Martha Leticia López Ruiz
Expediente 1964/2021 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 16 actuaciones registradas, la última del 27 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1964/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 27/02/2023
Partes del expediente
- Congreso del Estado de Jalisco
- Martha Leticia López Ruiz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Principal
De la certificación que antecede, se desprende que no se interpuso medio de impugnación contra la sentencia de veintiséis de mayo de dos mil veintidós, en la que se sobreseyó el presente juicio de amparo; en consecuencia, conforme lo dispuesto en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su arábigo 2°, se declara que ha CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales a que haya lugar. Archivo. Por otro lado, toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el arábigo 214 de la Ley de Amparo, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como totalmente concluido. III. Destino expediente principal. Con fundamento en el artículo 21 inciso a, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, así como en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal; se determina que el presente expediente es destruible. Se dice lo anterior con motivo de que se sobreseyó el presente juicio de amparo; por ende, una vez que transcurran más de tres años, contados a partir del presente proveído es susceptible de destrucción. En cuanto al original del incidente de suspensión es destruible una vez que transcurran más de tres años, contados a partir del presente proveído, dado que encuadra en el supuesto del arábigo 21, inciso c, del referido Acuerdo General, toda vez que la suspensión definitiva se negó a la parte quejosa; y, el duplicado es destruible una vez que transcurran seis meses de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a, del acuerdo precitado. Háganse las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes.
- Principal
veintiséis de mayo de dos mil veintidósRESULTANDO: PRIMERO. Presentación y datos de la demanda. Mediante escrito presentado el veinte de octubre de dos mil veintiuno y turnada a este Juzgado Decimocuarto Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, Martha Leticia López Ruíz, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra las autoridades y por los actos que en él precisó, y señaló como vulnerados los derechos fundamentales previstos en el artículo 16 de la Constitución Federal y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. SEGUNDO. Por no presentada. El treinta de noviembre de dos mil veintiuno, se tuvo por no presentada la demanda de amparo, previa prevención, misma que fue recurrida por la parte quejosa, la cual tocó conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, y en proveído de diecisiete de marzo de dos mil veintidós, se tuvo a la Superioridad declarando fundado dicho recurso. TERCERO. Admisión y trámite. El diecisiete de marzo de dos mil veintiuno, se admitió parcialmente la demanda únicamente por lo que respecta a los actos reclamados a Congreso, Gobernador y Director de Pensiones, todos del Estado de Jalisco; y registro de demanda con el número 1964/2021; se ordenó requerir a las autoridades responsables por su informe justificado; se dio vista al agente del Ministerio Público Federal adscrito; y, finalmente, tuvo verificativo la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este juzgado federal resulta competente para resolver el presente juicio, con fundamento en los artículos: 94, 103 y 107 de la Ley Fundamental; 1º, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 57 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y estos preceptos vinculados, a su vez, con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal2 y el diverso Acuerdo General 41/2018 del mismo cuerpo colegiado, que reforma y adiciona el similar 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; así´ como al acuerdo 41/2018, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo, entre otras cuestiones, al cambio de denominación y competencia de los Juzgados de Distrito en Materia Civil y los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan; por tratarse de un amparo en materia administrativa y reclamarse actos de autoridades residente en la jurisdicción de este órgano jurisdiccional. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. En términos del artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, a efecto de establecer qué es lo reclamado, se precisa que de la lectura integral de la demanda y del escrito aclaratorio, se advierte que lo es: 1. Gobernador y 2. Congreso del Estado de Jalisco. La elaboración, expedición, instrumentación y orden de publicación del decreto 28439/LXII/21, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Instituto de Pensiones de esta entidad federativa, publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco" el nueve de septiembre del año dos mil veintiuno, en su totalidad, así como el cuarto transitorio del decreto 22862/LVIII/09. 3. Director del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco: El inminente acto de aplicación del Decreto impugnado, lo que según refiere se traduce en la disminución del monto de su pensión que percibe como jubilada. Cabe precisar que, en el asunto a estudio, las modificaciones de los numerales 33, 39 y 70 del decreto reclamado, establecen la base de cotización de las aportaciones, así como el limite de jubilación de las pensiones, los cuales tienen estrecha vinculación con los numerales reclamados, los cuales se refieren a las facultades de la autoridad responsable de reducir las pensiones a los límites que disponen los dispositivos referidos. Lo anterior, tiene como consecuencia que el acto reclamado se analice en conjunto con lo que prevén los numerales 33, 39, 70 del decreto reclamado, pues constituyen un sistema normativo, tal como lo estableció la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 91/2018, de rubro y texto: "AMPARO CONTRA LEYES. EL JUZGADOR FEDERAL ESTÁ FACULTADO PARA INTRODUCIR EN SU SENTENCIA EL ANÁLISIS DE NORMAS QUE NO FORMARON PARTE DE LA LITIS, SIEMPRE Y CUANDO ESTÉN ESTRECHAMENTE RELACIONADAS CON LA MATERIA DE LA IMPUGNACIÓN, POR CONSTITUIR UN SISTEMA NORMATIVO. En atención a que la legislación de la materia y los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación establecen que el Juez de amparo debe fijar la pretensión fundamental del quejoso y resolver de manera congruente con ello, se considera que cuando el tema esencial de la litis vincula necesariamente el examen de otras disposiciones legales, en virtud de la íntima relación o dependencia que existe entre éstas, por constituir un sistema normativo, lo conducente es que el estudio de constitucionalidad comprenda las normas vinculadas estrechamente dentro del sistema de que se trate, aunque no hubieran sido señaladas expresamente por el quejoso en el escrito de demanda, habida cuenta que de ello depende la posibilidad de emitir un pronunciamiento que resuelva de manera íntegra y congruente lo reclamado, pues lo contrario implicaría una violación al derecho fundamental de administración de justicia completa, sin que ello implique que el juzgador federal pueda variar la litis al introducir al estudio normas -no reclamadas- que no correspondan con la pretensión fundamental del quejoso o que no estén vigentes al momento de la presentación de su demanda, ya que la materia de la impugnación es lo que permite sostener la existencia de una conexión entre diversas disposiciones legales, por contener elementos normativos que se complementan entre sí, lo cual justifica la necesidad de realizar un análisis integral de ese articulado que guarda estrecha relación. Este criterio no implica que quede al arbitrio del juzgador incluir actos no reclamados y que no estén vinculados con la litis, ya que cuando se hace referencia a "sistema normativo", se alude al conjunto de normas que regulan una figura jurídica