Martha Leticia Morales Alaníz
Expediente 931/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 8 actuaciones registradas, la última del 30 de julio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 931/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 30/07/2018
Partes del expediente
- Martha Leticia Morales Alaníz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, TREINTA DE JULIO DE DOS MIL DIECIOCHO. Vista la certificación que antecede, se desprende que dentro del plazo de diez días que prevé el precepto 86 de la Ley de Amparo, no se interpuso medio de impugnación en contra de la resolución terminada de engrosar el veintinueve de junio de esta anualidad (fojas 48 a 57), misma que sobreseyó en el presente juicio de garantías; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los numerales 355 y 356, fracción II, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de la materia, por disposición expresa en su precepto 2°, se declara que la misma ha CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales a que haya lugar. Por otro lado, toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el arábigo 214 de la Ley en cita, se ordena el archivo definitivo de este expediente como totalmente concluido; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Ahora bien, en acatamiento al Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se concluye que el presente expediente es destruible en la forma y términos indicados en el propio Acuerdo General. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción II, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio de garantías se sobreseyó y carece de relevancia documental; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es susceptible de destrucción. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que el mismo no se tramitó.
- Principal
SE RESUELVE. ÚNICO. SE SOBRESEE EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO.
- Principal
R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por *********, contra los actos reclamados al Gobernador Constitucional y Congreso del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, consistentes en la intervención en el proceso legislativo, en el ámbito de sus facultades, de los numerales 23, fracción XXIII, en relación con los numerales 11, 12 y 13, todos de la Ley de Ingresos para el Estado de Nayarit, ejercicio fiscal dos mil dieciocho y su aplicación atribuida al Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas, todos del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad; lo anterior, conforme a los razonamientos expuestos en el considerando cuarto de la presente resolución.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, CUATRO DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO. Vista la certificación que antecede, se desprende que no se interpuso medio de impugnación en contra de la sentencia de treinta de abril de dos mil dieciocho (fojas 113 a 127), dentro del plazo que prevé el ordinal 86 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los preceptos 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación citada en primer término, se declara que la referida resolución HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales a que haya lugar. En ese sentido, con fundamento en lo dispuesto por el ordinal 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la Junta Especial Número Sesenta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Nayarit, ambos con sede en esta ciudad, para que dentro del plazo de CINCO DÍAS, siguientes al en que reciba el oficio correspondiente, dé cumplimiento al fallo protector concedido. Por otra parte, en el presente asunto no se actualiza la hipótesis contenida en el dispositivo 192, párrafo tercero de la ley de la materia, en el sentido de requerir al superior jerárquico para que ordene a la responsable, a dar cumplimiento con la ejecutoria de amparo. Lo anterior es así, pues la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a ./J.36/2011 (10a.), determinó que las Juntas y Tribunales Laborales, no tienen superior jerárquico para efectos del cumplimiento de las sentencias de amparo, pues son organismos jurisdiccionales plenamente autónomos en el ámbito jurídico, que realizan funciones paralelas y análogas a las del Poder Judicial, por lo que están desvinculadas de su dependencia de origen con el Poder Ejecutivo, adquiriendo una absoluta autonomía en el ejercicio de su función jurisdiccional. Además, el superior jerárquico al que se refiere la Ley de Amparo, es al superior en materia jurisdiccional o judicial y no al superior en materia administrativa. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 36/2011 (10a.), pronunciada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página tres mil quinientos quince, libro IV, enero de dos mil doce, tomo 4, materia común, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que estatuye: "JUNTAS Y TRIBUNALES LABORALES. NO TIENEN SUPERIOR JERÁRQUICO PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. De los artículos 612, 617, fracción IV, 621 a 623 y 939 de la Ley Federal del Trabajo, así como de la evolución histórica de las Juntas y Tribunales Laborales deriva que para efectos del procedimiento previsto en el artículo 105 de la Ley de Amparo, relativo al cumplimiento de las ejecutorias protectoras de garantías, las referidas Juntas y Tribunales, al ser organismos jurisdiccionales plenamente autónomos en el ámbito jurídico, que realizan funciones paralelas y análogas a las del Poder Judicial, están desvinculados de su dependencia de origen con el Poder Ejecutivo, adquiriendo una absoluta autonomía en el ejercicio de su función jurisdiccional; es decir, ésta no se encuentra sometida a la potestad de autoridad alguna, porque ningún ente jurídico del Gobierno puede interferir en sus decisiones jurisdiccionales, ni sugerirles cómo han de resolver y cumplir, por lo que no tienen superior inmediato a quién requerirle que los conmine a cumplir con una ejecutoria de amparo." Apercibida que de no hacerlo sin causa justificada, con fundamento en el numeral 258 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa equivalente a cien valores diarios de la unidad de medida y actualización (en el entendido de que la cuantía de dicha unidad será la que tenga a la fecha del presente auto), de conformidad con lo dispuesto por el artículo 26, apartado B, párrafos sexto y séptimo constitucional, en relación con el segundo y tercer transitorio del Decreto que declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo. Se le hace del conocimiento que en el supuesto de que la ejecutoria de amparo no quede cumplida en el plazo fijado, este órgano jurisdiccional hará el pronunciamiento respectivo e impondrá las multas que procedan; asimismo, remitirá los autos al Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, en Turno, con sede en esta ciudad; en la inteligencia, de que si por algún motivo el Titular respectivo dejara el cargo que desempeña, seguirá teniendo responsabilidad, conforme lo prevé el ordinal 193 de la Ley citada.
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