; asimismo, la sentencia emitida en dicho juicio tuvo o es probable que tenga ejecución en el mismo lugar, aunado a que la que quejosa bajo protesta de decir verdad refirió que en dicho lugar es donde se han desplegado los actos de ejecución derivados de los actos reclamados, ya que inclusive refirió que el juicio natural se encuentra en fase de ejecución; de igual modo, manifestó que en esta entidad no han tenido ejecución los actos reclamados y tampoco señalo alguna autoridad ejecutoria con residencia en esta ciudad de Querétaro. Orienta a lo anterior, la tesis I.15o.A.41 K, emitida por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, novena época, Tomo XXXIII, Marzo de 2011, materia común, número de registro 162635, visible en el la página 2288, que dice: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN EL QUE SE RECLAMA UN ACTO SUSCEPTIBLE DE EJECUTARSE. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE VINCULE LA EJECUCIÓN, CON INDEPENDENCIA DE QUE ÉSTA NO SE RECLAME. Del examen de lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley de Amparo se desprenden dos reglas básicas para determinar a qué Juez de Distrito corresponde conocer de un juicio de amparo indirecto, distinguidas por la existencia o inexistencia de la ejecución material del acto reclamado. La primera pondera la actualización de una ejecución e indica que será competente el Juez en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; pero precisa que si el acto ha comenzado a ejecutarse en un distrito y sigue ejecutándose en otro, cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, a prevención, deberá conocer. La segunda, parte de la premisa de que el acto reclamado no requiere ejecución material, hipótesis en la que señala como competente al juzgador en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. Ahora bien, la interpretación teleológica de esas reglas pone de manifiesto que fue voluntad del legislador que se atienda a la facilidad con que cuenta el agraviado para ocurrir al Juez de amparo del lugar en que deba tener ejecución el acto reclamado, poniendo a su alcance un medio eficaz para dilucidar sobre la violación a sus garantías. Por tales razones, ante un acto susceptible de ejecutarse debe aplicarse aquella primera regla para definir la competencia a favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción se vincule la ejecución, a pesar de que ésta no se reclame o no se impugne por vicios propios, pues la observancia de esa norma resulta acorde con la finalidad legislativa enunciada; además, el precepto legal no condiciona su observancia a la reclamación de la ejecución y, en todo caso, la competencia del juzgador de garantías no puede subordinarse a la voluntad del quejoso de impugnar o no la ejecución, pues una vez fijada la naturaleza del acto reclamado y establecida la consideración referente a si requiere ejecución material o no, se está en posibilidad de determinar la competencia de mérito." En ese contexto, al tenor de lo establecido por el artículo 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo en vigor, este Juzgado de Distrito estima no ser legalmente competente, en razón del territorio, para conocer de la demanda de amparo de que se trata, por lo que en términos del artículo 48 del mismo ordenamiento, se declina dicha competencia a favor del Juez de Distrito en turno en La Laguna, con residencia en Torreón, Coahuila, quien conforme al Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el quince de febrero de dos mil trece, ejerce jurisdicción en el lugar donde se ejecutaron, se están ejecutando, o deben ejecutarse los actos reclamados. Sin que en el caso sea necesario pronunciarse sobre la suspensión de los actos reclamados, en virtud de que no se está ante los supuestos de procedencia de la suspensión de oficio, pues no se reclaman actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación, expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas, incorporación forzosa las fuerzas armadas, algunos de los actos prohibidos del artículo 22 de la Constitución Federal, actos puedan tener por efecto privar total o parcialmente propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal u otro alguno que de llegar a consumarse haría físicamente imposible restituir al quejoso en el goce del derecho reclamado. CUADERNO DE ANTECEDENTES En consecuencia, previa formación del cuadernillo de antecedentes respectivo, remítase la demanda de amparo que nos ocupa así como sus anexos, al Juzgado de Distrito antes precisado, para los efectos legales a que haya lugar; solicitando atentamente el acuse de recibo respectivo. Notifíquese personalmente Así proveyó y firma Oscar Palomo Carrasco, Juez Quinto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro, ante el Secretario Asdrúbal Vargas Romero, que autoriza y da fe. Zeus*
- Principal
Agréguese a los autos el oficio signado por la Coordinadora de Gestión Jurídico Administrativa interina Adscrita al Sistema Penal Acusatorio y Oral del Distrito Judicial de Cadereyta de Montes, Querétaro, y anexo, mediante al cual, en cumplimiento al auto dictado el nueve de octubre de dos mil diecisiete, remite la constancia de notificación realizada al Coordinador de la Fiscalía de Acusación en Cadereyta de Montes, Querétaro, respecto de la sentencia de veintidós de agosto de dos mil diecisiete, dictada en el presente asunto; lo anterior para los efectos legales a los que haya lugar. Por otra parte, intégrese al presente sumario el escrito signado por **** , autorizado de la parte quejosa en términos restringidos; atendiendo a su contenido, dígasele que no ha lugar a acordar de conformidad su petición, en virtud de que la autorización con la que cuenta es únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos, no así para realizar promociones dentro del presente juicio; lo anterior de conformidad con el artículo 12, en relación con el diverso 24 de la Ley de la materia....III
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