particular y que están íntimamente relacionadas, de manera que ese sistema no pueda operar sin alguna de ellas." TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. No es cierto el acto reclamado al 3. Director del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, ya que asi´ lo manifestó al rendir su informe justificado; sin que la quejosa hubiere desvirtuado tal negativa, pues no allego´ medio de convicción idóneo para acreditar su certeza. En efecto, el apoderado general del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, en representación de dicha institución, al rendir su informe justificado negó los actos que se le atribuyen. Ello, pues refiere que el monto de la pensión que percibe la quejosa es inferior al límite establecido en el decreto reclamado, por lo que no se han aplicado dichas normas en su perjuicio y, consiguientemente, no ha sido disminuida su pensión. Sin que dicha negativa se encuentre desvirtuada en autos, sino que, por el contrario, se encuentra acreditado que la pensión que percibe el quejoso asciende a $32,814.88 (treinta y dos mil ochocientos catorce pesos 88/100 moneda nacional), con la documental que exhibió la autoridad responsable. Por tanto al no acreditarse en autos la existencia del acto reclamado del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio respecto de aquél. CUARTO. Existencia del acto reclamado. Son ciertos los actos reclamados al 1. Gobernador y 2. Congreso, ambos del Estado de Jalisco, ya que la primera así lo manifestaron al rendir su respectivo informe justificado. Aunado a que no media incertidumbre acerca de la existencia del decreto reclamado, debido a que el hecho de haberse difundido en el periódico oficial de esta entidad federativa, resulta suficiente para que la autoridad judicial este´ obligada a reconocer su certeza. Es aplicable al tópico, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tesis 2a./J. 65/2000, de la Novena Época, con número de registro 191452, visible a página 260, tomo XII, que es del tenor literal siguiente: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN.- Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo." Así como la tesis V.2o.214 K, de la Octava Época, con registro 209107, consultable dentro del Semanario Judicial de la Federación, en el tomo XV-1, febrero de 1995, y que es localizable a página 205, la cual se transcribe a continuación: "LEYES, NO SON OBJETO DE PRUEBA. Atento al principio jurídico relativo a que el Derecho no es objeto de prueba, no es necesario que se ofrezca como tal la publicación oficial de la ley que contiene las disposiciones legales reclamadas". QUINTO. Análisis de la procedencia del juicio. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, previo análisis que se haga de los conceptos de violación vertidos por el promovente, el órgano jurisdiccional debe analizar, de oficio, la procedencia del asunto, toda vez que se trata de una cuestión de orden público y de estudio preferente, lo aleguen las partes o no. En el caso, este resolutor considera que, con relación con el acto reclamado, se surte la hipótesis de sobreseimiento prevista por el numeral 63, fracción V, en virtud de que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en la medida de que el quejoso no acreditó su interés jurídico, como a continuación se demuestra. Para verificar la actualización de la causa de improcedencia actualizada, es menester establecer que la disposición mencionada, así como el artículo 5, fracción I, de la Ley de Amparo, establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5° de la presente ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia." "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1° de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. [.]" De conformidad con los artículos transcritos, el juicio de amparo es improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia. En ese aspecto, cabe destacar que la fracción I del artículo 107 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: I. Contra normas generales que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de su aplicación causen perjuicio al quejoso. [.]" De conformidad con el precepto citado, la procedencia del amparo contra normas generales que se estimen inconstitucionales implica, necesariamente, la distinción entre disposiciones legales que con su sola vigencia causen un agravio personal y directo a los particulares, de aquellos otros ordenamientos generales, imperativos y abstractos, que requieren de un acto concreto de aplicación que afecte la esfera jurídica de los gobernados, para poder determinar el momento oportuno de su impugnación. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido las bases para distinguir entre normas generales de naturaleza autoaplicativa y heteroaplicativa con base en los argumentos y fundamentos contenidos en la jurisprudencia de rubro y texto: "LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA. Para distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas conviene acudir al concepto de individualización incondicionada de las mismas, consustancial a las normas que admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento que entran en vigor, ya que se trata de disposiciones que, acorde con el imperativo en ellas contenido, vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. El concepto de individualización constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional, porque permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada; así, la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso comprende al acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal. De esta manera, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento." En el criterio se establecen los supuestos para la impugnación de ordenamientos generales atendiendo a su propia naturaleza; es decir, si por su sola entrada en vigor causan un perjuicio (autoaplicativas) o bien, si requieren de un acto de autoridad o alguna actuación equiparable que concrete la aplicación al particular de la disposición jurídica combatida (heteroaplicativas). Expuesto el sistema de impugnación de las normas en el juicio de amparo atendiendo a su naturaleza jurídica, debe ahora tratarse con mayor detalle la diferenciación existente entre una ley autoaplicativa y una heteroaplicativa porque, como se dijo, de esa especificación surge la oportunidad del gobernado para promover el juicio de amparo, en donde el particular agraviado requiere acreditar que esas normas afectan su esfera jurídica, ya sea porque con su entrada en vigor tal afectación se genere de inmediato, o bien, porque dichos efectos se hayan causado con motivo de un acto de aplicación, el cual puede provenir, generalmente, por la actuación de una autoridad, pero también de los propios particulares, si mediante estas conductas se vincula de modo necesario al solicitante del amparo con la prescripción legal combatida, por actualizarse sus supuestos. Así, las características de las leyes autoaplicativas son las siguientes: No requieren de un acto de ejecución para que se motive un perjuicio y pueda ejercitarse la acción constitucional de amparo; En virtud de su sola expedición causan perjuicio a la persona física o moral que sea sujeta de las obligaciones en ella contenidas, quedando obligada ésta a satisfacer la carga física correspondiente desde la fecha de su vigencia legal, sin necesidad de que se realice un acto posterior de autoridad para que se origine el mismo perjuicio o tenga lugar su actualización, pues se trata de una norma coercitiva; y Que por sí misma y desde el momento en que entra en vigor cause perjuicio, sin que se requiera, para ello, de la eficacia de un acto concreto del poder público administrativo. Mientras que las leyes heteroaplicativas: Se distinguen, porque obligan al gobernado al cumplimiento de obligaciones de dar, hacer o no hacer, mediante la actualización de un perjuicio que surge con un acto de su aplicación. Pueden reclamarse solo en una oportunidad a través del juicio de amparo indirecto, dentro del plazo de quince días siguientes al de su primer acto de aplicación. Esto es, solo puede cuestionarse su constitucionalidad ante la actualización de su primera aplicación concreta, explícita o implícita en perjuicio del gobernado, y no así con motivo de sus ulteriores aplicaciones; y Como se ve, la individualización de la norma es el principio que distingue su naturaleza jurídica pues, conforme a la jurisprudencia anteriormente reproducida, tal razón constituye un elemento de referencia objetivo, porque permite conocer si los efectos de la disposición legal combatida suceden en forma incondicionada o no. De esta forma, se tiene que cuando la individualización es incondicionada, las obligaciones contenidas en la norma general: Son inevitables desde que entran en vigor; Vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de la vigencia creando, transformando o extinguiendo situaciones concretas de derecho; Las obligaciones o cargas que imponen, nacen con el solo inicio de su vigencia; No se requiere de la actualización de alguna condición. En el otro supuesto, esto es, de normas de individualización condicionada, los deberes de hacer o no hacer impuestos por el legislador: Necesitan la ejecución de un acto para situar al gobernado en la hipótesis legal, que bien puede provenir de la autoridad o del mismo particular. No surgen de manera automática con su sola entrada en vigor, sino requieren un acto diverso que actualice el perjuicio, que puede ser de la autoridad, de un tercero o del propio quejoso. Luego, la ley tiene el carácter de autoaplicativa, cuando por su sola expedición es de observancia obligatoria y causa un perjuicio real que afecta la esfera jurídica del gobernado, sin que sea necesario un acto posterior de autoridad para que el gobernado se encuentre en la situación prevista en la norma, pues su sola vigencia lo obliga. Lo anterior, de conformidad con el siguiente criterio de jurisprudencia VI. 2º. J/112, página 107, de la materia común, octava época, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación, tomo VII, abril de 1991, de rubro y texto siguientes: "LEY AUTOAPLICATIVA. Para considerar una ley como autoaplicativa deben reunirse las siguientes condiciones: a) que desde que las disposiciones de la ley entren en vigor, obliguen al particular, cuya situación jurídica prevé, a hacer o dejar de hacer; y, b) que no sea necesario un acto posterior de autoridad para que se genere dicha obligatoriedad". Por el contrario, la ley es heteroaplicativa cuando el solo inicio de su vigencia no coloca al gobernado en la situación prevista por la norma, sino que exige un acto posterior de aplicación, ya sea de la autoridad o de un particular, para que se genere la afectación en la esfera jurídica del destinatario. Así, existe interés jurídico cuando el peticionario del amparo tiene una tutela jurídica regulada por determinados preceptos legales, que le otorgan los medios para lograr su defensa y la reparación del perjuicio irrogado por su desconocimiento o violación. En efecto, la hipótesis legal deriva como ya se dijo de lo previsto en la fracción I, del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de conformidad con el cual el juicio de amparo es un medio de control constitucional de los actos de las autoridades que se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduzca ser titular de un derecho o de un interés legítimo o individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la Constitución Federal y, con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico, supuesto que también se encuentra regulado en la fracción I del artículo 5° de la Ley de Amparo. Siendo entonces el juicio de amparo improcedente contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia, esto es, alude a normas de naturaleza heteroaplicativa. Previo a demostrar la actualización de la causa de improcedencia, es necesario determinar el carácter autoaplicativo o heteroaplicativo del "Decreto número 28439/LXII/21. En ese sentido, como se dijo, en el asunto a estudio, las modificaciones de los numerales 33, 39 y 70 del decreto reclamado, se analizaran en conjunto con el acto reclamado, pues constituyen un sistema normativo, tal como lo estableció la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 91/2018. Sobre esa base, conviene tener presente y, en el caso, insertar a continuación, los que por su redacción cobran importancia para resolver la presente instancia constitucional, los cuales son los siguientes: "NÚMERO 28439/LXII/21 EL CONGRESO DEL ESTADO DECRETA: SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL INSTITUTO DE PENSIONES Y DE LA LEY PARA LOS SERVIDORES JALISCO. ARTÍCULO PRIMERO. Se reforman los artículos 33 primer párrafo, 70 fracción II, 153 fracción XIX, se adiciona un párrafo sexto al artículo 39 y la fracción XX al 153; y se reforma el sexto párrafo del artículo Cuarto Transitorio del Decreto 22862/LVII/09, todos de la Ley del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, para quedar de la siguiente manera: Artículo 33. Quedan excluidos de la aplicación de la presente ley, las personas que presten sus servicios mediante contratos sujetos a la legislación común. [.] Artículo 39. [.] TABLA [.] La base de cotización para el pago de las aportaciones todas las plazas para cualquier afiliado, no deber ser mayor a 39 veces el valor de la unidad de medida y actualización elevado al mes. Artículo 70. [.] II. La pensión máxima total que se pague a una persona, independientemente de las plazas desempeñadas y del monto de los últimos salarios sobre los que se hayan cotizado, no podrá ser superior a treinta y nueves veces el valor de la unidad de medida y actualización elevado al mes. Artículo 153. El Consejo Directivo tendrá las siguientes atribuciones: [.] XIX. Modificar y reducir por causa de utilidad pública el monto de las pensiones, para adecuarlas a los términos y condiciones establecidos en los artículos 30 y 70 fracción Il del presente ordenamiento, siempre y cuando exista estudio actuarial que lo justifique y la medida no vulnere el derecho a una pensión digna, y XX. Las demás que le confieran las leyes y sus reglamentos, así como las que resulten inherentes a sus atribuciones. TRANSITORIOS DECRETO 22862/LVIII/09 ARTICULO CUARTO. [.] Todas las pensiones y prestaciones inherentes a las que se hayan otorgado bajo la vigencia del régimen de la Ley que se abroga pasarán a regirse por la legislación vigente bajo las condiciones establecidas presente ordenamiento. Lo anterior exclusivamente para los efectos de nivelar el monto conforme al tope establecido en el presente decreto. ARTICULO SEGUNDO. Se adiciona un párrafo segundo al artículo 64 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios para quedar como sigue: ARTÍCULO 64. [.] A su vez, cada uno de los ayuntamientos, al incorporarse al Instituto de Pensiones, deberá autorizar la firma un convenio con la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado y dicho Instituto para que de las participaciones estatales que les correspondan, se retenga mensualmente las aportaciones patronales que deberán de cubrir al Instituto. El incumplimiento a lo anterior será sancionado conforme a la Ley del Responsabilidades Políticas y Administrativas del Estado de Jalisco. TRANSITORIOS Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial "El Estado de Jalisco". Segundo. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto. Tercero. El Instituto de Pensiones del Estado tiene un plazo de treinta días hábiles, contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto para presentar al titular del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, los proyectos de reforma a las disposiciones reglamentarias del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco para adecuarlas al presente Decreto. Cuarto. Serán materia de modificación y reducción por causa de utilidad pública, las pensiones que a la entrada en vigor que señala el presente decreto se encuentren vigentes, así como las futuras que en términos del presente ordenamiento se otorguen bajo las condiciones que el presente decreto establece." Quinto. Las pensiones que excedan el monto establecido en el artículo 70 fracción II de la presente Ley, deberán modificarse de manera oficiosa para adecuarse al límite máximo estipulado. Una vez realizada la modificación, deberá reestructurarse todo crédito, préstamo y demás obligaciones que los pensionados tuvieran con el Instituto en caso de que excedan el porcentaje máximo de descuento. Sexto. El Consejo Directivo del Instituto de Pensiones del Estado tiene un plazo de noventa días hábiles para modificar y adecuar las pensiones vigentes al límite de cuantía establecido en el artículo 70 fracción Il de la presente legislación. Séptimo. La regularidad de las pensiones se mantendrá por lo que corresponde a su otorgamiento mensual, así como a los servicios médicos y prestaciones a ellas inherentes. Octavo. Las entidades públicas que incorporen a sus servidores públicos en razón de las modificaciones a los artículos 33 de la Ley del Instituto de Pensiones y 64 de la Ley para los Servidores Públicos, ambos ordenamientos del Estado de Jalisco, que se expiden en el presente decreto, deberán suscribir los convenios correspondientes con la Secretaria de la Hacienda Pública y el Instituto de Pensiones, a más tardar el 1 de enero de 2022. Noveno. Las entidades públicas dispondrán de un plazo de sesenta días naturales contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto, para dar cumplimiento al presente decreto en términos de la reforma que se aprueba al artículo 33 de la Ley del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, quedando sujeta la afiliación correspondiente a la aprobación de dicho Instituto con base en los requisitos que establece la presente Ley. Dicha afiliación no tendrá efectos retroactivos." De los preceptos anteriormente transcritos, se advierte, entre otras cosas, que la reforma es aplicable a todas aquellas personas pensionadas, a excepción de quienes presten sus servicios mediante contratos sujetos a la legislación común. La base de cotización para el pago de las aportaciones de todas las plazas para cualquier afiliado, no debe ser mayor de treinta y nueve veces el valor de la unidad de medida y actualización elevado al mes. Todas las personas y prestaciones inherentes a las que se hayan otorgado bajo la vigencia del régimen de la Ley que se abroga, pasarán a regirse por la legislación vigente bajo las condiciones establecidas. Lo anterior, exclusivamente para los efectos de nivelar el monto conforme al tope establecido en el presente decreto; por lo que, las pensiones que excedan el monto establecido deberán modificarse de manera oficiosa para adecuarse al límite máximo estipulado. En ese sentido, los enunciados normativos en comento se tratan de disposiciones de observancia general que, en esencia, modifican el marco jurídico que regula la base de cotización para el pago de las aportaciones y específicamente establece que ésta no debe ser mayor a treinta y nueve veces el valor de la unidad de medida y actualización elevado al mes, circunstancias que regirán en el futuro debiéndose modificar de manera oficiosa la pensión correspondiente. En consecuencia, se arriba a la conclusión de que el Decreto 28439/LXII/21, por el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Instituto de Pensiones y de la Ley para los Servidores Públicos, ambos ordenamientos del Estado de Jalisco, publicado el nueve de septiembre de dos mil veintiuno (que entró en vigor al día siguiente) es de naturaleza autoaplicativa y, por ende, la sola entrada en vigor de la norma mencionada afecta a aquellas personas que estén en el supuesto de la norma y, por ende, sufrirán un menoscabo a su esfera jurídica y patrimonial, por ello no se requiere de una condición para que sus efectos se materialicen en su perjuicio, esto es, no es indispensable un acto de aplicación en concreto. Sin embargo, a pesar de que la norma es de naturaleza autoaplicativa, para que la parte quejosa pudiera ser afectada por la norma es necesario que se demuestre la afectación a su interés jurídico, por tanto, era indispensable que demostrara que el monto de la pensión a que tiene derecho sobrepasa las treinta y nueve veces el valor de la unidad de medida y actualización elevado al mes. Ahora, de acuerdo la página de internet del INEGI (https://www.inegi.org.mx/temas/uma/), el valor de las UMA para dos mil veintiuno mensual es de $2,724.45 (dos mil setecientos veinticuatro pesos 45/100 moneda nacional), por lo que el límite de treinta y nueve veces establecido como máximo de base de cotización es de $106,253.55 (ciento seis mil doscientos cincuenta y tres pesos 55/100 moneda nacional). Por tanto, como se dijo, a fin de que la parte quejosa demostrara el perjuicio ocasionado a su esfera jurídica de derechos por la norma impugnada, debió de acreditar ubicarse en el supuesto de la norma impugnada, y por ende, la afectación en su esfera jurídica o patrimonio, en otras palabras, su interés jurídico; lo anterior, tomando en cuenta que la parte quejosa ofreció como pruebas documentales las siguientes: Copia del credencial del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, que bajo protesta de decir verdad señala que es idéntica a la original. Copia de una credencial para votar con fotografía expedida por el Instituto Nacional Electoral a favor de la quejosa y copia de credencial de pensionado. Medios de prueba señalados con el número 2, al carecer de la certificación respectiva, únicamente constituyen documentos simples carentes de fecha cierta y eficacia probatoria plena, por lo cual solo constituye un indicio y, como consecuencia, la solicitante de la tutela constitucional no acredita su interés para accionar el juicio de amparo. Apoya lo anterior, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Abril de 1998, página 213, que dice: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. LAS COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES, POR SÍ SOLAS, NO LO ACREDITAN. Conforme a lo dispuesto por el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, el valor probatorio de las fotografías de documentos, o de cualesquiera otras aportadas por los descubrimientos de la ciencia, cuando carecen de certificación, queda al prudente arbitrio judicial como indicios. Esta Suprema Corte, en diversas tesis de jurisprudencia, ha sostenido que el quejoso debe probar fehacientemente su interés jurídico, por ello debe estimarse que las copias fotostáticas sin certificación son insuficientes para demostrarlo, si no existe en autos otro elemento que, relacionado con aquéllas, pudiera generar convicción de que el acto reclamado afecta real y directamente los derechos jurídicamente tutelados del quejoso." Aunado a que, de la documental exhibida por la autoridad responsable, se desprende que el monto de la jubilación de la parte quejosa asciende a $32,814.88 (treinta y dos mil ochocientos catorce pesos 88/100 moneda nacional). De ahí que, el sueldo tabular de la quejosa es inferior al monto máximo y, por tanto, no causa a la quejosa una afectación desde su entrada en vigor, pues no se crea, transforma ni extingue ninguna situación concreta en dicho momento, sino que ello en todo caso dependerá de que la autoridad, con fundamento en dichos artículos, disminuya la base de cotización para el pago de sus aportaciones, caso en el cual, se situaría a la quejosa en la hipótesis legal. Por tanto, a fin de que la parte quejosa demostrara el perjuicio ocasionado a su esfera jurídica de derechos por la norma impugnada, debió de acreditar la materialización en su perjuicio de las normas reclamadas a través de las probanzas respectivas; sin embargo, no aportó algún medio de prueba idóneo y certero para demostrar que se ubica en el supuesto de la norma impugnada, y por ende, la afectación en su esfera jurídica o patrimonio, en otras palabras, su interés jurídico; lo anterior, tomando en cuenta que la parte quejosa ofreció tan solo diversas pruebas documentales en copia simple. Asimismo, es importante precisar que en el caso, no es aplicable la tesis de rubro: "LEYES AUTOAPLICATIVAS. NORMAS QUE ACTUALIZAN ESTA CALIFICATORIA SOBRE LA BASE DEL INTERÉS LEGÍTIMO" , lo anterior, dado que, en el caso, como se explicó, es una norma dirigida a ciertos particulares en específico, esto es, aquellos jubilados que tengan una pension mayor por lo que el límite de treinta y nueve veces establecido como máximo de base de cotización es de $106,253.55 (ciento seis mil doscientos cincuenta y tres pesos 55/100 moneda nacional), por lo que no genera afectacion o efectos en terceros, de ahí que, en el caso, no se podría alegar una afectación a un interés legítimo, sino jurídico, como se explicó anteriormente. En efecto, las normas autoaplicativas, en el contexto del interés legítimo, sí requieren de una afectación personal, pero no directa, sino indirecta, la cual puede suceder en tres escenarios distintos: a) Cuando una ley establezca directamente obligaciones de hacer o no hacer a un tercero, sin la necesidad de un acto de aplicación, que impacte colateralmente al quejoso -no destinatario de las obligaciones- en un grado suficiente para afirmar que genera una afectación jurídicamente relevante; b) Cuando la ley establezca hipótesis normativas que no están llamados a actualizar los quejosos como destinatarios de la norma, sino terceros de manera inmediata sin la necesidad de un acto de aplicación, pero que, por su posición frente al ordenamiento jurídico, los quejosos resentirán algunos efectos de las consecuencias asociadas a esa hipótesis normativa; y/o c) Cuando la ley regule algún ámbito material e, independientemente de la naturaleza de las obligaciones establecidas a sus destinatarios directos, su contenido genere de manera inmediata la afectación jurídicamente relevante. Por lo que, si en el caso, como se dijo, la norma está dirigida a ciertos destinarios, es decir, a aquellos pensionados que superen el limite que establece el numeral 70 del decreto impugnado, pues son precisamente, dichas pensiones las que serán reducidas, es que, en el caso, no hay afectación indirecta a terceros, como lo sería el quejoso, que solo demostró ser pensionado y no superar el limite citado. Sin que se soslaye que el artículo 153 fracción XIX, así como los transitorios cuarto y quinto, de la Ley del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, modificada en dicho acuerdo, dispongan las facultades de dicho instituto para modificar o disminuir las pensiones, dado que, ello no implica que exista una afectación a la parte quejosa, por el solo hecho de ser pensionado, sino que, debe recordarse que al constituir una unidad normativa que, como se explicó, se materializa en los numerales 39 y 70, en los que se determina la base de cotización y que las pensiones no pueden exceder de cierto límite -$106,253.55 (ciento seis mil doscientos cincuenta y tres pesos 55/100 moneda nacional)- es inconcuso que tales facultades van dirigidas a las personas que excedan de dicho limite por lo que su contenido no es abstracto sino que, se insiste, van encaminado a cumplir con las diversas disposiciones que preven la base y el límite que deben tener las pensiones. Conforme a lo expuesto, este órgano jurisdiccional considera que, en el presente caso, la quejosa no acreditó fehacientemente de encontrarse en el supuesto normativo en su perjuicio y, por ende, el interés jurídico necesario para la procedencia del juicio de amparo en cuestión. De ahí que sea de concluirse que, al actualizarse la causal de improcedencia previstas en el artículo 61, fracciones XII, de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el juicio de amparo, con apoyo en el arábigo 63, fracción V, del propio cuerpo normativo. Al actualizarse la causa de improcedencia, resulta innecesario estudiar las diversas causas de inviabilidad hechas valer por las autoridades responsables, dado que no de resultar fundadas no modificaría el sentido del presente fallo. Atento al sentido del presente fallo, resulta imposible jurídicamente estudiar los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, ya que se presentó una razón de mayor peso, como lo es la improcedencia del juicio de amparo, que resulta de estudio preferente al ser fundada y, por ese motivo, al encontrarse un impedimento procesal para conocer del asunto, este juzgador se encuentra vedado para analizar su fondo, sin que ello pueda ser considerado como una negación de justicia, al así obligarlo la ley y jurisprudencia aplicable al caso. En virtud de lo anterior, este juzgado de Distrito se encuentra imposibilitado para analizar el fondo del asunto. Al respecto es aplicable, la jurisprudencia: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio" Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Martha Leticia López Ruíz. Notifíquese.
- Principal
Zapopan, Jalisco, a veinticinco de marzo de dos mil veintidós. Informes justificados. Téngase por recibidos los oficios remitidos en representación de las responsables Congreso del Estado de Jalisco, así como Director y Consejo Directivo del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, y, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 115 y 117 de la Ley de Amparo, se les tiene rindiendo el informe justificado requerido; consecuentemente dese vista a las partes y hágase relación en la audiencia constitucional. Delegados y domicilio. En ese orden, se tiene a las oficiantes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley de Amparo, designado como delegados a las personas que para tal fin refieren y, a las últimas en mención, por señalado el domicilio que indican. Hipótesis de improcedencia. Asimismo, se les tiene invocando las hipótesis de sobreseimiento que mencionan, de conformidad a los artículos 61 y 63 de la Ley de Amparo, las cuales serán atendidas al dictar la sentencia que corresponda. Pruebas. Por su parte, en concordancia con lo previsto en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene al Director y al Consejo Directivo del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco ofertando las pruebas documentales que se anexan al oficio de cuenta, las cuales, dada su naturaleza, se desahogan en este acto. Se autoriza uso de medios electrónicos. En otro orden, en atención a la circular 12/2009 del Pleno de la Judicatura Federal, como lo solicita el Congreso del Estado de Jalisco, se le autoriza la reproducción de las actuaciones que obren en el expediente en que se actúa, dejando constancia en el expediente de la reproducción obtenida a través de medios electrónicos, tales como cámaras fotográficas, scanner portátiles, celulares con dispositivos fotográficos o similares. En el entendido, que deberá contar con los medios para su reproducción (cámaras, escáner, grabadoras o lectores ópticos), así como si se trata de documentos cuya difusión este reservada por disposición legal. De igual manera, dígasele a la solicitante que el uso que le dé a las copias obtenidas como cámaras, escáner, grabadoras o lectores ópticos, será bajo su más estricta responsabilidad. Esté a lo acordado. Finalmente, en relación con la petición formulada por dicha autoridad, no ha lugar a notificar el presente acuerdo en el recinto que ocupa, de conformidad con lo determinado en auto de diecisiete de marzo de dos mil veintidós, en concreto: "VIII. Formas de notificar a las partes. De conformidad con el artículo 28, fracción I, en relación con los diversos 29, 30 y 31 del mismo ordenamiento legal, se ordena que las notificaciones a la autoridad responsable en el presente juicio de amparo indirecto, entre ellas, el auto que tenga por recibido el informe justificado, un acuerdo de vista a las partes o los diferimientos de las audiencias que llegaren a ocurrir, deberán notificarse por lista, salvo aquellas que se estime que deban efectuarse en forma personal, las cuales se le notificarán por medio de oficio. Notifíquese.
- Incidental
EL JUEZ ACUERDA: téngase por hecha la relación de constancias que de manera verbal efectuó la secretaria de la adscripción; la que atendiendo al principio de economía procesal no habrá de transcribirse, ya que no existe precepto legal alguno que obligue a ello, merced de que han quedado debidamente relacionadas y recibidas en este acto, sin que sea necesario hacer referencia a cada una de ellas. En apoyo de la anterior consideración, tiene aplicación por analogía el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL" De igual manera, el JUEZ ACUERDA: en relación con la certificación secretarial, en el sentido de que las responsables Director y Consejo Directivo del Instituto de Pensiones del Estado, fueron requeridas por su informe previo con cuarenta y ocho horas de anticipación a la celebración de esta audiencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 138, fracción III, de la Ley de Amparo, y que éstas omitieron rendirlo, se acordará lo conducente en la resolución que de esta diligencia derive. Por su parte, se tiene por recibido el oficio remitido en representación de la responsable Gobernador del Estado de Jalisco, a través del cual, rinde el informe previo requerido. Además, como lo solicita, se le tiene señalando como domicilio el que refiere en dicho comunicado y, en términos del artículo 9 de la ley de la materia, designando como delegados a las personas que menciona. ABIERTO EL PERÍODO DE PRUEBAS: la secretaria hace constar que ninguna de las partes las ofreció. EL JUEZ ACUERDA: al no tener pruebas por desahogar, se declara cerrado este período. ABIERTO EL PERÍODO DE ALEGATOS: la secretaria hace constar que ninguna de las partes los formulo. EL JUEZ ACUERDA: se tiene por perdido el derecho de las demás partes para formularlos. ACTO CONTINUO: al no haber diligencia pendiente por desahogar, se cierra la presente audiencia, por lo que este juzgador procede a dictar la siguiente resolución V I S T O S, los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo indirecto número 1964/2021, promovido por Martha Leticia López Ruiz. R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de demanda. Mediante escrito presentado el siete de octubre de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa Civil y de Trabajo, Martha Leticia López Ruiz, por propio derecho, solicitó la suspensión contra las autoridades y por los actos que señaló en su escrito de demanda de amparo, la cual, derivado del recurso de queja 457/2021, del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, admitido por la superioridad el once de febrero de dos mil veintidós. SEGUNDO. Apertura del incidente. Por auto de diecisiete de marzo de dos mil veintidós, tal como se ordenó en el cuaderno principal, se formó el presente incidente de suspensión; se requirió a las autoridades responsables para que rindieran en el plazo de cuarenta y ocho horas su informe previo; se fijó fecha para la celebración de la audiencia incidental; y, se pronunció sobre la suspensión provisional. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este juzgado de Distrito es legalmente competente para conocer del presente incidente de suspensión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 48, último párrafo, 125, 128, 146 y 157 de la Ley de Amparo. SEGUNDO. Fijación de la litis incidental. Del análisis acucioso de la demanda de garantías y del escrito aclaratorio, se desprende que el acto reclamado en esta instancia es: La elaboración, expedición, instrumentación y orden de publicación del decreto 28439/LXII/21, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Instituto de Pensiones de esta entidad federativa, publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco" el nueve de septiembre del año dos mil veintiuno, en su totalidad, así como el cuarto transitorio del decreto 22862/LVIII/09. Así como la inminente aplicación en su perjuicio de los artículos tildados de inconstitucionalidad. Luego, en el capítulo relativo a la suspensión del acto reclamado la parte quejosa precisó que solicitaba la medida cautelar en los siguientes términos: En consecuencia, se analizará la procedencia de la suspensión definitiva únicamente en los términos solicitados, sin que esa determinación contravenga lo dispuesto por el artículo 128 de la Ley de Amparo, en virtud de que el precepto de mérito establece como requisito que el agraviado la solicite expresamente, aunado a que no se evidencia que se deje sin materia el amparo. Sirve para justificar lo anterior la jurisprudencia de rubro siguiente: "SUSPENSIÓN. EL JUZGADOR PUEDE CONCEDERLA PARA EFECTOS Y CONSECUENCIAS DISTINTAS DE LAS PROPUESTAS POR EL QUEJOSO, PERO NO POR ACTOS NO RECLAMADOS EN LA DEMANDA. De los artículos 124, último párrafo, de la Ley de Amparo abrogada y 147, primer párrafo, de la vigente, se advierte que en los casos en que la suspensión sea procedente, el órgano jurisdiccional deberá fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomará las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, lo cual significa que el juzgador está legalmente facultado para precisar, conforme a su prudente arbitrio, las consecuencias y/o estatus legal en que deban quedar las cosas a partir de que conceda la medida cautelar, sin importar que para ello se aparte de los efectos propuestos por el quejoso en su escrito inicial, ya sea para maximizarlos o ajustarlos a las necesidades del caso concreto, pues se trata de conservar la materia del juicio de amparo y no de limitarse mecánicamente a proveer la suspensión en los términos estrictos planteados por el quejoso, sobre todo en los casos en que sea evidente que si se atendiera en forma puntual a su solicitud, no se lograría el objetivo integral de la suspensión. Ahora bien, la atribución depositada en el órgano de amparo para modular fundada y motivadamente las implicaciones futuras del otorgamiento de la suspensión no llega al extremo de poder ordenar la paralización de actos no reclamados en la demanda, porque si no se cuestionó su constitucionalidad, es obvio que no constituyen la materia del juicio, la cual debe mantenerse intacta, a fin de preservar los bienes o derechos cuya tutela se demande en el juicio de amparo" TERCERO. Existencia de los actos reclamado. Son ciertos los actos reclamados del Congreso y del Gobernador del Estado de Jalisco, de conformidad con el criterio sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 65/2000, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, agosto de 2000, página 260, que se transcribe en el siguiente párrafo, no se necesita probar la existencia de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, dado que la autoridad judicial está obligada a tomarlos en cuenta en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, por lo que al ser hechos notorios quedan eximidos de acreditarse por las partes. "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo.". Además, tratándose del juicio de amparo contra leyes, la existencia o no del ordenamiento legal reclamado debe establecerse atento lo dispuesto por los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio de amparo, en cuanto disponen que sólo los hechos estarán sujetos a prueba, y los notorios pueden ser invocados -de oficio- por el propio órgano jurisdiccional. De igual manera, son ciertos los actos reclamados de las diversas responsables Director y Consejo Directivo del Instituto de Pensiones del Estado, de conformidad con lo establecido en el artículo 138, fracción III, de la Ley de Amparo, pues no obstante fueron requeridas por el informe previo con cuarenta y ocho horas de anticipación a la fecha de celebración de esta audiencia, omitieron rendir los mismos. CUARTO. Estudio. De conformidad con el artículo 147 del mismo ordenamiento, en los casos en que la suspensión sea procedente, se deberá fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomando las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo, ordenando que las cosas se mantengan en el estado que guarden, restableciendo provisionalmente a la quejosa el goce del derecho violado, mientras se dicta sentencia ejecutoria en el juicio principal. Sobre esa base, la suspensión de las consecuencias del acto antes señalado se concederá siempre y cuando se reúnan los requisitos previstos por los artículos 128, fracciones I y II, del cuerpo de leyes invocado. Por lo que respecta al primer requisito de procedencia señalado en el artículo 128, fracción I, de la ley citada se colmó plenamente toda vez que en el escrito de demanda se solicitó la medida suspensiva. En cuanto al segundo de los requisitos en comento, se toma en consideración que de concederse la medida cautelar no se infringen disposiciones de orden público ni se vulnera el interés social, al no advertirse que se le prive a la colectividad de recibir algún beneficio que, en su caso, le hubieran otorgado las leyes o que se le ocasione un daño. En relación con el restante, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 131, último párrafo, de la citada ley, la suspensión no tiene como fin constituir derechos con los que no cuenta el quejoso antes de la presentación de la demanda. En ese tenor, para conceder la suspensión definitiva, también debe tenerse plena certeza de que, efectivamente, el acto de que se duele la promovente incide en su esfera jurídica y, por ello, tiene que acreditar la existencia de un derecho legítimamente tutelado que pueda ser protegido precisamente con el otorgamiento de la medida suspensiva. Es así, porque como lo dispone el artículo 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados podrán ser objeto de suspensión en los casos y mediante las condiciones que determine la ley reglamentaria, para lo cual el órgano jurisdiccional de amparo, cuando la naturaleza del acto lo permita, deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social. Además, si la medida cautelar no tiene como fin constituir derechos con los que no cuenta la quejosa antes de la presentación de la demanda es razón suficiente para que se exija que se acredite, por lo menos presuntivamente, la titularidad del derecho subjetivo que alega pretende serie afectado, tal y como lo dispone la fracción I del numeral constitucional de cita previa. Lo anterior, sin que pase inadvertido los criterios sostenidos en las jurisprudencias que al rubro dicen: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO Y RECLAMA EL DESPOSEIMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE, PUEDE ACREDITAR SU INTERÉS JURÍDICO INDICIARIA O PRESUNTIVAMENTE" "INTERÉS LEGÍTIMO. PARA EL OTORGAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 131 DE LA LEY DE AMPARO, BASTA QUE EL QUEJOSO LO DEMUESTRE DE MANERA INDICIARIA. El precepto citado prevé que cuando el quejoso que solicita la suspensión aduzca un interés legítimo, el órgano jurisdiccional la concederá cuando aquél acredite el daño inminente e irreparable a su pretensión en caso de que se niegue y el interés social que justifique su otorgamiento. Ahora bien, si tratándose de la suspensión provisional de los actos reclamados ha sido criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que el requisito relativo a que la suspensión sea solicitada por el agraviado, supone la demostración de su interés aunque sea de forma indiciaria, a fin de establecer con suficiente garantía de acierto que realmente es titular de un derecho; luego, tratándose de la suspensión provisional de los actos reclamados cuando el quejoso que la solicita aduce tener un interés legítimo, basta que de manera indiciaria acredite el daño inminente e irreparable a su pretensión en caso de que se le niegue, y el interés social que justifique su otorgamiento; en la inteligencia de que dicha concesión, en ningún caso puede tener por efecto modificar o restringir derechos ni constituir aquellos que no haya tenido el quejoso antes de presentar la demanda y, además, que esa demostración implicará la valoración que haga el juzgador, en cada caso concreto, de los elementos probatorios que hubiere allegado el quejoso y que lo lleven a inferir que efectivamente la ejecución de los actos reclamados le causará perjuicios de difícil reparación, derivado de su especial situación frente al orden jurídico, sin dejar de ponderar para ello la apariencia del buen derecho y del interés social pero, sobre todo, que de conceder la suspensión no se cause perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público.". En el caso, lo destacable de la información de la demanda de garantías, es que la quejosa solicita la suspensión del acto reclamado para efecto de que no se aplique en su perjuicio las reformas contenidas en el decreto 28439/LXII/21, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Instituto de Pensiones de esta entidad federativa, publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco" el nueve de septiembre del año dos mil veintiuno, en particular al caudal que afirma le corresponde por concepto de pensión jubilatoria. Sin embargo, la quejosa es omisa en adjuntar documental con la que acredite tener derechos adquiridos respecto de la modificación a la pensión materia de los actos reclamados de ahí que, en el caso, no acredita el interés suspensional que le asiste para la obtención de la medida cautelar solicitada, dado que no acredita que sea titular de los derechos que defiende, cuya preservación pretende obtener a través de la suspensión del acto reclamado. Lo anterior sin perjuicio de que exhiba una foja que contiene copia simple de un tarjetón expedido por el Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, copia simple de credencial de elector y copia simple de una credencial de pensionado expedida por el Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, ya que carecen de valor probatorio, en términos del artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la invocada ley. Cobra aplicación la jurisprudencia siguiente: "COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO DE LAS MISMAS. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en materia de amparo, el valor probatorio de las copias fotostáticas simples queda al prudente arbitrio del juzgador. Por lo tanto en ejercicio de dicho arbitrio cabe considerar que las copias de esa naturaleza, que se presentan en el juicio de amparo, carecen por sí mismas, de valor probatorio pleno y sólo generan simple presunción de la existencia de los documentos que reproducen pero sin que sean bastantes, cuando no se encuentran adminiculados con otros elementos probatorios distintos, para justificar el hecho que se pretende demostrar. La anterior apreciación se sustenta en la circunstancia de que como las copias fotostáticas son simples reproducciones fotográficas de documentos que la parte interesada en su obtención coloca en la máquina respectiva, existe la posibilidad, dada la naturaleza de la reproducción y los avances de la ciencia, que no corresponda a un documento realmente existente, sino a uno prefabricado que, para efecto de su fotocopiado, permita reflejar la existencia, irreal, del documento que se pretende hacer aparecer.". Tampoco pasa inadvertido el manuscrito que contiene el tarjetón referido en párrafos precedentes, en el sentido de que la quejosa no exhibe el original, en razón de resultarle necesarios para trámites personales, puesto que, es omisa en justificar los tramites que refiere, además de que, en su caso, tenía a su alcance la posibilidad de exhibir el documento en original y solicitar su devolución previa copia certificada que se deje en autos, o bien, exhibir copia certificada por fedatario público, para estar en posibilidad de acreditar el interés suspensional. Entonces, no se acreditó ni indiciariamente, ser titular de los derechos que pretende defender, sobre el caudal que afirma conforma la pensión a que tiene derecho como persona jubilada. Por tanto, al no exhibir documentales idóneas con las que demuestre que es titular de los derechos que pretende defender con la medida suspensional solicitada, ésta no se puede conceder, pues, la peticionaria de garantías tienen la carga procesal de allegar elementos de prueba con los que acredite, la existencia de un derecho legítimamente tutelado que pueda ser protegido precisamente con el otorgamiento de la medida suspensiva. Sin que en el caso sea factible observar el principio de la apariencia del buen derecho y peligro en la demora y con base en ello, considerar la suspensión definitiva con efectos restitutorios solicitados por la parte quejosa, toda vez que conforme los artículos 107, X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 125, 128 y 131 de la Ley de Amparo, fuera de los casos en que proceda de oficio o de las regulaciones especiales podrá otorgarse la suspensión de los actos reclamados, siempre y cuando se cumplan los requisitos ya estudiados. En esa medida resulta incuestionable que en el caso, al no estar acreditada ni siquiera indiciariamente la afectación al interés jurídico de la parte quejosa, no es factible analizar la procedencia de la suspensión definitiva atendiendo a la apariencia del buen derecho. Cierto, para conceder la suspensión de los actos reclamados, el Juzgador debe realizar un estudio de los aspectos (1) preliminares, 2) esenciales y 3) legales, análisis que deberá abordar de manera sucesiva. 1) En lo atinente los aspectos preliminares se analizara: a) la existencia del acto reclamado; y b) la naturaleza del acto reclamado, esto es, si de acuerdo a su naturaleza, es susceptible de ser suspendido. 2) En cuanto a los requisitos esenciales el juzgador tendrá que realizar un examen sobre la probabilidad y verosimilitud del derecho solicitado, así como sus consecuencias. En esta etapa debe considerarse que la decisión sobre el otorgamiento de una medida cautelar implica el análisis de los elementos fundamentales de ésta, consistentes en la apariencia del buen derecho y en el daño específico que genera la demora en la decisión de fondo del asunto. 3) Por último, tendrá que analizarse la pertinencia de la medida en orden al nivel de afectación respecto de la colectividad. No pasa inadvertido que un último aspecto que tendrá que abordarse, será el relativo a los daños y perjuicios que puedan ocasionarse a terceros, en cuyo caso, para que surta efectos la medida suspensional deberá garantizarse (requisito de eficacia) en alguna de las formas que la ley de la materia señala. En ese tenor, si la parte quejosa no acreditó su interés suspensional, es incuestionable que en la especie no es factible analizar la apariencia del buen derecho. Sobre el particular, cobra aplicación la tesis I.4o.A.36 K (10a.) del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, la cual se comparte y localiza en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo II, página 1266, que establece: "SUSPENSIÓN EN EL AMPARO. REQUISITOS QUE EL JUZGADOR DEBE OBSERVAR PARA SU CONCESIÓN. Conforme al artículo 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados en el juicio de amparo podrán ser objeto de suspensión en los casos y mediante las condiciones que determine la ley reglamentaria, para lo cual el órgano jurisdiccional de amparo, cuando la naturaleza del acto lo permita "... deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social.". Bajo este marco, para conceder la suspensión de los actos reclamados, el juzgador debe realizar un estudio de los aspectos: 1) preliminares; 2) esenciales; y, 3) legales; análisis que tendrá que abordar sucesivamente. En lo atinente a los aspectos preliminares, se analizará: a) la existencia del acto reclamado; y, b) su naturaleza, esto es, si de acuerdo a ella es susceptible de ser suspendido. En cuanto a los requisitos esenciales, el juzgador deberá: realizar un examen sobre la probabilidad y verosimilitud del derecho solicitado, así como sus consecuencias; en esta etapa, debe considerarse que la decisión sobre el otorgamiento de una medida cautelar implica el estudio de los elementos fundamentales de ésta, consistentes en la apariencia del buen derecho y en el daño específico que genera la demora en la decisión de fondo del asunto. Por último, tendrá que determinarse la pertinencia de la medida en orden al nivel de afectación respecto de la colectividad. No pasa inadvertido que un último aspecto que tendrá que abordarse, será el relativo a los daños y perjuicios que puedan ocasionarse a terceros, en cuyo caso, para que surta efectos la medida suspensional, deberá garantizarse (requisito de eficacia) en alguna de las formas que la ley señala.". [El énfasis es añadido] Por consiguiente, al no satisfacer el requisito exigido por el artículo 131, último párrafo, de la norma invocada, se niega la medida suspensional a la parte quejosa. Sustenta lo anterior la jurisprudencia IV.2o. J/39, que dice: "AMPARO CONTRA LEYES. SUSPENSION IMPROCEDENTE, CUANDO SE IMPUGNA SU APLICACION Y NO SE ACREDITA ESTAR EN LAS HIPOTESIS PREVISTAS EN LAS MISMAS. Si los quejosos reclaman la inconstitucionalidad de una ley y la aplicación en su perjuicio, pero no acreditan estar dentro de las hipótesis previstas en dicha legislación, es decir, que son sujetos de su aplicación, es correcta la negativa de la suspensión solicitada al no demostrar el interés que tienen en que se suspendan tales actos.". Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E: Único. Se niega la suspensión definitiva a Martha Leticia López Ruiz, en términos del último considerando. Notifíquese.
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